Trump deja sin efecto el principal programa de ayuda solar para los agricultores de Estados Unidos

Las nuevas reglas del Departamento de Agricultura, vigentes desde el 16 de octubre, vuelven inelegibles a casi todos los proyectos solares del programa REAP, mientras productores y organizaciones rurales ya llevaron el caso a la Justicia.

El gobierno de Donald Trump dejó prácticamente sin efecto el principal programa federal que ayudaba a los agricultores y pequeños negocios rurales de Estados Unidos a instalar paneles solares. Desde el 16 de octubre rigen las nuevas reglas del Programa de Energía Rural para América (REAP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Agricultura (USDA), que vuelven inelegibles a la gran mayoría de los proyectos solares.
El REAP adoptó su forma actual en 2008, cuando el Congreso unificó dos programas previos en la ley agrícola. Otorga subsidios y garantías de préstamos para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en zonas rurales. Para muchos productores, esa ayuda es clave, porque un sistema solar puede costar decenas de miles de dólares por adelantado. La Ley de Reducción de la Inflación, de 2022, le asignó 820,3 millones de dólares para ese año fiscal y 180,3 millones anuales hasta 2027.
Los paneles solares fueron, por lejos, el uso más frecuente del programa. Según el Centro de Derecho y Políticas Ambientales (ELPC), el 68% de las adjudicaciones entre 2011 y el primer trimestre de 2025 se destinó a proyectos solares.

Qué cambian las nuevas reglas
La norma definitiva, publicada el 1 de octubre en el Registro Federal, declara inelegibles los sistemas solares y eólicos instalados sobre tierras de cultivo certificadas. También excluye a los equipos solares y eólicos, ya sea sobre el suelo o en techos, que tengan cualquier componente fabricado en un país considerado adversario extranjero por el gobierno estadounidense. Como buena parte de los componentes solares del mundo se fabrica en China, esa sola condición deja afuera a casi todos los proyectos nuevos.
Además, el programa pasa a funcionar como un reembolso posterior: los proyectos deben estar terminados y en funcionamiento antes de solicitar la ayuda, y los solicitantes tienen que presentar doce meses de datos reales de producción o ahorro de energía. Las competencias estatales se reemplazan por un proceso nacional, y los sistemas solares y eólicos deben justificar un consumo histórico de energía acorde a su tamaño.
El USDA argumentó que busca reducir la dependencia de gestores de subsidios, evitar proyectos sobredimensionados o inconclusos y responder a preocupaciones por el uso de tierras de cultivo y por los componentes de origen extranjero.

Un desmantelamiento gradual
El cambio no fue repentino. En julio de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a los subsidios a la energía eólica y solar, aunque no daba instrucciones específicas sobre este programa. En agosto de ese año, el USDA endureció los criterios de elegibilidad, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció que el dinero de los contribuyentes ya no financiaría proyectos solares “en tierras agrícolas privilegiadas de Estados Unidos”. En marzo de 2026, la agencia suspendió por completo el programa y frenó las solicitudes pendientes, incluso las que ya habían sido seleccionadas, hasta reescribir las reglas.
El argumento oficial choca con los datos del propio USDA. Un estudio de la agencia de 2024 determinó que las plantas solares y eólicas de gran escala ocupaban en 2020 unas 424.000 acres, menos del 0,05% de las tierras agrícolas del país. A eso se suma que muchos de los proyectos del REAP son instalaciones sobre techos de galpones y establecimientos rurales.

Productores en los tribunales
Agricultores, organizaciones y empresas del sector solar demandaron al USDA el 28 de septiembre ante un tribunal federal de Washington, con el patrocinio de Earthjustice y del ELPC. Entre los demandantes figura la Unión de Agricultores de Iowa. Sostienen que la agencia violó la ley que creó el REAP, que le ordena promover las energías renovables, y la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige que las decisiones estén debidamente fundamentadas. También cuestionan que las restricciones se aplicaran de forma retroactiva.
Michael Youhana, abogado de Earthjustice, afirmó que la agencia “decidió ignorar por completo lo que el Congreso le ordenó hacer”. Matt Russell, director ejecutivo de la Unión de Agricultores de Iowa, explicó que los proyectos renovables rurales permiten bajar las facturas, generar ingresos por la venta de electricidad y dinamizar las economías locales, y calificó el giro del gobierno como “muy decepcionante”. El USDA declinó opinar sobre el litigio en curso.
La medida se suma a otros retrocesos de la política climática estadounidense y deja a los productores rurales sin una herramienta que, durante casi dos décadas, les permitió reducir costos y generar su propia energía limpia.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
País/Región: Estados Unidos 
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews, Portal Grist, Registro Federal de los Estados Unidos, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Centro de Derecho y Políticas Ambientales (ELPC).