Ecocidio sancionará delitos ambientales que afecten al futuro de los jóvenes

Fecha de Publicación: 14/07/2021
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Internacional


La propuesta de definición de ecocidio hecha por un panel internacional de expertos a la CPI “no tendrá carácter retroactivo” para los contaminadores, pero sí sancionará los delitos ambientales que comprometan el futuro de los jóvenes.
Así lo han explicado este jueves Rodrigo Lledó (Chile/España) y Pablo Fajardo (Ecuador), dos de los abogados que han integrado el panel internacional que ha logrado con casi doscientas palabras definir el ecocidio, y la directora de la campaña Stop Ecocidio en España y coordinadora para América Latina, Maite Mompó, en un debate planteado para su difusión en español.

Definición consensuada
La definición de ecocidio que ha sido “consensuada” será presentada en diciembre a la Corte Penal Internacional (CPI) para su estudio y análisis con el fin de que sea incorporado como el quinto delito universal en el Estatuto de Roma, después del genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y los de agresión.
Según los doce abogados del panel, “ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos, al medio ambiente”.
Entre los Estados más interesados en que se apruebe el delito “están los insulares”, ha explicado Mompó, ya que están entre los más pequeños y los que mayores consecuencias pueden sufrir a causa de la subida del nivel del mar.
Según Mompó, la propuesta surgió de un grupo de parlamentarios suecos que plantearon a Stop Ecocidio la creación del panel para elaborar la definición y, a partir de ahí, la campaña para la aceptación ante la CPI ha tenido una acogida “increíble”.
La iniciativa ha sido aceptada por países como Francia, Bélgica, Islas Maldivas o Vanuatu y “seguimos en campaña” para lograr el mayor número de apoyos, ha señalado.
Entre quienes se han manifestado abiertamente a favor están el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutérres, quien señaló que sería “muy deseable” que sea aprobado el delito de ecocidio durante una visita la semana pasada a Madrid, al igual que lo ha hecho el papa Francisco.
Sancionar los delitos ambientales que afecten a futuras generaciones
Para Rodrigo Lledó, director de la Fundación Baltasar Garzón, durante los seis meses de debates se buscó que la definición fuese “lo más amplia posible”; de lo contrario, “hay casos que podían quedar fuera” si se seleccionaban todos los aspectos que contempla el ordenamiento jurídico internacional.
El abogado ecuatoriano Pablo Fajardo ha indicado que “la definición tal vez no es satisfactoria para todos, algunos pretendían que fuera más profunda, pero eso hubiera supuesto que tuviera poco apoyo de los Estados. Es un equilibrio entre lo que queríamos y lo posible”.
Es necesario, a su juicio, “tratar de entender lo que va más allá del delito ambiental”, entender las consecuencias que esos delitos “tienen para la propia naturaleza y para las futuras generaciones” porque “hay delitos como la contaminación en la Amazonía que trascienden fronteras”.
Por ello, ha incidido, “es necesario darle mayores herramientas a la humanidad para defender la naturaleza” y, por otra parte, “darles a los gobiernos herramientas para luchar contra esos delitos”.
Fajardo se siente “satisfecho” con el logro del acuerdo porque, ha revelado, “creí que sería imposible llegar a un consenso en la definición porque había posturas muy opuestas”.

Ecocidios en todo el planeta
De acuerdo con Lledó, en Chile existe un mapa de conflictos socioambientales, porque la forma de relacionarnos con la Naturaleza debe cambiar y alinearse con la definición de los pueblos originarios que practican la “armonía con la naturaleza, porque dañarla es dañarnos a nosotros mismos”.
Mompó ha asegurado que los ecocidios se dan en todo el planeta, aunque “hay la creencia que solo suceden en el sur global”, por lo que “la mayoría de la población tenemos que ponernos en marcha para defender la vida y la naturaleza y tenemos que hacerlo todos juntos”.
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Múltiples voces abogan por la inclusión de ecocidio en la Corte Penal Internacional

Fecha de Publicación: 06/07/2021
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Internacional


 La destrucción de los ecosistemas y los hábitats o la contaminación de recursos como el agua podrían dejar de salir gratuitos, como hasta ahora, a las empresas causantes de delitos ambientales, tras la definición de ‘ecocidio’ por parte de un grupo de expertos internacionales y su probable inclusión como delito universal.

Definición de ecocidio por expertos
“Ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos, al medio ambiente”, es la definición legal recogida por doce abogados ambientales y penales a propuesta de la Fundación Stop Ecocide y que fue registrada en el Parlamento de Suecia.
Los otros cuatro delitos catalogados como universales son el genocidio, los de lesa humanidad, los de guerra y de agresión.
“Hay tantas evidencias de las consecuencias dramáticas de los crímenes ambientales, que es urgente que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional”, ha explicado a EFE el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados de España, Juantxo López de Uralde.
“La Naturaleza no conoce fronteras, los daños son globales, y su destrucción debe ser perseguida también globalmente, ha incidido el diputado de Unidas Podemos, y ha remarcado que “la Humanidad no puede seguir mirando hacia otro lado frente a las agresiones al medio ambiente mientras la crisis ecológica continúa agravándose, las especies desparecen y el cambio climático se agudiza”.

Reconocimiento del ecocidio como delito internacional
En mayo pasado, El Parlamento Europeo (PE) dio luz verde a un informe que pide redoblar la protección de los defensores ambientales y el reconocimiento del ecocidio como un delito internacional, idea que ha defendido el secretario general de la ONU, António Guterres, en una entrevista con Efe.
El documento recoge la propuesta de negociación con la Corte Penal Internacional el reconocimiento del ecocidio como delito internacional dentro del Estatuto de Roma.
Recientemente, un debate organizado en el Parlamento español pidió al Gobierno posicionarse “clara y rotundamente” sobre el ecocidio como ya lo han hecho países como Francia y Bélgica.
Además, en el marco de la Conferencia del Cambio Climático (COP25) celebrada en 2019 en Madrid, expertos internacionales abogaron por la creación de una Corte Penal Internacional de Salud y Medioambiente, una iniciativa que lleva “cocinándose” veinte años, según explicó a EFE el presidente de la Academia Internacional de Ciencia de Medioambiente, el italiano Antonino Abrami.
Abrami explicó que la señaló que desde 1972 a 2009 la Comisión Europea ha generado legislación que terminó con el Tratado de Lisboa, que es un simple llamamiento a fijar retos, entre ellos, “algunos castigos por contaminación”.
“Los caudales de los ríos y el aire no tienen fronteras” y hay muchos casos impunes, aseguró, por lo que destacó la “necesidad de crear esta nueva corte internacional de justicia ambiental”.

Ecocidios a lo largo y ancho del planeta
Por otra parte, la presión ejercida desde hace años por parte de afectados contra las empresas causantes de delitos ambientales, la acción de los grupos ecologistas y la presión de la sociedad civil -especialmente de muchos jóvenes- ha llevado a plantear el ecocidio como delitos que han afectado a lo largo de años y siguen afectando a millones de personas.
Aunque la lista es muy larga, algunos de los casos más conocidos de delitos ambientales son que es necesario recordar son: en 1984, la muerte de cerca de 4.000 personas por la inhalación de gases tóxicos en una planta química de la empresa estadounidense Union Carbide en la ciudad de Bophal (India), y en 1998, la rotura de una balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), propiedad de la empresa sueca Boliden, contaminara 4.600 hectáreas por una riada tóxica que alcanzó al río Guadiamar.
También en España, en el 2002, un buque petrolero naufragó en el mar frente a las costas gallegas causando una mancha del combustible conocida como “chapapote” y que causó la contaminación de una gran extensión marina; y no es posible olvidar unos años antes los accidentes de otros petroleros como el Exxon Valdés en Alaska o el Erika en Francia.
En el debate en el Parlamento Español, el abogado ecuatoriano Pablo Fajardo recordó la contaminación causada durante años por la actividad de la petrolera Texaco (hoy en día del grupo Chevron) en la Amazonía ecuatoriana, un ecosistema que está afectado no solo por la actividad de las petroleras si no también por la actividad agraria y ganadera, la deforestación y el comercio ilegal de especies en todos los países por los que se extiende.
Y aunque “pequeños texacos, prestige, exxon valdés o erikas” se producen a diario en muchos lugares, uno de los últimos casos de contaminación por petróleo se produjo en las islas Mauricio donde en agosto de 2020, el buque japonés MV Wakashio encalló frente a las costas del paradisíaco archipiélago.
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Francia.- El Gobierno francés prepara una reforma legal para tipificar el delito de ecocidio

Fecha de Publicación: 26/11/2020
Fuente: InfoBae (Argentina)
País/Región: Francia

El Gobierno francés ha anunciado la tramitación de una reforma legal para tipificar los delitos de "contaminación" y de "atentado deliberado contra el medio ambiente", ambos considerados "delito de ecocidio".
Estos delitos estarán penados con entre 375.000 y 4,5 millones de euros de multa, además de las penas de prisión. Para el delito de contaminación se contemplan penas de entre tres y diez años de prisión. En el caso de "atentado deliberado contra el medio ambiente", la pena será de un año de prisión y multa de 100.000 euros.
"A día de hoy hay quien optan por contaminar, porque les cuesta menos que limpiar. Esto va a cambiar (...). Espero que seamos sumamente disuasorios", ha señalado el ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti. "Antes, contaminamos, no pagábamos. Ahora, contaminamos, pagamos diez veces más de lo que pensábamos ahorrar", ha destacado.
La ministra de Medio Ambiente, Barbara Pompili, y el de Justicia, Eric Dupond-Moretti, han publicado una columna conjunta el periódico 'Le Journal du Dimanche' en la explican la iniciativa, incluida en el listado de 150 medidas propuestas por la Convención Ciudadana del Clima.
Para hacer cumplir estos nuevos textos, Eric Dupond-Moretti prevé tribunales ambientales especializados en todos los tribunales de apelación y otorgar la condición de policía judicial a los agentes de biodiversidad.
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