Crece la deforestación en Amazonía colombiana a causa de expansión ganadera, según informe

Fecha de Publicación: 31/07/2026
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Colombia


La deforestación en tres de los principales parques naturales de la Amazonía colombiana aumentó durante 2025 con la tala de 8.896 hectáreas asociada a la expansión de la ganadería dentro de esas áreas protegidas, según un informe presentado este martes por la organización ambiental Greenpeace.
El monitoreo satelital ha identificado la mayor pérdida de cobertura forestal en el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, con 4.973 hectáreas deforestadas, seguido por la Serranía de Chiribiquete (2.060 hectáreas) y Tinigua (1.863 hectáreas).
Con estos nuevos registros, los tres parques acumulan 95.867 hectáreas deforestadas entre 2013 y 2025, una cifra que, según Greenpeace, evidencia una presión constante sobre ecosistemas que cuentan con protección ambiental en Colombia.
La coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, Laura Caicedo, explica a EFE que el parque Tinigua, ubicado en el departamento de Meta (centro) es el caso más crítico en términos de transformación del suelo, ya que ha perdido 48.025 hectáreas de bosque entre 2013 y 2025, equivalentes al 23 % de su superficie.
La Sierra de La Macarena (Meta) suma 34.070 hectáreas deforestadas, equivalentes al 14,6 % de su superficie, mientras que Chiribiquete, ubicado en los departamentos de Caquetá y Guaviare (sur) y declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la Unesco, acumula 13.772 hectáreas, el 15 % de su área total.
«Estas son cifras que nos preocupan mucho desde Greenpeace y consideramos que debe ser un llamado urgente para realmente garantizar la protección de estos bosques que están en un lugar que tiene el mayor marco de protección jurídica como lo es un parque nacional», afirma Caicedo.

Ganadería, una presión en aumento
Aunque el monitoreo satelital identifica la pérdida de cobertura forestal y no permite establecer de manera directa la causa de la tala, Greenpeace afirma que los resultados deben analizarse junto con la evidencia existente sobre la expansión de la frontera ganadera en el país.
La organización recuerda que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) reportó en 2024 la presencia de 9.392 bovinos dentro de Tinigua y de 7.510 reses en la Sierra de La Macarena, algo que no es compatible con el uso de suelo establecido para los parques naturales.
Caicedo alerta de que hay poca información respecto a este tema, considerando que el ICA no cuenta con datos de Chiribiquete, pero otras investigaciones independientes «han demostrado la presencia de ganado dentro de este parque».
Asimismo, advierte de que la falta de un sistema público de trazabilidad impide conocer con certeza el origen del ganado y determinar si la producción pecuaria está vinculada a procesos de deforestación o a actividades prohibidas dentro de las áreas protegidas.
«Estos hallazgos no son un dato aislado de 2025, sino una señal histórica. Las respuestas acumuladas durante más de una década no han logrado detener la presión sobre estos territorios», declara Caicedo.
Según la organización, la preocupación adquiere mayor relevancia porque Meta, Caquetá y Guaviare son los departamentos más deforestados del país y albergan cerca de 5,3 millones de bovinos, una de cada cinco de todas las cabezas de ganado de Colombia.

Una ley en proceso
Este informe es divulgado pocos meses después de la aprobación de la Ley 2585 de 2026 sobre Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que Greenpeace ha calificado como una oportunidad para fortalecer el control sobre la cadena ganadera, siempre que cuente con una reglamentación efectiva.
La organización ha instado al Gobierno a desarrollar mecanismos de trazabilidad pública, interoperabilidad entre entidades estatales, acceso a la información ambiental y sistemas de vigilancia que permitan identificar el origen del ganado y evitar que carne asociada con la deforestación ingrese al mercado.
«El valor fundamental de la ley es que la ciudadanía tenga acceso a la información y que las personas y pequeños campesinos puedan tener un acompañamiento técnico y una transición justa en este proceso. Exigimos que todos los actores de la cadena traten, y lo hagan, de verificar y evitar que la carne que están produciendo y vendiendo esté asociada con la destrucción de la Amazonía», agrega Caicedo.
El informe también señala que, entre 2013 y 2024, se deforestaron 137.289 hectáreas dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y que cerca del 77 % de esa pérdida se concentró en cinco áreas protegidas, entre ellas Tinigua, Sierra de La Macarena y Chiribiquete, lo que muestra que la presión sobre estos ecosistemas persiste pese a su condición de áreas protegidas. 
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Los ecosistemas de la mayoría de las islas del mundo estarán bajo amenaza para 2050

Fecha de Publicación: 30/07/2026
Fuente: Agencia SWI
País/Región: Internacional


La mayoría de los ecosistemas insulares del mundo estarán bajo amenaza para 2050 por los cambios globales, con especial incidencia en 31 países, y el cambio climático será el detonante en la mayor parte de los casos (65 %), seguido de los cambios del uso del suelo (22 %) y las invasiones biológicas (13 %).
Eso es debido a que las islas están sobreexpuestas a esos cambios, según señaló este lunes en un comunicado el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS), que es una de las entidades participantes en este estudio junto a la Fundación para la Investigación sobre la Biodiversidad (FRB) y la Universidad de Pau y de Pays de l’Adour.
Publicado este mismo lunes en la revista científica PNAS y financiado por la FRB, el análisis incide en que a pesar de que solo ocupan el 7 % de la superficie terrestre, los ecosistemas insulares albergan casi el 20 % de la biodiversidad mundial, si bien las estrategias mundiales de conservación a menudo las pasan por alto.
Se estudiaron en total 16.578 islas de todo el mundo para identificar los lugares más amenazados, teniendo en cuenta riesgos como la subida del nivel del mar o las invasiones biológicas y se diseñaron modelos para establecer escenarios de previsión para 2050.
Entre los lugares más expuestos del mundo a las amenazas para la biodiversidad insular figuran países como Seychelles, Bangladesh, China, Fiyi, Micronesia, Dinamarca, Suecia, India y Japón.
También Francia, apunta el estudio, que cuenta con un número «anormalmente elevado de puntos calientes de exposición» (islas fuertemente expuestas a los tres tipos de amenazas), entre ellas la Polinesia y algunas islas metropolitanas, lo que la sitúa entre el 25 % de los países más expuestos.
«Ante este diagnóstico, los autores piden reforzar la protección de las islas de los 31 países identificados como hogar de un número anormalmente elevado de puntos calientes de exposición, adaptando las estrategias locales», señala el comunicado del CNRS.
Entre las soluciones para atajar el problema los autores recomiendan aplicar métodos de restauración de ecosistemas y de desarrollo de áreas protegidas, dos ejemplos que «permiten, al mismo tiempo, limitar los impactos del cambio climático y reducir las oportunidades de establecimiento de especies exóticas invasoras». 
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La CE retira el cuero e incluye el café soluble en la ley contra la deforestación

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: Unión Europea


La Comisión Europea (CE) ha excluido productos como el cuero, los neumáticos recauchutados o la soja para siembra de la lista de productos afectados por la ley europea contra la deforestación, al tiempo que ha añadido otros como el café soluble o algunos derivados del aceite de soja.
En concreto, Bruselas ha adoptado una normativa que actualiza y simplifica la lista de productos cubiertos por esta ley, así como medidas sobre la presentación de declaraciones por parte de las empresas afectadas por la misma, que buscan «proporcionar mayor seguridad jurídica» de cara a su futura aplicación.
Alguna de las medidas ya fueron avanzadas en el paquete de simplificación legislativa que el Ejecutivo comunitario presentó a principios de mayo. Antes de entrar en vigor, los cambios serán consultados con el Parlamento Europeo y los Estados miembros y entrarán en vigor si nadie se opone.
Así, se excluyen del ámbito de aplicación del reglamento el cuero, las pieles de bovino, los neumáticos recauchutados, la soja para siembra, los artículos de caucho vulcanizado, las correas transportadoras y de transmisión y los asientos para aeronaves y vehículos de motor.
Por contra, se añaden a esa misma lista de productos el café soluble, determinados derivados del aceite de palma y las lenguas de bovino congeladas.
Bruselas ha aclarado, no obstante, que esta actualización «no altera la lista de materias primas» cubiertas por la ley, sino que se actualiza la lista de artículos derivados de estas.
“Con este paquete, proporcionamos la claridad y la previsibilidad que las empresas, los Estados miembros y nuestros socios internacionales necesitan para prepararse para la aplicación del reglamento de la UE sobre la deforestación a finales de 2026″, subrayó la comisaria de Medioambiente, Jessika Rosswal.
El reglamento contra la deforestación importada busca impedir que el consumo europeo, responsable de un 10 % de la deforestación mundial, siga contribuyendo a la destrucción de bosques en terceros países y también dentro de la UE pues la normativa es idéntica dentro del mercado comunitario.
Para ello, obliga a las empresas que introducen en el mercado comunitario cacao, café, soja, aceite de palma, madera, caucho o ganado a demostrar, mediante sistemas de trazabilidad y geolocalización, que no proceden de terrenos deforestados o degradados.
Desde su aprobación, sin embargo, el reglamento ha sido objeto de críticas por parte de empresas y de países productores -como Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Malasia o Indonesia- que alertaban de su complejidad y de los costes de cumplimiento y, en el ámbito político, ha sido criticada por las formaciones de ultraderecha y de centroderecha.
Todo ello llevó a Bruselas a introducir ya una serie de flexibilidades, como el aplazamiento de su entrada en aplicación hasta diciembre de 2026 para grandes empresas y junio de 2027 para pequeñas, así como la simplificación de las obligaciones para micro y pequeños operadores primarios. 
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Amazonía brasileña registra menor deforestación en una década

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Agencia Prensa Latina
País/Región: Brasil


La Amazonía brasileña registró en el primer semestre de 2026 el menor nivel de deforestación desde el inicio de la serie histórica del sistema Deter, en 2016, informó hoy el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). 
Durante ese período, las alertas abarcaron mil 295 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, 38 por ciento menos que en los primeros seis meses de 2025.
También el bioma Cerrado mostró una tendencia favorable, al totalizar tres mil 142 kilómetros cuadrados bajo alerta, el nivel más bajo desde 2021 y una disminución del seis por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.
El sistema Deter proporciona información casi en tiempo real para orientar las acciones de fiscalización ambiental, mientras que la medición oficial de la deforestación corresponde al sistema Prodes, igualmente administrado por el Inpe, cuyos resultados se publican anualmente.
De forma conjunta, la Amazonía y el Cerrado, que ocupan cerca del 73 por ciento del territorio brasileño, acumularon cuatro mil 437 kilómetros cuadrados bajo alerta de deforestación de enero a junio de 2026.
El secretario ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, afirmó que los resultados confirman una tendencia sostenida de reducción de la devastación forestal.
Según explicó, los indicadores reflejan el efecto acumulativo de las políticas públicas implementadas por el Gobierno federal en coordinación con estados y municipios, así como el fortalecimiento de los mecanismos de control ambiental.
El monitoreo del Inpe también muestra que, entre agosto de 2025 y junio de 2026, la superficie bajo alerta en la Amazonía alcanzó dos mil 486 kilómetros cuadrados, un 37 por ciento inferior al ciclo precedente.
Pese a los resultados positivos, las autoridades mantienen la atención sobre el segundo semestre del año debido a la posible influencia del fenómeno climático El Niño, que podría provocar una reducción de las lluvias en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, aumentando el riesgo de incendios forestales y nuevos focos de deforestación.
Los mayores niveles de pérdida de cobertura vegetal en la Amazonía se concentraron en los estados de Mato Grosso, Pará y Amazonas, mientras que en el Cerrado sobresalieron Maranhão, Tocantins y Piauí.
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Parque solar en Colombia genera rechazo por tala de miles de árboles

Fecha de Publicación: 10/07/2026
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Colombia


La instalación de un parque solar en San Martín, en el departamento colombiano de Meta, desencadenó el rechazo de la ciudadanía tras la tala de miles de árboles –avalada por la autoridad ambiental Cormacarena–, que afectó un corredor ecológico clave en la zona. El caso pone sobre la mesa una pregunta cada vez más urgente: cómo avanzar hacia la transición energética justa sin reproducir las lógicas del extractivismo y la explotación de los territorios.
En el mes de mayo, en el municipio de San Martín, en el departamento colombiano de Meta, se talaron entre 2600 y 2700 árboles de bosque nativo en un predio privado para la construcción del proyecto de energía solar El Tropezón de la empresa española Lilan Energy. Esto se hizo sin que las comunidades que habitan el territorio y el Concejo Municipal, organismo de control político local, se enteraran a plenitud.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), autoridad ambiental del central departamento del Meta, otorgó un permiso de aprovechamiento forestal único para un total de 3011 individuos arbóreos distribuidos tanto dentro del predio privado La Aurora, de la vereda (comunidad rural) de La Bañadera, como en el corredor de la vía pública.
La comunidad se percató de la magnitud del posible impacto ambiental cuando la empresa Parque Solar Colombia III S.A.S. E.S.P. comenzó a marcar con pintura los árboles ubicados sobre el Anillo Vial y la vía a La Pascualera. El escándalo estalló formalmente el 15 de mayo debido a que el canal comunitario San Martín TV publicó un video con un volante que la ciudadanía recibió en el que anunciaba el inicio de la tala al día siguiente.
«Eran como panfletos amenazantes”, dijo Luis Angulo, coordinador ambiental de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pascualera, vecina del proyecto.
Lilan Energy es la multinacional española propietaria que creó el Parque Solar Colombia III S.A.S. E.S.P. como una empresa constituida exclusivamente para gestionar, construir y operar el proyecto El Tropezón.
En el permiso de Cormacarena figura Parque Solar Colombia III porque es la entidad legal registrada en Colombia que actúa como titular de los derechos y obligaciones del proyecto, siendo la responsable directa ante las autoridades por el aprovechamiento forestal y la prestación del servicio público de energía.
Este modelo operativo, común en grandes inversiones, permite a la multinacional independizar legalmente cada uno de sus parques solares en el país, mientras mantiene el control y la financiación del proyecto bajo el nombre de la empresa
La energía producida por El Tropezón no llegará de forma directa o preferencial a los hogares de San Martín, según aclaró la representante de la empresa Lilan Energy, Carolina Rovecchi.
La planta se conectará a la subestación local para inyectar sus 9,9 MW directamente al Sistema Interconectado Nacional (SIN), funcionando como una sola red para todo el país.
Esto significa que no habrá una reducción en el costo de la factura de la Electrificadora del Meta (Emsa) para quienes habitan San Martín, ya que la empresa actúa sólo como generadora y no tiene competencia sobre la distribución o las tarifas finales.
La conflictividad derivada de proyectos extractivos y energéticos no es menor en América Latina.
El Environmental Justice Atlas (EJAtlas), plataforma creada por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), registró 587 conflictos socioambientales en América Latina, 32 % del total mundial.
De ese universo global, 19 % de los casos están vinculados a la generación de energía fósil y renovable, con un aumento creciente en conflictos relacionados con proyectos renovables.
Para Jessica Arias, investigadora de Polen Transiciones Justas, la transición energética debe ser justa, es decir, no puede reducirse a un simple cambio de tecnología, sino que debe ser un proceso sistémico que priorice el respeto por el tejido social y ecológico de las regiones que albergan los proyectos, advierte . «El concepto de lo que es justo para un departamento o un municipio tiene que empezar por preguntarse desde ese mismo territorio», dice.
Arias menciona que una transición energética realmente justa exige reconocer que, aunque las energías renovables son necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, «no podemos ignorar que estas tecnologías también tienen impactos locales muy diferenciados», que deben ser gestionados con total transparencia.
Según la investigadora, los proyectos sólo traerán un progreso real si «se formulan desde los mismos territorios». Este debería ser el primer paso para garantizar que las comunidades rurales no paguen el precio ambiental de una energía que, paradójicamente, a veces no llegará a sus hogares.
A mediados del 2025, el Ministerio de Minas y Energía informó que 52 % de los proyectos de energías renovables en Colombia presentaban dificultades en trámites ambientales, reflejando las tensiones que existen entre la necesidad de acelerar la transición energética y la protección de los territorios donde se desarrollan estos proyectos.

El proyecto que no se socializó lo suficiente
El debate en el Concejo Municipal estuvo marcado por la indignación ante lo que concejales y ciudadanía calificaron como un proyecto ejecutado «a las escondidas». El presidente de la corporación, David Murcia, y concejales como Andrés Ladino y Shirley Rey, enfatizaron que no tenían conocimiento previo del proyecto.
Rovecchi, de Lilan Energy, defendió el parque solar como una obra de utilidad pública e interés nacional necesaria para evitar un desabastecimiento energético.
Pero para Angulo, el coordinador ambiental de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Pascualera, la socialización fue una «falta de respeto» realizada con apenas un «puñado de personas, (para) tomarles tres fotos y ya con eso ir a Cormacarena y decir que socializaron el proyecto».
Eso, dice el líder ambiental, no representa el sentir de las 25.000 personas que habitan el municipio y mucho menos las personas que viven cerca o en el área de influencia del proyecto.
“Esta energía limpia no puede construirse sacrificando tampoco la participación de la comunidad”, dijo Rey durante el debate.
Por su parte, la ciudadana Stella Carlier relató que la información brindada a los pocos vecinos y vecinas contactados fue superficial y confusa, señalando que a algunos se les hizo creer que los paneles no afectarían áreas boscosas para obtener su consentimiento rápido: «Les dieron la mano y nos tomaron una cantidad de fotos, pero en sí no nos dijeron nada, simplemente que iban a colocar paneles solares».
En el eje ambiental, el debate se centró en la pérdida del corredor ecológico y la insuficiencia de las compensaciones. Los concejales Jorge Humberto Flórez y Edgar González cuestionaron que se pretenda compensar árboles de 30 años con plántulas que, según el historial de la región, tienen una baja tasa de supervivencia.
Marco Antonio Arias, concejal del municipio, alertó sobre el desplazamiento forzado de monos tití (Saimiri sciureus albigena) y aulladores (Alouatta seniculus), quienes perderían el corredor ecológico por el que transitan debido a la tala en el anillo vial.
San Martín es uno de los asentamientos más antiguos de los Llanos Orientales. Está ubicado a aproximadamente 65 kilómetros de Villavicencio, actual capital del departamento del Meta.
El municipio tiene una superficie de 595 992 hectáreas aproximadamente, donde 62,94 % está deforestada y cultivada con pastos donde prevalece la ganadería extensiva, con 137.846 cabezas de ganado equivalentes. En total, el sector ganadero dispone de 63 % de la superficie, mientras el sector agrícola ocupa 1,74 %.
Además de su vocación ganadera y agrícola, San Martín ha sido escenario de la expansión de la industria de hidrocarburos.
En su territorio se ubican áreas de exploración como los bloques Caño Sur, Caño Sur Oeste y CPO-11, donde la empresa estatal Ecopetrol ha reportado varios hallazgos de petróleo desde 2011.
Estos descubrimientos han incorporado al municipio dentro de la dinámica extractiva que caracteriza al Meta, departamento que durante 2025 produjo en promedio alrededor de 427 000 barriles diarios, equivalentes a 57,4 % de la producción petrolera nacional, manteniéndose como el departamento con mayor aporte al sector de hidrocarburos del país.
En este contexto de explotación petrolera, la creación de un parque solar pareciera un avance en la transición energética. Sin embargo, en lo que coinciden ambientalistas y ciudadanos es que el terreno escogido para la construcción de los paneles solares no es el más adecuado debido a la tala de árboles.
Angulo dice que “es muy contradictorio el hecho de ubicar 20 hectáreas para hacer ese parque en medio de un corredor ecológico cuando aquí tenemos muchas hectáreas que son ganaderas y que están totalmente peladas”.
El líder indígena y ambiental Arnulfo Prieto, más conocido como Laguna, concuerda: “Aquí hay cantidades de porteros grandísimas. No estamos en contra de la construcción del parque solar sino de la tala. Hay tanta tierra que no tiene árbol y tienen que ir a hacerlo donde hay árboles», explica.
Frente a estos cuestionamientos, Rovecchi explicó en el Concejo por qué terminaron eligiendo ese predio específico a pesar de la disponibilidad de otros.
«Nosotros duramos años para poder asegurar un propietario que cumpliera unos requisitos de no tener su predio intervenido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ni tener procesos de restitución de tierras por el conflicto armado. No fue una tarea sencilla», dijo.
Además, la vocera de la empresa agregó que buscaban predios cercanos a la subestación San Martín para evitar pérdidas de energía en la red, pero que los inmediatamente adyacentes a la subestación están en zona de expansión urbana y no pueden ser intervenidos. La tala de los árboles del corredor ecológico se justificó precisamente para poder instalar la red que conectaría al nuevo parque solar con el sistema eléctrico nacional.

La ausencia de Cormacarena
Para Laguna, el manejo de este tema por parte de Cormacarena evidencia una falta de transparencia en la entidad.
“Están vendiendo la patria porque cobran una multa ¿y a dónde está esa plata?”, se cuestiona. El concejal Flórez concuerda con el líder ambiental y expresa que la autoridad ambiental “ha sido oficiosa, pero para la plata. Lo único que le interesa es la tasa de compensación. Es una rectora del ambiente que viene a acabarlo”, dijo.
Se refieren a la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable, establecida por el Decreto 1390 de 2018, que reglamenta las tasas compensatorias que se deben pagar por el aprovechamiento de productos forestales maderables en bosques naturales. En este caso son más del equivalente a 4700 dólares, establecidos por la Resolución 0388.
Este documento también determina que se debe compensar un área total de 11,74 hectáreas con una densidad de referencia de 1000 árboles por hectárea. Lo que implica que la cifra total asciende a 1 1740 árboles que deben ser sembrados.
La ubicación exacta debe definirse en un Plan de Compensación que la empresa debe presentar para aprobación.
La resolución dicta que se debe privilegiar el área de influencia del proyecto, específicamente la Franja de Retiro de Fuentes Hídricas (FRFH), nacimientos de caños y quebradas. Se contactó  a Cormacarena para conocer su versión sobre este caso y las razones por las cuales otorgaron el permiso de aprovechamiento forestal de estos árboles, pero hasta la publicación de este reportaje no se ha recibido respuesta.
La representante de la empresa Lilan Energy informó en el Concejo que están estudiando cerca de 30 hectáreas para asegurar que la reforestación se quede en el municipio de San Martín, idealmente en la misma vereda Bañadera o zonas colindantes. Sin embargo, hay escepticismo por parte de la comunidad sobre la efectividad de la compensación.
Angulo y Laguna señalan que históricamente estos árboles que se siembran mueren por falta de cuidado real en el tiempo y que no compensan de inmediato la pérdida de árboles adultos de más de 30 años. Rey recuerda otros casos del municipio.
“Muchas veces vienen a reforestar pero quedan los árboles ahí, no les hacen un seguimiento y ahí quedamos. O sea, simplemente dicen: ‘Reforestamos 1000 árboles’, los dejan, pero ahí quedan y se mueren porque no le realizan un seguimiento”. dijeron.
El manejo de la fauna en el proyecto se basa en un protocolo de ahuyentamiento, rescate y reubicación que busca desplazar a los animales hacia el bosque de galería del Caño Camoita antes de la tala.
Según la empresa Lilan Energy, se utilizan estímulos visuales como cintas reflectivas, sonoros (como bocinas) y mecánicos para inducir la salida de las especies, reportando haber movilizado a 49 individuos, incluidos monos tití (Saimiri sciureus albigena), y aves como las corocoras del Llano (Eudocimus albus), animales emblemáticos del territorio.
No obstante, la comunidad ha expresado rechazo hacia estas medidas. Angulo cuestiona la veracidad de los censos, señalando que “no puede ser cierto que en 20 hectáreas de campo solo hayan encontrado un nido activo en la zona talada, cuando en una finca pequeña se pueden hallar cientos”.
Tras la presión comunitaria y el debate político, los diálogos directos con los representantes de Lilan Energy derivaron en una serie de compromisos consignados en actas oficiales a las que tuvo acceso Climate Tracker América Latina.
El acuerdo principal establece la suspensión total del aprovechamiento forestal en el espacio público, en el Anillo Vial y la vía a La Pascualera, hasta que la empresa presente un nuevo diseño técnico que reduzca al mínimo el número de árboles a intervenir, priorizando la poda sobre el corte, en los aproximadamente 300 que no se han talado.
Asimismo, la empresa aceptó habilitar espacios para una veeduría ciudadana dentro del predio «La Aurora» para supervisar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y el estado de la fauna silvestre. Sin embargo, Angulo expresa que ese espacio todavía no se ha llevado a cabo. Finalmente, en busca de un beneficio tangible para el municipio, se solicitó la instalación de paneles solares en el jardín infantil con 140 niños y niñas y el ancianato con 32 adultos mayores, del barrio 11 de noviembre, una iniciativa que busca mitigar la paradoja de este proyecto.
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Nace VISTA, la herramienta que revela el asedio y la deforestación en tierras indígenas de Bolivia

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: El País (Bolivia)
País/Región: Bolivia


Para la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es la “casa grande” donde conviven la comunidad, los ríos, los animales, los seres espirituales y la memoria de sus antepasados. Para ellos, conservar los bosques es conservar la vida. Sin embargo, los datos analizados por Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— muestran que ahora esa “casa grande” está bajo asedio.
En apenas dos décadas (2003-2023) se deforestaron más de 186 500 hectáreas de bosque en los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica boliviana, una superficie casi tres veces mayor que la ciudad de Madrid. De esa cantidad, solo el 10% contó con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el 90 % restante —168 670 hectáreas— ocurrió al margen de la ley.  
Para Rivelino Segundo, capitán grande de Isoso —el territorio indígena con la mayor superficie de desmonte ilegal, más de 43 000 hectáreas—, la deforestación que avanza sobre los territorios ancestrales está directamente relacionada con los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola. A su juicio, quienes ocupan ilegalmente estas tierras buscan convertir el bosque en áreas de producción. “No somos nosotros los que desmontamos. Son los avasalladores. [En Isoso], lo hacen para sembrar soja a gran escala. Nosotros, como pueblo guaraní, convivimos con la naturaleza”.
Este y otros hallazgos son el resultado de un año de investigación en el que la alianza periodística, apoyada por geógrafos, analizó miles de datos filtrados desde la ABT y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.
De esa investigación nace VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada.
La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

La frontera de lo ilegal
Entre 1986 y 2024, según los registros de GeoFAN, portal geoespacial de datos desarrollado por la FAN, los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica acumularon la pérdida de aproximadamente 257 000 hectáreas de bosque. La cifra equivale al 3.4 % de toda la superficie deforestada en Bolivia durante ese periodo, estimada en 7.6 millones de hectáreas.
Para comprender cuánto de esa transformación ocurrió dentro del marco legal, Amazonía Traficada accedió, a través de una filtración de la ABT, a una base de datos inédita sobre autorizaciones de desmonte emitidas entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución otorgó alrededor de 9400 resoluciones administrativas con las que autorizó el desmonte de casi 80 000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas.
Sin embargo, solo una fracción de esa superficie autorizada para desmonte perdió bosque.  Al cruzar la información de la filtración de la ABT con datos satelitales de deforestación, la investigación identificó que, de las 80 000 hectáreas autorizadas, alrededor de 17 900 hectáreas de bosque fueron efectivamente taladas.
La diferencia entre lo permitido y lo que realmente ocurrió en el territorio revela una realidad más compleja. Que solo se haya desmontado una fracción de la superficie autorizada no significa que la deforestación haya sido menor. Por el contrario, la mayor parte de la pérdida de bosque sucedió fuera de las áreas autorizadas. Entre 2003 y 2023, la pérdida de bosque registrada en áreas sin permiso alcanzó las 168 670 hectáreas.
En otras palabras, por cada hectárea de bosque talado dentro de áreas autorizadas, se desmontaron más de nueve hectáreas fuera de ellas. El 90 % de la pérdida de bosque en los territorios indígenas amazónicos ocurrió al margen de los mecanismos de control estatal.
Amazonía Traficada solicitó información y una entrevista a la Dirección Nacional de la ABT para conocer su evaluación sobre estos hallazgos. Al cierre de esta investigación, la institución informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.
La presión que enfrentan los territorios indígenas amazónicos forma parte de una tendencia más amplia. El informe del World Resources Institute muestra que Bolivia, en 2025, volvió a ocupar el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.
La pérdida de bosque en la Amazonía indígena no solo ocurre como resultado de los desmontes. El fuego también ha dejado una huella profunda sobre estos territorios. Datos analizados para esta investigación muestran que, entre 2001 y 2024, las quemas e incendios forestales afectaron 23.8 millones de hectáreas en Bolivia. De esa superficie, 4.1 millones de hectáreas —el 17 % del total nacional— se localizaron dentro de territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana.

¿Cómo se llegó a esta situación?
Para comprenderlo es necesario retroceder varias décadas y revisar la historia de las demandas de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.
La última década del siglo pasado fue clave en la conquista del reconocimiento de los territorios indígenas. Los años 1990 y 1996 marcaron hitos decisivos de ese proceso. En esos dos años los pueblos indígenas dejaron atrás los bosques, ríos y sabanas que conforman su hogar amazónico para recorrer cientos de kilómetros hasta la sede del Gobierno, en La Paz.
En ambas oportunidades —las primeras, aunque no las únicas— caminaron durante más de 30 días para hacer visible una demanda histórica. No pedían nuevas tierras; exigían que el Estado boliviano reconociera los territorios que ellos habitaban desde antes de la constitución de la República en 1825.
La presión de la marcha de 1996 contribuyó a la aprobación de la Ley INRA, que sentó las bases para el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas. Sin embargo, tres décadas después de ese hito histórico, el reconocimiento territorial quedó lejos de completarse. Así lo demuestran investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
Los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, pidieron el reconocimiento legal de alrededor de 22.7 millones de hectáreas, pero el INRA tituló 11.7 millones de hectáreas, apenas el 52 % de la superficie solicitada. Más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.
Mientras gran parte de esta demanda seguía sin resolverse, el Estado continuó adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Se trataba de privados y comunidades de colonizadores, como se conoce en Bolivia a los campesinos, generalmente de zonas andinas, que migraron al oriente boliviano para dedicarse a la agricultura y expandir la frontera agrícola. El equipo de Amazonía Traficada tuvo acceso, a través de una filtración del INRA, a resoluciones de asentamientos (inicio del proceso de dotación de tierras) emitidas durante una década por esta institución.
El análisis de esa información revela que, entre 2009 y 2019, el INRA adjudicó aproximadamente 318 500 hectáreas para el establecimiento de 236 comunidades en áreas adyacentes a 19 territorios indígenas titulados. Las principales beneficiarias fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), afines al partido político que estuvo en el poder entre 2006 y 2025.

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El Acuerdo UE-Mercosur reaviva el debate ecológico global ante el riesgo de deforestación y la asimetría de plaguicidas

Fecha de Publicación: 25/06/2026
Fuente: Prensa Mercosur
País/Región: Unión Europea - América del Sur


La entrada en vigor provisional del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, prevista para los próximos meses de este año 2026, ha desatado una intensa oleada de alarmas y movilizaciones por parte de organizaciones ecologistas internacionales, que advierten sobre los devastadores impactos ambientales que la liberalización arancelaria podría ejercer sobre los ecosistemas más sensibles de Sudamérica. Las entidades climáticas señalan que la reducción progresiva de impuestos aduaneros potenciará las exportaciones de materias primas agrícolas —las cuales constituyen actualmente más del 70% de los envíos del Cono Sur hacia el mercado europeo—, ejerciendo una presión insostenible sobre la selva de la Amazonía, Argentina, el Gran Chaco paraguayo y el bioma del Cerrado brasileño. Los expertos argumentan que la sostenibilidad del comercio global se encuentra seriamente comprometida si no se instituyen salvaguardas vinculantes con capacidad de sancionar de manera penal la destrucción del ecosistema nativo americano.
El punto de mayor fricción regulatoria radica en lo que los científicos denominan una asimetría química inaceptable en el comercio transatlántico de agroquímicos. El tratado comercial contempla la eliminación de barreras para la exportación de productos químicos de origen europeo hacia los países del Mercosur, incluyendo una alarmante cantidad de pesticidas y plaguicidas altamente tóxicos que se encuentran estrictamente prohibidos dentro de la propia Unión Europea debido a sus comprobados efectos cancerígenos y su impacto destructivo en los polinizadores naturales. Las organizaciones de salud pública y los colectivos ambientales del Cono Sur denuncian este doble estándar moral e industrial, señalando que la región corre el riesgo de convertirse en un vertedero de insumos químicos obsoletos que contaminarán los acuíferos subterráneos y afectarán la salud de millones de campesinos sudamericanos.
Para mitigar estos profundos riesgos de degradación ambiental, las autoridades de la Unión Europea han defendido la próxima implementación del Reglamento sobre Deforestación (EUDR) en el transcurso de este año 2026, una normativa estricta que exigirá a los exportadores del Mercosur demostrar de forma inequívoca que productos clave como la soja, la carne bovina, el café y la madera provienen exclusivamente de terrenos agrícolas libres de deforestación posterior a los años de referencia internacionales. No obstante, la implementación práctica de este reglamento ha sufrido recurrentes postergaciones, flexibilizaciones y modificaciones logísticas debido a la presión de los gremios agroindustriales del Cono Sur, lo que ha sembrado severas dudas entre los científicos globales sobre la verdadera eficacia y transparencia de los mecanismos de trazabilidad satelital que se pretenden aplicar en el terreno comercial diario.
Por otra parte, los analistas de la CEPAL y defensores del acuerdo comercial argumentan que el tratado no debe ser visto únicamente como una amenaza ecológica, sino como una ventana de oportunidad inédita para elevar la gobernanza ambiental de los países sudamericanos. El texto del acuerdo incorpora de manera explícita el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del Acuerdo de París como una cláusula fundamental de la relación bilateral. Aunque estas obligaciones carecen históricamente de mecanismos de sanción económica vinculantes directos, los defensores del pacto sostienen que el marco institucional permitirá a los gobiernos del Mercosur acceder a fondos millonarios de financiamiento verde europeo destinados a la reconversión tecnológica y la protección de las reservas boscosas de la región.
Sin embargo, el panorama ecológico se complica aún más ante el auge de la minería extractiva a gran escala, un sector que se verá fuertemente estimulado por la creciente demanda europea de minerales estratégicos y tierras raras necesarios para la transición energética global del norte desarrollado. La búsqueda intensiva de litio, cobre y cobalto en los territorios indígenas de los países miembros del bloque económico está desencadenando una crisis socioambiental marcada por la contaminación de cuencas hídricas críticas y el desplazamiento forzado de comunidades originarias que habitan en zonas de alta fragilidad ecológica. Los líderes indígenas de la Amazonía han manifestado que la supuesta sostenibilidad de los vehículos eléctricos europeos se está construyendo sobre el expolio ambiental de los ecosistemas del sur del continente americano.
Ante este complejo escenario de tensiones comerciales y ecológicas, las agencias ambientales de los países del Mercosur trabajan contrarreloj para diseñar planes de contingencia y fortalecer las agencias de fiscalización forestal nacionales antes de que el flujo comercial masivo se inicie formalmente. El desafío inmediato del bloque regional será demostrar al concierto de naciones del mundo que es capaz de expandir sus fronteras de intercambio económico sin sacrificar el patrimonio biológico de sus territorios nativos. La vigilancia estricta de la sociedad civil internacional y la rigurosidad científica en los procesos de auditoría ambiental serán las únicas herramientas capaces de evitar que el esperado acuerdo comercial se traduzca en una catástrofe ecológica de proporciones globales en Sudamérica.
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Perú: nuevas imágenes aéreas muestran el avance de la deforestación causada por las colonias menonitas en la Amazonía

Fecha de Publicación: 22/06/2026
Fuente: Portal Mongabay
País/Región: Perú


Las cuadrículas en medio del bosque se empiezan a ver desde el aire. Se van sucediendo una tras otras como un tablero de fichas rectangulares que se va armando sobre la tierra a la que le han ido quitando sus árboles. La avioneta tarda varios minutos en atravesar todo ese territorio ocupado actualmente por una colonia menonita. El GPS marca que estamos sobre el distrito de Masisea, en la provincia de Coronel Portillo, Ucayali, en la Amazonía peruana, donde desde 2017 se ha instalado una colonia menonita.
El piloto da una vuelta sobre este terreno para que todos los que estamos en el vuelo podamos observar en detalle cómo ha sido transformado el bosque. Desde arriba se observa una carretera abierta en medio de la selva, muy marcada, que parece ser la vía principal de la colonia. En ambos lados están los predios, espacios rectangulares a los que se les ha quitado la cobertura boscosa. En ellos se observan zonas totalmente despejadas de árboles, otros sectores con cultivos, así como casas y otras construcciones con techos de calaminas y maquinaria pesada. Desde la carretera principal se desprenden otras vías que ingresan hacia cada uno de los predios.
“Es gigante, ¿no?”, comenta una de las personas que participa en el sobrevuelo. Mientras nos alejamos se puede ver cómo la selva aún intacta rodea todo este amplio sector deforestado. La avioneta sigue su ruta hacia el Área de Conservación Regional Imiria.
Un día antes, en otro sobrevuelo, se logró ver parte de la colonia menonita Chipiar, ubicada entre los distritos de Padre Márquez, Loreto y Nueva Requena, Ucayali. Esta colonia se estableció en estos bosques amazónicos a partir de 2020.

Los procesos legales
“Hemos pasado por el área judicializada de los menonitas, donde vemos que sigue creciendo la actividad”, señala el fiscal Vladimir Rojas, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali. “Se está identificando a los autores, esperemos que tengamos resultados”, agrega el fiscal.
La FEMA de Ucayali investiga a los integrantes de la Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea por los presuntos delitos contra los bosques o formaciones boscosas.
“En un momento se pidieron medidas cautelares para suspender la actividad de estos grupos hasta que existan las autorizaciones para que puedan hacer trabajos. Aunque, lamentablemente, las últimas leyes dadas por el Gobierno, nos desfavorece bastante. La famosa ley que ayuda a la deforestación en vez de protegerla. Para nosotros, los fiscales ambientales, es un obstáculo”, comenta Rojas para referirse a la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que, según expertos, favorece la deforestación.
La modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre se aprobó en enero de 2024 en medio de críticas de diversos sectores. Según esta norma, los propietarios de predios que han sido deforestados y que se dediquen a actividades agropecuarias están exonerados a realizar estudios de suelos para demostrar que sus acciones no se realizan en tierras forestales o de protección. La norma también exonera a los propietarios de estos predios del requerimiento de contar con autorización para el cambio de uso de suelo, es decir, para retirar la cobertura boscosa y convertir estos bosques en zonas de cultivo.
En el caso de la colonia menonita de Masisea, según las investigaciones seguidas por la fiscalía ambiental, el Gobierno Regional de Ucayali no emitió ni registra trámite de permiso forestal o autorización de cambio de uso de suelo.
Rojas explica que como fiscalía ambiental no les corresponde “combatir el crecimiento agropecuario”, en referencia a las actividades que realizan las colonias menonitas. Sin embargo, señala Rojas, “nosotros los fiscales tenemos que cuidar nuestra Amazonía y vemos como el sector agropecuario está deteriorando mucho el ecosistema”.
A la colonia menonita de Padre Márquez –denominada también Chipiar–, ubicada entre Loreto y Ucayali, también se le sigue un proceso judicial por los mismos supuestos delitos contra los bosques o formaciones boscosas. El fiscal José Guzmán Ferro, de la FEMA Ucayali, quien está a cargo del caso, señala que se terminó la investigación y que se espera el inicio del juicio oral en 2027.
El abogado Raúl Lunasco, representante legal de la colonia de Padre Márquez, señaló a Mongabay Latam que “uno de los procesos penales ha concluido con sentencia absolutoria”. Agrega que “en el periodo 2015-2023, el Estado no implementó los instrumentos legales. Recién en 2024 aparecen promulgados por el Estado los lineamientos de microzonificación, que son las herramientas para la autorización de desbosque y cambio de uso”.
Lunasco menciona que el artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre “establece que para poder realizar el cambio de uso o autorización de desbosque superior a 10 hectáreas se necesita tener certificación ambiental». Luego, agrega: «Para conseguir la certificación ambiental se necesita un informe de la condición del suelo y de la cobertura boscosa, y para ello se necesita tener un lineamiento” del Estado.
De acuerdo con información de la Procuraduría de Medio Ambiente, uno de los procesos iniciados contra Padre Márquez ha concluido con una sentencia favorable a los menonitas. Se trata de una caso de 2020 en el que cuatro personas de esta colonia fueron encontradas realizando trabajos de desbosque y denunciadas «por realizar trabajos de tala, destrucción de árboles, así como en las formaciones boscosas, sin autorización de la autoridad competente», según consta en el veredicto emitida en enero de 2026.
En este caso el juez concluyó que existía un vacío normativo y técnico para tramitar autorizaciones de desbosque en predios privados en el momento en que ocurrieron los hechos. No obstante, en la misma sentencia el colegiado determinó que los imputados debían pagar una reparación civil de 40 000 soles (poco menos de 12 000 dólares) al Estado.
El Estado aún mantiene en proceso otros tres casos contra las colonias menonitas por delitos contra los bosques. El proceso contra Padre Márquez al que hizo referencia el fiscal entrará a juicio oral el próximo año. Los otros dos son un segundo caso contra la colonia menonita Masisea y un último caso en Tierra Blanca.
Mongabay Latam ha seguido la trayectoria de las cinco colonias menonitas establecidas en tres lugares en Perú: Masisea, Padre Márquez y Tierra Blanca, en Loreto, Amazonía. Esta última no estuvo en la ruta de los sobrevuelos.
En el caso de la colonia menonita de Masisea, este medio reveló cómo los predios en los que se estableció esta colonia, proveniente de Bolivia, habían formado parte de un mecanismo irregular de titulación de tierras en terrenos que eran bosques. En este proceso habrían estado involucrados funcionarios del gobierno regional de Ucayali. Mongabay Latam intentó ubicar a abogados o representantes de esta colonia pero no logró resultados al cierre de esta nota.
Una situación similar sucedió en la colonia menonita de Padre Márquez, donde los predios que ahora ocupan los menonitas fueron parte de un proceso de titulación de tierras. El mecanimo utilizado en ese momento fue realizar una entrega de títulos de propiedad a la población de Tiruntán –localidad capital de Padre Márquez– para posteriormente ser vendidos a los menonitas y a otras personas y empresas. En este esquema estuvieron involucrados funcionarios del gobierno local, según la investigación.

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Gobierno brasileño destina recursos contra incendios y deforestación

Fecha de Publicación: 17/06/2026
Fuente: Agencia Prensa Latina
País/Región: Brasil


El Gobierno brasileño anunció hoy la transferencia de 337 millones de reales (unos 67 millones de dólares) a estados y municipios para combatir incendios forestales y frenar la deforestación en el segundo semestre del año. 
Los recursos, precisó agencia Brasil, serán distribuidos a través del Fondo Nacional de Medio Ambiente mediante un nuevo mecanismo destinado a agilizar la llegada de financiamiento a las administraciones locales responsables de enfrentar emergencias.
Esta decisión forma parte de un conjunto de acciones impulsadas por la administración federal con el fin de fortalecer la protección de los biomas brasileños.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, la iniciativa busca garantizar una respuesta más rápida ante incendios forestales, especialmente en regiones vulnerables de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal.
Las autoridades brasileñas preparan un amplio despliegue preventivo para 2026, que incluye más de cuatro mil 600 brigadistas, sistemas de monitoreo, bases operativas y medios aéreos destinados al combate del fuego.
También, el Gobierno federal intensifica sus preparativos ante la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño, que podría provocar condiciones más secas en varias regiones del país y aumentar el riesgo de incendios forestales.
Durante los actos por el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil se adelanta este año a los desafíos climáticos con medidas preventivas y una mayor coordinación entre los distintos niveles gubernamentales.
Cifras oficiales indican que en 2025 la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal mostraron descensos significativos en la pérdida de cobertura vegetal, resultado atribuido al fortalecimiento de las políticas de fiscalización y conservación.
La transferencia de recursos se suma a otras inversiones anunciadas este año para la compra de equipos, vehículos y tecnologías destinadas a los cuerpos de bomberos y brigadas ambientales que operan en las zonas de mayor riesgo. 
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Miles de millones perdidos mientras redes financieras secretas alimentan destrucción de bosques

Fecha de Publicación: 13/06/2026
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Internacional


Un nuevo informe concluyó que miles de millones de dólares vinculados a la deforestación ilegal fluyen a través de las cadenas mundiales de suministro, mientras el secreto en torno a la propiedad de la tierra y los registros empresariales permite que productos derivados de la madera, la soja y la carne vacuna ingresen sin control a los mercados internacionales.
El informe Financial Secrets of the Forests: How Secrecy Fuels Deforestation in Brazil and Cameroon (Secretos financieros de los bosques: cómo el secretismo alimenta la deforestación en Brasil y Camerún), publicado el 26 de mayo por la Coalición para la Transparencia Financiera en asociación con el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de América Latina (Cefilat), examinó la pérdida de bosques y los flujos financieros ilícitos en Brasil y Camerún, dos países que albergan algunos de los bosques tropicales más extensos del mundo, y que representa un ejemplo de lo que sucede en muchas otras partes.
Los investigadores responsables del informe afirman que la tala ilegal, las estructuras de propiedad ocultas y las débiles leyes de transparencia están privando a los gobiernos de fondos muy necesarios para financiar acciones climáticas y de biodiversidad. Sostienen que, aunque los países aprobaron leyes contra la deforestación, la falta de acceso público a los registros de propiedad empresarial permite que quienes se benefician de la destrucción ambiental permanezcan ocultos.
El informe estima que la manipulación de precios comerciales vinculada a las exportaciones de madera costó a Camerún un promedio de 289 millones de dólares anuales entre 2013 y 2023. En Brasil, discrepancias no explicadas en las exportaciones de madera ascendieron a alrededor de 214 millones de dólares durante un período similar.
Consultado sobre si el informe considera que el secretismo financiero es un factor central de la deforestación ilegal y cuáles fueron los principales obstáculos para identificar a los verdaderos beneficiarios detrás de las empresas madereras, sojeras y ganaderas en Brasil y Camerún, uno de los autores principales del informe, Matti Kohonen, director ejecutivo de la Coalición para la Transparencia Financiera, dijo a IPS en una entrevista exclusiva que no lograron identificar a los beneficiarios finales de estas empresas pese a utilizar los mejores datos disponibles, incluidos datos geoespaciales satelitales.
“En el estado de Mato Grosso, en Brasil, que representa una quinta parte de toda la deforestación del país, identificamos cientos de miles de parcelas de tierra que fueron deforestadas ilegalmente desde 2010 para producir soja y ganado, pero solo pudimos encontrar la identificación de las parcelas y, en algunos casos, de las empresas vinculadas, no así de sus beneficiarios finales. Cuando solicitamos esta información a la autoridad local respecto de las principales parcelas de tierra, respondieron que no podían proporcionarla por cuestiones de privacidad, a pesar de tratarse claramente de una solicitud de interés público”, afirmó.
“En Camerún, por otro lado, nos centramos en la madera y pudimos mapear las principales concesiones forestales: Unidades de Manejo Forestal (FMU) y Ventas de Volumen en Pie (SSV), descritas en el informe. Las empresas que poseían esas concesiones eran en su mayoría identificables en las bases de datos, pero no pudimos determinar, con la mejor información disponible, si se trataba de empresas pantalla controladas por firmas extranjeras ni identificar a sus beneficiarios finales”.
Según Kohonen, Camerún sí cuenta con una base de datos de beneficiarios finales, pero esta no es de acceso público. Añadió que existe cierta información sobre empresas mineras y de combustibles fósiles a través de la Iniciativa para la EITI (Transparencia de las Industrias Extractivas), pero que el sector forestal no está incluido en su alcance.
“Cuando solicitamos esta información al gobierno camerunés, no obtuvimos respuesta alguna, ni siquiera sobre la lista actualizada de empresas madereras sancionadas, algunas de las cuales descubrimos que seguían recibiendo concesiones hasta julio de 2025. Parte de la información sobre estas compañías estaba disponible en línea, pero no para los años más recientes, y tampoco encontramos datos históricos más allá de reportes previos del Pulitzer”, señaló.
Los hallazgos sugieren que las regulaciones internacionales vigentes no están logrando impedir que productos vinculados a la deforestación ingresen a los mercados mundiales.
Kohonen indicó que las principales fallas en la aplicación de las normas, tanto en los países productores como en los importadores, son la incapacidad para identificar a las empresas y a sus beneficiarios finales responsables de la deforestación y la falta de transparencia en las cadenas de suministro, lo que impide rastrear los productos hasta su origen.
“Este es un buen estudio del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) que pone de relieve estos problemas. Otro problema clave es la falta de voluntad política para abordarlos. Esto se refleja en nuestro informe en el caso de Camerún, cuyas autoridades no nos proporcionaron ningún dato, así como en el estado de Mato Grosso, que se negó a revelar los beneficiarios finales de las principales parcelas vinculadas a la deforestación ilegal, pese a la legislación brasileña sobre acceso a la información”, detalló
Kohonen añadió que la falta de registros públicos de beneficiarios finales también constituye un problema fundamental, ya que impide que organizaciones de la sociedad civil y periodistas identifiquen a quienes se benefician de la destrucción ilegal de los bosques.
Por parte de los países importadores, agregó, «la falta de voluntad política para impedir que productos provenientes de tierras deforestadas ingresen a los mercados globales también es un problema importante, especialmente en grandes importadores como China y Vietnam, que siguen adquiriendo estos productos de empresas denunciadas y sancionadas en el pasado, como vemos en Camerún».
«Por eso afirmamos que, sin transparencia sobre la propiedad financiera y las cadenas de suministro, iniciativas como el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR) difícilmente podrán tener éxito”, dijo.
El informe sostiene que los bosques no solo están siendo destruidos por motosierras e incendios, sino también por sistemas financieros opacos que dificultan identificar quién obtiene beneficios de la deforestación.
“El secretismo financiero y sobre la propiedad de la tierra es un factor clave detrás de la deforestación ilegal”, señala el informe.
En Brasil, los investigadores se centraron especialmente en Mato Grosso, un estado conocido por ser uno de los mayores centros mundiales de producción de soja y ganado. Los datos satelitales mostraron que, entre 2010 y 2023, extensas áreas fueron desmontadas sin los permisos correspondientes.
Los investigadores encontraron que 48 % de las áreas de producción de soja y 15 % de los pastizales de ganadería intensiva se superponían con parcelas que carecían de permisos de deforestación.
El impacto ambiental fue severo. La ganadería ilegal vinculada a la deforestación en Mato Grosso generó unas 502 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono entre 2001 y 2023. El cultivo de soja asociado al desmonte ilegal produjo otras 250 millones de toneladas durante el mismo período.
Los investigadores afirman que atribuir responsabilidades resulta extremadamente difícil porque la información sobre la propiedad suele estar oculta o es inaccesible.
Brasil mantiene registros de tierras y ambientales, pero el acceso público a la identidad de las personas detrás de las empresas y propiedades sigue siendo limitado. Los investigadores señalaron que incluso solicitudes oficiales realizadas bajo las leyes de transparencia brasileñas no lograron revelar la identidad de personas vinculadas a tierras desmontadas ilegalmente.
Uno de los estudios de caso destacó una enorme estancia de Mato Grosso llamada Fazenda Santa Silvia, donde presuntamente se desmontaron de manera ilegal más de 3000 hectáreas entre 2022 y 2023. Los investigadores vincularon la propiedad con empresas dedicadas a la producción de soja y ganado y rastrearon conexiones en la cadena de suministro con gigantes frigoríficos como JBS y Marfrig.
“Solo analizamos Mato Grosso, pero creemos firmemente que este estado refleja la realidad del conjunto de Brasil, por lo que resulta muy preocupante que un porcentaje tan elevado de las tierras destinadas a la soja y la carne vacuna haya sido deforestado ilegalmente. Posteriormente, algunas de estas parcelas obtienen permisos para producir soja o pasturas, pero la literatura especializada sugiere que son una minoría y eso no cambia el hecho de que originalmente fueron deforestadas de manera ilegal”, afirmó Alfonso Daniels, autor principal del informe.
“Nuestros datos parecen reflejar investigaciones globales realizadas por organizaciones de la sociedad civil, como un informe de la organización Forest Trends de hace algunos años, que concluyó que al menos 69 % de los bosques tropicales convertidos para actividades agrícolas, como la ganadería y los cultivos, entre 2013 y 2019 fueron desmontados en violación de leyes y regulaciones nacionales. Otras investigaciones muestran porcentajes similares”, añadió.
El informe señala que este tipo de investigaciones depende actualmente de extensos trabajos de campo realizados por periodistas y grupos ambientalistas, debido a que las bases de datos públicas no revelan información sobre los beneficiarios finales.
La selva de la cuenca del Congo, donde se encuentra Camerún, es el segundo sistema de bosque tropical más grande del mundo después de la Amazonia que en 60 % se extiende por el norte de Brasil. Solo en 2025, Camerún perdió más de 100 000 hectáreas de bosque, lo que generó unas 130 millones de toneladas de emisiones de carbono.
Los investigadores detectaron grandes discrepancias entre el valor de las exportaciones de madera declarado por Camerún y las cifras de importación registradas por socios comerciales como China, Vietnam y los países de la Unión Europea. Entre 2013 y 2023, la brecha comercial alcanzó 1200 millones de dólares con China y 760 millones de dólares con Vietnam.
El informe señala que esto podría indicar una subdeclaración de exportaciones destinada a evadir aranceles e impuestos.
Camerún introdujo reformas que obligan a las empresas a revelar información sobre sus beneficiarios finales ante las autoridades tributarias. Sin embargo, el registro no es público, lo que dificulta que organizaciones de vigilancia y periodistas puedan rastrear quién controla en última instancia las empresas madereras y las concesiones forestales.
Los investigadores también descubrieron que algunas compañías sancionadas por tala ilegal siguieron recibiendo permisos de explotación años después. Una de las tablas del informe enumera varias firmas que obtuvieron nuevas concesiones incluso después de haber sido penalizadas por las autoridades.
Los grupos ambientalistas sostienen que la débil aplicación de las normas en los países importadores agrava el problema.
Aunque la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos cuentan con leyes que prohíben las importaciones de madera ilegal, el informe sostiene que empresas vinculadas a la deforestación continúan accediendo a mercados importantes porque sus estructuras de propiedad permanecen ocultas.
El nuevo Reglamento Europeo sobre Deforestación, cuya entrada en vigor está prevista para fines de 2026, prohibirá productos vinculados a tierras recientemente deforestadas. Sin embargo, los investigadores advierten que su aplicación seguirá siendo difícil mientras los gobiernos no hagan completamente públicos los registros de propiedad.
El informe propone crear registros públicos de beneficiarios finales, fortalecer la transparencia en las cadenas de suministro, desarrollar bases de datos públicas sobre delitos ambientales y establecer un registro mundial de activos que permita identificar quién posee bosques, tierras agrícolas y concesiones forestales en todo el mundo.
Los investigadores sostienen que enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad requerirá algo más que promesas de proteger los bosques. Afirman que los gobiernos también deben enfrentar los sistemas de secretismo financiero que permiten que los delitos ambientales sigan siendo rentables.
El informe estima que el dinero perdido por tala ilegal, evasión fiscal y flujos financieros ocultos podría ayudar a cerrar importantes brechas de financiamiento para los bosques, la biodiversidad y la acción climática.
Consultado sobre por qué Camerún y Brasil cuentan con registros de beneficiarios finales pero el acceso público sigue siendo limitado, y por qué los gobiernos continúan resistiéndose a la transparencia sobre la propiedad de tierras y empresas pese a las implicancias ambientales, Daniels explicó que las leyes que establecieron estos registros tienen un alcance limitado respecto del uso de los datos.
Con frecuencia, estos registros se crean para cumplir con los cambios recientes introducidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en sus recomendaciones 24 y 22, que ahora exigen registros centralizados y administrados por los gobiernos para fines de prevención del lavado de dinero.
En el caso de Camerún, dijo, el país figura en la lista gris del Gafi y establecer un registro centralizado y de alta calidad administrado por el gobierno le ayuda a salir de esa lista. Esa es una de las motivaciones para crear un registro de beneficiarios finales, pero los marcos normativos actuales no exigen que sea público.
“Solo en el caso de las industrias extractivas, definidas como minería y petróleo/gas, existe ese requisito, ya que Camerún es signatario de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti) y debe cumplir con la obligación de acceso público. Parte de esos datos está disponible, pero el sector forestal no se considera una industria extractiva y queda fuera de su alcance”, explicó Daniels, quien añadió que la presión pública interna aún no ha sido suficiente para exigir que esos datos sean totalmente públicos.
“En el caso de Brasil, la autoridad tributaria federal administra el registro de beneficiarios finales, establecido antes de la norma del GAFI para cumplir con las disposiciones de intercambio de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a partir de 2016, principalmente por razones de recaudación fiscal”, señaló Daniels.
Según explicó, los datos también se comparten con autoridades anticorrupción para cumplir con normas posteriores del Gafi.
Sin embargo, esta información no es pública. “Como Brasil no es miembro de la Eiti, tampoco divulga estos datos públicamente ni siquiera en los sectores minero, petrolero y gasífero. No existe suficiente presión interna desde ningún sector de la sociedad para hacer públicos los registros de beneficiarios finales, aun cuando ello podría contribuir a combatir la tala ilegal, que es una importante preocupación política para la actual presidencia”, dijo Daniels.
Según Kohonen, los flujos financieros ilícitos vinculados a la deforestación ilegal pueden surgir en distintas etapas.
“Si la tala se realiza sin las licencias adecuadas, se considera ilegal y, por tanto, todo el valor de la madera es ilícito. Es importante garantizar que las sanciones y multas se apliquen con rapidez para desalentar estas prácticas, pero actualmente sigue siendo demasiado frecuente que se talen bosques ilegalmente, ya que hasta 30 % de toda la madera proviene de tierras explotadas de forma ilegal. Esto refleja una falla en la aplicación de la ley. Con datos satelitales, se podrían imponer automáticamente sanciones y multas a las empresas que hayan deforestado sin las licencias correspondientes”, explicó.
“Otra etapa es la exportación (entre 10 % y 15 % de toda la madera producida en Brasil se exporta; el consumo interno es muy elevado, mientras que en Camerún la mayor parte se destina al mercado internacional). En ese momento, las autoridades aduaneras podrían verificar si la madera está correctamente valorada y detectar irregularidades en las declaraciones aduaneras que podrían derivar en manipulación de precios comerciales, es decir, brechas inexplicables entre el valor declarado en origen y el registrado en el país de destino”, detalló.
Kohonen añadió que también existen problemas vinculados a las autoridades tributarias, ya que la subvaloración de la madera suele estar asociada a la evasión fiscal cuando conduce al pago de menos IVA, regalías o impuestos a la exportación.
Además, a su juicio, las empresas pueden declarar incorrectamente sus impuestos corporativos si no informan adecuadamente las ventas de madera o productos forestales, o si no registran correctamente los productos cultivados en tierras deforestadas (por ejemplo, soja o carne vacuna).
“Por último, las empresas pueden recurrir a mecanismos de traslado de beneficios, transfiriendo ganancias imponibles a paraísos fiscales donde pagan impuestos más bajos o reciben exenciones tributarias», dijo.
Añadió qu «también pueden mover beneficios mediante transferencias internas dentro del mismo grupo empresarial con precios manipulados, por ejemplo, a través de financiamiento interno o del uso de marcas y propiedad intelectual. Todo ello contribuye a hacer que la deforestación y los productos asociados resulten más rentables y más difíciles de detectar”.
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Brasil reporta menor deforestación en la Amazonía y rechaza justificación de EEUU de aranceles

Fecha de Publicación: 13/06/2026
Fuente: Agencia The Associated Press 
País/Región: Brasil - Estados Unidos


Las autoridades brasileñas anunciaron una fuerte caída en las tasas de deforestación el jueves y rebatieron uno de los argumentos que el gobierno del presidente Donald Trump usó la semana pasada para justificar aranceles adicionales al país sudamericano.
La deforestación en la Amazonía fue 61,4% menor en mayo que en el mismo mes de 2025, según funcionarios del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués) y del Ministerio de Medio Ambiente.
Aun así, se talaron 370 kilómetros cuadrados (casi 143 millas cuadradas) de selva tropical. La deforestación en el mismo periodo cayó 12% en el Cerrado, una sabana del centro de Brasil que desde hace tiempo está bajo presión del poderoso sector del agronegocio.
El ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, señaló que la cifra es la más baja jamás registrada para mayo, y que Brasil va camino de alcanzar sus niveles anuales más bajos una vez que los datos se consoliden el próximo semestre.
Explicó que el mes suele registrar una mayor deforestación porque marca el inicio de la estación seca en la Amazonía. En los 10 meses de agosto de 2025 a mayo de 2026, la deforestación en la Amazonía ya cayó 37,5% en comparación con el mismo periodo anterior.
El gobierno de Trump propuso aranceles de 25% a las importaciones procedentes de Brasil el 2 de junio, al afirmar que la 10ma economía más grande del mundo incurre en prácticas comerciales “irrazonables” y que “cargan o restringen el comercio de Estados Unidos”. El anuncio se produjo tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que acusó a Brasil de deforestación ilegal y de aplicar aranceles injustos propios, entre otras cosas.
Capobianco afirmó que las cifras de deforestación “desmienten la acusación injusta e infundada de Estados Unidos, que citó la deforestación para justificar la imposición de aranceles”. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva asintió al tiempo que escuchaba las declaraciones.
Lula sostuvo que el gobierno de Trump mintió cuando impuso por primera vez aranceles adicionales a Brasil el año pasado, al decir que Estados Unidos tenía un déficit comercial.
“Y ahora cuestionaron la deforestación. No entienden el trabajo que estamos haciendo para llevar la deforestación a cero para 2030. Esta no es una decisión de ninguna COP ni de Naciones Unidas. Es una decisión de nuestro gobierno”, expresó el presidente brasileño, usando el acrónimo de las conferencias climáticas de la ONU.
“Es una cuestión de justicia, de la contribución de Brasil al planeta, cumpliendo nuestra obligación de evitar la deforestación tanto como sea posible. Evitar la deforestación beneficia a Brasil, beneficia a la Amazonía y beneficia al mundo”, manifestó.
La deforestación es el principal motor de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil, que contribuyen al calentamiento global.
La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, también desempeña un papel crucial en la regulación del clima mucho más allá de Sudamérica. Científicos advierten que la pérdida de bosque podría acelerar el calentamiento global y alterar la agricultura tan lejos como la región del centro-norte de Estados Unidos y partes de Europa.
Tras alcanzar niveles récord en las décadas de 1990 y 2000, la deforestación disminuyó hasta el mandato 2019-2022 del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyo gobierno fue ampliamente criticado por debilitar las protecciones ambientales. En el gobierno de Lula, la deforestación volvió a caer, y el año pasado alcanzó su nivel más bajo en una década.
Sin embargo, pese a los avances para mantener el bosque en pie, muchas otras amenazas —desde el cambio climático hasta una posible legislación en el horizonte— están poniendo al bosque en riesgo.
La degradación forestal, impulsada por incendios forestales, tala y sequía, afecta a alrededor de 40% de la Amazonía y en los últimos años ha superado a la tala rasa. Todo esto podría agravarse este año con un fuerte El Niño, un calentamiento cíclico del Pacífico ecuatorial, que provoca temperaturas más altas y un clima más seco en la selva tropical, condiciones que empeoran los incendios forestales.
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Perú se suma a alianza internacional para proteger la Amazonía y frenar la deforestación hacia 2030

Fecha de Publicación: 10/06/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
País/Región: Perú


El Gobierno de Perú oficializó su incorporación al Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra (ILTC), una iniciativa global que busca detener y revertir la deforestación hacia 2030. La medida fue comunicada por la Cancillería a la Secretaría de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP) y representa un paso clave para reforzar la protección de la Amazonía peruana.
Con esta adhesión, el país espera fortalecer la seguridad territorial de 51 pueblos indígenas, ampliar el acceso a cooperación internacional y atraer financiamiento climático para proyectos de conservación y desarrollo sostenible.

Estrategia nacional y coordinación institucional
La incorporación se implementará en el marco de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Para ello, los ministerios de Ambiente (Minam), Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y Cultura (Mincul) trabajarán de manera coordinada en una hoja de ruta que garantice seguridad jurídica y territorial a los pueblos indígenas.
El proceso también involucrará a gobiernos regionales y organizaciones indígenas, asegurando una implementación participativa y adaptada a las necesidades de los territorios amazónicos.

Dimensión estratégica de la Amazonía peruana
La Amazonía del Perú alberga más de 68 millones de hectáreas de bosques, que concentran una biodiversidad extraordinaria y cumplen funciones críticas:
- Regulación climática: captura de carbono y mitigación del cambio global.
- Sustento cultural y económico: base de economías locales y tradiciones ancestrales.
- Conservación de biodiversidad: hábitat de miles de especies y soporte de sistemas alimentarios.
En estos territorios habitan 51 pueblos indígenas, cuyos conocimientos tradicionales han permitido conservar amplias áreas forestales durante generaciones.

Beneficios de la adhesión
El Gobierno estima que la incorporación al ILTC permitirá:
- Acceder a nuevas oportunidades de cooperación internacional.
- Atraer recursos financieros para proyectos de conservación y restauración.
- Impulsar el desarrollo sostenible en regiones amazónicas.
- Fortalecer la seguridad territorial indígena, considerada esencial para la protección ambiental.
Estas acciones estarán articuladas con el Paquete País del Perú: Acción Climática por los Bosques y la Naturaleza, una estrategia nacional que busca acelerar medidas de protección y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones amazónicas.

Declaraciones oficiales
La directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Jessica Moscoso, destacó que la participación de diversos actores permitirá consolidar mecanismos más efectivos para la gestión de los bosques y la protección de las comunidades que dependen de ellos.
Con este paso, Perú refuerza sus compromisos internacionales frente al cambio climático y coloca a la Amazonía, la seguridad territorial indígena y la conservación ambiental como ejes prioritarios de su estrategia de desarrollo sostenible.
La adhesión al ILTC es una oportunidad para transformar la gestión forestal en un modelo inclusivo, resiliente y capaz de enfrentar los desafíos del futuro.
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Crece la deforestación en Perú: más de 3.2 millones hectáreas de bosques se perdieron desde el 2001

Fecha de Publicación: 06/06/2026
Fuente: La República (Perú)
País/Región: Perú


La deforestación persistente y cada vez más compleja es impulsada por la tala ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola, la minería, los incendios forestales y cambios no planificados de uso del suelo. Pese a todo ello, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas electorales.
El pico de deforestación en Perú ocurrió entre 2011 y 2024, cuando la pérdida anual de cobertura arbórea fluctuó entre 125,3 y 303,2 mil hectáreas. La pérdida de bosques primarios aumentó de 28.696 hectáreas en 2001 a 189.005 hectáreas en 2024, y los bosques húmedos amazónicos registraron valores máximos de hasta 203.269 hectáreas en 2020. 
Sin embargo, la pérdida total acumulada de bosque húmedo amazónico entre 2001 y 2024 alcanzó 3,2 millones de hectáreas, concentrándose principalmente en Ucayali, Madre de Dios y Loreto, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente.
Estos indicadores, según Geobosques, reflejan un proceso de deforestación persistente y cada vez más complejo, impulsado por la tala ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal, los incendios forestales y cambios no planificados de uso del suelo. 
Diversas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, advierten la necesidad imperante de que el Estado peruano refuerce las labores de lucha contra las distintas actividades criminales que amenazan nuestros bosques, como la deforestación y la minería ilegal, así como los incendios forestales. 
Pese a todo ello, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas electorales. 
Según Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, “la protección del medio ambiente está íntimamente vinculada a derechos fundamentales como el derecho a la salud, la alimentación y el acceso al agua segura”.
No obstante, advierte que estos temas han sido desplazados por discursos que muestran tolerancia hacia la minería ilegal, incluso desde espacios de alto nivel empresarial y político. 
La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 refuerza esta preocupación, pues especialistas sostienen que esta medida prolonga la informalidad y facilita la continuidad de actividades ilegales con alto impacto ambiental.  
Perú se encuentra en el décimo lugar en el ranking de países con mayor densidad forestal, con más de 670 mil kilómetros cuadrados que constituyen casi la mitad de nuestro territorio.

44 pueblos indígenas
Además, constituye el territorio ancestral de 44 pueblos indígenas, cuya identidad cultural, medios de vida, ecosistemas y derechos colectivos dependen directamente de la integridad de los bosques.
Sin embargo, a pesar de la gran importancia de nuestra Amazonía, la Defensoría del Pueblo advierte que la pérdida de bosques continúa siendo una problemática estructural. 
La minería ilegal y la minería informal continúan generando impactos severos sobre los bosques, los recursos naturales y la salud de la población, a lo que se suma el limitado accionar de las direcciones regionales de energía y minas, tal como fue advertido en 2025 a través del Informe Defensorial 234, denominado 'Supervisión de las funciones de las DREM y GREM en la gestión de la MAPE: Diagnóstico, desafíos y propuestas para una nueva normativa'.

A merced de las amenazas 
Julio Cusurichi, líder shipibo de Madre de Dios y dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que representa a más de 2.400 comunidades indígenas en el Perú, indicó que las comunidades y defensores ambientales viven a merced de las amenazas del narcotráfico y la tala ilegal. 
Sostiene que aún no ha habido avances en temas de seguridad por parte de las autoridades para las comunidades de la Amazonía, que defienden más de 18 millones de hectáreas de bosques.
Cusurichi detalló que las comunidades han logrado organizarse hasta conformar guardias indígenas, vigilantes, veedores forestales y agentes de protección, pero afirmó que estas requieren mayor presupuesto para recorrer su territorio.

Vigilancia en 8 áreas naturales 
Frente a toda esta problemática, personal de ocho áreas naturales protegidas recibe entrenamiento especializado para mejorar las acciones de vigilancia y control frente a una de las principales amenazas para los bosques amazónicos. 
Así, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) fortalecen las capacidades técnicas de los guardaparques encargados de custodiar las áreas naturales protegidas del Bioma Amazónico.
Durante mayo y junio, guardaparques de los parques nacionales Otishi, Yanachaga-Chemillén, Alto Purús y Sierra del Divisor; del Bosque de Protección Pui Pui; y de las reservas comunales Yanesha, El Sira y Purús participan en talleres teórico-prácticos orientados a fortalecer las acciones de vigilancia y control frente a la deforestación y la tala ilegal. 
Estas acciones buscan fortalecer las capacidades operativas del personal del Sernanp que realiza labores de vigilancia y control en el territorio, promoviendo, además, la articulación con las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) y oficinas desconcentradas en el ámbito amazónico.
Como parte de estas jornadas, los participantes reciben capacitación especializada en el cálculo del volumen de madera rolliza y aserrada, así como en la identificación de evidencias vinculadas a actividades de tala ilegal, como tocones y árboles aprovechados ilícitamente, información fundamental para las labores de vigilancia y control en campo. 
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