La ONU da por perdido el límite de 1,5 °C y calcula los recortes necesarios para volver

El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 proyecta un calentamiento de hasta 2,8 °C con las políticas actuales y propone un escenario de “sobrepaso mínimo” que exige reducir las emisiones globales un 45 % hacia 2035 para que la temperatura vuelva a 1,5 °C antes de fin de siglo.

Con las políticas climáticas vigentes, el planeta se encamina a un calentamiento de 2,8 °C por encima de los niveles preindustriales durante este siglo. Aun si todos los países cumplieran por completo sus compromisos, la temperatura subiría 2,6 °C. Son las proyecciones del Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026, que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó el 21 de octubre de 2026 en Nairobi. Faltan menos de tres semanas para la COP31, la conferencia climática de la ONU que se hará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.
Es la decimoséptima edición de una serie anual que compara las emisiones previstas con las necesarias para cumplir el Acuerdo de París, y lleva un subtítulo elocuente: The point of return (El punto de retorno). Tras décadas de acción insuficiente, el documento da por perdida la posibilidad de mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C sin superarlo. Por eso se concentra en otra pregunta: qué haría falta para que ese exceso sea lo más pequeño y breve posible, y para que la temperatura vuelva a bajar antes de fin de siglo.

De la meta al sobrepaso
El planeta ya se calentó alrededor de 1,4 °C y se espera que supere 1,5 °C en pocos años. En ese contexto, el informe adopta el concepto de sobrepaso, es decir, superar un umbral de temperatura de forma temporal y después volver a bajar. El escenario más ambicioso que analiza limita el pico de calentamiento a entre 1,7 y 1,8 °C hacia mediados de siglo. En ese escenario, la probabilidad de volver a 1,5 °C o menos en 2100 es de alrededor del 50 %.
António Guterres, secretario general de la ONU, buscó evitar una lectura fatalista: “El sobrepaso no es una rendición”. Según dijo, todavía es posible que esa superación sea lo más reducida y corta posible, aunque reconoció que el mundo ya no puede evitar cruzar el límite y que sus consecuencias ya son devastadoras.
Las proyecciones son peores que las del año anterior. Anne Olhoff, coautora del informe, explicó que el deterioro responde a dos factores: la retirada formal de Estados Unidos del Acuerdo de París y una revisión al alza de las emisiones históricas. Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) son los planes climáticos que cada país presenta ante la ONU, y las que se enviaron desde la edición anterior apenas cambiaron el panorama. Incluso en el escenario más optimista, que suma las NDC y las metas de cero emisiones netas anunciadas por los países, el calentamiento llegaría a 2,1 °C.

La magnitud de los recortes necesarios
El núcleo del informe es la comparación entre lo prometido y lo necesario. Para seguir el escenario de menor sobrepaso, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberían caer un 18 % en 2030, un 45 % en 2035 y un 69 % en 2040, siempre respecto de los niveles de 2025. Las NDC, aun aplicadas por completo, solo lograrían reducciones de entre el 5 % y el 8 % en 2030 y de entre el 11 % y el 15 % en 2035.
Eso supone recortar las emisiones un 5,7 % por año en promedio entre 2025 y 2035. Es algo más exigente que el 5 % aproximado que suponían las trayectorias evaluadas en el Sexto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El informe también pone en números el costo de la demora: cada cinco años de emisiones de dióxido de carbono al ritmo actual suman alrededor de 0,1 °C al pico de calentamiento.
El punto de partida no es alentador. Según el informe, las emisiones globales de 2025 se mantuvieron prácticamente en el récord de 2024, y las del carbón, el petróleo y el gas aumentaron levemente. Entre los seis mayores emisores, los datos preliminares muestran subas en Estados Unidos, Indonesia y China, y bajas en India, Rusia y la Unión Europea. El mayor aumento absoluto fue el de Estados Unidos, con 133 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, seguido por Turquía, el país anfitrión de la COP31. El G20 concentra tres cuartas partes de las emisiones mundiales.

Hojas de ruta por sector
El informe traduce el escenario en metas sectoriales medibles. En energía, la participación de cada combustible en el suministro debería caer así, respecto de 2025:
- Carbón: 55 % menos hacia 2035 y 75 % menos hacia 2040.
- Petróleo: 15 % menos hacia 2035 y 30 % menos hacia 2040.
- Gas: 5 % menos hacia 2035 y 35 % menos hacia 2040.
La generación eléctrica a carbón tendría que reducirse un 75 % en 2035 y desaparecer prácticamente en todo el mundo hacia 2040. Las emisiones de metano deberían bajar un 25 % en 2035 y un 40 % en 2040. El metano es un gas que, en el corto plazo, calienta mucho más que el dióxido de carbono.
Del lado de las soluciones, el escenario exige triplicar la capacidad eléctrica renovable mundial hacia 2035 y multiplicarla por 4,5 hacia 2040, como se acordó en el primer Balance Mundial del Acuerdo de París. También pide reducir al menos un 30 % la intensidad energética de la economía en 2035. Aquí el documento trae una buena noticia: la capacidad renovable instalada creció tres veces más rápido de lo que se preveía, y la solar fotovoltaica, siete veces más.
Para bajar la temperatura después del pico también hará falta remover dióxido de carbono de la atmósfera, con forestación, restauración de ecosistemas o tecnologías de captura directa. El informe estima que habría que remover unas 320 gigatoneladas a lo largo del siglo, el equivalente a unos ocho años de las emisiones globales de dióxido de carbono de 2024. Es una escala sin precedentes y con fuertes dudas sobre su viabilidad, así que la remoción no puede reemplazar los recortes inmediatos.

Políticas que ya funcionan
El informe incluye un análisis de más de 220 evaluaciones de políticas climáticas aplicadas en distintos países. Las medidas en el sector eléctrico redujeron las emisiones un 9 % en promedio. Los instrumentos económicos, como los sistemas de comercio de derechos de emisión y los impuestos al carbono, lograron reducciones de entre el 5 % y el 13 %. Para los autores, ampliar y replicar esas políticas permitiría acercarse al escenario de menor sobrepaso.
Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, advirtió que cada fracción de grado y cada año adicional por encima de 1,5 °C aumentan los impactos y los riesgos climáticos. Subrayó también que esos efectos ya se sienten en todas las naciones, incluido Estados Unidos.

Un diagnóstico que se repite
Las cifras coinciden con otras evaluaciones recientes. El informe Limiting Overshoot, publicado por el PNUMA el 2 de septiembre de 2026, ya había ubicado en 1,8 °C el pico del escenario más optimista. El informe 10 New Insights in Climate Science, presentado el 6 de octubre por un consorcio científico internacional, advirtió que si el pico supera 1,8 °C, volver a 1,5 °C antes de 2100 podría dejar de ser posible.
La comparación con la edición anterior ayuda a dimensionar el retroceso. Según la síntesis de ese consorcio, el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025 estimaba que las NDC entonces vigentes implicaban una baja de apenas el 12 % de las emisiones globales hacia 2035 respecto de 2019. Una trayectoria compatible con 1,5 °C exigía, en cambio, una caída de alrededor del 55 %. El ciclo de ambición del Acuerdo de París preveía que cada nueva ronda de compromisos fuera cerrando esa brecha. Un año después, sigue siendo de la misma magnitud.
Conviene, además, leer las proyecciones con sus márgenes. Las temperaturas que informa el PNUMA son valores centrales de modelos climáticos alimentados con escenarios de emisiones. La probabilidad del 50 % de volver a 1,5 °C en 2100 significa que, aun en el escenario más ambicioso, lograrlo es tan probable como no lograrlo. Esa incertidumbre es en sí misma un argumento para actuar antes. Como el PNUMA ya había advertido en septiembre, la probabilidad de cruzar umbrales irreversibles en sistemas como las capas de hielo o la selva amazónica crece con la magnitud y la duración del sobrepaso.
Las reacciones anticipan una negociación tensa en Antalya, donde varios países vulnerables acusan a los grandes emisores de abandonar los objetivos de París. Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics, reclamó que los gobiernos aprueben políticas concretas para reducir el uso de combustibles fósiles. Mohamed Adow, director del centro de estudios keniano Power Shift Africa, fue más duro y calificó la situación como un “fracaso histórico del liderazgo político”.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia EuroNews, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Future Earth / The Earth League / WCRP

Documentos y descargas oficiales:

- Emissions Gap Report 2026: The point of return, página oficial (PNUMA), en inglés
- Informe completo en el repositorio WeDocs (PNUMA)
- Resumen ejecutivo (PNUMA), en inglés
- Anexos técnicos (PNUMA)
- Comunicado de prensa oficial del 21 de octubre de 2026 (PNUMA), en inglés

La vaquita marina, el cetáceo más amenazado del mundo, será evaluada por CITES en Ginebra

El comité permanente de la convención revisará en noviembre los avances de México para salvar a esta pequeña marsopa del Golfo de California, de la que en el último monitoreo se observaron entre 7 y 10 ejemplares.

La situación de la vaquita marina, el cetáceo más amenazado del planeta, volverá a estar bajo la lupa internacional. El Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) examinará en su próxima reunión, que se realizará en Ginebra del 2 al 6 de noviembre, los avances de México en su plan de acción para conservar a este pequeño mamífero marino, y determinará si hacen falta nuevas medidas.
Así lo anunció la secretaria general de CITES, la panameña Ivonne Higuero, al presentar la agenda del encuentro. La funcionaria valoró las acciones del país: “Ha hecho un gran esfuerzo y realmente hay que reconocerlo”, afirmó, y destacó entre ellas la colocación de bloques de hormigón en el fondo marino de las zonas donde vive la especie, para impedir la pesca con grandes redes.

Una especie al borde de la extinción
La vaquita marina es endémica del Alto Golfo de California, también conocido como mar de Cortés, en el noroeste de México. Con alrededor de un metro y medio de largo, es la marsopa más pequeña del mundo. Su principal amenaza no es la caza directa, sino las redes de enmalle que se usan para capturar a la totoaba, un pez que comparte su hábitat y cuya vejiga natatoria es muy cotizada en la medicina tradicional china. Las vaquitas quedan atrapadas en esas redes y mueren ahogadas.
La sobreexplotación redujo la población a apenas unos pocos ejemplares. A fines de la década de 1990 se estimaba que había unas 570 vaquitas, lo que da una idea de la magnitud del derrumbe. La especie figura como en peligro crítico en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El último monitoreo visual y acústico, realizado en 2025 por los organismos ambientales mexicanos junto con la organización Sea Shepherd, observó entre 7 y 10 vaquitas, frente a las 6 a 8 registradas en 2024, y confirmó la presencia de al menos una o dos crías, lo que demuestra que la especie todavía se reproduce. Los especialistas interpretan que la caída se frenó, aunque la población sigue en un nivel crítico.
Ese relevamiento también comprobó que la pesca con redes de enmalle casi desapareció desde 2022 en el área de tolerancia cero, el santuario donde se concentran los avistamientos, gracias a los bloques con ganchos metálicos instalados por la Marina mexicana. Sin embargo, el resto del refugio de la vaquita sigue fuertemente pescado, y los científicos proponen ampliar la zona protegida para cubrir otras áreas de uso frecuente de la especie.

La demanda en Asia
Higuero también reconoció los esfuerzos de China para disminuir la compra de totoaba e ilegalizar su consumo, aunque advirtió que es difícil que la demanda desaparezca por completo. Ese mercado ilegal es el motor de la pesca que pone en riesgo a la vaquita, pese a que la totoaba figura desde hace décadas en el Apéndice I de CITES, que prohíbe su comercio internacional.

Tiburones, caballitos de mar y comercio digital
La agenda del comité incluye otros temas de interés para América Latina. Entre ellos figura el comercio de tiburones y rayas, que afecta a países como Ecuador y Perú por la demanda de Asia oriental, principalmente de aletas. También se analizará el comercio ilegal de caballitos de mar, elefantes y grandes simios, y el uso creciente de internet para estas actividades ilícitas.
La reunión llega un año después de la 20.ª Conferencia de las Partes de la convención, celebrada en Samarcanda, Uzbekistán. Según la secretaria general, uno de los objetivos es traducir en acciones concretas las resoluciones adoptadas en aquel encuentro.

Alivio financiero
Higuero anunció además una buena noticia para el organismo: Estados Unidos, uno de sus principales contribuyentes, que no había pagado sus obligaciones en 2025, se comprometió a aportar 1,77 millones de dólares para el ejercicio 2026, lo que representa el 22% del presupuesto. La funcionaria explicó que la Secretaría temía tener que recurrir a su fondo fiduciario y a sus reservas para enfrentar problemas de liquidez.
CITES regula el comercio internacional de más de 40.000 especies de animales y plantas. Para la vaquita, su suerte depende de que el control sobre la pesca y el tráfico de totoaba se sostenga en el tiempo, en una carrera contra el reloj para evitar su extinción.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
País/Región: México
Fuentes Consultadas: Agencia EFE, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

La mayoría de las abejas silvestres de Europa redujo su distribución en el último siglo

Un estudio de la Estación Biológica de Doñana, publicado en PNAS y basado en más de cuatro millones de registros entre 1921 y 2020, muestra que la aparente estabilidad de los polinizadores esconde un retroceso generalizado.

La mayoría de las especies de abejas silvestres y la mitad de los sírfidos de Europa redujeron su distribución geográfica en los últimos cien años. Así lo revela un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que reconstruye un siglo de historia de los polinizadores silvestres del continente.
El trabajo analizó más de cuatro millones de registros correspondientes al período 1921-2020, que abarcan cerca del 88% de las 3.051 especies de abejas silvestres y sírfidos de Europa. Los sírfidos, también llamados moscas de las flores, son junto con las abejas los dos grupos de polinizadores más importantes del planeta. Con modelos estadísticos avanzados, los investigadores evaluaron cómo cambiaron la riqueza de especies y su ocupación geográfica a lo largo del siglo.

Una estabilidad engañosa
El primer resultado parece tranquilizador: a escala regional, la cantidad de especies se mantuvo relativamente estable y no se detectó una extinción masiva, ya que la gran mayoría de las especies fue registrada también en años recientes. Pero el panorama cambia al mirar en detalle. Muchas especies redujeron el territorio que ocupan, lo que indica que, aunque siguen presentes, están en retroceso.
“La aparente estabilidad en la riqueza de especies a escala regional puede ocultar cambios importantes en las comunidades”, explicó Carlos Martínez-Núñez, investigador de la Estación Biológica de Doñana y primer autor del estudio.
Las abejas catalogadas en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza son las que presentan los descensos más pronunciados. También sufrieron caídas importantes las especies especialistas, que dependen de plantas concretas para alimentarse, y las parásitas, muy afectadas cuando disminuyen sus hospedadores. Además, las especies con pocos datos disponibles muestran tendencias negativas, lo que podría indicar declives todavía no detectados.

Un declive desigual
El estudio, en el que colaboraron instituciones de Francia, Bélgica, Serbia y Marruecos, muestra que el retroceso no es homogéneo. La región atlántica, que incluye al Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos y el oeste de Francia, registra las pérdidas más severas y sostenidas, asociadas a una intensa transformación agrícola e industrial. Allí, la mayor parte de las pérdidas de especies se produjo antes de 1971.
En la región continental el declive fue moderado, en línea con una menor alteración del paisaje, aunque los sírfidos comenzaron a mostrar caídas más marcadas en los últimos años. La excepción son las zonas alpinas, donde la riqueza de especies aumentó, posiblemente porque el calentamiento permite a algunas especies colonizar áreas más altas.

Las causas
Entre las principales amenazas, el estudio señala la pérdida y fragmentación de los hábitats por la intensificación agrícola del último siglo y el uso de plaguicidas y otros contaminantes, que afectan la riqueza, la abundancia y la capacidad de dispersión de las especies. El cambio climático también deja su huella: las especies adaptadas al frío redujeron significativamente su distribución, mientras que las de climas cálidos se vieron favorecidas. Los investigadores lo consideran la amenaza más importante para el futuro.
Los resultados coinciden con otros diagnósticos recientes. La Lista Roja europea de abejas, actualizada este año por la UICN y la Comisión Europea, indica que más del 20% de las especies de abejas del continente muestra algún grado de amenaza.

Todavía hay tiempo
Pese al diagnóstico, los científicos ven margen para actuar, porque la mayoría de las especies sigue presente en Europa aunque pierda terreno. “Es importante actuar cuanto antes”, advirtió Martínez-Núñez. Entre las medidas que proponen figuran recuperar hábitats, diversificar los paisajes agrícolas, mantener flores durante todo el año y reducir el uso de pesticidas, además de plantar flora autóctona y ofrecer refugios a los insectos. “Aún no es demasiado tarde para revertir los patrones de declive que hemos observado”, coincidió Ignasi Bartomeus, investigador de la Estación Biológica de Doñana y coautor del trabajo.
El problema excede a la conservación. Abejas y sírfidos son esenciales para la polinización de plantas silvestres y cultivos, y cumplen otras funciones como el control de plagas. Según la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, más del 75% de los principales cultivos alimentarios del mundo depende en alguna medida de la polinización animal, por lo que su pérdida amenaza la producción de alimentos también en el Sur Global.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
País/Región: Europa
Fuentes Consultadas: Agencia EFE, Portal MeteoRed,  Revista PNAS, Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).

Barriles radiactivos en el Atlántico: qué se sabe de las fugas y qué falta investigar

Una misión científica francesa comprobó que parte de los más de 200.000 barriles con residuos nucleares arrojados al océano entre 1950 y 1990 están corroídos y con fugas, aunque con niveles de radiactividad moderados, mientras se esperan los análisis de laboratorio.

Durante cuatro décadas, varios países europeos usaron el fondo del océano Atlántico como depósito de residuos nucleares. Entre 1950 y 1990 se arrojaron más de 200.000 barriles con desechos radiactivos en una zona del noreste atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa de Galicia. Hoy, una misión científica francesa intenta responder una pregunta pendiente desde entonces: qué pasa con esos contenedores y con su contenido.
El proyecto Nodssum, liderado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), ya completó dos campañas en el área. Sus observaciones confirman que el deterioro de varios barriles es avanzado y que parte del material comenzó a filtrarse al lecho marino, aunque los niveles de radiactividad detectados hasta ahora son moderados.

Dos campañas en el fondo del mar
La primera expedición se realizó entre junio y julio de 2025 a bordo del buque L’Atalante, que zarpó de Brest. Con un robot autónomo equipado con sonar, capaz de trabajar a más de 4.000 metros de profundidad, los científicos cartografiaron más de 120 kilómetros cuadrados de una zona de vertido que abarca unos 10.000, y localizaron más de 1.000 barriles. El coordinador de la misión, el geólogo marino Javier Escartín, informó entonces que los instrumentos de a bordo no detectaron valores alarmantes.
La segunda campaña tuvo lugar entre el 27 de mayo y el 28 de junio de este año, a bordo del buque Pourquoi Pas?, con unos 30 científicos. Esta vez utilizaron el sumergible tripulado Nautile, que realizó 20 inmersiones a más de 4.700 metros de profundidad. Allí comprobaron que muchos contenedores presentan una corrosión avanzada y que algunos ya tienen fugas. Los residuos habían sido encapsulados en resina, betún o cemento antes de ser arrojados.
Los niveles de radionucleidos resultaron más altos de lo esperado, pero limitados, lo que permitió tomar muestras de sedimentos, agua y fauna sin restricciones radiológicas extremas. Esas muestras se analizan ahora en laboratorios, un proceso que demandará varios meses.

La vida sobre los barriles
Uno de los hallazgos más llamativos es que diversas especies abisales colonizaron la superficie de los bidones oxidados y los usan como refugio o estructura de fijación. Los científicos buscan determinar ahora si los radionucleidos se acumulan en los organismos y pueden avanzar en las cadenas alimentarias del Atlántico, y a qué velocidad se desplazan por las corrientes profundas.
Los investigadores subrayan que la situación no representa una catástrofe inmediata, pero advierten que la degradación progresiva de los contenedores es una amenaza latente para la biodiversidad marina.

Un vertedero autorizado durante décadas
El vertido de residuos radiactivos en el mar se basaba en la idea de que los contenedores resistirían el tiempo suficiente y que la inmensidad del océano diluiría cualquier fuga. La práctica comenzó a restringirse con el Convenio de Londres sobre prevención de la contaminación del mar, que entró en vigor en 1975, aunque la prohibición definitiva del vertido de desechos radiactivos llegó recién en la década de 1990. Para entonces, el depósito acumulado en las fosas oceánicas ya era enorme. Entre los países que realizaron vertidos en el noreste atlántico figuran el Reino Unido, Bélgica, Suiza y los Países Bajos.
El tema genera inquietud en España por la cercanía con su costa. El Consejo de Seguridad Nuclear español informó que las mediciones realizadas en las costas de Galicia y del Cantábrico no muestran radiactividad significativa y que todos los valores están por debajo de los límites legales, y aclaró que España nunca arrojó residuos en esa zona. Aun así, distintos sectores políticos y organizaciones ambientales reclaman que el gobierno español y la Unión Europea asuman un papel más activo en la investigación del estado de los barriles, y una campaña de Greenpeace superó las 20.000 firmas.

Lo que falta saber
Los resultados de laboratorio de la campaña de este año todavía no se publicaron. Serán clave para conocer qué radionucleidos se liberan, en qué cantidad y si llegan a la fauna. Mientras tanto, los barriles siguen en el fondo del Atlántico, como un legado de una época en la que el océano se consideraba un basurero sin consecuencias.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Revista National Geographic, Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS)

El deshielo del permafrost deja sin agua potable a una ciudad noruega del Ártico por metales pesados

En Longyearbyen, en el archipiélago de Svalbard, el descongelamiento del suelo liberó manganeso, níquel y sulfatos en la principal fuente de agua, y sus 2.600 habitantes dependen desde hace más de un año de un depósito de agua purificada.

En Longyearbyen, la pequeña ciudad noruega del archipiélago de Svalbard, a unos 1.300 kilómetros del Polo Norte, el agua de la canilla dejó de ser apta para beber. Desde hace más de un año, sus cerca de 2.600 habitantes deben buscar agua purificada en un depósito gratuito, porque el deshielo del permafrost, el suelo que permanecía congelado de forma permanente, liberó metales y sulfatos en su principal fuente de abastecimiento.
El problema comenzó en septiembre de 2025, cuando los análisis detectaron en el agua niveles de manganeso unas 25 veces superiores al valor de referencia recomendado por el Instituto Noruego de Salud Pública, de 50 microgramos por litro. Las autoridades locales recomendaron entonces no beber el agua del grifo, una medida que sigue vigente.

Del manganeso al níquel
Con el paso de los meses, el panorama cambió, pero no mejoró del todo. Según el Consejo Local de Longyearbyen, el manganeso descendió a unos 200 microgramos por litro, un valor todavía superior al límite, aunque ya no considerado un riesgo para la salud. En cambio, aumentaron otros contaminantes: los sulfatos se acercan a los 1.000 miligramos por litro y el níquel llegó a 30 microgramos por litro, por encima del límite de 20 que fija la normativa noruega.
La exposición prolongada a niveles altos de manganeso puede causar problemas neurológicos, sobre todo en bebés y niños. Los sulfatos elevados, por su parte, pueden provocar diarrea en personas con problemas estomacales, niños pequeños y adultos mayores. Por eso, el consejo recomienda que quienes sean sensibles a esas sustancias eviten el agua de la canilla, que todavía puede usarse para bañarse y lavar.
Mientras tanto, la ciudad se abastece de agua potable producida por ósmosis inversa en la planta de tratamiento de la cervecería local, que se distribuye gratis en el supermercado. Los vecinos deben llevar sus propios recipientes para cargarla.

El permafrost y la roca
La causa está bajo tierra. El lago artificial Isdammen, la principal fuente de agua de la ciudad, está rodeado de permafrost. Al descongelarse por el aumento de las temperaturas, ese suelo dejó expuesta una roca rica en pirita, un sulfuro de hierro. En contacto con el agua y el oxígeno, la pirita se oxida, genera acidez y favorece la liberación de metales pesados y sulfatos que terminan en el lago.
“Este podría ser el primer ejemplo de cómo el cambio climático puede impactar las fuentes de agua dulce”, advirtió Marjolaine Verret, especialista en permafrost y profesora asociada de Geología Ártica en el Centro Universitario de Svalbard.
El fenómeno se explica por la velocidad del calentamiento en la región. Svalbard se calienta entre cinco y siete veces más rápido que el promedio mundial, con otoños cuya temperatura aumenta hasta 4 grados por década.

Soluciones caras y complejas
El municipio, junto con el Centro Universitario de Svalbard, el instituto de investigación SINTEF y la Universidad de Bergen, estudia de dónde proviene el agua de Isdammen, qué procesos naturales controlan su química y cómo mejorar su calidad. Entre las alternativas en evaluación figuran un sistema de filtración para el lago y una planta desalinizadora de respaldo, opciones que las autoridades califican como extremadamente caras y técnicamente complejas por las temperaturas extremas.
El alcalde, Terje Aunevik, describió la gestión de la crisis como una tarea permanente de apagar incendios y advirtió que otras comunidades pequeñas deberían prever qué hacer si sus fuentes de agua se ven afectadas. El consejo pasó de planificar una sola compra a encarar cuatro grandes proyectos: asegurar Isdammen, establecer una reserva de agua, reforzar la capacidad contra incendios y renovar una red de distribución envejecida.

Una advertencia para el Ártico
Los científicos advierten que problemas similares podrían afectar a otras comunidades árticas, como las del norte de Canadá y Alaska, donde el permafrost también se está descongelando. El caso de Longyearbyen muestra que el cambio climático no solo derrite hielo: también puede alterar la química del suelo y poner en riesgo un recurso tan básico como el agua potable, aun en uno de los países más ricos del mundo.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
País/Región: Noruega 
Fuentes Consultadas: The Guardian, Portal EcoNews
 

Desastres naturales: casi 100.000 muertos y US$ 360.000 millones en pérdidas en Latinoamérica

Un informe presentado en Madrid de cara a la Cumbre Iberoamericana advierte que cuatro de cada diez habitantes de la región sufrieron un desastre en medio siglo y propone seguros y fondos preventivos para no improvisar ante cada catástrofe.

Los desastres naturales causaron cerca de 100.000 muertes en América Latina y el Caribe en los últimos 50 años y pérdidas económicas superiores a los 360.000 millones de dólares, una cifra comparable con el producto interno bruto de Chile o Colombia. En ese período, cuatro de cada diez habitantes de la región se vieron afectados por algún evento extremo, y en algunas zonas el promedio llega a un episodio catastrófico por semana.
Los datos surgen de un informe elaborado por la Fundación Iberoamericana Empresarial, con el patrocinio de la aseguradora Mapfre y de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, presentado en Madrid como aporte a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en esa ciudad el 4 y 5 de noviembre. El trabajo fue escrito por los economistas Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz.

Un costo que va más allá de la emergencia
Terremotos, tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor y deslizamientos de tierra golpean a la región con frecuencia creciente. Según el estudio, sus consecuencias no terminan con la emergencia: destruyen viviendas, interrumpen cadenas logísticas, reducen ingresos y obligan a desviar recursos públicos hacia la atención y la reconstrucción. En muchos casos, dejan secuelas prolongadas sobre el crecimiento, la pobreza, la cohesión social y la estabilidad fiscal.
Balmaseda advirtió que los desastres “agravan la desigualdad en América Latina de forma importante”, porque golpean con más fuerza a los sectores con menos recursos para protegerse y recuperarse.
El informe sostiene que fortalecer la capacidad de respuesta es una urgencia social y económica, en un momento en que el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de estos fenómenos. Reconoce que la región avanzó de manera significativa en protección civil, con sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación, pero advierte que los países necesitan mejorar su resiliencia y acelerar la reconstrucción.

Prevenir cuesta menos
Uno de los ejes del documento es la prevención. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, cada dólar invertido en prevención puede ahorrar hasta 15 dólares en recuperación, y cada dólar destinado a infraestructura resiliente evita gastar 4 en reconstrucción.
En esa línea, el informe plantea una inversión anual de hasta 31.000 millones de dólares en infraestructuras resilientes en la región y la movilización de otros 15.000 millones hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo de desastres.

Seguros y fondos antes del desastre
El estudio propone sumar a la protección civil una “segunda línea de defensa” basada en la resiliencia financiera, a través de seguros, financiamiento preventivo, innovación tecnológica y colaboración entre el sector público y el privado. La idea es contar con instrumentos definidos de antemano que permitan disponer de fondos y reglas de actuación claras, sin improvisar cuando llega la catástrofe.
Para los eventos más frecuentes y de menor impacto, recomienda usar reservas presupuestarias y fondos de contingencia; para los menos habituales y más severos, instrumentos de transferencia de riesgo, como seguros o bonos catastróficos. Hoy, según los autores, buena parte de la respuesta financiera todavía se organiza después del desastre.
Entre las diez medidas que plantea figuran integrar la resiliencia financiera como prioridad de Estado, reducir la brecha de protección, priorizar las actividades de mayor impacto económico y social, garantizar pagos rápidos, vincular el aseguramiento con la prevención y avanzar en un multilateralismo “flexible y orientado a resultados”.
Para Trinidad Jiménez, presidenta de la fundación y exministra de Asuntos Exteriores de España, la resiliencia financiera “ya no es una opción”, sino una condición para el desarrollo de Iberoamérica.
Las cifras exponen una paradoja que atraviesa al Sur Global: América Latina y el Caribe aportan una porción menor de las emisiones que impulsan el cambio climático, pero cargan con costos humanos y económicos cada vez más altos. La discusión sobre quién financia la prevención y la reconstrucción llega, además, a pocas semanas de la COP31.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
País/Región: América Latina
Fuentes Consultadas: Agencia EFE, Portal EcoNews, Portal Infobae, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

Groenlandia avanza hacia la prohibición de la minería en sus fondos marinos, en plena presión de Trump

El Parlamento groenlandés aprobó por unanimidad que el gobierno prepare una ley para vetar la minería submarina hasta 2029, un día después de que el presidente estadounidense anunciara la exploración de recursos en la isla.

El Parlamento de Groenlandia aprobó por unanimidad una resolución que obliga al gobierno a preparar una ley para prohibir la minería en los fondos marinos de la isla. La votación se realizó el jueves 15 de octubre, apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una “exploración masiva” de petróleo, gas y minerales en el territorio ártico.
La resolución del Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, establece una prohibición temporal de la minería y la exploración en aguas profundas hasta el 31 de diciembre de 2029, con la posibilidad de extenderla por períodos de dos años. La medida no entrará en vigor de inmediato: deberá convertirse en ley, y el Naalakkersuisut, el gobierno de la isla, anticipó que presentará el proyecto en la sesión de primavera boreal de 2027.
En una respuesta escrita durante el debate, el gobierno groenlandés expresó su acuerdo con los fundamentos de la resolución. Ya en primera lectura había recomendado aprobarla, con el argumento de que quiere minería en Groenlandia, pero desarrollada de manera responsable, y que hace falta una legislación clara que proteja al máximo el ambiente marino.

Una propuesta nacida en la isla
La iniciativa fue presentada en febrero por Pipaluk Lynge, legisladora del partido Inuit Ataqatigiit, quien advirtió que hasta ahora ninguna norma impedía la minería submarina en aguas groenlandesas. En sus fundamentos, sostuvo que no existe suficiente conocimiento sobre cómo afectaría a la cadena alimentaria y a los animales de los que dependen la caza y la pesca, y que su partido solo aceptaría una actividad que no dañe el ambiente, la fauna ni a la población.
La propuesta también señaló que el aumento de la temperatura del mar ya está modificando las rutas de los animales que se cazan, y que la isla debe adaptar sus medios de vida y su legislación a ese escenario.
Durante el tratamiento hubo matices. El partido Demokraatit propuso primero un estudio independiente sobre las posibles consecuencias antes de decidir una prohibición, con el argumento de que Groenlandia necesita ingresos, empleo y una economía más fuerte. Finalmente, la resolución se aprobó con el voto de todos los legisladores presentes.

La pesca, en el centro
La decisión responde a una realidad económica y cultural. La pesca es el principal motor de la economía groenlandesa y la caza sigue siendo vital para muchas comunidades locales. Por eso, la población mira con desconfianza los posibles impactos de la extracción de minerales en el lecho marino.
La filial groenlandesa de WWF calificó la decisión como “un paso importante en la dirección correcta” y recordó que todavía existe un conocimiento científico relativamente limitado sobre los efectos de la minería submarina en el ambiente marino, que podría dañar ecosistemas y biodiversidad.

Minerales, independencia y presión externa
La votación se produce en un contexto geopolítico tenso. Los yacimientos minerales de Groenlandia, en tierra y bajo el mar, despiertan interés por su valor para las industrias tecnológica y de defensa, y algunos sectores los ven como una vía hacia la independencia de Dinamarca, un objetivo que respalda la mayoría de sus cerca de 57.000 habitantes. La isla, territorio autónomo danés, depende de subsidios de Copenhague que representan alrededor del 20% de su economía.
Trump insiste desde 2019 en que Estados Unidos debería quedarse con Groenlandia y no descartó el uso de la fuerza. En septiembre, Washington firmó un acuerdo de seguridad con los líderes de Groenlandia y Dinamarca. El gobierno groenlandés, sin embargo, desmintió que estuviera por comenzar la exploración anunciada por Trump, quien no mencionó específicamente la minería submarina.
La isla ya había tomado decisiones similares en el pasado: en 2021 suspendió el otorgamiento de nuevas licencias de exploración de petróleo y gas, y nunca tuvo extracción industrial de hidrocarburos.

Un debate global
La decisión se suma a la discusión internacional sobre la minería en aguas profundas, impulsada por la demanda de cobalto, cobre, níquel y tierras raras. La vecina Noruega había abierto en 2024 la posibilidad de explorar el lecho marino entre su territorio y Groenlandia, aunque luego frenó el proceso. Con esta votación, Groenlandia se ubica entre los territorios que optan por la precaución antes que por la explotación de uno de los ecosistemas menos conocidos del planeta.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Editorial RN, Diario Sermitsiaq, Portal The Copenhagen Post, Portal Arab News

Kenia condena a cadena perpetua a dos hombres por posesión de marfil y pieles de leopardo y guepardo

Un tribunal del condado de Kilifi aplicó la pena máxima prevista por la ley de vida silvestre a dos hombres que no pudieron pagar una multa de 20 millones de chelines por tener colmillos de elefante y pieles de felinos.

Un tribunal de Kenia condenó a cadena perpetua a dos hombres de Malindi, en el condado costero de Kilifi, por la posesión ilegal de colmillos de elefante y pieles de felinos. La jueza Joy Shiundu Wesonga les impuso una multa de 20 millones de chelines kenianos, unos 136.000 euros, y dispuso la prisión perpetua ante la imposibilidad de pagarla, según informó la Oficina del Director de la Fiscalía Pública del país.
Los dos hombres fueron detenidos el 17 de enero de 2025 por agentes del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS). En su poder se hallaron nueve piezas de colmillos de elefante africano, con un peso total de 5,8 kilos y un valor en el mercado negro de casi 4.000 euros, además de una piel de leopardo y otra de guepardo, ocultas en una lámina de polietileno dentro de un saco.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó cinco testigos y, según su comunicado, logró probar los hechos más allá de toda duda razonable. El tribunal ordenó entregar el marfil y las pieles al KWS para su custodia o destrucción. Los condenados tienen 14 días para apelar.

Una ley más dura contra la caza furtiva
La sentencia se basó en la Ley de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre, reformada en diciembre de 2013 en plena crisis de caza furtiva, que diezmaba las poblaciones de elefantes y rinocerontes en África oriental. Según el KWS, la normativa anterior permitía que los traficantes pagaran multas bajas y recuperaran la libertad, lo que restaba eficacia a la persecución de estos delitos. La reforma estableció, para los delitos que involucran especies en peligro, multas de al menos 20 millones de chelines, prisión perpetua o ambas penas, una de las legislaciones más severas del continente en esta materia.
Las tres especies involucradas están amenazadas. El elefante africano de sabana figura como en peligro en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y el leopardo y el guepardo, como vulnerables. La demanda ilegal de marfil, pieles y otras partes de animales sigue siendo una de las principales presiones sobre la fauna africana, junto con la pérdida de hábitat.
El fallo envía una señal sobre el endurecimiento de las penas en uno de los países de origen y tránsito del tráfico de vida silvestre hacia los mercados de Asia y otras regiones.


Fecha de Publicación: 20/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Swissinfo, Portal EcoNews, Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La deforestación en la Amazonía brasileña cae a su menor nivel desde que hay mediciones satelitales

Con 3.335 kilómetros cuadrados perdidos entre agosto de 2025 y julio de 2026, Brasil encadena cinco años de caída y bate su mínimo histórico, a nueve días de un balotaje que los ambientalistas consideran decisivo.

La Amazonía brasileña registró su menor nivel de deforestación desde que comenzaron las mediciones satelitales, en 1988. Entre agosto de 2025 y julio de 2026 se destruyeron 3.335 kilómetros cuadrados de selva, un 41,8% menos que en el período anterior, según los datos del sistema Prodes difundidos por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) y el gobierno de Brasil.
Se trata del quinto año consecutivo de caída en la mayor selva tropical del planeta. La serie muestra el cambio de tendencia: en 2021, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se destruyeron 13.038 kilómetros cuadrados; en 2022 la cifra bajó a 11.594; en 2023, a 9.064; en 2024, a 6.518, y en 2025, a 5.731. El dato actual contrasta con el récord de 1995, cuando se perdieron 29.050 kilómetros cuadrados, y mejora con holgura el anterior mínimo histórico, de 4.571 kilómetros cuadrados, alcanzado en 2012.
El Prodes es el sistema de referencia para medir la tasa anual de deforestación, más preciso y detallado que las alertas mensuales. Esas alertas, del sistema Deter, ya habían anticipado la tendencia en agosto, cuando el INPE informó 2.874 kilómetros cuadrados bajo alerta para el mismo período, el menor valor desde el inicio de esa serie, en 2016.

También baja en el Cerrado
La deforestación también cayó en el Cerrado, la sabana tropical brasileña y una de las principales regiones agrícolas del país. Allí la pérdida se redujo un 23,8% interanual, hasta 5.517 kilómetros cuadrados, el nivel más bajo desde que comenzó el seguimiento, en 2001. El pico de destrucción en esa región se registró en 2003 y 2004, con 28.767 kilómetros cuadrados afectados.

Por qué cae la deforestación
El gobierno atribuyó la reducción a sus políticas de prevención y control, que combinan vigilancia satelital, inspecciones ambientales, protección territorial e incentivos a actividades productivas sostenibles. Desde 2023, las autoridades realizaron 76.095 operativos de fiscalización en todo el país e impusieron 25.101 multas por infracciones vinculadas a la deforestación, por un total de 11.800 millones de reales, unos 2.322 millones de dólares.
“La reducción de la deforestación no es un hecho aislado, ni fruto de la suerte”, afirmó el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, quien habló de un proceso continuo de reducción año tras año. El funcionario atribuyó los resultados a políticas públicas apoyadas en la ciencia, la información y la participación social, y a la colaboración con las autoridades locales y regionales.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fijó como meta alcanzar la deforestación cero en la Amazonía en 2030. Las cifras se conocieron a nueve días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Un logro que depende de la política
Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, los números representan un logro histórico que posiciona a Brasil como líder mundial en la protección de los bosques y demuestra que, con voluntad política, es posible frenar la deforestación y las emisiones.
Cristiane Mazzetti, coordinadora de la campaña Deforestación Cero de Greenpeace Brasil, coincidió en que el hito es resultado de decisiones políticas, como la inversión en control ambiental, la continuidad de las políticas públicas y el fortalecimiento de organismos como el Ibama y el ICMBio. Pero advirtió que mantener la tendencia dependerá del próximo gobierno federal y que todos los avances estarían en riesgo si volviera al poder un gobierno contrario a la protección ambiental.
La advertencia coincide con la de un informe internacional sobre bosques difundido esta semana, que señaló que buena parte de los avances de América Latina contra la deforestación dependen de la voluntad política y pueden revertirse con los cambios de gobierno, y que mencionó expresamente el balotaje brasileño del 25 de octubre entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Los desafíos pendientes
Los ambientalistas destacaron que evitar la pérdida de bosques reduce las emisiones y preserva el papel de la Amazonía como uno de los mayores depósitos de carbono del mundo. Sin embargo, advirtieron que persisten desafíos. En el Cerrado, gran parte de la tala ocurre en propiedades privadas mediante cambios de uso del suelo autorizados legalmente, lo que limita la eficacia de los controles centrados en la deforestación ilegal.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
País/Región: Brasil
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), Agência Brasil

El cambio climático pone en riesgo de extinción al 44% de los corales que forman arrecifes

Una reevaluación global de la Lista Roja de la UICN, publicada en Nature, confirma que 340 especies de corales formadores de arrecifes están amenazadas y advierte que la cifra real sería todavía mayor tras el último blanqueamiento masivo.

Casi la mitad de las especies de corales que construyen los arrecifes del planeta está en riesgo de extinción, y el cambio climático es el principal responsable. Así lo confirma una reevaluación global de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), publicada en la revista Nature, que muestra un deterioro sostenido de estos ecosistemas en las últimas décadas.
El estudio, realizado por el Grupo de Especialistas en Corales de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN con el aporte de más de 60 especialistas, analizó 892 especies de corales formadores de arrecifes. De las 774 que cuentan con datos suficientes, 340, el 44%, están amenazadas: 33 se encuentran en peligro crítico, 251 en peligro y 56 en situación vulnerable. La evaluación anterior había analizado 845 especies, y las que carecían de datos suficientes bajaron de 141 a 118.
El dato del 44% se había adelantado en noviembre de 2024, durante la cumbre climática COP29, y ahora quedó respaldado por la publicación científica revisada por pares.

Un deterioro de décadas
La comparación con evaluaciones anteriores muestra la magnitud del cambio. En 2008, cuando se realizó la primera evaluación global, alrededor de un tercio de las especies estaba amenazado. El índice de la Lista Roja para los corales, que vale 1 cuando ninguna especie está en alto riesgo, pasó de 0,96 antes de 1998 a 0,89 en 2008 y a 0,74 en 2024.
El cambio climático es la amenaza dominante: determina la situación de más del 90% de las especies en mayor riesgo. El aumento de la temperatura del mar provoca el blanqueamiento de los corales, que pierden las algas con las que viven en simbiosis y, si el estrés se prolonga, mueren.
La situación es grave en todas las regiones. En el Indo-Pacífico, el 43% de las especies evaluadas está amenazado, y en el Atlántico la proporción llega al 50%. Entre las más afectadas figura la familia Acroporidae del Indo-Pacífico, con 191 de sus 279 especies en peligro. En el Caribe, los corales cuerno de ciervo y cuerno de alce, dos de las especies emblemáticas de los arrecifes de la región, figuran en peligro crítico.

La cifra real sería peor
Los autores advierten que el panorama actual probablemente sea todavía más grave. Los datos utilizados llegan hasta 2020, por lo que la evaluación no incluye el cuarto evento global de blanqueamiento, ocurrido entre 2023 y 2025. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, en abril de 2025 el estrés térmico capaz de causar blanqueamiento afectaba a cerca del 84% de la superficie de arrecifes del mundo. Por eso, la proporción de especies en riesgo seguramente supera hoy el 44%.
A eso se suma el fenómeno de El Niño que se desarrolla en el Pacífico. David Obura, copresidente del Grupo de Especialistas en Corales de la UICN, director de CORDIO East Africa y presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), advirtió que ese fenómeno añade “un nivel aterrador de riesgo adicional” y estimó, como opinión experta, que más de la mitad de las especies podría quedar en riesgo tras este episodio.
La investigadora Francoise Cabada-Blanco, copresidenta del grupo y profesora de la Universidad de Portsmouth, señaló que “los arrecifes de coral experimentan un cambio ambiental rápido”, aunque las respuestas varían mucho entre especies y regiones, lo que exige mejores datos locales para proteger y restaurar los arrecifes.

Qué proponen los científicos
La UICN aclara que la Lista Roja mide el riesgo relativo de extinción y no predice si una especie desaparecerá ni cuándo. Beth Polidoro, de la Universidad Estatal de Arizona y coordinadora de la autoridad de la Lista Roja de corales, ya había reclamado en 2024 reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero junto con acciones contra las amenazas locales. Las recomendaciones actuales van en la misma línea: reducir las causas del cambio climático, ya que cada décima de grado de calentamiento evitada ayuda a conservar la biodiversidad de los corales; reforzar la conservación y la gestión de los arrecifes más resilientes, y mejorar los datos sobre cómo responde cada especie en cada región.
El nuevo diagnóstico de la UICN llega en la antesala de la COP17 de biodiversidad, que comienza el 19 de octubre en Armenia, y de la COP31 sobre cambio climático, prevista en noviembre en Turquía.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Nature World News, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), revista Nature, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).

Trump deja sin efecto el principal programa de ayuda solar para los agricultores de Estados Unidos

Las nuevas reglas del Departamento de Agricultura, vigentes desde el 16 de octubre, vuelven inelegibles a casi todos los proyectos solares del programa REAP, mientras productores y organizaciones rurales ya llevaron el caso a la Justicia.

El gobierno de Donald Trump dejó prácticamente sin efecto el principal programa federal que ayudaba a los agricultores y pequeños negocios rurales de Estados Unidos a instalar paneles solares. Desde el 16 de octubre rigen las nuevas reglas del Programa de Energía Rural para América (REAP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Agricultura (USDA), que vuelven inelegibles a la gran mayoría de los proyectos solares.
El REAP adoptó su forma actual en 2008, cuando el Congreso unificó dos programas previos en la ley agrícola. Otorga subsidios y garantías de préstamos para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en zonas rurales. Para muchos productores, esa ayuda es clave, porque un sistema solar puede costar decenas de miles de dólares por adelantado. La Ley de Reducción de la Inflación, de 2022, le asignó 820,3 millones de dólares para ese año fiscal y 180,3 millones anuales hasta 2027.
Los paneles solares fueron, por lejos, el uso más frecuente del programa. Según el Centro de Derecho y Políticas Ambientales (ELPC), el 68% de las adjudicaciones entre 2011 y el primer trimestre de 2025 se destinó a proyectos solares.

Qué cambian las nuevas reglas
La norma definitiva, publicada el 1 de octubre en el Registro Federal, declara inelegibles los sistemas solares y eólicos instalados sobre tierras de cultivo certificadas. También excluye a los equipos solares y eólicos, ya sea sobre el suelo o en techos, que tengan cualquier componente fabricado en un país considerado adversario extranjero por el gobierno estadounidense. Como buena parte de los componentes solares del mundo se fabrica en China, esa sola condición deja afuera a casi todos los proyectos nuevos.
Además, el programa pasa a funcionar como un reembolso posterior: los proyectos deben estar terminados y en funcionamiento antes de solicitar la ayuda, y los solicitantes tienen que presentar doce meses de datos reales de producción o ahorro de energía. Las competencias estatales se reemplazan por un proceso nacional, y los sistemas solares y eólicos deben justificar un consumo histórico de energía acorde a su tamaño.
El USDA argumentó que busca reducir la dependencia de gestores de subsidios, evitar proyectos sobredimensionados o inconclusos y responder a preocupaciones por el uso de tierras de cultivo y por los componentes de origen extranjero.

Un desmantelamiento gradual
El cambio no fue repentino. En julio de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a los subsidios a la energía eólica y solar, aunque no daba instrucciones específicas sobre este programa. En agosto de ese año, el USDA endureció los criterios de elegibilidad, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció que el dinero de los contribuyentes ya no financiaría proyectos solares “en tierras agrícolas privilegiadas de Estados Unidos”. En marzo de 2026, la agencia suspendió por completo el programa y frenó las solicitudes pendientes, incluso las que ya habían sido seleccionadas, hasta reescribir las reglas.
El argumento oficial choca con los datos del propio USDA. Un estudio de la agencia de 2024 determinó que las plantas solares y eólicas de gran escala ocupaban en 2020 unas 424.000 acres, menos del 0,05% de las tierras agrícolas del país. A eso se suma que muchos de los proyectos del REAP son instalaciones sobre techos de galpones y establecimientos rurales.

Productores en los tribunales
Agricultores, organizaciones y empresas del sector solar demandaron al USDA el 28 de septiembre ante un tribunal federal de Washington, con el patrocinio de Earthjustice y del ELPC. Entre los demandantes figura la Unión de Agricultores de Iowa. Sostienen que la agencia violó la ley que creó el REAP, que le ordena promover las energías renovables, y la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige que las decisiones estén debidamente fundamentadas. También cuestionan que las restricciones se aplicaran de forma retroactiva.
Michael Youhana, abogado de Earthjustice, afirmó que la agencia “decidió ignorar por completo lo que el Congreso le ordenó hacer”. Matt Russell, director ejecutivo de la Unión de Agricultores de Iowa, explicó que los proyectos renovables rurales permiten bajar las facturas, generar ingresos por la venta de electricidad y dinamizar las economías locales, y calificó el giro del gobierno como “muy decepcionante”. El USDA declinó opinar sobre el litigio en curso.
La medida se suma a otros retrocesos de la política climática estadounidense y deja a los productores rurales sin una herramienta que, durante casi dos décadas, les permitió reducir costos y generar su propia energía limpia.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
País/Región: Estados Unidos 
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews, Portal Grist, Registro Federal de los Estados Unidos, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Centro de Derecho y Políticas Ambientales (ELPC).

La ONU advierte que las metas de biodiversidad 2030 no se cumplirán al ritmo actual

El primer balance mundial del Marco de Kunming-Montreal muestra que el compromiso de los países con la biodiversidad nunca fue tan amplio, pero menos de la mitad de las metas nacionales avanza al ritmo necesario, y el financiamiento sigue siendo el principal obstáculo.

A cuatro años de que casi todos los países del mundo se comprometieran a frenar y revertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030, el primer balance oficial ofrece una conclusión doble. El compromiso político es más amplio que nunca, pero la implementación avanza demasiado lento para cumplir las metas. Así lo establece State of Biodiversity Action: The Global Report on collective progress (Estado de la acción por la biodiversidad: informe mundial sobre el progreso colectivo). El informe fue presentado el 15 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia, por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, junto con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
El documento es la primera evaluación mundial completa del avance hacia el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Ese acuerdo, adoptado en diciembre de 2022, fija 23 metas para 2030 y una visión de “vivir en armonía con la naturaleza” para 2050. El informe sirve de base para la revisión mundial que harán las 196 Partes del Convenio durante la COP17, la 17.ª Conferencia de las Partes, que se celebra en la capital armenia del 19 al 30 de octubre.

Cómo se construyó el balance
El informe se apoya sobre todo en los informes nacionales que las Partes presentaron sobre su propio avance. Según la Secretaría, se recibieron 129 informes nacionales, más de 160 conjuntos de metas nacionales y más de 80 estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad actualizados. Con esos documentos, cada país traduce el marco global a sus propias políticas. La información se completó con indicadores globales, evaluaciones científicas y un portal donde actores no estatales registran sus compromisos.
La comparación con el punto de partida muestra el avance en la adhesión formal. De acuerdo con el resumen del informe, 162 Partes, el 83 % del total, fijaron metas nacionales alineadas con el Marco. En promedio, cada una aborda 22 de las 23 metas globales. En 2020, al cierre del ciclo anterior de compromisos, solo lo había hecho alrededor de la mitad de los países. A esto se suman unos 5.000 compromisos de pueblos indígenas, comunidades locales, gobiernos subnacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
El método tiene una limitación que el propio documento reconoce. Gran parte del diagnóstico descansa en autoevaluaciones de los gobiernos. Además, algunos grupos de países, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, presentaron menos informes a tiempo y quedaron subrepresentados.

Menos de la mitad, en camino
El dato central es que menos de la mitad de las metas nacionales evaluadas por las propias Partes avanza al ritmo necesario. En ninguna de las 23 metas globales la mayoría de los países se consideró encaminada.
Las metas que los gobiernos califican más a menudo como “en camino” son:
- la planificación espacial (Meta 1);
- la restauración de ecosistemas degradados (Meta 2);
- la conservación del 30 % de tierras y mares (Meta 3);
- la reducción de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad (Meta 8);
- la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales (Meta 22).

En el extremo opuesto aparecen:
- la gestión de especies invasoras (Meta 6);
- los espacios verdes urbanos (Meta 12);
- la información de las empresas sobre sus impactos (Meta 15);
- el consumo sostenible (Meta 16);
- la eliminación de subsidios dañinos (Meta 18);
- el financiamiento (Meta 19).

Los indicadores globales, sin embargo, no siempre coinciden con esas percepciones. El progreso medido es menor en metas como la conservación del 30 % (Meta 3), la recuperación de especies amenazadas (Meta 4), el financiamiento (Meta 19) y la igualdad de género (Meta 23). La Meta 3, conocida como “30x30”, exige que para 2030 esté efectivamente conservado al menos el 30 % de las áreas terrestres, de aguas continentales y marinas, mediante áreas protegidas u otras medidas de conservación. La Meta 2, por su parte, apunta a restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados en el mismo plazo. La contradicción más evidente está justamente en la Meta 3: muchos gobiernos se consideran encaminados, pero la suma de los compromisos nacionales queda muy por debajo del 30 % de las tierras y los mares del planeta en 2030.

El dinero, el principal cuello de botella
Los medios de implementación, es decir, financiamiento, capacidades técnicas, cooperación y datos, aparecen como la barrera más persistente. La Meta 19 fija el hito de movilizar 20.000 millones de dólares anuales de financiamiento internacional para países en desarrollo hacia 2025. Según el resumen, ese hito probablemente no se alcanzó, aunque la evaluación definitiva requiere datos completos de ese año.
Un borrador previo del informe, difundido el 26 de julio de 2026, permitía dimensionar la brecha. Según ese documento, el financiamiento público internacional para biodiversidad promedió unos 4.400 millones de dólares anuales entre 2020 y 2023, con un máximo de 5.200 millones en 2023, lejos de los 20.000 millones comprometidos. El mismo borrador señalaba que los 22 países que informaron el valor de sus subsidios dañinos para la naturaleza reportaron 268.000 millones de dólares entre 2022 y 2025. Consideraba probable que esa cifra estuviera subestimada, frente a la meta de reducir esos subsidios en al menos 500.000 millones de dólares anuales hacia 2030. También describía como “particularmente limitado” el progreso del Fondo Cali, creado para que las empresas que se benefician de la información genética de la biodiversidad compartan parte de sus ganancias.
Guterres advirtió que muchos de los elementos decisivos para avanzar, como el financiamiento, las capacidades, la cooperación y los datos, siguen ausentes.

Lo que falta en las metas nacionales
El informe identifica otro problema: aun cuando los países fijaron metas, estas no siempre cubren todo el alcance de las globales. Muchas Partes adoptaron metas de incentivos positivos para la biodiversidad, pero muchas menos se comprometieron a reducir los subsidios dañinos. Las metas nacionales tampoco abordan lo suficiente el acceso a la información y a la justicia ambiental, los derechos sobre tierras y territorios ni la protección de los conocimientos tradicionales.
Sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales, el documento reconoce avances en su participación en las decisiones, aunque desiguales. También advierte que suelen carecer de recursos para ampliar su contribución. Las metas que buscan integrar la biodiversidad en todas las áreas de gobierno, como la planificación espacial y la incorporación de la naturaleza en las políticas sectoriales (Metas 1 y 14), muestran un progreso limitado.

Un diagnóstico que coincide con la ciencia
El balance oficial coincide con las evaluaciones científicas recientes. En diciembre de 2024, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) estimó que la biodiversidad disminuyó entre un 2 % y un 6 % por década durante los últimos 30 a 50 años. Además, el Informe Planeta Vivo 2026, publicado el 8 de octubre por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Sociedad Zoológica de Londres, registró una caída promedio del 73 % en las poblaciones de vertebrados silvestres monitoreadas entre 1970 y 2022. En América Latina y el Caribe, esa caída llegó al 95 %.
Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sostuvo que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación no pueden abordarse por separado. Hambardzum Matevosyan, ministro de Ambiente de Armenia y presidente de la COP17, afirmó que la conferencia debe determinar en qué punto está el mundo, qué funciona y dónde el progreso se queda corto.
Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del CDB, resumió el sentido del informe: “Sabemos dónde estamos. Sabemos dónde están las brechas”. Ahora, agregó, el desafío es trabajar juntos para cerrarlas. Con poco más de cuatro años por delante, el documento concluye que, sin una aceleración sustancial de la implementación, las metas de 2030 no se alcanzarán.


 
Fecha de Publicación: 17/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Carbon Brief, Organización de las Naciones Unidas (ONU), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)

Documentos y descargas oficiales:

- State of Biodiversity Action: The Global Report on collective progress, informe completo (Secretaría del CDB), en inglés: 
- Resumen del informe mundial 2026 (Secretaría del CDB), en inglés: 
- Comunicado de prensa oficial del 15 de octubre de 2026 (Secretaría del CDB), en inglés: 
- Página oficial de la COP17 (CDB)