Balance de la COP17: acuerdos para salvar las metas de 2030, pero el financiamiento queda para 2028

La cumbre de biodiversidad de Ereván cerró con una revisión de los avances del marco mundial y una hoja de ruta para acelerar la acción, aunque las definiciones clave sobre financiamiento y el Fondo Cali se postergaron hasta la COP18 en Ecuador.

Tras dos semanas de negociaciones y una sesión plenaria que se extendió durante la madrugada del sábado, la 17.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17) cerró en Ereván, Armenia. Lo hizo con un paquete de acuerdos que busca reencauzar los esfuerzos mundiales para frenar la destrucción de la naturaleza antes de 2030. Casi 200 países adoptaron los textos, aunque las decisiones más sensibles sobre financiamiento quedaron postergadas para la próxima cumbre, que se realizará en 2028 en Quito, Ecuador.
“Logramos más de lo que podíamos esperar”, celebró el presidente de la COP17 y ministro de Ambiente de Armenia, Hambardzum Matevosyan. Las organizaciones ambientales y varios gobiernos, en cambio, consideraron que el resultado se queda corto frente a la magnitud de la crisis.

Un diagnóstico preocupante
El principal resultado fue la primera revisión mundial de los avances del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022. El texto expresa una profunda preocupación porque, si no se acelera rápidamente la acción, los objetivos de 2030 no se alcanzarán. Advierte, además, que también las metas de 2050 podrían estar en riesgo. Según el informe de la ONU sobre los avances, el mundo está fuera de rumbo en 22 de las 23 metas globales, incluida la de proteger el 30% de las tierras y los mares. Si se cumplieran los compromisos nacionales actuales, quedaría protegido alrededor del 26% de la superficie terrestre y apenas el 12% de la marina.
A partir de esa revisión, la llamada Hoja de Ruta de Ereván pide a los países revisar sus planes de biodiversidad, sujetos a la disponibilidad de fondos, con foco en los ecosistemas marinos, costeros y de aguas continentales. Más de 60 países que todavía no presentaron sus planes fueron instados a hacerlo cuanto antes. Los gobiernos acordaron además acelerar la reducción de los subsidios dañinos para la naturaleza.

La pelea por el dinero
El financiamiento volvió a ser el gran tema. La Unión Europea impulsó ampliar la base de donantes para incluir a economías emergentes como China y Arabia Saudita, algo que un grupo de países árabes rechazó. Tras una sesión que duró toda la noche, se invitó a los países en desarrollo a manifestar en cada futura COP su interés en sumarse como contribuyentes. El texto fija criterios para un mecanismo financiero posterior a 2030, pero difiere su forma institucional hasta la COP18 y no crea un fondo nuevo.
El Fondo Cali fue creado para que las empresas que usan información genética digital compartan beneficios. Desde su lanzamiento recibió apenas unos 10.000 dólares, frente a una meta inicial de 1.000 millones anuales. La COP17 reafirmó las tasas indicativas de contribución, del 0,1% de los ingresos o el 1% de las ganancias. También fijó una metodología de reparto que destina la mitad de los fondos a pueblos indígenas y comunidades locales, pero dejó los detalles técnicos para negociaciones posteriores. Para la investigadora Siva Thambisetty, de la London School of Economics, el fondo está “con respiración artificial”.
Los países también acordaron el funcionamiento del nuevo órgano permanente para pueblos indígenas y comunidades locales. Además, sumaron directrices voluntarias para ampliar las soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático.

Ataques a la ciencia y el rol de la región
Las negociaciones estuvieron atravesadas por intentos de debilitar la base científica de las decisiones. Rusia, Arabia Saudita e India se opusieron a citar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el clima, que finalmente quedó afuera. Lo mismo ocurrió con la evaluación de la IPBES sobre el cambio transformador. “Lo que me molesta mucho son los ataques a la ciencia”, dijo la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut.
Un negociador de un país desarrollado, citado en forma anónima, mencionó a la Argentina, junto con Rusia, Arabia Saudita y, en cierta medida, Brasil, entre quienes buscaban suavizar los informes científicos. Ya en la primera jornada, la delegación argentina se había opuesto a adoptar algunos elementos vinculados con la IPBES.
Brasil fue un actor central. Por momentos bloqueó la revisión mundial por su vínculo con las discusiones de financiamiento, y luego, junto con China, pidió no reabrir el texto final para evitar su colapso. Colombia, por su parte, copresidirá un grupo para impulsar la reforma de los subsidios dañinos.

Reacciones divididas
Para el exministro canadiense Steven Guilbeault, el paquete es un paso importante pero insuficiente para cumplir los compromisos de 2030. Desde Greenpeace advirtieron que las promesas no resuelven barreras como la falta de financiamiento y la deuda. La Unión Europea, por su parte, calificó de tímidos los avances para ampliar la base de donantes.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Diario Libre (AFP), Carbon Brief, Climate Home News, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD)

El comercio de especies silvestres alcanza a más de 107.000 especies, el doble de lo estimado

Un estudio liderado por la Universidad de Melbourne identifica al menos 107.356 especies de plantas, animales y hongos involucradas en el comercio y el uso mundial, y advierte que para la mayoría no existen datos que permitan saber si ese comercio amenaza su supervivencia.

El comercio y el uso de especies silvestres alcanzan a por lo menos 107.356 especies de plantas, animales y hongos en todo el mundo. Es más del doble de las aproximadamente 50.000 que se usaban hasta ahora como referencia. Así lo concluye un estudio publicado el 30 de octubre de 2026 en la revista científica Science Advances, liderado por Alice Hughes, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Melbourne, en Australia. Sus autores advierten que la cifra real podría ser bastante mayor, porque la mayoría de los países no registra qué especies se comercian.
“Nuestro trabajo ofrece hasta la fecha la evaluación más exhaustiva del comercio de especies”, afirmó Hughes. El hallazgo tiene, sin embargo, una contracara: para la gran mayoría de esas especies no hay datos sobre cuántos ejemplares se extraen, de dónde vienen ni en qué estado están sus poblaciones silvestres.

Más allá de elefantes y pangolines
La imagen habitual del comercio de vida silvestre se asocia con el tráfico ilegal de marfil, cuernos de rinoceronte o escamas de pangolín. Hughes subrayó que esa percepción deja afuera la mayor parte del fenómeno. El comercio incluye madera, productos del mar, plantas medicinales, flores, peces ornamentales, hongos y animales de compañía, y en su mayor parte es legal. Según los autores, el comercio legal mueve unas diez veces más valor que el ilegal y abarca al menos el doble de especies de lo que se creía.
La referencia previa de unas 50.000 especies proviene de una evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), aprobada en julio de 2022 en Bonn, sobre el uso sostenible de las especies silvestres. Aquel informe estimó que más de 10.000 de esas especies se consumen directamente como alimento. También calculó que una de cada cinco personas depende de plantas, algas y hongos silvestres para alimentarse u obtener ingresos, y que el 70 % de las personas pobres del mundo depende de alguna forma del uso de especies silvestres. Una de las autoras principales del capítulo sobre uso sostenible fue la investigadora argentina Gabriela Lichtenstein, del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que depende del CONICET.
El nuevo estudio no contradice esa evaluación. Lo que hace es ampliar el universo de especies alcanzadas, al reunir fuentes que antes no se integraban.

Cómo se construyó la cifra
Para llegar al nuevo número, el equipo combinó información de múltiples fuentes. Entre ellas hay registros del comercio en línea y la base de datos LEMIS, el sistema de información sobre la gestión de la vida silvestre de Estados Unidos. Según los autores, es el único sistema nacional que registra de forma consistente y publica con detalle datos comerciales de muchos sectores. En gran parte del resto del mundo, señalaron, no existen datos equivalentes.
El análisis también examinó cómo se registra y controla el comercio en el mundo, y encontró varias fallas:
- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el principal tratado en la materia, solo supervisa especies en peligro. Esas especies representan menos del 2 % del comercio mundial de vida silvestre, y el 98 % restante no se registra de manera sistemática.
- Las etiquetas aduaneras suelen ser genéricas, como “pescado” o “cuero de reptil”, y ocultan qué especies se comercian realmente.
- Los registros de decomisos muchas veces no especifican la especie ni el país de origen.
- La mayoría de los países todavía depende de permisos en papel, fáciles de perder y difíciles de compartir.
Hughes resumió el problema de fondo: “La mayoría de los países no recopilan datos sobre las especies silvestres objeto de comercio”.

Los grupos más vulnerables
Según el estudio, el comercio afecta al 42 % de las especies de vertebrados conocidas. Los autores consideran más vulnerables a los reptiles, los anfibios y algunos invertebrados como los arácnidos, muy presentes en el mercado de animales de compañía, un sector en expansión. Las plantas, los hongos, los insectos y los reptiles están entre los grupos que más pasan desapercibidos en los sistemas de control.
Investigaciones previas del mismo equipo mostraron que muchas especies llegan al mercado menos de un año después de que la ciencia las describe. Ocurrió, por ejemplo, con tarántulas y geckos cavernícolas recién identificados. En esos casos, la demanda comercial puede llegar antes que cualquier evaluación del estado de sus poblaciones.
Las pocas evaluaciones disponibles sobre poblaciones sometidas a comercio registran descensos medios de entre el 50 % y el 63 %, aunque solo se estudió una pequeña fracción de las especies comercializadas. Por eso, los autores aclaran que, con los datos actuales, no se puede saber qué proporción de las más de 107.000 especies identificadas está amenazada por el comercio. Esa es una de las principales limitaciones del trabajo: la cifra indica cuántas especies están involucradas, no cuántas sufren un impacto significativo.
El comercio también genera riesgos que van más allá de las especies extraídas. A la mortalidad durante la captura y el transporte se suman la introducción de especies invasoras y la propagación de patógenos, que agravan amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático. Los autores advierten que los controles de bioseguridad se concentran en un número limitado de enfermedades.

Europa, un gran importador
El estudio pone el foco en el papel de los países importadores. Según Hughes, Europa es uno de los mayores destinos de fauna silvestre, sobre todo para el mercado de mascotas. Países como Alemania y Polonia se destacan como grandes importadores de fauna exótica, en especial arácnidos y reptiles. Los autores señalan que la Unión Europea aplica criterios de registro menos estrictos que Estados Unidos. Además, los datos de su sistema de control veterinario, conocido como TRACE, no están disponibles para la comunidad científica.
El trabajo es parte de una línea de investigación más amplia del mismo grupo. En noviembre de 2025, la Universidad de Melbourne difundió un estudio publicado en Current Biology que estimó en unos 360.000 millones de dólares anuales el valor del comercio legal de fauna. Ese estudio también documentó más de 21.000 especies comercializadas solo hacia Estados Unidos desde el año 2000.

Qué proponen los autores
Las recomendaciones apuntan a la información. Los investigadores piden estandarizar la recopilación de datos sobre comercio en todo el mundo, mejorar la coordinación entre países e integrar los registros aduaneros y zoosanitarios, que hoy funcionan por separado. También proponen avanzar hacia un mercado de mascotas regulado y condicionado a la cría en cautividad, para reducir la presión sobre las poblaciones silvestres.
Hughes insistió en que, sin datos sobre cantidades y origen, es imposible saber cuándo el comercio empuja a una especie hacia el declive. Para revertirlo, sostuvo, “necesitamos informes mucho más completos, transparentes y coordinados a nivel mundial”.
El estudio se conoce mientras se desarrolla en Ereván, Armenia, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que revisa el avance del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Entre sus metas para 2030, el marco incluye asegurar que el uso, la captura y el comercio de especies silvestres sean sostenibles, seguros y legales. El informe mundial presentado por la ONU el 15 de octubre señaló que la falta de datos es uno de los principales obstáculos para medir el avance hacia esas metas. El contraste es llamativo: según los indicadores de ese mismo informe, la meta sobre uso y comercio de especies silvestres estaba entre las de mayor progreso colectivo. El nuevo estudio obliga a leer ese resultado con cautela, porque la mayor parte del comercio ni siquiera se registra.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia SINC, Agencia EFE, EcoNews, Universidad de Melbourne, Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), CONICET, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

Greenwashing: crece 28% y se traslada a las industrias de la transición energética

Un informe global registró 1.594 empresas vinculadas a promesas ambientales engañosas en el último año, con la minería, las renovables, los centros de datos y los bancos en el centro del problema.

El greenwashing, la práctica de presentar una imagen ambiental que no se corresponde con el desempeño real, volvió a crecer en el mundo y cambió de escenario. Así lo indica el quinto informe anual de RepRisk, una firma suiza de investigación especializada en riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Entre julio de 2025 y junio de 2026, 1.594 empresas quedaron vinculadas a casos de greenwashing, frente a 1.243 del año anterior: un aumento del 28%. Es el segundo año consecutivo de alza, después de una caída del 12% registrada en 2024.
En cinco años, los incidentes de riesgo asociados a esta práctica crecieron un 112%. Pero el dato que más llama la atención del informe no es el volumen, sino el desplazamiento: el foco ya no está solamente en el petróleo y el gas, sino en las industrias que deberían impulsar la transición energética.

De los combustibles fósiles a la transición
RepRisk agrupa como sectores de transición a la energía alternativa, la minería, los metales industriales, los servicios públicos y el software y los servicios informáticos. Esta última categoría incluye a las empresas de inteligencia artificial y a los centros de datos. Esos rubros pasaron de concentrar el 18% de los casos documentados en 2022 al 29% en 2026, un salto de 11,4 puntos porcentuales. En el mismo período, la participación del petróleo y el gas bajó del 17% al 12%.
El informe identifica dos formas típicas del problema en estas industrias. La primera es no mostrar el panorama completo: por ejemplo, un centro de datos que funciona con energía libre de emisiones pero demanda grandes volúmenes de agua o genera otros impactos. La segunda es la distancia entre los compromisos y los logros reales, como ocurre con proyectos de combustibles renovables que se anuncian sin que exista una red preparada para distribuirlos.
Alexandra Mihailescu Cichon, vicepresidenta y directora global de desarrollo de mercado de RepRisk, aclaró que el diagnóstico no cuestiona el rumbo. “La transición es absolutamente necesaria y representa una gran oportunidad”, afirmó, en una declaración traducida del inglés.

Los bancos, en la mira
El sector financiero apareció como el más expuesto por quinto año:
- las empresas de servicios financieros vinculadas a greenwashing llegaron a 305, un 40% más que el año anterior;
- los bancos sumaron 86, con un aumento del 23%;
- juntos representan una quinta parte de todas las vinculaciones sectoriales.
La firma explica que estas instituciones concentran el riesgo tanto por sus propias comunicaciones como por los proyectos y compañías que financian. Philipp Aeby, director ejecutivo y cofundador de RepRisk, señaló que la transición depende de una asignación informada del capital, y que bancos y gestores de inversiones deben poder detectar el greenwashing.

La naturaleza supera al clima
Por primera vez en cinco años, la biodiversidad desplazó al clima como principal tema ambiental de los casos. Las vinculaciones relacionadas con la naturaleza y los ecosistemas fueron 162 en 2024, 216 en 2025 y 300 en 2026. Las asociadas al clima, las emisiones y la contaminación se mantuvieron prácticamente estables, en 275. Según Mihailescu Cichon, los impactos sobre la naturaleza son más difíciles de medir que los climáticos, lo que abre más espacio para afirmaciones imprecisas.
La firma recomienda ampliar la evaluación de sostenibilidad más allá del carbono e incorporar el consumo de agua, el uso del territorio, la pérdida de hábitats y los efectos sobre especies y ecosistemas.

Cómo leer los números
RepRisk aclara que el aumento de los conteos absolutos también refleja la ampliación de su propio relevamiento, con más fuentes, idiomas y empresas analizadas. Además, la etiqueta específica de greenwashing se incorporó en 2025, por lo que las comparaciones con años anteriores no son directas. El estudio no desagrega los datos por región.

El espejo latinoamericano
El desplazamiento hacia la minería y las energías de transición tiene un eco directo en América Latina, donde avanzan la explotación de litio y cobre y los proyectos renovables. En la Argentina, un estudio publicado en 2025 en la revista SaberEs, de la Universidad Nacional de Rosario, analizó a las principales concesionarias de hidrocarburos de la Cuenca Neuquina. Concluyó que sus reportes de sostenibilidad podrían tener más impacto si impulsaran de forma activa alternativas energéticas limpias. En Catamarca, organizaciones ambientales cuestionan los efectos de la minería de litio sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades. El país, además, no cuenta con una regulación específica contra el greenwashing: los reclamos se canalizan por la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; ESG Dive; RepRisk

Conflictos armados y biodiversidad: el daño que casi no se discute en la COP17

En la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, una reserva clave del Cáucaso Sur pierde bosque junto a las posiciones militares, mientras especialistas reclaman mecanismos para financiar la recuperación de ecosistemas dañados por guerras.

Mientras los gobiernos negocian en Ereván cómo financiar la protección de la biodiversidad, un bosque en el sur del país anfitrión de la COP17 muestra las huellas de un problema que casi no figura en la agenda: el daño que los conflictos armados dejan en la naturaleza. En la reserva natural de Shikahogh, en el sur de Armenia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, el bosque desaparece de forma abrupta a menos de 100 metros de las posiciones militares de ambos países.
La reserva fue creada en 1958 en la provincia de Syunik. Abarca casi 12.000 hectáreas, alrededor del 94% cubiertas de bosque. Alberga al leopardo del Cáucaso, la cabra montés bezoar, el oso pardo, la víbora armenia y numerosas aves. Tiene, además, unas 1.100 especies de plantas, 70 de ellas incluidas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los especialistas la consideran una de las joyas ecológicas del Cáucaso Sur.

Acusaciones cruzadas
Marat Harutyunyan, vicealcalde de la ciudad armenia de Kapan, afirmó que los cambios se hicieron más visibles desde los enfrentamientos de 2022. Denunció que fuerzas azerbaiyanas talaron bosque para instalar posiciones militares y abrir caminos. Esas afirmaciones no pudieron verificarse de manera independiente. También se observaron indicios de tala y movimientos de suelo del lado armenio, cerca de instalaciones militares, cuya finalidad las autoridades se negaron a explicar.
Desde Azerbaiyán, Amin Mammadov, cofundador de la coalición Primero la Protección Ambiental, sostuvo que Armenia enfoca de manera selectiva los problemas ambientales. La acusó, además, de ignorar la contaminación de ríos transfronterizos causada por la minería. La coalición pidió a la presidencia de la COP17 decisiones concretas y mensurables. Azerbaiyán no participó de la conferencia.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, había reconocido días antes, en la cumbre de líderes previa a la COP17, que el conflicto de más de 30 años con Azerbaiyán dañó la biodiversidad de su país. “Las zonas de conflicto suelen contener campos minados”, señaló. Pashinyan planteó que los temas ambientales podrán abordarse con más profundidad cuando se ratifique el acuerdo de paz rubricado entre ambos países, que comparten ríos.

Minas, miedo y pérdidas
Las consecuencias alcanzan a las comunidades cercanas. Según Harutyunyan, los habitantes evitan ciertas zonas por temor a las minas terrestres. Vladik Agatelyan, un agricultor de 60 años, perdió dos vacas por la explosión de una mina. “Los riesgos son demasiados, así que dejé de criar ganado”, contó. Su esposa empezó a trabajar como docente rural por unos 100 dólares mensuales.
Manvel Arzumanyan, veterinario jubilado, describió la zona como un corredor ecológico que conectaba hábitats de Armenia, Azerbaiyán e Irán, y señaló que los avistamientos de fauna son ahora menos frecuentes. El zoólogo de la reserva, Harut Marzynyan, advirtió que el conflicto dificulta el trabajo de campo. Según explicó, las rutas, la infraestructura militar y la fragmentación del paisaje pueden aislar a las poblaciones animales.

Más allá del Cáucaso
El fenómeno se repite en otros frentes. George Mitri, de la Universidad de Balamand, en el Líbano, indicó que más de 11.000 hectáreas se quemaron por incendios vinculados al conflicto entre Israel y Hezbolá. Otras miles de hectáreas fueron dañadas por explosiones y actividades militares. Jen Maman, de Greenpeace, estimó que al menos 65.000 olivos se quemaron en el sur del Líbano y advirtió sobre el uso de fósforo blanco. Maman vinculó el daño ambiental con la agricultura, la pesca, la ganadería y la seguridad alimentaria. Gaza y Ucrania aparecen como otros ejemplos de destrucción ambiental en zonas de guerra.
Mitri sostuvo que el impacto ecológico de la guerra excede la superficie directamente afectada. Propuso documentar sistemáticamente la destrucción con imágenes satelitales, relevamientos de campo y evaluaciones científicas. Ese trabajo debería contar con ecólogos, hidrólogos, especialistas en suelos y toxicólogos, además del conocimiento de las personas desplazadas.

Un tema ausente en la cumbre
En la COP17, los gobiernos negocian una agenda de 50 puntos para aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, pero casi no se discuten mecanismos de financiamiento para los ecosistemas dañados por las guerras. Mitri propone vincular las evaluaciones ambientales con compensaciones, planes de recuperación y apoyo financiero internacional. La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, evitó pronunciarse sobre la disputa entre Armenia y Azerbaiyán.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: IPS Noticias, Gobierno de Armenia

La ONU registra 252 millones de hectáreas en restauración, pero pide cuadruplicar el financiamiento

Un informe del PNUMA, la FAO y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, presentado en la COP17, muestra avances inéditos en la recuperación de ecosistemas y advierte que la inversión anual debe pasar de 64.000 a 296.000 millones de dólares.

La restauración de la naturaleza avanza a una escala inédita, pero el dinero no alcanza. Unos 252 millones de hectáreas terrestres y marinas de 149 países se encuentran en proceso de restauración, una superficie similar a la de Kazajistán. Así lo indica un informe de las Naciones Unidas presentado el jueves 29 de octubre en la COP17 de biodiversidad, en Ereván, Armenia. Para cumplir las metas de 2030, sin embargo, el financiamiento anual tendría que multiplicarse por más de cuatro.
El documento se titula El regreso de la naturaleza: ampliar la restauración de los ecosistemas para las personas y el planeta. Lo elaboraron el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se conoce a mitad de camino del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, que se extiende hasta 2030, y describe el actual como el mayor esfuerzo de este tipo documentado hasta ahora.

Empleo verde y una brecha de financiamiento
Según el informe, la restauración ya generó más de un millón de empleos verdes. Pero para alcanzar los compromisos asumidos, la inversión anual debería pasar de 64.000 millones a 296.000 millones de dólares. Ese salto permitiría crear hasta 32 millones de puestos de trabajo en todo el mundo hacia 2030.
La meta global es restaurar para el final de la década alrededor de 1.000 millones de hectáreas, una superficie similar a la de China, y colocar el 30% de los ecosistemas del planeta bajo conservación. Ambos objetivos están en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, acordado en 2022. Hasta ahora, la restauración de ecosistemas terrestres alcanzó casi la mitad del objetivo del 30%, mientras que la de ambientes marinos y costeros fue mucho más limitada.

Por qué importa restaurar
El informe cita investigaciones según las cuales restaurar apenas el 15% de las áreas prioritarias del mundo podría evitar el 60% de las extinciones de especies previstas. También permitiría capturar el equivalente al 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Entre los ejemplos de recuperación, el documento menciona zonas de desove de salmones en Canadá y arrecifes de coral en Indonesia. Advierte, además, que los esfuerzos deben sostenerse en el tiempo para que los ecosistemas y la biodiversidad logren recuperarse.
Para el director general de la FAO, Qu Dongyu, cinco años después del inicio del Decenio el mensaje es claro: “la restauración funciona”. El desafío, agregó, es convertirla en una parte integral de la gestión sostenible de la tierra. La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, sostuvo que hoy se asiste a la gestación de uno de los mayores movimientos por la naturaleza de la historia.
La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, advirtió en cambio que no se puede pretender arreglar la naturaleza con una mano mientras se la destruye con la otra. Por eso reclamó que los gobiernos aborden los motores de la degradación de los ecosistemas.

La situación en América
En el reparto regional, Sudamérica registra unos 5,4 millones de hectáreas en restauración, y América del Norte y Central, unos 5,8 millones. Las diferencias entre regiones reflejan, en parte, distintas capacidades de reporte y monitoreo, y no solo el desempeño de cada país. Colombia alberga una de las cinco iniciativas reconocidas como emblemáticas de restauración por la ONU. En el Cerrado brasileño, en tanto, se aplican técnicas de regeneración natural, siembra directa y sistemas agroforestales con especies nativas.
Las cifras corresponden a superficies en proceso de restauración y no a ecosistemas ya restaurados. Además, algunos análisis advierten que un monitoreo incompleto podría subestimar los avances en ambientes marinos y de agua dulce.

El dinero, en el centro de la cumbre
El informe llega en la recta final de la COP17, donde el financiamiento es el tema más disputado. La cumbre debe definir cómo movilizar los 200.000 millones de dólares anuales que fija el marco mundial de biodiversidad. Lo hace en un contexto en el que, a mitad de camino hacia 2030, menos de la mitad de las metas nacionales avanzan al ritmo necesario.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Noticias ONU, The UN Brief, PNUMA, FAO, Convenio sobre la Diversidad Biológica

Trump anuncia que eliminará los controles a las emisiones de metano de petroleras y gasíferas

El presidente estadounidense anunció en un acto de campaña en Texas que dará marcha atrás con las normas aprobadas en 2024 para detectar y reparar fugas de metano, un gas de alto poder de calentamiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno eliminará las normas que obligan a las empresas de petróleo y gas a controlar sus emisiones de metano, aprobadas en 2024 durante la administración de Joe Biden. Lo hizo el martes 27 de octubre en un acto de campaña en Lubbock, Texas, a una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El anuncio llegó en medio de la presión por el encarecimiento de los combustibles, atribuido en buena parte a la guerra con Irán.
Trump calificó de “costosas e innecesarias” las regulaciones sobre el metano y afirmó que habían aplastado a los pequeños operadores con exigencias paralizantes. Según sus cifras, la medida permitirá ahorrar 45.000 millones de dólares a consumidores y productores y desbloquear grandes volúmenes de gas natural en Texas. También liberaría unos 210 millones de barriles de petróleo adicionales, el equivalente a unos diez días de consumo de petróleo del país.

Qué cambia
Las normas de 2024 exigían a las empresas:
- detectar y reparar fugas de metano en sus instalaciones;
- realizar inspecciones periódicas de los equipos;
- cumplir requisitos más estrictos en los pozos existentes, incluidos los de baja producción.
El plan del Gobierno flexibiliza esos controles en pozos, gasoductos e instalaciones de procesamiento, y afloja las restricciones a la quema rutinaria de gas. Además, elimina el programa Super Emitter, que permite a terceros señalar grandes fugas para que las compañías las investiguen y reparen.
El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, ya había adelantado el mes pasado la eliminación de ese programa y la aplicación de estándares menos exigentes para los pozos chicos. Esos pozos producen alrededor del 6% del petróleo y el gas del país, pero pueden concentrar hasta la mitad de las emisiones de metano de los yacimientos. Zeldin sostuvo que la norma tendría un costo de 18.000 millones de dólares. La EPA ya había impuesto el año pasado una postergación de 18 meses para su aplicación, y la propuesta todavía debe tramitarse formalmente.

Un gas que calienta más
El metano es el principal componente del gas natural y uno de los gases de efecto invernadero más potentes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), permanece unos 12 años en la atmósfera y tiene un poder de calentamiento más de 80 veces superior al del dióxido de carbono en un período de 20 años. Los científicos estiman que causa alrededor de un tercio del calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero, y las operaciones de petróleo y gas son su mayor fuente industrial.
Los funcionarios de la gestión anterior habían calculado que la norma evitaría la emisión de unos 52,6 millones de toneladas métricas de metano hasta 2038. También estimaban beneficios por 98.000 millones de dólares hasta 2034, una cifra basada en el costo social de las emisiones que la actual EPA rechaza.

Las críticas
Las organizaciones ambientales advierten que menos supervisión facilitará las fugas y aumentará la contaminación en las comunidades cercanas a las explotaciones. Señalan, además, que las empresas podrán seguir liberando gas que podría capturarse y usarse para abastecer a millones de hogares. Fred Krupp, presidente del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF), sostuvo que la medida les da a las compañías un pase libre a costa de los consumidores. “La EPA debería combatir este desperdicio, no facilitarlo”, afirmó.
Del otro lado, algunos sectores de la industria petrolera venían presionando para eliminar las obligaciones de control de emisiones. El Gobierno sostiene que la medida impulsará la producción local de combustibles fósiles y podría bajar los precios de la energía.

Un retroceso más
El anuncio se suma a otras medidas con las que el Gobierno y los republicanos en el Congreso desarmaron políticas climáticas de la gestión anterior. Entre ellas figuran la revocación de un dictamen científico central para la regulación de los gases de efecto invernadero, la reducción de los estándares de eficiencia de combustible de los vehículos y el intento de derogar los límites de emisiones de las centrales a carbón y a gas. El Congreso también eliminó, semanas después de la asunción de Trump, el cargo por exceso de emisiones de metano previsto en la ley climática de 2022.
La norma que se eliminaría había sido anunciada en 2023 en la cumbre climática de la ONU en Emiratos Árabes Unidos. En la misma gira por Texas, Trump visitó Corpus Christi para supervisar la llegada de un cargamento de crudo procedente de Venezuela.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
País/Región: Estados Unidos
Fuentes Consultadas: America Economica, Noticias Ambientales, Swissinfo (EFE), Associated Press (WBGO), Fox Business, FAO

Científicos piden declarar el cambio climático emergencia sanitaria mundial ante el avance del calor

El informe 2026 de Lancet Countdown, elaborado por 146 investigadores con la colaboración de la OMS, asocia unas 710.000 muertes al calor extremo en 2023 y concluye que los daños del cambio climático sobre la salud crecen más rápido que hace una década.

El calor extremo se asoció con unas 710.000 muertes en todo el mundo en 2023, una cifra récord, y más del 70 % de ellas son atribuibles al cambio climático causado por la actividad humana. El dato forma parte del informe 2026 de The Lancet Countdown on health and climate change (Cuenta regresiva de The Lancet sobre salud y cambio climático), publicado el 28 de octubre de 2026 en la revista médica The Lancet. Sus autores piden que el cambio climático se reconozca formalmente como una emergencia sanitaria mundial.
Es la décima edición de un seguimiento anual que lidera el University College London, con la colaboración estratégica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El trabajo reúne a 146 investigadores de más de 100 instituciones en más de 30 países, analiza 54 indicadores que vinculan clima y salud, y fue revisado por pares antes de publicarse. Su diagnóstico central es que los riesgos y daños para la salud crecieron más rápido en la década 2016-2025 que en la anterior.
Marina Romanello, directora ejecutiva de Lancet Countdown, lo resumió así: “No se trata de un empeoramiento gradual, sino de un cambio brusco”. Por eso, sostuvo, el cambio climático debe reconocerse como la emergencia sanitaria mundial que ya es.

El calor, la amenaza más directa
El indicador más contundente es el de mortalidad. Según el informe, en los años posteriores a la firma del Acuerdo de París, en 2015, las muertes relacionadas con el calor fueron casi un 36 % más por año que en la década anterior. El récord de 2023 coincide con un año de temperaturas excepcionales, por el calentamiento de fondo y por un intenso episodio de El Niño, el fenómeno de calentamiento del Pacífico tropical que altera el clima en buena parte del planeta.
Para atribuir una parte de esas muertes al cambio climático, se compara la mortalidad observada con la que habría habido en un clima sin calentamiento de origen humano, usando modelos epidemiológicos y climáticos. Según el informe, el 71,5 % de las muertes por calor de 2023 entra en esa categoría.
El calor también reduce la capacidad de trabajar. En 2025, la exposición a temperaturas elevadas hizo perder 573.000 millones de horas de trabajo potenciales en el mundo. Su valor estimado es de 1,07 billones de dólares, el 0,91 % de la producción económica mundial. La agricultura concentró el 38 % de esas pérdidas y la construcción el 29 %, dos sectores con mucho trabajo al aire libre. El impacto es muy desigual entre regiones: las pérdidas relacionadas con el clima equivalieron al 0,2 % del producto en Europa, al 3,2 % en África y al 3,9 % en el sudeste asiático.

Sequías, lluvias extremas y dengue
El informe documenta cambios profundos en el ciclo del agua. En 2025, el 51,8 % de la superficie terrestre sufrió al menos un mes de sequía extrema, el segundo valor más alto registrado después de 2023. La superficie afectada por sequías extremas creció más de un 700 % más rápido que en la década 2006-2015. A la vez, las precipitaciones extremas afectaron en promedio al 17,2 % de la superficie terrestre por año entre 2016 y 2025, frente al 14,8 % de la década anterior. Desde 2003, además, el 80 % de la superficie terrestre tuvo cambios abruptos en la forma en que almacena agua: el 43 % se volvió más seco a largo plazo y el 37 %, más húmedo. Ambos extremos amenazan la producción de alimentos, el acceso al agua potable y la infraestructura sanitaria.
Las enfermedades infecciosas también responden al clima. La aptitud climática para la transmisión del dengue aumentó un 24 % en el caso de Aedes albopictus y un 7 % en el de Aedes aegypti entre 1981-1990 y 2016-2025. Esa aptitud es la presencia de temperaturas y humedad favorables para que los mosquitos transmitan el virus. Aedes aegypti es el principal vector del dengue en América Latina. El indicador mide condiciones climáticas favorables, no casos: la transmisión real depende también de factores como la urbanización, el acceso al agua y la capacidad de vigilancia.

Los combustibles fósiles, en el centro
La dimensión sanitaria de la crisis no se limita a los impactos del calentamiento. Según el informe, la quema de combustibles fósiles sigue causando unas 2,73 millones de muertes prematuras por año a través de la contaminación del aire. En sentido inverso, la mejora en la calidad del aire que trae usar menos esos combustibles ya evita unas 323.000 muertes anuales en más de 70 países.
Los autores contrastan esos datos con la evolución de la inversión. La inversión mundial en energías limpias alcanzó un récord de 2,1 billones de dólares en 2025, un 82 % más que la destinada a combustibles fósiles. El empleo en energías limpias creció un 2,3 % en 2024, casi el doble que el empleo directo en el sector fósil. Aun así, los combustibles fósiles todavía aportan más del 80 % de la energía mundial. En 2024, los 87 países analizados dieron subsidios a los combustibles fósiles por 906.000 millones de dólares, casi diez veces lo que recaudaron con precios al carbono. Además, unos diez países gastaron más en financiar combustibles fósiles que en sus propios sistemas de salud.
El informe también examina los planes de la industria. Las 100 mayores compañías de petróleo y gas proyectan para 2040 una producción un 150 % superior a la compatible con limitar el calentamiento a 1,5 °C. Un año antes, esa diferencia era del 138 %. Mikel González, profesor de investigación del Basque Centre for Climate Change (BC3), destacó que esos planes de producción se alejan claramente del objetivo del Acuerdo de París.

Una adaptación sanitaria desigual
En cuanto a las respuestas, el informe registra avances, pero muy desiguales. Las leyes nacionales sobre clima y salud se multiplicaron por 50 desde 2000. Sin embargo, en 2025 los países de altos ingresos concentraban el 55 % de esas normas y los países en desarrollo, apenas el 2 %. Solo 56 de los 194 Estados miembros de la OMS tienen un plan nacional para adaptar la salud al cambio climático; en 2015 eran apenas 14.
El financiamiento es el principal cuello de botella. Los países en desarrollo estimaron que necesitan al menos 3.300 millones de dólares anuales para adaptar sus sistemas de salud, pero en 2024 solo se comprometieron 1.100 millones.
Diarmid Campbell-Lendrum, jefe de la Unidad de Cambio Climático, Calidad del Aire, Energía y Salud de la OMS, advirtió: “El cambio climático ya está dañando la salud en todas las regiones del mundo”. Según explicó, la acción climática es en sí misma una intervención sanitaria, y las energías más limpias, los sistemas de salud más fuertes y las alertas tempranas ya están salvando vidas.

¿Una emergencia sanitaria formal?
El pedido central del informe es que el cambio climático se reconozca formalmente como emergencia sanitaria mundial y que la salud se integre en todas las decisiones de mitigación, adaptación y financiamiento climático. Es una recomendación de los autores, no una declaración oficial. La OMS recordó que, según el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, un evento impulsado por el cambio climático podría calificar como emergencia de salud pública de importancia internacional, la máxima alerta que puede emitir el organismo. También informó que, desde septiembre, mantiene activa una respuesta de emergencia escalonada frente al episodio de El Niño en curso, con un equipo global de gestión de incidentes.
El informe se suma a otros diagnósticos publicados en las semanas previas a la COP31, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía. El 27 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial informó que la concentración de dióxido de carbono llegó a un récord de 426,8 partes por millón en 2025. El 21 de octubre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente proyectó un calentamiento de hasta 2,8 °C con las políticas actuales. En Antalya, la OMS instalará un pabellón dedicado a la salud para llevar estos datos a la negociación.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Science Media Centre España, Climática, Noticias ONU, teleSUR, Organización Mundial de la Salud (OMS), Lancet Countdown (University College London), Organización Meteorológica Mundial (OMM), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Documentos y descargas oficiales:
- The 2026 report of The Lancet Countdown on health and climate change, página oficial del informe (Lancet Countdown)
- Explorador de datos e indicadores (Lancet Countdown)
- Fichas y resúmenes de políticas por país (Lancet Countdown)
- The 2025 Latin America report of the Lancet Countdown, el último informe regional disponible (Lancet Countdown Latinoamérica) 

América Latina necesita 170.000 millones de dólares al año para su biodiversidad, según BID y CEPAL

Un informe conjunto estima que la región moviliza apenas una décima parte de lo necesario para proteger y restaurar sus ecosistemas, con una brecha equivalente al 2,1% de su producto bruto.

América Latina y el Caribe necesitarían unos 170.000 millones de dólares por año para proteger y restaurar sus ecosistemas, pero hoy movilizan apenas 17.000 millones. Así lo advierte un informe conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El estudio estima una brecha de financiamiento de casi 153.000 millones de dólares anuales, equivalente al 2,1% del producto bruto regional.
El informe se titula La brecha de financiamiento de la biodiversidad en América Latina y el Caribe: necesidades, flujos y estrategias de movilización hacia 2030. Se dio a conocer el martes 27 de octubre, mientras en Ereván, Armenia, la cumbre de biodiversidad de la ONU discute precisamente cómo financiar la protección de la naturaleza.

Una décima parte de lo necesario
“Los flujos actuales de financiamiento cubren apenas una décima parte de las necesidades estimadas”, señaló Ángela María Penagos Concha, directora de la oficina de la CEPAL en Bogotá y supervisora adjunta de su Unidad de Agua y Biodiversidad. Según la especialista, cerrar esa brecha requerirá tanto un mejor uso de los recursos existentes como financiamiento adicional.
El informe identifica dónde se concentran las mayores necesidades. Alrededor del 60% de los requerimientos de financiamiento verde de la región está vinculado con la transición hacia una agricultura y una ganadería más sostenibles. El dato pone el foco en sectores clave de las economías latinoamericanas, que dependen en buena medida de los recursos naturales.
Los autores sostienen que la pérdida de biodiversidad amenaza la productividad, la disponibilidad de agua, las finanzas públicas, las exportaciones, las oportunidades de inversión y la estabilidad económica. A la inversa, plantean que invertir en capital natural puede generar empleo, fortalecer la resiliencia, mejorar la competitividad y atraer capital privado.

Cómo achicar la brecha
El trabajo plantea un escenario de transformación ambicioso que permitiría reducir la brecha alrededor de un 74% hacia 2030. Para lograrlo, propone combinar fondos públicos, capital privado, instrumentos financieros innovadores y la reorientación de subsidios. Entre sus recomendaciones figuran:
- usar con más eficiencia el gasto existente;
- reformar los incentivos que dañan la biodiversidad;
- fortalecer el financiamiento público y ampliar la participación del sector privado;
- escalar mecanismos financieros innovadores;
- alinear la planificación, la inversión y los incentivos económicos con los objetivos de conservación.
Gregory Watson, jefe de la Unidad de Biodiversidad y Capital Natural del BID, sostuvo que cerrar la brecha no es solo un imperativo ambiental sino también una oportunidad de desarrollo. A su juicio, la región tiene la posibilidad de convertirse en líder mundial en financiamiento para la naturaleza. En ese sentido, el informe propone abordar el financiamiento de la biodiversidad como una agenda de desarrollo económico y no únicamente ambiental.

La región con mayor pérdida de fauna
La urgencia se refleja en otros datos recientes. Según el Informe Planeta Vivo 2026 del WWF, América Latina y el Caribe registró una caída promedio del 95% en el tamaño de las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas entre 1970 y 2022, la mayor del planeta. La disminución fue del 80% en África, del 49% en Asia-Pacífico, del 28% en Estados Unidos y Canadá y del 23% en Europa y Asia Central, frente a un promedio mundial del 73%.
El informe del WWF analizó unas 35.803 tendencias de 5.790 especies de vertebrados. En la región, atribuye ese declive a la conversión de pastizales, bosques y humedales, las represas y la sobreexplotación, y, con mayor intensidad que en otras zonas, al cambio climático y las enfermedades. Seis de los siete países megadiversos del continente americano se encuentran en América Latina.

El debate en Ereván
El diagnóstico regional coincide con el que se discute en la COP17. Según la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, los flujos financieros que dañan la naturaleza superan en una proporción de 30 a 1 al gasto en restauración. El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que la cumbre revisa por primera vez, fijó como meta movilizar 200.000 millones de dólares anuales de todas las fuentes para la biodiversidad hacia 2030. Es una referencia que dimensiona la necesidad estimada para la región, de 170.000 millones anuales.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
País/Región: América Latina
Fuentes Consultadas: Portal Bloomberg, Acento, BID, CEPAL, WWF, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica

Geoingeniería solar: universidades latinoamericanas investigan con fondos del exterior

Al menos diez proyectos en la Argentina, Brasil, Chile, Jamaica y México estudian técnicas para reflejar la radiación solar con financiamiento externo, en medio de moratorias internacionales y críticas de organizaciones sociales.

Universidades e institutos científicos de América Latina participan en proyectos de investigación sobre geoingeniería solar, financiados en su mayoría desde el exterior. Se trata de un conjunto de técnicas que buscan enfriar el planeta reflejando parte de la radiación del sol. Una investigación periodística identificó al menos diez proyectos en curso en universidades de la Argentina, Brasil, Chile, Jamaica y México, en un contexto de moratorias internacionales y escaso debate público.
Las instituciones involucradas son:
- la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Argentina;
- las universidades federales de Santa Catarina, Itajubá y São Paulo, en Brasil;
- las de Concepción y de la Frontera, en Chile;
- la Universidad de las Indias Occidentales, en Jamaica;
- la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los estudios modelan los posibles impactos de la llamada gestión de la radiación solar sobre huracanes, olas de calor y energías renovables. También analizan sus vínculos con la economía y la salud, y relevan la percepción pública sobre estas tecnologías.

Quién financia
El principal financiador en la región es la Iniciativa Grados (Degrees Initiative), una organización con sede en Londres que se presenta como dedicada a fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para evaluar la modificación de la radiación solar. También aporta fondos la Agencia de Investigación Avanzada e Invenciones del Reino Unido. Grados depende sobre todo de fundaciones filantrópicas vinculadas a multimillonarios del sector tecnológico y financiero. Algunas de esas fundaciones financiaron experimentos al aire libre y la comercialización de estas tecnologías.
Los montos comprometidos hasta 2030 incluyen 513.000 dólares para la UBA, 400.000 para la UNAM y 210.000 para la Universidad Federal de Santa Catarina. Les siguen la Universidad de las Indias Occidentales, con 114.000; la de Itajubá, con 105.000; FLACSO Argentina, con 100.000, y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente, con 72.000. El CONICET recibiría otros 600.000, aunque no se precisa la moneda.
A escala mundial existen 1.433 proyectos de geoingeniería, de los cuales 917 apuntan a la absorción de dióxido de carbono y 19 a la gestión solar. Brasil concentra 28 iniciativas, México 13, Chile 8 y la Argentina 5.

Moratorias vigentes
La investigación avanza pese a las restricciones internacionales. El Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptó en 2008 una moratoria a la fertilización oceánica y en 2010 otra a la geoingeniería en general; ambas siguen vigentes. El Protocolo de Londres, de la Organización Marítima Internacional, prohíbe la fertilización de los océanos salvo para la investigación científica legítima.
En 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó estas tecnologías de especulativas. Ese mismo año, el relator especial sobre sustancias tóxicas, el chileno Marcos Orellana, advirtió sobre enfoques no comprobados que podrían agravar los daños existentes.
En México, la empresa estadounidense Make Sunsets realizó en 2023 un experimento en Baja California que, según las autoridades, se hizo sin previo aviso y sin consentimiento. Después de ese episodio, el Gobierno prometió prohibir estas técnicas, aunque la medida todavía no se concretó.

Voces críticas
Para Soledad Vogliano, investigadora argentina del Grupo ETC, el auge de estos estudios responde más a la falta de fondos universitarios y al interés de instituciones del Norte global que a una agenda climática pública. “La universidad está desfinanciada, entonces es una buena forma de capturar investigadores de carrera”, sostuvo. A su juicio, la investigación legitima estas tecnologías aun sin resultados concretos, mientras los riesgos recaen en el Sur global. La organización advierte que la inyección de aerosoles en la estratosfera se asocia con posibles daños a la salud, a los ecosistemas y a la capa de ozono, menores rendimientos agrícolas y cambios en las lluvias.
Desde el ámbito académico de la región también hay cuestionamientos al vacío regulatorio. La bioeticista Florencia Luna y sus colegas analizaron el caso mexicano en un trabajo publicado en 2025 en el European Journal of Risk Regulation. Concluyeron que la falta de regulación en América Latina alimenta la desconfianza y la percepción de neocolonialismo, y que a la vez limita la investigación responsable. Para los autores, “el teatral caso de Make Sunsets no está éticamente justificado”. Propusieron, además, una gobernanza transparente y participativa que incluya a la región en las discusiones globales.
El debate gana peso en una región que aporta alrededor del 10% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y donde, según las voces críticas, recaería buena parte de los riesgos de estas tecnologías.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
País/Región: América Latina
Fuentes Consultadas: Agencia IPS Noticias, European Journal of Risk Regulation, Iniciativa Grados

El 0,1 % más rico del mundo contamina más que casi la mitad de la humanidad, según Oxfam

Un informe de Oxfam calcula que unos 8 millones de personas emiten más carbono que los 3.500 millones más pobres, vincula esas emisiones con muertes por calor extremo y denuncia que parte de los más ricos se beneficia económicamente de los desastres climáticos.

Unos 8 millones de personas, el 0,1 % más rico de la población mundial, generan más emisiones de carbono que los 3.500 millones más pobres juntos, el 44 % de la humanidad. Ese dato encabeza Disaster Divide: How climate chaos deepens inequality and enriches the few (La brecha de los desastres: cómo el caos climático profundiza la desigualdad y enriquece a unos pocos). La confederación internacional Oxfam presentó el informe el 27 de octubre de 2026, a días de la COP31, la conferencia climática de la ONU que se celebrará en Antalya, Turquía.
El estudio sostiene que la crisis climática funciona como un círculo vicioso de desigualdad. Las personas con mayores ingresos contribuyen de forma desproporcionada al calentamiento con su consumo y sus inversiones. Además, pueden protegerse mejor de sus efectos y, en algunos casos, obtienen beneficios económicos de los desastres. En el otro extremo, quienes menos emiten son los más expuestos y los que menos capacidad tienen de recuperarse.
Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional, lo planteó en términos tajantes: “No es una tragedia de destino compartido; es un crimen de desigualdad extrema”.

Cómo se midieron las emisiones
El informe se apoya en estimaciones de emisiones basadas en el consumo, calculadas por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), un centro de investigación independiente. Este enfoque asigna a cada persona las emisiones de los bienes y servicios que consume, sin importar dónde se produjeron, y permite distribuirlas por niveles de ingreso. Los autores compararon además sus resultados con los del Laboratorio de Desigualdad Mundial, que dirige el economista Lucas Chancel.
Para vincular esas emisiones con impactos concretos, el equipo combinó los datos del SEI con 15 modelos de atribución climática. La atribución climática es la rama de la ciencia que estima qué parte de un fenómeno extremo se debe al calentamiento causado por el ser humano. El equipo también sumó un análisis propio de los vuelos en jets privados de 2025 y de las carteras de inversión de los 1.000 mayores multimillonarios del mundo. Por eso se trata de un informe de incidencia hecho por una organización no gubernamental, no de un artículo científico revisado por pares, aunque se basa en metodologías y datos de instituciones académicas.
Las estimaciones tienen márgenes que conviene tener presentes. Para asignar emisiones a personas según su consumo e inversiones hay que hacer supuestos sobre cómo se reparte la responsabilidad entre productores, consumidores y accionistas, y cada método da resultados distintos. Por eso el propio informe contrasta sus cálculos con los de otra base de datos. A su vez, atribuir muertes futuras a las emisiones de un grupo exige encadenar varios modelos, y la incertidumbre se acumula en cada paso. Por lo tanto, las cifras deben leerse como órdenes de magnitud que muestran la desproporción, más que como valores exactos. El trabajo sigue una línea de análisis que la organización ya venía sosteniendo. En enero de 2026, Oxfam había calculado que el 1 % más rico agotó en los primeros diez días del año la porción de emisiones que le correspondería en una trayectoria compatible con 1,5 °C.

Calor extremo y muertes
La parte más llamativa del análisis cuantifica el impacto humano de esas emisiones. Según el informe, una persona del 0,1 % más rico contribuyó casi 400 veces más a las olas de calor extremo actuales que alguien de la mitad más pobre de la población. El 1 % más rico, por su parte, sería responsable del 20 % del calentamiento registrado desde 1990, unas 100 veces más por persona que la mitad más pobre.
Oxfam estima que las emisiones de un solo año del 1 % más rico causarán 1,9 millones de muertes adicionales relacionadas con el calor. Según la organización, el 78 % de esas muertes ocurrirá en países de ingreso bajo y medio bajo, que en conjunto generan apenas el 8 % de las emisiones globales. El estudio menciona además que las muertes por inundaciones son siete veces mayores en los países más desiguales. También recoge una proyección de la Organización Internacional para las Migraciones: hasta 1.000 millones de personas podrían verse desplazadas hacia 2050.
Las cifras de impacto también tienen una dimensión económica. Según el material difundido por Oxfam, desde 1990 las emisiones del 1 % más rico redujeron la producción económica mundial en 2,9 billones de dólares. Hacia 2050, esa pérdida podría llegar a unos 52,6 billones.

El lujo que más emite
El informe pone el foco en algunos consumos específicos. Según su análisis de vuelos, la aviación privada emite en apenas dos segundos más de lo que una persona de la mitad más pobre de la humanidad genera en todo un año. El 0,1 % más rico, en conjunto, emite más de tres veces lo que producen los 1.300 millones de habitantes de África subsahariana.
A esto se suman las inversiones. Con datos de la consultora Trucost, Oxfam estimó en 181.000 millones de dólares los daños ambientales asociados a las carteras de los 1.000 mayores multimillonarios. Para los autores, el peso de las inversiones muestra que las emisiones de los más ricos no dependen solo de su estilo de vida, sino también de dónde colocan su capital.

Quién gana con los desastres
Una de las novedades del informe es el llamado Índice Destruir y Reconstruir. Identifica 217 empresas que operan a la vez en sectores que agravan la crisis climática y en negocios de preparación, recuperación y reconstrucción tras catástrofes. Según Oxfam, en 2025 esas compañías ganaron en promedio 1.800 millones de dólares y repartieron más de 1.000 millones entre sus accionistas. Un pequeño grupo de grandes gestoras de activos, entre ellas BlackRock y Vanguard, concentra inversiones por más de un billón de dólares en esas empresas. Por otro lado, el mercado de recuperación ante desastres, impulsado por la mayor frecuencia de fenómenos extremos, podría crecer de 70.000 a 92.000 millones de dólares anuales hacia 2029.
Behar resumió esa lógica con una imagen: según dijo, los superricos le prenden fuego al planeta y después le cobran al resto por los extintores.

La desigualdad frente al desastre
El informe muestra con ejemplos cómo los fenómenos extremos golpean de manera desigual. En América Latina menciona los incendios en la Amazonía, que en 2024 arrasaron más de 62.000 kilómetros cuadrados de selva, y el trabajo de brigadas comunitarias de bomberos en Bolivia. En España, la sección local de la organización recordó la dana que devastó municipios de Valencia hace dos años. Sus efectos más graves recayeron sobre hogares con menos recursos, mujeres, personas mayores y comunidades migrantes.
Sofía del Valle, responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón, explicó que quienes tienen más recursos pueden protegerse con seguros privados o con viviendas en zonas más seguras. Mientras tanto, los hogares vulnerables pierden sus casas, sus cosechas y sus medios de vida. “Llamamos a los gobiernos a asegurar que los que más contaminan paguen”, reclamó.

Las propuestas para la COP31
Oxfam plantea cuatro líneas de acción para la cumbre de Antalya:
- Que paguen los grandes contaminadores: impuestos permanentes a la riqueza y a los ingresos más altos, un impuesto permanente a las empresas de combustibles fósiles y gravámenes a bienes de lujo con altas emisiones, como los jets privados.
- Más financiamiento climático para el Sur Global: priorizar subvenciones públicas sobre préstamos que aumenten la deuda, y triplicar los fondos para adaptación hacia 2035.
- Menos desigualdad dentro de los países y entre ellos: infraestructura y servicios públicos resilientes.
- Límites al poder corporativo: en la respuesta a emergencias, la reconstrucción y los sistemas alimentarios.
El reclamo llega con las emisiones estancadas en niveles récord. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó el 21 de octubre el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026, que proyecta un calentamiento de hasta 2,8 °C con las políticas actuales. El mismo informe recuerda que el G20 concentra tres cuartas partes de las emisiones mundiales. La discusión sobre quién emite y quién paga promete ocupar un lugar central en la negociación de Antalya.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: EcoNews, Oxfam Internacional, Oxfam Aotearoa, Oxfam Intermón, Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

Documentos y descargas oficiales:
- Disaster Divide: How climate chaos deepens inequality and enriches the few, informe completo (Oxfam Internacional), en inglés 
- Ficha oficial del informe en la biblioteca de Oxfam, DOI 10.21201/2026.000154 (Oxfam Internacional), que indica versiones en español, inglés, francés, portugués y árabe: 

Bruselas propone preparar a la Unión Europea para un calentamiento de tres grados en 2100

La Comisión Europea presentó un nuevo marco de resiliencia climática que obliga a los Estados a evaluar riesgos con escenarios de fuerte calentamiento, aunque sin fondos adicionales ni medidas de adaptación vinculantes.

La Comisión Europea quiere que los países de la Unión Europea incorporen de forma sistemática los riesgos climáticos a sus decisiones políticas y económicas, con un escenario de calentamiento global de tres grados para fines de siglo como referencia. Ese es el eje del nuevo marco europeo de resiliencia climática que el Ejecutivo comunitario presentó el martes 27 de octubre. El paquete incluye una propuesta de ley y una comunicación para anticiparse a los efectos del cambio climático sobre las infraestructuras, las inversiones y los distintos sectores económicos.
“Europa no está suficientemente preparada”, afirmó Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión responsable de una Transición Limpia, Justa y Competitiva. Según Ribera, es responsabilidad de las autoridades minimizar los costos y el sufrimiento que eso implica. La propuesta busca instaurar una cultura de prevención, para pasar de reaccionar ante las catástrofes a prepararse para ellas.

Tres grados como referencia
La futura Ley Europea de Resiliencia Climática fija una trayectoria común para evaluar riesgos: 1,5 °C sobre los niveles preindustriales en 2030, 2 °C en 2050 y 3 °C en 2100. Bruselas también trabaja con escenarios en los que Europa podría calentarse hasta cinco grados. Desde el Ejecutivo aclaran que prepararse para esa realidad no implica renunciar a los objetivos de reducción de emisiones, sino complementarlos con medidas para afrontar sus consecuencias. Sobre los escenarios de mayor calentamiento, el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, dijo: “Sería imprudente no tenerlos en cuenta”.
La referencia no está lejos de las proyecciones globales. Según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, publicado el 21 de octubre, las políticas actuales podrían llevar a un calentamiento de 2,8 °C en este siglo.

Qué propone Bruselas
La idea es que la evaluación de riesgos se incorpore a decisiones como las licitaciones públicas, la planificación de infraestructuras y las inversiones. También se busca integrar el análisis de la resiliencia climática en el Semestre Europeo, el mecanismo de coordinación de las políticas económicas del bloque. Los Veintisiete deberán presentar planes estratégicos nacionales de resiliencia antes del 31 de diciembre de 2030 y designar a las autoridades responsables de gestionar los riesgos en cada área.
El paquete prevé además:
- una Alianza de Seguros Climáticos para ampliar la cobertura frente a desastres;
- un plan europeo contra las olas de calor;
- una iniciativa sobre el agua;
- la identificación de cien territorios especialmente vulnerables.
Varias de esas medidas, sin embargo, quedaron para más adelante. El miércoles se lanzó el Visor Europeo del Clima, una herramienta digital que permite visualizar los riesgos en distintos escenarios y territorios.

El costo de no adaptarse
Entre 2022 y 2025, las pérdidas económicas directas por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos alcanzaron unos 200.000 millones de euros en la UE, unos 50.000 millones por año. En la década de 1980, la media anual era de 8.600 millones. Según estimaciones conservadoras de la Comisión, el calor provocó pérdidas equivalentes al 0,17% del producto bruto del bloque entre abril y septiembre de este año. Además, solo una cuarta parte de los daños climáticos está asegurada.
La Comisión calcula que adaptar la economía europea requerirá unos 70.000 millones de euros anuales, pero que esas inversiones pueden generar retornos de entre dos y diez veces su valor en pérdidas evitadas. Bruselas apunta, además, a captar parte del mercado mundial de tecnologías de adaptación, que podría alcanzar 3,5 billones de euros en 2050. El paquete no contará con financiamiento adicional específico: los recursos se incluirán en la propuesta de presupuesto plurianual 2028-2034, todavía en negociación.

Críticas por falta de exigencias
La iniciativa llega en un momento delicado, marcado por el retroceso de algunas políticas ambientales y las presiones para reducir cargas administrativas a las empresas. El marco no impone medidas de adaptación obligatorias a los Estados ni a las autoridades locales, y por eso recibió reacciones dispares. El eurodiputado Kai Tegethoff, cercano a los Verdes, advirtió sobre el riesgo de un marco que muestre cuán expuestos están los europeos sin comprometerlos a nada, y reclamó metas vinculantes. Desde el Partido Popular Europeo, Peter Liese advirtió que “los planes por sí solos no protegen a las personas” y pidió diseñarlos con pragmatismo. La red de organizaciones CAN Europe, en cambio, celebró la propuesta.
El paquete deberá negociarse ahora con los Estados miembros y el Parlamento Europeo.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
País/Región: Unión Europea 
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde, EU Reporter, IBTimes UK, Agence Europe, Comisión Europea

COP17 en Ereván: promesas de dinero y metas pendientes en la semana decisiva de la biodiversidad

La cumbre de la ONU sobre diversidad biológica suma compromisos por más de 1.800 millones de dólares, mientras los países discuten en Armenia quién financia la protección de la naturaleza y cómo recuperar el atraso en las metas para 2030.

La cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas entra en su recta final en Ereván, Armenia. La 17.ª Conferencia de las Partes (COP17) del Convenio sobre la Diversidad Biológica sesiona del 19 al 30 de octubre. Inició su segunda semana con más de 1.800 millones de dólares en compromisos anunciados por gobiernos, fundaciones e inversores, pero con las discusiones de fondo sobre financiamiento todavía abiertas.
Se trata de la primera revisión global del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Ese acuerdo, aprobado en 2022, fija 23 metas para 2030, entre ellas proteger el 30% de las tierras y los mares y movilizar 200.000 millones de dólares anuales para la naturaleza.

Promesas de dinero
Según la Secretaría del Convenio, entre los anuncios se destaca la Alianza para la Recuperación de Especies. A través de ella, nueve fundaciones filantrópicas comprometieron 500 millones de dólares hasta 2030, 100 millones de ellos aportados por el Bezos Earth Fund. El Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad recibió además unos 60 millones de dólares en nuevas promesas de seis contribuyentes y ya tiene más de 362 millones programados en 87 países. A eso se suman unos 800 millones de dólares en bonos de biodiversidad respaldados por el Banco Asiático de Desarrollo.
Por otra parte, más de 130 empresas e instituciones financieras apoyaron acelerar la reforma de los incentivos dañinos para la naturaleza. La propia Secretaría advierte que los flujos financieros que perjudican a la biodiversidad superan en una proporción de 30 a 1 al gasto en restauración. “La pérdida de biodiversidad no es solo un problema ambiental. Es un problema económico”, sostuvo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Ministros en Ereván
Este martes comenzó el segmento de alto nivel, con paneles sobre políticas de conservación y financiamiento. Reúne a unos 150 participantes de alto rango de los países y unos 50 de organismos internacionales. Durante la jornada se anunció la creación de un centro tecnológico para la biodiversidad. El viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Robert Abisoghomonyan, explicó que los países deben presentar informes sobre sus compromisos, lo que exige una recolección masiva de datos. “Hay que usar tecnologías modernas e inteligencia artificial para recolectar datos”, afirmó.
Hasta ahora, la cumbre aprobó cuatro decisiones de la COP, sobre especies exóticas invasoras, género, educación y gestión del conocimiento. También salieron ocho decisiones del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y dos del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos.

Los temas pendientes
Quedan por resolver los puntos más sensibles. El primero es quién aporta al financiamiento de la biodiversidad, cuánto y por qué mecanismos. También siguen abiertas las contribuciones de los usuarios comerciales de la información genética digital al Fondo Cali y la creación de un órgano permanente para pueblos indígenas y comunidades locales. Falta definir, además, la llamada Hoja de Ruta de Ereván, un paquete de decisiones para acelerar el cumplimiento de las metas que deberá resolverse el 30 de octubre.

La mirada del Sur
Los países latinoamericanos tienen un papel activo en la negociación. Según el Boletín de Negociaciones de la Tierra del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, la Argentina respaldó una estrategia posterior a 2030. También planteó que los beneficios del Fondo Cali no deben depender de la buena voluntad de las empresas privadas y pidió mejorar la metodología de distribución antes de aplicar indicadores. Además, se opuso a algunos elementos vinculados a la plataforma científica IPBES y remarcó el carácter voluntario del plan de acción sobre biodiversidad y salud. Jamaica, en nombre del grupo latinoamericano y caribeño, reclamó atender las barreras estructurales para cumplir el marco y la meta de movilizar 200.000 millones de dólares anuales.
Colombia lanzó junto con Armenia una coalición para recuperar especies amenazadas. México, por su parte, presentó sus avances en el financiamiento de áreas naturales protegidas, con un fondo que hoy garantiza la conservación a largo plazo de 99 de ellas. “Las agendas de cambio climático y biodiversidad deben avanzar de la mano”, señaló Kristin Lang, directora regional del Fondo Verde para el Clima para América Latina y el Caribe.
El cierre del viernes dirá si las promesas de esta semana se convierten en compromisos capaces de revertir el atraso en las metas para 2030.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia aArmenPress, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza