La fauna silvestre monitoreada en América Latina se redujo en promedio un 95 % desde 1970

El Informe Planeta Vivo 2026 registra una caída media del 73 % en las poblaciones de vertebrados silvestres del mundo entre 1970 y 2022, con América Latina y el Caribe como la región más afectada, aunque también documenta especies que lograron recuperarse.

Las poblaciones de vertebrados silvestres que la ciencia monitorea en todo el planeta se redujeron en promedio un 73 % entre 1970 y 2022. La cifra surge del Informe Planeta Vivo 2026, que el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) presentó el 8 de octubre de 2026 en Gland, Suiza. El informe usa datos del Índice Planeta Vivo, que elabora la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL). El dato más grave corresponde a América Latina y el Caribe, donde la caída promedio llega al 95 %, la más pronunciada de todas las regiones del mundo.
Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional, resumió el diagnóstico: “La biodiversidad continúa degradándose a un ritmo alarmante”. El informe, sin embargo, combina esa advertencia con evidencia de recuperación en especies emblemáticas y con un mensaje explícito: la ventana para cambiar el rumbo se estrecha, pero sigue abierta.

Qué mide el Índice Planeta Vivo
Antes de leer las cifras, conviene entender qué representan. El Índice Planeta Vivo funciona de manera parecida a un índice bursátil. No cuenta animales: sigue el cambio promedio en el tamaño de miles de poblaciones monitoreadas a lo largo del tiempo. Una caída del 73 % no significa que haya desaparecido el 73 % de los animales del planeta, ni que se haya extinguido esa proporción de especies. Significa que, en promedio, las poblaciones estudiadas son hoy bastante más pequeñas que en 1970.
La edición 2026 reúne 35.803 tendencias poblacionales de 5.790 especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Según el suplemento técnico, primero se calcula la tasa de cambio anual de cada población. Luego esas tasas se agregan por especie, grupo taxonómico y región biogeográfica mediante una media geométrica, con ponderaciones que reflejan la diversidad de vertebrados conocida en cada caso. El resultado global tiene un intervalo de confianza del 95 % que va de un declive del 67 % a uno del 78 %.
El propio documento reconoce limitaciones. La cobertura geográfica es desigual, con más datos de América del Norte y Europa que de las regiones tropicales remotas. El índice representa apenas entre el 2 % y el 18 % de las especies conocidas de cada grupo, con anfibios y reptiles como los menos representados, y no incluye invertebrados ni plantas. Las pruebas de sensibilidad muestran además que el resultado depende en parte de los casos extremos. Si se excluye el 10 % de las tendencias más pronunciadas en ambos sentidos, el declive global pasa del 73 % al 64 %. Por otro lado, la mitad de las poblaciones analizadas se mantiene estable o aumenta, aunque las caídas son de mayor magnitud que los crecimientos.

América Latina, la región más afectada
La distribución regional es muy desigual. Frente al 95 % de América Latina y el Caribe, África registra una caída del 80 %, Asia y el Pacífico del 49 %, América del Norte del 28 % y Europa y Asia Central del 23 %. Las cifras más bajas del hemisferio norte no implican que allí la naturaleza esté mejor conservada. Buena parte de las grandes pérdidas en esas regiones ocurrió antes de 1970, el año que el índice toma como punto de partida. En el caso de América del Norte, además, el intervalo de confianza incluye la posibilidad de que no haya habido cambio.
América Latina y el Caribe alberga a seis de los siete países megadiversos del continente americano, y el informe describe una región sometida a varias amenazas a la vez. La principal es la conversión de bosques, pastizales y humedales para la agricultura y la ganadería. A ella se suman la construcción de represas, la sobreexplotación de especies, el cambio climático y las enfermedades. Según el informe, estos dos últimos factores actúan en la región con más intensidad que en otras partes del mundo, y suelen potenciarse. El aumento de la temperatura, por ejemplo, puede volver a los anfibios más vulnerables a infecciones.

El agua dulce, el ecosistema más golpeado
Por tipo de ambiente, las poblaciones de agua dulce sufrieron el mayor descenso, con una caída promedio del 85 %. Les siguen las terrestres, con un 69 %, y las marinas, con un 59 %. Ríos, lagos y humedales concentran muchas presiones a la vez: la fragmentación por represas, la extracción de agua, la contaminación y la llegada de especies invasoras.
A escala global, la pérdida y degradación del hábitat es la amenaza más frecuente. Según WWF, estas presiones no son hechos aislados, sino el resultado de fallas en tres grandes sistemas. El primero es el alimentario, ya que la agricultura es la principal causa de pérdida de hábitats. El segundo es el energético, porque la quema de carbón, petróleo y gas genera cerca de tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero. El tercero es el financiero: en 2023 se destinaron 7,3 billones de dólares a actividades perjudiciales para la naturaleza, frente a solo 220.000 millones para protegerla o restaurarla.

Puntos de inflexión en ambas direcciones
El informe advierte que la degradación acumulada acerca a varios ecosistemas a puntos de inflexión, que son umbrales a partir de los cuales un sistema cambia de estado de forma abrupta y difícil de revertir. Entre los riesgos señalados figuran el colapso de los arrecifes de coral, la pérdida de la selva amazónica y la destrucción de bosques de pinos en América del Norte.
El documento también incorpora el concepto opuesto. Un análisis de la Universidad de Exeter incluido en el informe define el punto de inflexión positivo como el que ocurre cuando se ayuda a un sistema a superar un umbral hacia un estado más saludable. En energía, la solar ya es la fuente más barata de electricidad nueva en la mayoría de los países. En alimentación y agricultura aparecen los primeros indicios de un cambio, y en finanzas el proceso está en una etapa inicial. Rebecca Shaw, científica jefa de WWF, lo resumió así: “La naturaleza puede recuperarse cuando actuamos”. Según explicó, la misma dinámica de retroalimentación que impulsa el colapso puede impulsar la recuperación.

Las especies que se recuperan
El informe documenta casos concretos. Los tigres salvajes pasaron de unos 3.200 ejemplares en 2010 a unos 5.700 en 2025, un aumento de más del 70 %. En 2025, la tortuga verde pasó de la categoría “en peligro” a “preocupación menor”, la primera tortuga marina en lograrlo, tras cinco décadas de trabajo en más de 80 países de nidificación. El atún rojo del Atlántico y del Pacífico se recuperó de la sobrepesca. Las poblaciones de elefantes del sur de África se mantienen estables o crecen en zonas gestionadas por comunidades locales.
América Latina también aporta ejemplos. En Madre de Dios, en la Amazonía peruana, las cámaras trampa identificaron 75 jaguares entre 2023 y 2024. En el Canal de Panamá, se fijaron rutas específicas y límites de velocidad para los buques, y en apenas dos años la probabilidad de colisión con ballenas jorobadas bajó un 93 %. WWF busca replicar ese modelo en un corredor marino que va desde Alaska hasta la Patagonia.

Un diagnóstico coincidente
Las conclusiones coinciden con las de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES). Su Evaluación de los Nexos, aprobada en diciembre de 2024, estimó que la biodiversidad disminuyó entre un 2 % y un 6 % por década durante los últimos 30 a 50 años. El informe de WWF llega además en vísperas de la 17.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, prevista en Ereván, Armenia. Allí los gobiernos deberán revisar el avance del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que fija metas para 2030 como proteger el 30 % de las tierras y los mares del planeta.
Para alcanzar esos objetivos, WWF propone acelerar antes de 2030 los cambios en los sistemas alimentario, energético y financiero. Entre las medidas, plantea reformar los subsidios perjudiciales, aumentar la transparencia financiera, promover compras públicas sostenibles y ampliar la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. La organización estima en 942.000 millones de dólares anuales la brecha de financiamiento para la biodiversidad. Según el informe, la tecnología, el dinero y las herramientas ya existen; lo que se agota es el tiempo.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia IPS, Bloomberg Línea, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)

Documentos y descargas oficiales:

- Living Planet Report 2026, informe completo (WWF y ZSL), en inglés
- Living Planet Report 2026 – Technical Supplement, con la metodología y las pruebas de sensibilidad (ZSL), en inglés
- Base de datos del Índice Planeta Vivo, de acceso abierto (ZSL y WWF)
 

Brasil crea cuatro reservas amazónicas mientras avanza el plan para asfaltar la carretera BR-319

El gobierno de Lula protegió casi 669.000 hectáreas en el sur del estado de Amazonas para contener la deforestación asociada a la ruta que une Manaos y Porto Velho, pero especialistas advierten que sin control y presupuesto las áreas no alcanzarán.

Brasil sumó casi 669.000 hectáreas de selva protegida en el sur del estado de Amazonas, justo en la región donde el Gobierno busca concretar uno de los proyectos de infraestructura más polémicos de la Amazonía: el asfaltado de la carretera BR-319. Mediante decretos firmados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se crearon cuatro reservas de desarrollo sostenible a lo largo del eje de la ruta que conecta Manaos con Porto Velho. Los decretos se firmaron el 8 de septiembre, en un acto en el Palacio del Planalto por el Día de la Amazonía, y un mes después el debate sobre su alcance sigue abierto.
Las nuevas áreas son cuatro:
- Tupana Igapó-Açu I: en el municipio de Borba, con 114.076 hectáreas.
- Tupana Igapó-Açu II: entre Beruri y Tapauá, con 422.100 hectáreas.
- Canaã: entre Careiro y Autazes, con 109.607 hectáreas.
- Mirari: en Humaitá, con 22.775 hectáreas, orientada a proteger ambientes forestales y acuáticos.
Los decretos también establecen zonas de amortiguamiento alrededor de tres de ellas, que suman otras 109.718 hectáreas. Según advierten los críticos, en esas zonas podría llegar a permitirse la minería.
Se trata de unidades de uso sostenible: los pobladores pueden permanecer en sus tierras y aprovechar productos del bosque, en línea con los modos de vida agroextractivistas de la región. Su gestión quedará a cargo del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), el organismo federal que administra las áreas protegidas.

Una ruta en el corazón de la selva
La BR-319 fue construida en la década de 1970 y recorre 877 kilómetros de selva. Con el paso de los años se deterioró, y su tramo central se vuelve prácticamente intransitable durante la temporada de lluvias. Para el Gobierno federal, recuperar la conexión es una prioridad. "El gobierno federal está trabajando para encontrar una solución que permita pavimentar la carretera", afirmó el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, quien vinculó esa meta a la protección ambiental de la zona.
Según el ministro, la deforestación en el entorno de la BR-319 cayó un 73,31% entre 2022 y 2025, y otro 43% entre agosto de 2025 y julio de 2026. Durante la ceremonia de firma, Lula sostuvo que el bosque en pie es más rentable que uno derribado o quemado.
Los conservacionistas, sin embargo, temen que el asfaltado abra la puerta a una deforestación irreversible en una de las áreas mejor conservadas de la Amazonía. El antecedente reciente pesa. Jair Bolsonaro prometió en 2019 repavimentar la ruta y no llegó a hacerlo, pero la sola especulación en torno a la obra contribuyó a que la deforestación en la zona aumentara un 144% entre 2019 y 2022. El patrón que se repite es el de la "espina de pescado": caminos secundarios que se abren desde la ruta principal y avanzan sobre la selva, rodeados de parches desmontados.

Proteger en el papel y en el terreno
Para las organizaciones ambientales, la creación de las reservas es un paso valioso, pero insuficiente. "Crear unidades de conservación por sí sola no es suficiente", advirtió Suely Araújo, especialista sénior en políticas públicas del Observatorio del Clima. La especialista remarcó que es necesario demostrar cómo se hará cumplir la normativa en la región. También señaló que el presupuesto del ICMBio para las áreas protegidas está muy por debajo de lo necesario y no aumentó.
En la misma línea, Milene Maia, coordinadora de política y derecho socioambiental del Instituto Socioambiental (ISA), consideró el anuncio un avance importante para la conservación. Pero subrayó que las inversiones deben llegar de forma rápida, integrada y articulada, y que la fiscalización debe ser permanente frente a los delitos ambientales vinculados al crimen organizado.
El debate sobre la BR-319 trasciende a Brasil. La Amazonía regula las lluvias de buena parte de Sudamérica, y lo que ocurra con sus bosques más intactos tiene efectos que llegan mucho más allá de sus fronteras. Por eso, la apuesta brasileña de pavimentar una ruta y, al mismo tiempo, blindar la selva que la rodea será observada de cerca en toda la región. El resultado dependerá de que las nuevas reservas funcionen en el terreno y no solo en el papel.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
País/Región: Brasil
Fuentes Consultadas: Portal Mongabay, Portal Econews, Instituto Socioambiental (ISA)

Groenlandia y la Antártida perdieron más de 11 billones de toneladas de hielo en casi medio siglo

Un estudio internacional basado en 27 misiones satelitales concluye que el deshielo de los dos grandes mantos polares ya elevó el nivel del mar 31,4 milímetros desde 1979, impulsado sobre todo por glaciares que se aceleran ante un océano más cálido.

Durante casi medio siglo, los satélites registraron cómo los dos grandes depósitos de hielo del planeta se vuelcan lentamente al océano. Un nuevo análisis internacional estima que, entre 1979 y 2023, Groenlandia y la Antártida perdieron en conjunto unos 11,3 billones de toneladas de hielo. Ese volumen ya elevó el nivel medio del mar 31,4 milímetros, lo que equivale a alrededor de una cuarta parte de la subida global registrada en ese período.
El trabajo, publicado en la revista Scientific Data, es la actualización más completa del Ejercicio de Intercomparación del Balance de Masa de los Mantos de Hielo (IMBIE), una iniciativa apoyada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA. Para elaborarlo, un consorcio de científicos combinó 42 estimaciones independientes obtenidas a partir de datos de 27 misiones satelitales. El estudio fue liderado por Inès Otosaka y Andrew Shepherd, de la Universidad de Northumbria, en el Reino Unido, junto con Tyler Sutterley, de la Universidad de Washington.
Groenlandia aportó la mayor parte de la pérdida, con unos 6,2 billones de toneladas desde comienzos de los años setenta. La Antártida sumó cerca de 4,8 billones de toneladas, equivalentes a 13,3 milímetros de aumento del nivel del mar.

El océano, el gran motor
El hallazgo más llamativo es el mecanismo. El 84% del hielo perdido no se derritió en la superficie por efecto del aire cálido, sino que fue descargado al mar por glaciares que fluyen cada vez más rápido. Solo el 16% restante responde al deshielo superficial. Según explicó Otosaka, eso indica que la tendencia de largo plazo está impulsada por la respuesta dinámica de los mantos de hielo a un océano que se calienta. Las corrientes templadas erosionan los glaciares desde su base y aceleran su avance hacia el mar.
Las cifras muestran una aceleración marcada. Groenlandia pasó de perder unos 60.000 millones de toneladas por año en la década de 1980 a 264.000 millones en la de 2010. En la Antártida Occidental, la pérdida anual se multiplicó por más de cinco en el mismo período. La Antártida Oriental, en cambio, se mantuvo cerca del equilibrio a lo largo de los 45 años analizados.
"Estamos derritiendo las regiones polares", advirtió el glaciólogo Eric Rignot, de la Universidad de California en Irvine, quien señaló que el aumento del nivel del mar agravará la vulnerabilidad de las regiones costeras de todo el mundo. En la misma línea, David Holland, de la Universidad de Nueva York, sostuvo que una pérdida mayormente dinámica es exactamente lo que se esperaría en un escenario de colapso por inestabilidad de los mantos de hielo.

Una pausa engañosa
Entre 2020 y 2023, el ritmo de pérdida se desaceleró. En la Antártida Oriental, nevadas récord en 2022 y 2023 compensaron parte de las pérdidas, y en Groenlandia veranos más suaves redujeron casi a la mitad el derretimiento superficial. Sin embargo, los investigadores aclaran que no se trata de un cambio de tendencia, sino de un fenómeno meteorológico pasajero. De hecho, en ese mismo período la descarga de hielo de la Antártida Occidental aumentó un 38%.
Para Shepherd, fundador del proyecto IMBIE, el dato más inquietante es que estos cambios avanzan con décadas de retraso respecto del calentamiento global. Eso significa que continuarán durante décadas, incluso si el planeta lograra detener el aumento de la temperatura.
"Tres centímetros de aumento del nivel del mar pueden parecer poco", reconoció el investigador. Pero, según explicó, esa subida ya expone a entre seis y nueve millones de personas al riesgo de inundaciones costeras.

Vigilar desde el espacio
Ted Scambos, de la Universidad de Colorado, describió la incertidumbre sobre la Antártida como un peligro claro y presente, aunque sus efectos más graves se desplieguen a lo largo de muchas décadas. A su juicio, la sociedad ya sabe lo suficiente para anticipar el futuro, pero todavía no actúa con la prudencia necesaria.
Frente a ese escenario, los especialistas destacan el valor del monitoreo satelital coordinado para prever cómo evolucionará el nivel del mar en las próximas décadas. Diego Fernández, de la ESA, subrayó que los resultados muestran la importancia de la colaboración científica internacional para enfrentar los grandes cambios ambientales de esta época.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: National Geographic, Universidad de Northumbria, Scientific Data (IMBIE / ESA / NASA)

Operación de Interpol contra delitos ambientales deja 233 detenidos en América Latina y el Caribe

Durante dos meses, fuerzas de nueve países investigaron más de 330 casos de deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna, rescataron más de mil animales e identificaron 60.000 hectáreas de bosque talado ilegalmente.

Una operación coordinada por Interpol contra los delitos ambientales en América Latina y el Caribe terminó con 233 personas detenidas, más de mil animales rescatados y unas 60.000 hectáreas de bosque identificadas como taladas ilegalmente. La superficie equivale a unas diez veces la isla de Manhattan.
Denominada Madre Tierra VIII, la acción se desarrolló entre el 1 de junio y el 31 de julio en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Bajo la coordinación de la Oficina Regional de Interpol para América Central, las autoridades de esos países investigaron más de 330 casos vinculados con la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies y de madera.
Además de los detenidos, los investigadores identificaron a otras 312 personas sospechosas de participar en delitos contra el ambiente y concretaron 313 incautaciones.

Seguir el dinero
Uno de los ejes de la operación fue rastrear el circuito financiero de estas actividades. El objetivo, explicó Krandall Gullock, jefe de la oficina regional de Interpol para América Central, es que las investigaciones no se limiten a quienes talan, trafican animales o extraen oro de manera ilegal. También deben alcanzar a las empresas que financian, gestionan y se benefician de ese comercio. Como ejemplo, mencionó que seguir el dinero permite conectar una mina ilegal de oro en Panamá con compradores en América del Norte, Europa o Asia.
Ese enfoque tuvo su caso más resonante en Colombia. Allí, las autoridades investigaban a once empresas extranjeras presuntamente vinculadas con la deforestación a escala industrial en la Amazonía, una red que, según Interpol, habría provocado la tala de más de 52.000 hectáreas de bosque protegido. El análisis realizado durante la operación permitió identificar vínculos con otras 161 empresas y 65 personas que operaban en distintos continentes. También detectó posibles irregularidades en la concesión de permisos, empresas fantasma y mecanismos de inversión extranjera utilizados para mover el dinero. Los allanamientos realizados en el país terminaron con 16 detenciones y la incautación de nuevas pruebas digitales.

Cianuro y mercurio en Costa Rica
En Costa Rica, el foco estuvo puesto en la minería ilegal de oro. Las autoridades incautaron unas 4,6 toneladas de cianuro y 11 recipientes de mercurio que, presuntamente, se utilizaban para separar el metal. Ambas sustancias son altamente tóxicas, y su uso sin control contamina ríos y suelos y pone en riesgo la salud de las comunidades cercanas.

Felinos, aves y aletas de tiburón
La operación también permitió identificar rutas utilizadas para trasladar especies protegidas hacia mercados de Europa y Asia. En México fueron rescatados varios grandes felinos, entre ellos dos tigres de Bengala, uno de ellos blanco, además de leones, ocelotes y jaguares. En Nicaragua, las autoridades recuperaron numerosas aves exóticas protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre ellas loros y guacamayos rojos y verdes.
Reptiles, insectos y aves representaron la mayor parte de los animales rescatados. Pero los operativos también interceptaron unos 165 kilos de aletas de tiburón secas, cuyo valor se estima en 280.000 dólares.
"Estos casos demuestran el carácter transnacional de los delitos contra el medio ambiente", afirmó Thomas Ungerbuehler, subdirector de Seguridad Medioambiental de Interpol. El funcionario destacó la necesidad de sostener la cooperación internacional para desarmar las redes que alimentan estos mercados ilegales y que amenazan la biodiversidad.

Una apuesta de largo plazo
Madre Tierra VIII forma parte de una serie de operaciones regionales que Interpol lleva adelante desde hace años contra el crimen ambiental en América Latina. Esta edición se financió a través de los proyectos GAIA y LEAP, con aportes del Ministerio de Ambiente de Alemania, mediante su Iniciativa Climática Internacional, y de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega.
Los resultados confirman que la región sigue siendo un punto clave para el tráfico de fauna, la tala ilegal y la minería de oro sin control. También muestran que esos delitos ya no responden a actores aislados, sino a redes con capacidad para operar en varios países y conectar los bosques y ríos de la región con compradores en otros continentes.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
País/Región: América Latina -l Caribe
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde, Diario Infobae (Argentina), Agencia Associated Press, Interpol

Autores vinculados a Aramco redactan capítulos clave del próximo informe del IPCC

Una investigación identificó al menos una docena de autores del grupo del IPCC que evalúa cómo reducir emisiones con vínculos con la petrolera saudí Aramco o con el gobierno saudí, y reabrió el debate sobre la transparencia de sus reglas de conflicto de interés.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es la principal referencia científica del mundo en materia climática. Sus informes son aprobados por 195 países, sustentan las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y orientan las políticas nacionales de reducción de emisiones. Por eso, la composición de sus equipos de autores no es un detalle administrativo. El 21 de septiembre de 2026, un diario británico publicó una investigación periodística que desde entonces retomaron medios de Europa y América Latina. Según ese trabajo, al menos una docena de los autores principales de uno de los capítulos más sensibles del próximo ciclo de evaluación tienen vínculos con la petrolera estatal Saudi Aramco o con instituciones del Estado saudí.

Qué evalúa el Grupo de Trabajo III
El IPCC organiza su trabajo en tres grupos. El primero analiza las bases físicas del cambio climático y el segundo, sus impactos y la adaptación. El tercero, que está en el centro de la controversia, evalúa las opciones de mitigación, es decir, las vías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este grupo se discute, entre otros temas, el ritmo de abandono de los combustibles fósiles. También se evalúa el papel de tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono, que retiene parte del dióxido de carbono emitido por industrias y centrales para inyectarlo bajo tierra.
Sus conclusiones forman parte del Séptimo Informe de Evaluación (AR7), cuyo calendario los gobiernos todavía discuten. Muchos países quieren que los informes estén listos a tiempo para el segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, que concluirá en 2028. Sin embargo, los gobiernos no logran acordar ese cronograma, un problema que también señaló el consorcio científico que elabora el informe anual 10 New Insights in Climate Science, y eso puso en duda que las evaluaciones lleguen a tiempo. En la sesión plenaria de Bangkok, Tailandia, entre el 24 y el 27 de marzo de 2026, las negociaciones sobre el calendario siguieron sin cerrarse. La siguiente sesión está prevista para octubre de 2026 en Adís Abeba, Etiopía.

Los vínculos identificados
Según la investigación, entre los 223 autores principales del Grupo de Trabajo III hay 20 casos que despiertan fuertes sospechas de conflicto de interés, y 11 de ellos están vinculados a instituciones saudíes. Otra cobertura europea elevó a 29 el número de autores de ese grupo con contactos en la industria del petróleo y el gas. Esa diferencia probablemente responde a criterios distintos para definir qué cuenta como un vínculo relevante.
El caso más visible es el de Mustafa Babiker, autor principal coordinador del AR7, que trabajó unos 20 años con Saudi Aramco. Según la nota base, Babiker declaró esa relación en el formulario de intereses que exige el IPCC. Otro caso señalado es el de Diego Armando Moya Pinta, especialista en energía y sostenibilidad empleado por Aramco desde 2022. Moya Pinta integra el equipo que evalúa las opciones de reducción de emisiones en el sector energético, pero en los registros del IPCC figura con otra afiliación: investigador sénior honorario del Imperial College de Londres.
La lista incluye a investigadores académicos que colaboran con la petrolera. El profesor Zain Yamani hizo investigación conjunta durante el último año con la División de Investigación de Nuevas Energías de Aramco. El profesor Hussein Hoteit trabajó en un proyecto concebido y financiado por la empresa, y Syed Masiur Rahman destacó públicamente a Aramco como fuente de oportunidades de colaboración. A ellos se suman cinco autores del Centro de Estudios e Investigación del Petróleo Rey Abdullah, un centro de análisis financiado por el gobierno saudí.
La investigación alcanza también a la conducción del grupo. Malak Al-Nory es una de las siete vicepresidentas del Grupo de Trabajo III y, a la vez, asesora principal del Ministerio de Energía de Arabia Saudita. Entre sus funciones dentro del IPCC están supervisar las evaluaciones y participar en el examen de las declaraciones de conflicto de interés.

Cómo funcionan las reglas del IPCC
Para dimensionar el caso hay que entender las reglas vigentes. El IPCC adoptó su política de conflictos de interés en 2011, en Kampala, Uganda, y la modificó por última vez en 2024, en Sofía, Bulgaria. El documento define el conflicto de interés como cualquier interés profesional, financiero o de otro tipo que pueda afectar de forma significativa la objetividad de una persona o darle una ventaja indebida a alguien.
La política distingue el conflicto de interés del sesgo. El sesgo es una posición firmemente sostenida, y se compensa armando equipos de autores equilibrados. El conflicto existe cuando alguien puede obtener un beneficio material directo de los resultados del IPCC. Trabajar para una empresa o un gobierno no excluye a nadie por sí solo: los intereses relevantes deben declararse y se evalúan caso por caso.
Esa evaluación está a cargo de un Comité de Conflictos de Interés. Lo integran miembros electos del Comité Ejecutivo y dos expertos jurídicos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Meteorológica Mundial. Las declaraciones son confidenciales y se conservan durante cinco años después de cada ciclo. Solo se hacen públicas en un caso excepcional: cuando un conflicto no puede resolverse, pero la experiencia única de la persona justifica que siga participando.
Ese diseño explica una de las críticas centrales. En marzo de 2026, el comité informó que no había encontrado ningún caso de conflicto de interés entre los autores seleccionados. Como las declaraciones no son públicas y los criterios de evaluación no se divulgan, es imposible verificar desde afuera cómo se llegó a esa conclusión.

La respuesta del organismo
El IPCC defendió su proceso. Un portavoz sostuvo que "ningún autor, institución, sector o país determina las conclusiones" de sus informes. Según explicó, esas conclusiones las elaboran de forma colectiva equipos amplios y diversos, que pasan por varias rondas de revisión. El organismo también señaló que tener una afiliación profesional no constituye por sí solo un conflicto de interés, y que no hay ningún proceso en marcha para cambiar su política en la materia.
Del lado saudí, un portavoz citado por la prensa especializada afirmó que el país, como los demás Estados miembros, participa de manera constructiva para que los productos del IPCC reflejen ciencia rigurosa. Hasta ahora no se conocen respuestas públicas de Aramco ni de los autores mencionados.

Las críticas y el trasfondo diplomático
Tzeporah Berman, fundadora y presidenta de la Iniciativa del Tratado sobre Combustibles Fósiles, advirtió que el IPCC debería proteger con firmeza su independencia. Según Berman, eso es especialmente importante en un momento en que intereses fósiles y algunos gobiernos buscan retrasar la transición energética.
Kari De Pryck, politóloga de la Universidad de Ginebra y especialista en la gobernanza del IPCC, ofreció una lectura más estructural. A su juicio, la presencia de autores saudíes refleja un cambio en la estrategia diplomática del reino. Ya no se concentra en cuestionar la ciencia climática, sino en defender tecnologías como la captura de carbono, que limitarían el impacto de la transición sobre una economía basada en el petróleo. La investigadora recordó que Arabia Saudita intentó en el pasado eliminar de informes del IPCC las referencias al cambio climático causado por el ser humano. También señaló un fenómeno más amplio: "Desde 2005 vemos una estrecha vinculación del IPCC con expertos del sector privado".
El debate técnico de fondo no es menor. Según la cobertura europea, los proyectos piloto de captura de carbono retienen entre el 30 % y el 60 % del CO₂, lejos de lo que suponían algunos escenarios iniciales. Detlef van Vuuren, de la Universidad de Utrecht, indicó que los escenarios actuales de protección climática recurren cada vez menos a esas tecnologías. Por eso, el peso que el próximo informe le dé a la captura de carbono frente a la reducción directa del uso de combustibles fósiles tendrá consecuencias concretas en la discusión internacional.
El caso no cuestiona la validez de la ciencia climática acumulada, que descansa en miles de estudios revisados por pares y en un proceso de revisión abierto a gobiernos y expertos. Lo que pone en discusión es la transparencia del mecanismo que debe garantizar que quienes sintetizan esa ciencia no tengan intereses en juego. Queda abierta una pregunta: si un sistema basado en declaraciones confidenciales alcanza para sostener la confianza pública en el organismo que fija la referencia científica de la acción climática global.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
País/Región: Internacional - Arabia Saudita 
Fuentes Consultadas: La Silla Vacía, ZDFheute, Domani, E&E News, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), United Nations Foundation, Future Earth / The Earth League / WCRP

Documentos y descargas oficiales:

Política de Conflictos de Interés del IPCC, versión de agosto de 2024 (IPCC), en inglés.

La IA empuja a los centros de datos a desconectarse de la red eléctrica y dejar de usar agua

En España, donde la red ya no da abasto para la demanda proyectada, una empresa con planes de expansión en América Latina apuesta por plantas de IA que generen su propia energía y se refrigeren sin agua, mientras el Gobierno prepara reglas más estrictas para el sector.

La expansión de la inteligencia artificial está cambiando la escala de los centros de datos. Las instalaciones tradicionales, pensadas para almacenar información, consumían potencias de entre 5 y 10 megavatios. Las que se proyectan ahora para entrenar y operar modelos de IA multiplican esas cifras y, con ellas, la demanda de electricidad y de agua, dos recursos finitos de los que dependen muchas otras actividades.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos se duplicará con creces hacia 2030 y alcanzará unos 945 teravatios hora, un volumen equivalente a todo lo que hoy consume Japón. La IA será el principal motor de ese crecimiento: la demanda de los centros optimizados para esa tecnología se multiplicaría por más de cuatro.

España, un destino codiciado
Con mercados como el del Reino Unido o el de Irlanda ya saturados, España se volvió uno de los destinos preferidos en Europa. Su posición geográfica, la conexión por cable submarino con América Latina y África, la disponibilidad de suelo barato y el amplio despliegue de energías solar y eólica la convirtieron en un imán para el sector.
Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. Desde 2021, el país otorgó más de 12 gigavatios de derechos de acceso y conexión a la red para centros de datos, frente a una necesidad estimada de entre 3,5 y 4 gigavatios en su Estrategia de Inteligencia Artificial. Según el mapa de solicitudes publicado por Red Eléctrica, estos centros concentran el mayor volumen de acceso asignado a la red de transporte, con 6.329 megavatios, el 34,2% del total. Sin embargo, todavía ninguno entró en servicio.
Para ordenar ese despliegue y evitar saturar una red ya sobrecargada, el Gobierno elaboró un proyecto de real decreto que exige a los centros de más de un megavatio cubrir al menos el 80% de su consumo, hora por hora, con energía renovable de nueva construcción. La norma también fija estándares europeos de eficiencia energética y de uso del agua. Esa condición no rige para los centros que funcionen en modo isla, es decir, que generen toda la energía que necesitan sin conectarse a la red.

La apuesta por desenchufarse
Ese resquicio es el que busca aprovechar Black AI, una plataforma de infraestructura digital con una cartera de proyectos de 5,5 gigavatios en España y Panamá. Solo en territorio español desarrolla ocho proyectos que suman 4,3 gigavatios, desde los 300 megavatios previstos en Mora, en Toledo, hasta los 1,2 gigavatios de Palma del Río, en Córdoba.
Para José Mora, presidente ejecutivo de la compañía, conectar instalaciones de ese tamaño a la red no es una opción. "Este tipo de infraestructuras no se pueden conectar a la red eléctrica", afirmó. Según explicó, la red de un país crece al ritmo de la industria, los hogares y los hospitales, y los centros para IA avanzan demasiado rápido para que ese redimensionamiento llegue a tiempo.
Mientras en Estados Unidos se evalúa abastecerlos con pequeños reactores nucleares modulares, la empresa apuesta en España por pilas de combustible alimentadas con gas natural, diseñadas por la estadounidense Bloom Energy. La compañía las presenta como certificadas con cero emisiones netas, aunque por ahora funcionarían con un combustible fósil. La idea es que en el futuro utilicen hidrógeno verde o biogás. Enagás, el gestor de la red gasista española, considera viable abastecer los emplazamientos elegidos.

Refrigerar sin agua
El otro eje del modelo es el agua. Los centros tradicionales la usaban para refrigerarse porque el consumo era bajo y barato, pero Mora sostiene que en un país con problemas hídricos como España esa opción no es viable a la escala de la IA. En su lugar, propone líquidos sintéticos que transportan el calor en circuito cerrado, una tecnología que ya se aplica en Estados Unidos.
Desde la asociación sectorial SpainDC matizan esa visión. A fines de 2025 había en el país un centenar de centros de datos con 439 megavatios de potencia, que podrían llegar a 2.537 megavatios en 2030, siempre que el marco regulatorio no se convierta, advierten, en una prohibición de hecho. Para la entidad, a corto y mediano plazo lo más realista siguen siendo centros conectados a la red, con suministro renovable. Sobre el agua, no aportó datos del consumo total del sector, aunque afirmó que los centros españoles usan en promedio 0,21 litros por kilovatio hora, frente a 0,31 en Europa.
Black AI planea llevar su modelo a Chile, Ecuador, Portugal y Marruecos, lo que anticipa que el debate sobre cuánta energía y cuánta agua consume la IA llegará también a América Latina.


Fecha de Publicación: 09/10/2026
País/Región: Internacional - España
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde, Agencia Internacional de la Energía

La pérdida de especies reduce más de lo previsto los servicios que brindan los ecosistemas

Un análisis global de más de 220.000 datos concluyó que los ecosistemas tienen mucha menos capacidad de lo que se creía para compensar la extinción de especies, con riesgos para la seguridad alimentaria y para la lucha contra el cambio climático.

Durante años, una idea tranquilizadora acompañó buena parte de los debates sobre conservación: si una especie desaparece, otra puede ocupar su lugar y el ecosistema sigue funcionando más o menos igual. Un nuevo estudio internacional pone en duda esa premisa. Según sus conclusiones, esa capacidad de compensación fue sobrestimada, y la pérdida de biodiversidad compromete tanto la seguridad alimentaria como la regulación del clima.
La investigación fue liderada por el King's College de Londres y el Imperial College de Londres, con la colaboración del Museo de Historia Natural y el Instituto Alan Turing. Se publicó en la revista Nature Ecology & Evolution.

La base de datos más grande
Para llegar a sus conclusiones, los autores reunieron información de 423 estudios ya publicados y de 222.829 puntos de datos tomados en ecosistemas terrestres, de agua dulce, marinos y estuarinos. El resultado es la mayor base de datos de su tipo, el doble de la más grande existente hasta ahora.
Con ese material analizaron 23 servicios ecosistémicos de los que dependen las personas, como la polinización, la purificación del agua, el almacenamiento de carbono o el control natural de plagas.
Los resultados contradicen el concepto de redundancia funcional, según el cual las especies pueden reemplazarse entre sí y su pérdida provoca poco daño. Emma Moffett, líder del estudio y profesora de Geografía en el King's College de Londres, cuestionó la suposición de que los ecosistemas cuentan con una especie de reserva que amortigua cada extinción. "Los servicios ecológicos aumentan a medida que se incrementa la diversidad", resumió la investigadora. La contracara es directa: cuando se pierden especies, esos beneficios caen. Además, la mayoría de los servicios siguió creciendo con cada especie adicional, sin estabilizarse ni siquiera en los niveles más altos de diversidad.

Los océanos, los más expuestos
El hallazgo que más sorprendió a los investigadores provino del mar. Entre todos los servicios analizados, la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono en las aguas y los sedimentos marinos fue el que mostró la relación más fuerte con la biodiversidad.
Eso significa que los sumideros de carbono azul, como los arrecifes de coral, las marismas y los manglares, dependen de comunidades marinas diversas, desde el fitoplancton hasta las redes microbianas que bombean carbono hacia las aguas profundas. Los autores aclaran que ese resultado surge de pocos conjuntos de datos y lo señalan como una brecha urgente de conocimiento. Si el mundo confía en el carbono azul para enfrentar el cambio climático, advirtió Moffett, "la vida marina no puede ser un pensamiento secundario".
En el extremo opuesto, la protección frente a inundaciones costeras y la erosión resultó relativamente poco sensible a la biodiversidad general. Esos servicios suelen depender de una o dos especies fundacionales, como los arbustos que estabilizan las dunas. Por eso, los autores sostienen que la conservación debe equilibrar dos objetivos: mantener la diversidad en su conjunto y proteger a esas especies clave que resultan insustituibles.

Un contexto de pérdida acelerada
Las conclusiones llegan en un escenario de deterioro documentado. La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advirtió en su evaluación mundial de 2019 que alrededor de un millón de especies están en riesgo de extinción. El mismo informe señaló que el 75% de la superficie terrestre fue alterada de manera significativa y que el 66% de los océanos sufre efectos acumulados de la actividad humana.

Datos abiertos para planificar
Para Will Pearse, profesor asociado de Ecología Evolutiva en el Imperial College, el aporte central del trabajo es haber convertido un conocimiento general en una herramienta concreta. El modelo permite estimar los beneficios que la biodiversidad brinda en cualquier lugar del planeta, lo que facilita reconocerlos y aprovecharlos.
Los investigadores también cruzaron su base de datos con proyecciones de biodiversidad basadas en los escenarios socioeconómicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los resultados indican que el control natural de plagas en tierras agrícolas caería más en un futuro de desarrollo impulsado por combustibles fósiles que en uno menos dependiente de ellos. Las mayores pérdidas se concentrarían en países con crecimiento demográfico rápido y menor nivel de desarrollo.
Para respaldar políticas públicas y procesos de planificación, el equipo puso a disposición del público tanto la base de datos como las proyecciones del modelo para las 23 categorías de servicios analizadas.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde, IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas), King's College London

Perú: Crimen Organizado investiga a la exportadora de 41 toneladas de aletas de tiburón

El hallazgo de un cargamento valuado en más de 20 millones de dólares, que habría requerido la muerte de unos 41.000 tiburones, derivó en una investigación por tráfico de especies contra una empresa con un largo historial de sanciones.

Cuarenta y una toneladas de aletas secas de tiburón, apiladas en dos almacenes de las afueras de Lima, se convirtieron en el centro de una investigación por crimen organizado en Perú. La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación preliminar contra la empresa Lamarqocha Inversiones S.A.C. y su gerente general, Xiaoou Zheng. Los presuntos delitos son tráfico ilegal de especies silvestres y criminalidad organizada.
El cargamento fue hallado durante un allanamiento que comenzó el 4 de febrero y se extendió por tres días, con la participación de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Producción (Produce). En un depósito del distrito limeño de Chorrillos se encontraron 26,1 toneladas de aletas y 42 kilos de pepino de mar. En otro, ubicado en Chilca, unos 60 kilómetros al sur de la capital, había 14,9 toneladas más.
Según las estimaciones, el valor del material supera los 20 millones de dólares. Para reunir semejante volumen habría sido necesario matar a unos 41.000 tiburones, aproximadamente uno por cada kilo de aleta seca.

Especies protegidas
Entre las aletas se identificaron ejemplares de tiburón martillo, tiburón zorro pelágico y tiburón azul. Las tres son especies cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El zorro pelágico figura como En Peligro y el tiburón azul, como Casi Amenazado. En el caso del martillo común, la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) lo cataloga como Vulnerable y lo incluye en su Apéndice II desde 2020. Además, advierte que su población mundial podría caer drásticamente si no se toman medidas para protegerlo.

Una exportadora con antecedentes
Lamarqocha no es una empresa menor en el negocio. Fue la tercera exportadora de aletas del país en 2024 y 2025, con envíos destinados a Hong Kong por 1,8 millones de dólares en el primero de esos años y 2 millones en el segundo. También acumula un historial de irregularidades: entre 2017 y 2021 exportó más de 153 toneladas de aletas con permisos irregulares, y en ese período se detectaron 35 autorizaciones con fallas otorgadas por funcionarios de Produce. Entre 2019 y este año recibió cinco sanciones administrativas, con multas de apenas 100 dólares y, en algunos casos, de monto indeterminable.
Uno de los indicios que encendió las alertas llegó desde la Dirección Regional de la Producción de Áncash. Ese organismo se negó a validar un Certificado de Desembarque de Tiburón presentado por la empresa porque tenía borrones y alteraciones intencionales en el peso declarado, que había pasado de 54 a 104 kilos.
"Las sanciones de 100 dólares son montos insignificantes", señaló el fiscal provincial Álvaro Rodas, quien remarcó que se trata de cifras irrisorias para compañías que mueven millones. El fiscal también cuestionó que el organismo administrativo, pese a tener la facultad de dar intervención al Ministerio Público, no lo haya hecho. En la misma línea, el abogado ambientalista César Ipenza objetó que Produce haya aprobado permisos parciales aun después de detectar irregularidades.

Controles bajo la lupa
El caso se suma a otras alertas sobre el sistema de control peruano. Un informe de la Contraloría General de la República documentó fallas en la fiscalización de las exportaciones de aletas. A partir de ese informe se abrió una investigación fiscal contra siete funcionarios y exfuncionarios de Produce por presunta negociación incompatible. Esa pesquisa alcanza a las principales exportadoras del rubro, entre ellas Lamarqocha.
El problema también es seguido de cerca a nivel internacional. La Secretaría de la CITES debía informar a su Comité Permanente, a fines de 2025, si Perú había implementado las medidas recomendadas para corregir las deficiencias en el control de sus exportaciones de aletas.
Grandes volúmenes, documentación adulterada y multas mínimas forman el cuadro que describen el fiscal y los especialistas consultados. Sobre esa base, la fiscalía especializada en crimen organizado buscará determinar si detrás de las 41 toneladas incautadas operaba una organización dedicada al tráfico de especies protegidas.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
País/Región: Perú
Fuentes Consultadas: Portal Mongabay, Portal EcoNews

La Corte Suprema de EE.UU. evalúa si frenar las demandas climáticas contra las petroleras

El máximo tribunal estadounidense escuchó los argumentos del caso que enfrenta a Boulder, Colorado, con ExxonMobil y Suncor, cuya resolución podría habilitar o bloquear casi 40 reclamos similares en todo el país.

La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a definir el destino de una de las ofensivas judiciales más ambiciosas contra la industria petrolera. El lunes, los jueces escucharon a las partes en el caso conocido como Suncor contra Boulder. La causa podría determinar si las ciudades y los estados pueden reclamar a las grandes compañías por los daños del cambio climático y por haber ocultado los riesgos de los combustibles fósiles.
El conflicto comenzó en 2018, cuando la ciudad y el condado de Boulder, en Colorado, demandaron en la Justicia estatal a ExxonMobil y a Suncor Energy, que opera una refinería en ese estado. Los demandantes sostienen que las empresas contribuyeron conscientemente al calentamiento global mientras ocultaban o tergiversaban los peligros de sus productos. Afirman haber sufrido pérdidas por cientos de millones de dólares a causa de incendios forestales, inundaciones, sequías y calor extremo. En 2021, el incendio Marshall destruyó cerca de 1.100 viviendas en la zona y provocó daños por unos 2.000 millones de dólares.

Qué está en juego
El caso es uno de casi 40 juicios similares impulsados por ciudades, estados, pueblos indígenas y otras jurisdicciones locales, inspirados en litigios exitosos contra grandes industrias. La Corte analiza tres cuestiones: si la Ley de Aire Limpio, de alcance federal, prevalece sobre los reclamos basados en leyes estatales; si la Constitución impide este tipo de demandas, y si el tribunal puede revisar el expediente antes de que se celebre el juicio.
En mayo de 2025, la Corte Suprema de Colorado había resuelto que la legislación federal no desplazaba los reclamos de Boulder, lo que habilitaba que avanzaran. Las petroleras apelaron y el gobierno de Donald Trump presentó un escrito para pedir al máximo tribunal que tomara el caso. Los jueces aceptaron en febrero, aunque solicitaron a las partes que argumentaran también sobre las cuestiones de jurisdicción.

Dos visiones enfrentadas
Kannon Shanmugam, abogado de las compañías, sostuvo que Boulder intenta usar el derecho estatal para regular una conducta de alcance global. Según su planteo, bajo esa lógica cualquier persona podría ser demandada por cargar combustible en su auto, y miles de municipios podrían terminar dictando la política energética del país.
Kevin Russell, representante de Boulder, rechazó esa lectura. "Este caso no es sobre emisiones. Es sobre engaño", afirmó ante el tribunal. También aclaró que la demanda busca una compensación económica por daños y no una orden que limite las operaciones de las empresas.
Las preguntas de los jueces dejaron ver un tribunal dividido. El presidente de la Corte, John Roberts, se preguntó cómo funcionaría en la práctica una avalancha de demandas similares, y Brett Kavanaugh advirtió que, con ese criterio, "cualquiera es un potencial demandado". En la vereda opuesta, Elena Kagan describió el caso como el tercer capítulo de una historia de litigios por responsabilidad corporativa que antes alcanzó a las tabacaleras y a las farmacéuticas que promovieron los opioides. Ketanji Brown Jackson consideró prematura la intervención de la Corte y planteó que todavía "no sabemos lo suficiente".

Un empate posible
El juez Samuel Alito se apartó del caso la semana pasada, sin dar explicaciones, tras haber recibido cuestionamientos por tener acciones en compañías petroleras. Su ausencia abre la puerta a un empate cuatro a cuatro, que dejaría firme el fallo de la Justicia de Colorado y permitiría que la demanda siga su curso. La decisión se espera antes de mediados de 2027.
Michael Gerrard, director académico del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, estimó que la mejor carta de Boulder es justamente la cuestión jurisdiccional: convencer a la Corte de que es demasiado pronto para intervenir.
Katrina Kuh, profesora de Derecho Ambiental en la Universidad Pace, explicó que, si los jueces se limitan a ese punto, el problema solo se posterga. En cambio, una definición sobre la ley federal tendría un impacto directo en los juicios pendientes. "Podría extinguirlas por completo", advirtió. Aun así, también contempló un escenario intermedio en el que Colorado solo pueda aplicar su legislación a las emisiones generadas dentro del estado.
Mientras tanto, la presión para bloquear estos procesos crece. Algunos estados ya sancionaron leyes que los prohíben y legisladores republicanos impulsan normas federales para proteger a las empresas. Afuera del tribunal, activistas con pancartas reclamaban que las petroleras rindan cuentas por los costos crecientes de las catástrofes climáticas.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
País/Región: Estados Unidos
Fuentes Consultadas: Agencia France 24, Portal Econews, Agemcoa Associated Press

El daño climático ya está asegurado, pero su magnitud aún depende de lo que se haga en esta década

Más de 70 científicos de casi 30 países concluyen que las emisiones pasadas ya fijaron más calentamiento oceánico, subida del mar y pérdida de agua dulce, aunque recortes rápidos todavía pueden limitar la escala del daño.

Las emisiones acumuladas hasta hoy ya comprometieron al planeta con más calor, más aumento del nivel del mar y otros impactos que se prolongarán durante siglos. Sin embargo, la magnitud final de ese daño todavía depende de las decisiones de esta década. Esa es la conclusión central de la edición 2026/2027 de 10 New Insights in Climate Science (10 nuevas claves de la ciencia del clima). El informe fue presentado el 6 de octubre de 2026 en Estocolmo por Future Earth, The Earth League y el Programa Mundial de Investigación Climática (WCRP), copatrocinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento fue elaborado por más de 70 investigadores de casi 30 países y sintetiza literatura científica revisada por pares publicada entre enero de 2025 y junio de 2026. No es un estudio con datos propios, sino una síntesis orientada a la toma de decisiones. Lo acompaña un artículo académico que, al momento del lanzamiento, estaba en revisión en la revista Global Sustainability. Su destinatario inmediato son las delegaciones que negociarán en la COP31, en Antalya, Turquía.
Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y miembro del consejo editorial, fijó el tono: "1,5 °C es un límite que cruzamos bajo nuestra propia responsabilidad". Según el científico, más allá de ese umbral cada décima adicional de grado agrava el riesgo de efectos en cascada y potencialmente irreversibles.

Un planeta que acumula energía
Con datos de la OMM, el informe recuerda que la temperatura media cerca de la superficie fue en 2025 de unos 1,43 °C (± 0,13 °C) por encima de los niveles preindustriales. El período 2015-2025 reúne los once años más cálidos registrados. Las emisiones fósiles de dióxido de carbono alcanzaron un récord de 38,1 gigatoneladas, y la concentración de CO₂ llegó a unas 425,6 partes por millón, un 53 % por encima del nivel preindustrial.
La primera clave se centra en el desequilibrio energético de la Tierra, que es la diferencia entre la radiación que llega del Sol y la energía que el planeta devuelve al espacio. Más del 90 % de ese exceso termina en el océano, cuyo contenido de calor batió en 2025 su récord por noveno año consecutivo. Entre 2005 y 2025, la tasa de calentamiento oceánico alcanzó 0,32 ± 0,12 vatios por metro cuadrado por década, un valor coherente con lo medido por los instrumentos satelitales CERES de la NASA.
El calor tarda unos 25 años en llegar desde la superficie hasta los 2.000 metros de profundidad, de modo que parte del calentamiento ya está asegurado. Wendy Broadgate, directora del centro global de Future Earth, lo resumió así: "El océano ha sido el amortiguador de nuestro planeta". Por esa inercia, explicó, las emisiones de hoy fijan más calentamiento y más subida del mar. Los autores agregan que algunos modelos de baja sensibilidad climática no reproducen el desequilibrio observado, lo que sugiere que el calentamiento real podría superar lo proyectado.

Un mar que sube cada vez más rápido
La tasa de aumento del nivel medio del mar se duplicó en los últimos treinta años, impulsada por la expansión térmica del agua y el deshielo. Unos mil millones de personas viven en zonas costeras a menos de 10 metros sobre el nivel del mar, y su exposición habría sido subestimada de forma sistemática.
Aun sin calentamiento adicional, los glaciares podrían perder hasta el 39 % de su masa y sumar unos 113 milímetros al nivel del mar a largo plazo. Con las políticas actuales (escenario SSP2-4.5), las emisiones hasta 2050 dejarían comprometidos 300 milímetros adicionales hacia 2300. Si esa trayectoria se extiende hasta 2090, el compromiso asciende a 800 milímetros. Un recorte compatible con el Acuerdo de París (escenario SSP1-1.9) evitaría unos 600 de esos 800 milímetros. La evidencia paleoclimática sugiere, además, que algunos sectores marinos de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida podrían haber cruzado ya umbrales irreversibles.

Continentes que se secan
La tercera clave describe el secado continental. Cerca de tres cuartas partes de la población mundial vive en los 101 países que pierden agua dulce desde 2002. El dato surge de las misiones satelitales GRACE y GRACE-FO de la NASA, que detectan cambios mínimos en la gravedad terrestre provocados por el desplazamiento de masas de agua. La pérdida de agua subterránea explica el 68 % de la disminución del agua almacenada en los continentes, excluidos los glaciares. Desde 2012, esas pérdidas aportaron al aumento del nivel del mar más agua que la Antártida.
El informe propone medir la brecha hídrica, que es la diferencia entre el agua consumida y la disponible de forma renovable y sostenible. Esa brecha ya alcanza 458 kilómetros cúbicos anuales, un volumen similar a las extracciones totales de Estados Unidos o de la India. Crecería alrededor de un 6 % con 1,5 °C de calentamiento y un 15 % con 3 °C. Entre las respuestas posibles, la recarga gestionada de acuíferos podría compensar entre el 4 % y el 6 % del riego insostenible a escala global.

Sobrepasar 1,5 °C: un daño que no se revierte al enfriar
El calentamiento atribuible a la actividad humana llegó a 1,37 °C en 2025 y, al ritmo actual, superará 1,5 °C alrededor de 2030. Los autores lo comparan con un golpe de calor: cruzado cierto umbral, los daños no se deshacen al bajar la temperatura. Océanos, glaciares, permafrost (suelo permanentemente congelado) y capas de hielo conservan durante siglos las huellas del sobrepaso.
Si el pico de calentamiento supera 1,8 °C, volver a 1,5 °C antes de 2100 podría dejar de ser alcanzable. La cifra coincide con el informe Limiting Overshoot, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el 2 de septiembre de 2026, que ubica en 1,8 °C el pico del escenario más optimista. Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, fue tajante: "No hay buenos resultados si permanecemos por encima de 1,5 °C". Ambos documentos coinciden en que la remoción de dióxido de carbono de la atmósfera será necesaria. También coinciden en que no puede reemplazar los recortes profundos de emisiones, por sus costos sobre el agua, los alimentos y la biodiversidad.

Alimentación, economía y responsabilidades
Los sistemas alimentarios generan cerca del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. El informe señala el cambio hacia dietas con más alimentos de origen vegetal como la palanca más decisiva del lado de la demanda. Un paquete de 23 medidas combinadas podría evitar unos 182 millones de años de vida perdidos por año hacia 2050 y generar un beneficio social neto equivalente al 7 % del producto bruto mundial. A la vez, acelerará la caída del empleo rural y requerirá políticas de transición justa.
El costo social del carbono estima el daño económico de cada tonelada adicional de CO₂, y según el informe habría sido severamente subestimado: con modelos climáticos actualizados puede multiplicarse hasta por cuatro. Al incorporar el efecto de isla de calor urbana, el daño estimado sube de 187 a 490 dólares por tonelada. Eso equivale a pasar de 0,44 a 1,14 dólares por cada litro de nafta quemado.
La ciencia de atribución, por su parte, ya rastrea la cadena causal completa entre emisiones e impactos. Las emisiones de los grandes productores de combustibles fósiles y cemento pueden vincularse a cerca del 50 % del aumento de la intensidad de las olas de calor desde la era preindustrial. El 10 % más rico de la población multiplicó por siete la probabilidad de calor extremo respecto de una persona promedio. Timothy Naish, presidente del WCRP, sostuvo que este avance cambia la discusión sobre quién debe pagar por los daños.

Comercio, obstrucción y geopolítica
Las últimas claves abordan las barreras políticas. Los clubes climáticos y los mecanismos de ajuste en frontera por carbono pueden limitar la fuga de emisiones hacia países con normas laxas. Un ejemplo es el de la Unión Europea, plenamente operativo desde enero de 2026. Sin embargo, estos mecanismos también pueden imponer costos desproporcionados a las economías en desarrollo.
La obstrucción climática evolucionó desde la negación de la ciencia hacia tácticas de demora y distracción, como el lavado de imagen verde y la desinformación digital. El informe menciona a la Argentina como un caso en el que esa obstrucción excede a los combustibles fósiles y alcanza al agronegocio y al sector energético. Allí, según los autores, las promesas desarrollistas se contraponen a las preocupaciones ambientales.
Por último, las guerras en Ucrania e Irán aceleran la transición en algunos países ricos que apuestan por las renovables, mientras profundizan la dependencia fósil en otros. Peter Schlosser, copresidente de The Earth League, subrayó que el cambio climático dejó de ser un concepto abstracto. La ventana para actuar se estrecha, concluyen los autores, pero sigue abierta.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia EuroNews, Future Earth, The Earth League, Programa Mundial de Investigación Climática (WCRP), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Documentos y descargas oficiales:

• 10 New Insights in Climate Science 2026/2027, informe completo en inglés (Future Earth, The Earth League, WCRP): 
• Comunicado de prensa oficial del informe, en inglés (Future Earth, The Earth League, WCRP)
• Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C and pathways towards return (PNUMA), página oficial con el informe completo y los mensajes clave en español 

El calor extremo amenaza la seguridad del embarazo y el parto, advierte la ONU

El jefe de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, calificó al embarazo y al parto como una nueva "línea de fractura" de la crisis climática. Se apoyó en una encuesta de Wellcome según la cual casi tres de cada cuatro profesionales de salud materna ven más casos relacionados con el calor que hace cinco años. Pidió incluir la salud materna y neonatal en los planes de adaptación.

El embarazo y el parto se han convertido en una nueva y potencialmente mortal "línea de fractura" de la crisis climática, advirtió el lunes 5 de octubre Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático. Lo dijo en la primera jornada de la Pre-COP31, que se celebra del 5 al 8 de octubre en Fiyi, Tuvalu y Australia y es la antesala de la COP31, prevista en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre. Stiell habló en un acto de Wellcome, fundación que financia investigación y programas de salud. Señaló que el calor extremo se vincula cada vez más con partos prematuros, mortinatos, bajo peso al nacer y complicaciones maternas.

Lo que ven los profesionales de la salud
Stiell presentó una encuesta encargada por Wellcome a 1.000 profesionales de salud materna de Australia, Brasil, India, Reino Unido y Zimbabue. Según los resultados, el 73% dijo que los casos o complicaciones relacionados con el calor en embarazadas aumentaron en los últimos cinco años, y el 76% observó un aumento en la salud fetal o de recién nacidos. El 81% está preocupado o muy preocupado por el riesgo creciente, el 98% atendió a una embarazada cuya salud creía afectada por el calor y el 99% a un bebé en esa situación. El 92% pidió más formación, orientación y recursos. Según los datos presentados, cada grado centígrado de aumento de temperatura se correlaciona con un 5% más de partos prematuros y un 7% más de diabetes gestacional.

Quiénes se protegen menos
Stiell subrayó que los riesgos no se reparten por igual. Tienen menos posibilidades de protegerse quienes viven en viviendas precarias, trabajan al aire libre, recorren largas distancias hasta una clínica o dependen de centros de salud sin agua, electricidad o refrigeración. Advirtió que, sin medidas adicionales, las temperaturas más altas ampliarán las desigualdades en la seguridad del parto. Y que nunca debe aceptarse que el cambio climático haga el embarazo y el nacimiento menos seguros.

Tres prioridades
El funcionario planteó tres prioridades. Primero, incluir de forma explícita el embarazo y la atención neonatal en los planes de adaptación y en las estrategias de calor y salud, con recursos concretos: centros resilientes, agua y electricidad confiables y personal capacitado. Segundo, convertir la evidencia en protección con guías más claras, formación, alertas por calor, instalaciones más seguras y sistemas listos antes de la crisis. Tercero, mejorar los datos para saber dónde crecen los riesgos, qué medidas funcionan y qué comunidades están más expuestas. Mencionó también el Plan de Acción de Género de Belém, acordado en la COP30. Pidió cumplir el compromiso de triplicar la financiación para adaptación y avanzar hacia 1,3 billones de dólares anuales para los países en desarrollo.

Soluciones que ya se prueban
Euronews recoge algunas medidas en marcha. En Zimbabue y Sudáfrica, un proyecto financiado por Wellcome con 1.600 mujeres prueba protecciones de bajo costo: sombreros, botellas de agua, paraguas y ventiladores. Algunas comunidades pintan de blanco los techos, difunden consejos por radio y capacitan a trabajadores de salud para emitir avisos diarios por una aplicación. En España, cientos de edificios públicos funcionan como refugios climáticos, unos 400 solo en Barcelona. Antalya, ciudad anfitriona de la COP31, mapeó los barrios donde coinciden calor alto y población vulnerable para dirigir sombra, espacios verdes, alertas y apoyo sanitario.

El contexto de la Pre-COP
Fiyi busca reunir unos 500 millones de dólares para reforzar la resiliencia del Pacífico, y su primer ministro, Sitiveni Rabuka, pidió que la financiación climática llegue "ahora" como acto de justicia y no de caridad. La región reclama mantener el objetivo de 1,5 grados, más financiación para adaptación y pérdidas y daños, y poner los océanos en el centro de las negociaciones.


Fecha de Publicación: 07/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: ONU, Agencia EFE Verde, Agencia EuroNews