La deforestación en la Amazonía brasileña cae a su menor nivel desde que hay mediciones satelitales

Con 3.335 kilómetros cuadrados perdidos entre agosto de 2025 y julio de 2026, Brasil encadena cinco años de caída y bate su mínimo histórico, a nueve días de un balotaje que los ambientalistas consideran decisivo.

La Amazonía brasileña registró su menor nivel de deforestación desde que comenzaron las mediciones satelitales, en 1988. Entre agosto de 2025 y julio de 2026 se destruyeron 3.335 kilómetros cuadrados de selva, un 41,8% menos que en el período anterior, según los datos del sistema Prodes difundidos por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) y el gobierno de Brasil.
Se trata del quinto año consecutivo de caída en la mayor selva tropical del planeta. La serie muestra el cambio de tendencia: en 2021, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se destruyeron 13.038 kilómetros cuadrados; en 2022 la cifra bajó a 11.594; en 2023, a 9.064; en 2024, a 6.518, y en 2025, a 5.731. El dato actual contrasta con el récord de 1995, cuando se perdieron 29.050 kilómetros cuadrados, y mejora con holgura el anterior mínimo histórico, de 4.571 kilómetros cuadrados, alcanzado en 2012.
El Prodes es el sistema de referencia para medir la tasa anual de deforestación, más preciso y detallado que las alertas mensuales. Esas alertas, del sistema Deter, ya habían anticipado la tendencia en agosto, cuando el INPE informó 2.874 kilómetros cuadrados bajo alerta para el mismo período, el menor valor desde el inicio de esa serie, en 2016.

También baja en el Cerrado
La deforestación también cayó en el Cerrado, la sabana tropical brasileña y una de las principales regiones agrícolas del país. Allí la pérdida se redujo un 23,8% interanual, hasta 5.517 kilómetros cuadrados, el nivel más bajo desde que comenzó el seguimiento, en 2001. El pico de destrucción en esa región se registró en 2003 y 2004, con 28.767 kilómetros cuadrados afectados.

Por qué cae la deforestación
El gobierno atribuyó la reducción a sus políticas de prevención y control, que combinan vigilancia satelital, inspecciones ambientales, protección territorial e incentivos a actividades productivas sostenibles. Desde 2023, las autoridades realizaron 76.095 operativos de fiscalización en todo el país e impusieron 25.101 multas por infracciones vinculadas a la deforestación, por un total de 11.800 millones de reales, unos 2.322 millones de dólares.
“La reducción de la deforestación no es un hecho aislado, ni fruto de la suerte”, afirmó el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, quien habló de un proceso continuo de reducción año tras año. El funcionario atribuyó los resultados a políticas públicas apoyadas en la ciencia, la información y la participación social, y a la colaboración con las autoridades locales y regionales.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fijó como meta alcanzar la deforestación cero en la Amazonía en 2030. Las cifras se conocieron a nueve días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Un logro que depende de la política
Para Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, los números representan un logro histórico que posiciona a Brasil como líder mundial en la protección de los bosques y demuestra que, con voluntad política, es posible frenar la deforestación y las emisiones.
Cristiane Mazzetti, coordinadora de la campaña Deforestación Cero de Greenpeace Brasil, coincidió en que el hito es resultado de decisiones políticas, como la inversión en control ambiental, la continuidad de las políticas públicas y el fortalecimiento de organismos como el Ibama y el ICMBio. Pero advirtió que mantener la tendencia dependerá del próximo gobierno federal y que todos los avances estarían en riesgo si volviera al poder un gobierno contrario a la protección ambiental.
La advertencia coincide con la de un informe internacional sobre bosques difundido esta semana, que señaló que buena parte de los avances de América Latina contra la deforestación dependen de la voluntad política y pueden revertirse con los cambios de gobierno, y que mencionó expresamente el balotaje brasileño del 25 de octubre entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Los desafíos pendientes
Los ambientalistas destacaron que evitar la pérdida de bosques reduce las emisiones y preserva el papel de la Amazonía como uno de los mayores depósitos de carbono del mundo. Sin embargo, advirtieron que persisten desafíos. En el Cerrado, gran parte de la tala ocurre en propiedades privadas mediante cambios de uso del suelo autorizados legalmente, lo que limita la eficacia de los controles centrados en la deforestación ilegal.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
País/Región: Brasil
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), Agência Brasil

El cambio climático pone en riesgo de extinción al 44% de los corales que forman arrecifes

Una reevaluación global de la Lista Roja de la UICN, publicada en Nature, confirma que 340 especies de corales formadores de arrecifes están amenazadas y advierte que la cifra real sería todavía mayor tras el último blanqueamiento masivo.

Casi la mitad de las especies de corales que construyen los arrecifes del planeta está en riesgo de extinción, y el cambio climático es el principal responsable. Así lo confirma una reevaluación global de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), publicada en la revista Nature, que muestra un deterioro sostenido de estos ecosistemas en las últimas décadas.
El estudio, realizado por el Grupo de Especialistas en Corales de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN con el aporte de más de 60 especialistas, analizó 892 especies de corales formadores de arrecifes. De las 774 que cuentan con datos suficientes, 340, el 44%, están amenazadas: 33 se encuentran en peligro crítico, 251 en peligro y 56 en situación vulnerable. La evaluación anterior había analizado 845 especies, y las que carecían de datos suficientes bajaron de 141 a 118.
El dato del 44% se había adelantado en noviembre de 2024, durante la cumbre climática COP29, y ahora quedó respaldado por la publicación científica revisada por pares.

Un deterioro de décadas
La comparación con evaluaciones anteriores muestra la magnitud del cambio. En 2008, cuando se realizó la primera evaluación global, alrededor de un tercio de las especies estaba amenazado. El índice de la Lista Roja para los corales, que vale 1 cuando ninguna especie está en alto riesgo, pasó de 0,96 antes de 1998 a 0,89 en 2008 y a 0,74 en 2024.
El cambio climático es la amenaza dominante: determina la situación de más del 90% de las especies en mayor riesgo. El aumento de la temperatura del mar provoca el blanqueamiento de los corales, que pierden las algas con las que viven en simbiosis y, si el estrés se prolonga, mueren.
La situación es grave en todas las regiones. En el Indo-Pacífico, el 43% de las especies evaluadas está amenazado, y en el Atlántico la proporción llega al 50%. Entre las más afectadas figura la familia Acroporidae del Indo-Pacífico, con 191 de sus 279 especies en peligro. En el Caribe, los corales cuerno de ciervo y cuerno de alce, dos de las especies emblemáticas de los arrecifes de la región, figuran en peligro crítico.

La cifra real sería peor
Los autores advierten que el panorama actual probablemente sea todavía más grave. Los datos utilizados llegan hasta 2020, por lo que la evaluación no incluye el cuarto evento global de blanqueamiento, ocurrido entre 2023 y 2025. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, en abril de 2025 el estrés térmico capaz de causar blanqueamiento afectaba a cerca del 84% de la superficie de arrecifes del mundo. Por eso, la proporción de especies en riesgo seguramente supera hoy el 44%.
A eso se suma el fenómeno de El Niño que se desarrolla en el Pacífico. David Obura, copresidente del Grupo de Especialistas en Corales de la UICN, director de CORDIO East Africa y presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), advirtió que ese fenómeno añade “un nivel aterrador de riesgo adicional” y estimó, como opinión experta, que más de la mitad de las especies podría quedar en riesgo tras este episodio.
La investigadora Francoise Cabada-Blanco, copresidenta del grupo y profesora de la Universidad de Portsmouth, señaló que “los arrecifes de coral experimentan un cambio ambiental rápido”, aunque las respuestas varían mucho entre especies y regiones, lo que exige mejores datos locales para proteger y restaurar los arrecifes.

Qué proponen los científicos
La UICN aclara que la Lista Roja mide el riesgo relativo de extinción y no predice si una especie desaparecerá ni cuándo. Beth Polidoro, de la Universidad Estatal de Arizona y coordinadora de la autoridad de la Lista Roja de corales, ya había reclamado en 2024 reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero junto con acciones contra las amenazas locales. Las recomendaciones actuales van en la misma línea: reducir las causas del cambio climático, ya que cada décima de grado de calentamiento evitada ayuda a conservar la biodiversidad de los corales; reforzar la conservación y la gestión de los arrecifes más resilientes, y mejorar los datos sobre cómo responde cada especie en cada región.
El nuevo diagnóstico de la UICN llega en la antesala de la COP17 de biodiversidad, que comienza el 19 de octubre en Armenia, y de la COP31 sobre cambio climático, prevista en noviembre en Turquía.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Nature World News, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), revista Nature, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA).

Trump deja sin efecto el principal programa de ayuda solar para los agricultores de Estados Unidos

Las nuevas reglas del Departamento de Agricultura, vigentes desde el 16 de octubre, vuelven inelegibles a casi todos los proyectos solares del programa REAP, mientras productores y organizaciones rurales ya llevaron el caso a la Justicia.

El gobierno de Donald Trump dejó prácticamente sin efecto el principal programa federal que ayudaba a los agricultores y pequeños negocios rurales de Estados Unidos a instalar paneles solares. Desde el 16 de octubre rigen las nuevas reglas del Programa de Energía Rural para América (REAP, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Agricultura (USDA), que vuelven inelegibles a la gran mayoría de los proyectos solares.
El REAP adoptó su forma actual en 2008, cuando el Congreso unificó dos programas previos en la ley agrícola. Otorga subsidios y garantías de préstamos para proyectos de energía renovable y eficiencia energética en zonas rurales. Para muchos productores, esa ayuda es clave, porque un sistema solar puede costar decenas de miles de dólares por adelantado. La Ley de Reducción de la Inflación, de 2022, le asignó 820,3 millones de dólares para ese año fiscal y 180,3 millones anuales hasta 2027.
Los paneles solares fueron, por lejos, el uso más frecuente del programa. Según el Centro de Derecho y Políticas Ambientales (ELPC), el 68% de las adjudicaciones entre 2011 y el primer trimestre de 2025 se destinó a proyectos solares.

Qué cambian las nuevas reglas
La norma definitiva, publicada el 1 de octubre en el Registro Federal, declara inelegibles los sistemas solares y eólicos instalados sobre tierras de cultivo certificadas. También excluye a los equipos solares y eólicos, ya sea sobre el suelo o en techos, que tengan cualquier componente fabricado en un país considerado adversario extranjero por el gobierno estadounidense. Como buena parte de los componentes solares del mundo se fabrica en China, esa sola condición deja afuera a casi todos los proyectos nuevos.
Además, el programa pasa a funcionar como un reembolso posterior: los proyectos deben estar terminados y en funcionamiento antes de solicitar la ayuda, y los solicitantes tienen que presentar doce meses de datos reales de producción o ahorro de energía. Las competencias estatales se reemplazan por un proceso nacional, y los sistemas solares y eólicos deben justificar un consumo histórico de energía acorde a su tamaño.
El USDA argumentó que busca reducir la dependencia de gestores de subsidios, evitar proyectos sobredimensionados o inconclusos y responder a preocupaciones por el uso de tierras de cultivo y por los componentes de origen extranjero.

Un desmantelamiento gradual
El cambio no fue repentino. En julio de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a los subsidios a la energía eólica y solar, aunque no daba instrucciones específicas sobre este programa. En agosto de ese año, el USDA endureció los criterios de elegibilidad, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, anunció que el dinero de los contribuyentes ya no financiaría proyectos solares “en tierras agrícolas privilegiadas de Estados Unidos”. En marzo de 2026, la agencia suspendió por completo el programa y frenó las solicitudes pendientes, incluso las que ya habían sido seleccionadas, hasta reescribir las reglas.
El argumento oficial choca con los datos del propio USDA. Un estudio de la agencia de 2024 determinó que las plantas solares y eólicas de gran escala ocupaban en 2020 unas 424.000 acres, menos del 0,05% de las tierras agrícolas del país. A eso se suma que muchos de los proyectos del REAP son instalaciones sobre techos de galpones y establecimientos rurales.

Productores en los tribunales
Agricultores, organizaciones y empresas del sector solar demandaron al USDA el 28 de septiembre ante un tribunal federal de Washington, con el patrocinio de Earthjustice y del ELPC. Entre los demandantes figura la Unión de Agricultores de Iowa. Sostienen que la agencia violó la ley que creó el REAP, que le ordena promover las energías renovables, y la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige que las decisiones estén debidamente fundamentadas. También cuestionan que las restricciones se aplicaran de forma retroactiva.
Michael Youhana, abogado de Earthjustice, afirmó que la agencia “decidió ignorar por completo lo que el Congreso le ordenó hacer”. Matt Russell, director ejecutivo de la Unión de Agricultores de Iowa, explicó que los proyectos renovables rurales permiten bajar las facturas, generar ingresos por la venta de electricidad y dinamizar las economías locales, y calificó el giro del gobierno como “muy decepcionante”. El USDA declinó opinar sobre el litigio en curso.
La medida se suma a otros retrocesos de la política climática estadounidense y deja a los productores rurales sin una herramienta que, durante casi dos décadas, les permitió reducir costos y generar su propia energía limpia.


Fecha de Publicación: 19/10/2026
País/Región: Estados Unidos 
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews, Portal Grist, Registro Federal de los Estados Unidos, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Centro de Derecho y Políticas Ambientales (ELPC).

La ONU advierte que las metas de biodiversidad 2030 no se cumplirán al ritmo actual

El primer balance mundial del Marco de Kunming-Montreal muestra que el compromiso de los países con la biodiversidad nunca fue tan amplio, pero menos de la mitad de las metas nacionales avanza al ritmo necesario, y el financiamiento sigue siendo el principal obstáculo.

A cuatro años de que casi todos los países del mundo se comprometieran a frenar y revertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030, el primer balance oficial ofrece una conclusión doble. El compromiso político es más amplio que nunca, pero la implementación avanza demasiado lento para cumplir las metas. Así lo establece State of Biodiversity Action: The Global Report on collective progress (Estado de la acción por la biodiversidad: informe mundial sobre el progreso colectivo). El informe fue presentado el 15 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia, por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, junto con la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
El documento es la primera evaluación mundial completa del avance hacia el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Ese acuerdo, adoptado en diciembre de 2022, fija 23 metas para 2030 y una visión de “vivir en armonía con la naturaleza” para 2050. El informe sirve de base para la revisión mundial que harán las 196 Partes del Convenio durante la COP17, la 17.ª Conferencia de las Partes, que se celebra en la capital armenia del 19 al 30 de octubre.

Cómo se construyó el balance
El informe se apoya sobre todo en los informes nacionales que las Partes presentaron sobre su propio avance. Según la Secretaría, se recibieron 129 informes nacionales, más de 160 conjuntos de metas nacionales y más de 80 estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad actualizados. Con esos documentos, cada país traduce el marco global a sus propias políticas. La información se completó con indicadores globales, evaluaciones científicas y un portal donde actores no estatales registran sus compromisos.
La comparación con el punto de partida muestra el avance en la adhesión formal. De acuerdo con el resumen del informe, 162 Partes, el 83 % del total, fijaron metas nacionales alineadas con el Marco. En promedio, cada una aborda 22 de las 23 metas globales. En 2020, al cierre del ciclo anterior de compromisos, solo lo había hecho alrededor de la mitad de los países. A esto se suman unos 5.000 compromisos de pueblos indígenas, comunidades locales, gobiernos subnacionales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
El método tiene una limitación que el propio documento reconoce. Gran parte del diagnóstico descansa en autoevaluaciones de los gobiernos. Además, algunos grupos de países, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, presentaron menos informes a tiempo y quedaron subrepresentados.

Menos de la mitad, en camino
El dato central es que menos de la mitad de las metas nacionales evaluadas por las propias Partes avanza al ritmo necesario. En ninguna de las 23 metas globales la mayoría de los países se consideró encaminada.
Las metas que los gobiernos califican más a menudo como “en camino” son:
- la planificación espacial (Meta 1);
- la restauración de ecosistemas degradados (Meta 2);
- la conservación del 30 % de tierras y mares (Meta 3);
- la reducción de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad (Meta 8);
- la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales (Meta 22).

En el extremo opuesto aparecen:
- la gestión de especies invasoras (Meta 6);
- los espacios verdes urbanos (Meta 12);
- la información de las empresas sobre sus impactos (Meta 15);
- el consumo sostenible (Meta 16);
- la eliminación de subsidios dañinos (Meta 18);
- el financiamiento (Meta 19).

Los indicadores globales, sin embargo, no siempre coinciden con esas percepciones. El progreso medido es menor en metas como la conservación del 30 % (Meta 3), la recuperación de especies amenazadas (Meta 4), el financiamiento (Meta 19) y la igualdad de género (Meta 23). La Meta 3, conocida como “30x30”, exige que para 2030 esté efectivamente conservado al menos el 30 % de las áreas terrestres, de aguas continentales y marinas, mediante áreas protegidas u otras medidas de conservación. La Meta 2, por su parte, apunta a restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados en el mismo plazo. La contradicción más evidente está justamente en la Meta 3: muchos gobiernos se consideran encaminados, pero la suma de los compromisos nacionales queda muy por debajo del 30 % de las tierras y los mares del planeta en 2030.

El dinero, el principal cuello de botella
Los medios de implementación, es decir, financiamiento, capacidades técnicas, cooperación y datos, aparecen como la barrera más persistente. La Meta 19 fija el hito de movilizar 20.000 millones de dólares anuales de financiamiento internacional para países en desarrollo hacia 2025. Según el resumen, ese hito probablemente no se alcanzó, aunque la evaluación definitiva requiere datos completos de ese año.
Un borrador previo del informe, difundido el 26 de julio de 2026, permitía dimensionar la brecha. Según ese documento, el financiamiento público internacional para biodiversidad promedió unos 4.400 millones de dólares anuales entre 2020 y 2023, con un máximo de 5.200 millones en 2023, lejos de los 20.000 millones comprometidos. El mismo borrador señalaba que los 22 países que informaron el valor de sus subsidios dañinos para la naturaleza reportaron 268.000 millones de dólares entre 2022 y 2025. Consideraba probable que esa cifra estuviera subestimada, frente a la meta de reducir esos subsidios en al menos 500.000 millones de dólares anuales hacia 2030. También describía como “particularmente limitado” el progreso del Fondo Cali, creado para que las empresas que se benefician de la información genética de la biodiversidad compartan parte de sus ganancias.
Guterres advirtió que muchos de los elementos decisivos para avanzar, como el financiamiento, las capacidades, la cooperación y los datos, siguen ausentes.

Lo que falta en las metas nacionales
El informe identifica otro problema: aun cuando los países fijaron metas, estas no siempre cubren todo el alcance de las globales. Muchas Partes adoptaron metas de incentivos positivos para la biodiversidad, pero muchas menos se comprometieron a reducir los subsidios dañinos. Las metas nacionales tampoco abordan lo suficiente el acceso a la información y a la justicia ambiental, los derechos sobre tierras y territorios ni la protección de los conocimientos tradicionales.
Sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales, el documento reconoce avances en su participación en las decisiones, aunque desiguales. También advierte que suelen carecer de recursos para ampliar su contribución. Las metas que buscan integrar la biodiversidad en todas las áreas de gobierno, como la planificación espacial y la incorporación de la naturaleza en las políticas sectoriales (Metas 1 y 14), muestran un progreso limitado.

Un diagnóstico que coincide con la ciencia
El balance oficial coincide con las evaluaciones científicas recientes. En diciembre de 2024, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) estimó que la biodiversidad disminuyó entre un 2 % y un 6 % por década durante los últimos 30 a 50 años. Además, el Informe Planeta Vivo 2026, publicado el 8 de octubre por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Sociedad Zoológica de Londres, registró una caída promedio del 73 % en las poblaciones de vertebrados silvestres monitoreadas entre 1970 y 2022. En América Latina y el Caribe, esa caída llegó al 95 %.
Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), sostuvo que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación no pueden abordarse por separado. Hambardzum Matevosyan, ministro de Ambiente de Armenia y presidente de la COP17, afirmó que la conferencia debe determinar en qué punto está el mundo, qué funciona y dónde el progreso se queda corto.
Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del CDB, resumió el sentido del informe: “Sabemos dónde estamos. Sabemos dónde están las brechas”. Ahora, agregó, el desafío es trabajar juntos para cerrarlas. Con poco más de cuatro años por delante, el documento concluye que, sin una aceleración sustancial de la implementación, las metas de 2030 no se alcanzarán.


 
Fecha de Publicación: 17/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Carbon Brief, Organización de las Naciones Unidas (ONU), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)

Documentos y descargas oficiales:

- State of Biodiversity Action: The Global Report on collective progress, informe completo (Secretaría del CDB), en inglés: 
- Resumen del informe mundial 2026 (Secretaría del CDB), en inglés: 
- Comunicado de prensa oficial del 15 de octubre de 2026 (Secretaría del CDB), en inglés: 
- Página oficial de la COP17 (CDB)

La OMS advierte que el plomo contribuye a más de 3,5 millones de muertes por año

En la antesala de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, la Organización Mundial de la Salud pidió a los países reforzar la detección y frenar la exposición a un metal que daña a cientos de millones de niños.

El plomo sigue siendo uno de los venenos ambientales más letales del planeta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la exposición a este metal contribuye a más de 3,5 millones de muertes por año en el mundo y afecta a cientos de millones de niños, y llamó a los países a pasar de la detección a la prevención en la antesala de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, que comienza el 18 de octubre.
“La intoxicación por plomo no debería estar robando el potencial de los niños en 2026”, advirtió Bruce Gordon, director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, Una Salud y Migración de la OMS. El lema de este año, “De la detección a la prevención”, resume el enfoque del organismo: medir mejor la exposición para poder cortarla de raíz.

Sin nivel seguro
La OMS recuerda que no existe un nivel de plomo en sangre que pueda considerarse seguro. Los niños son los más vulnerables, porque su cerebro y su sistema nervioso en desarrollo pueden sufrir daños profundos y permanentes, con efectos sobre la capacidad intelectual, el aprendizaje y la conducta. Incluso concentraciones de 5 microgramos por decilitro se asocian con menor inteligencia y dificultades de aprendizaje.
En los adultos, el plomo aumenta el riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular y daño renal. En las embarazadas, los niveles altos pueden provocar abortos espontáneos, partos prematuros y bajo peso al nacer, porque el metal acumulado en los huesos pasa a la sangre y llega al feto. Según el último documento técnico del organismo, publicado en mayo, la intoxicación por plomo causa además más de 71 millones de años de vida ajustados por discapacidad en el mundo. La cifra de muertes es más de tres veces superior a la que el propio organismo difundía en 2022, cuando hablaba de casi un millón de fallecimientos anuales.

De la batería a la cocina

Las fuentes de exposición son múltiples. La mayor parte del plomo que se consume en el mundo, más de tres cuartas partes, se destina a las baterías de plomo-ácido para vehículos. A eso se suman el reciclaje informal, la minería, la fundición y la contaminación industrial, las pinturas con plomo, algunas especias, cosméticos y medicinas tradicionales, los utensilios de cocina, los esmaltes de cerámica, los juguetes y el agua que circula por cañerías de plomo.

Aunque desde julio de 2021 ya no se vende nafta con plomo para autos y camiones en ningún lugar del mundo, otros frentes siguen abiertos, como el combustible de aviación con plomo que todavía se usa en algunos países. La pintura es uno de los más críticos: según la última evaluación global de la OMS, menos de la mitad de los países, apenas el 43%, cuenta con controles legalmente vinculantes sobre el contenido de plomo en las pinturas.

Más laboratorios para medir
Una de las grandes debilidades es la falta de capacidad para detectar el problema. Por eso, la OMS participa de una iniciativa de prevención que busca fortalecer los laboratorios capaces de medir los niveles de plomo en sangre. El objetivo es que los sistemas de salud puedan identificar a tiempo a las personas expuestas. El apoyo técnico alcanzará a Brasil, el único país latinoamericano incluido, además de cinco estados de la India, Nepal y seis países del África subsahariana: Etiopía, Ghana, Malawi, Ruanda, Sudáfrica y Tanzania.
Los Estados miembros también encargaron a la OMS un Plan de Acción Mundial sobre la Mitigación del Plomo, que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud en 2027. Ese mismo año se lanzará un paquete técnico de prevención, denominado PREVENT, destinado a orientar a los gobiernos.

Sin regulación, sin datos
Para la OMS, el desafío pasa por que cada país pueda medir la exposición de su población y actuar sobre las fuentes antes de que el daño en los chicos sea irreversible. Con menos de la mitad de los países regulando la pintura con plomo y con laboratorios insuficientes para realizar análisis de sangre, buena parte del problema sigue siendo invisible. Para América Latina, la inclusión de Brasil en el programa de apoyo técnico es la única referencia a la región en el anuncio del organismo.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia IPS, Organización Mundial de la Salud (OMS)

La mayor colonia de pingüinos barbijo perdió el 63% de sus nidos por el calentamiento del océano

Un estudio del British Antarctic Survey revela que más de medio millón de pingüinos barbijo desapareció de la isla Zavodovski, en las Sandwich del Sur, porque el calentamiento empujó al kril hacia el sur.

La que durante años fue considerada la colonia de pingüinos más grande del mundo se está vaciando. En Zavodovski, una isla volcánica del archipiélago Sandwich del Sur, en el Atlántico Sur, la cantidad de nidos ocupados de pingüino barbijo cayó un 63% entre 2011 y 2025. Más de medio millón de estas aves desaparecieron de la isla, y los científicos apuntan a un responsable: el calentamiento del océano Austral, que está desplazando su principal alimento.
El hallazgo surge de un estudio liderado por el British Antarctic Survey, el organismo científico polar del Reino Unido, publicado el 7 de octubre en la revista Current Biology, que combinó más de una década de registros. En 2011 se estimaba que Zavodovski albergaba unos 600.000 pingüinos barbijo y unos 90.000 pingüinos macaroni. Quince años después, el panorama cambió por completo.
Para llegar a esa conclusión, los investigadores realizaron una expedición de 15 días a través de mares agitados, acamparon en la isla y combinaron sobrevuelos con drones, fotografía aérea tomada desde un avión de la Real Fuerza Aérea británica con base en las islas Malvinas, y censos con imágenes satelitales. Además, colocaron dispositivos de seguimiento satelital en 20 aves para conocer sus rutas de alimentación.

Un cambio sin precedentes
Norman Ratcliffe, ecólogo de pingüinos del British Antarctic Survey y director de la investigación, calificó la caída como un declive preocupante para una especie de dieta especializada y con preferencias muy específicas de temperatura del océano. Mientras los barbijos se desplomaban, los pingüinos macaroni hicieron el camino inverso: su población aumentó un 28% entre 2011 y 2016 y desde entonces se mantiene estable. Para Ratcliffe, se trata del mayor cambio en la composición de una comunidad jamás observado en un solo lugar de la Antártida. El científico advirtió que el rápido calentamiento de la región “está afectando a ecosistemas únicos y sensibles”.
La explicación está en el kril, el pequeño crustáceo que es la base de la cadena alimentaria antártica. Según el estudio, el calentamiento de las aguas desplazó al kril hacia el sur, en dirección al mar de Weddell. Los barbijos no pueden seguirlo: más al sur, el hielo marino y la falta de islas aptas para anidar les impiden instalar nuevas colonias cerca del alimento.
Los macaroni, en cambio, son menos exigentes. Pudieron dirigirse hacia aguas más cálidas y complementar su dieta con peces y otros crustáceos, lo que explicaría su expansión.
Los investigadores descartaron otras causas posibles, como la erupción volcánica de 2016, la competencia por espacio para anidar y la pesca de kril dentro del área marina protegida que rodea a las islas. Sin embargo, aclararon que todavía no está claro cómo la pesca en zonas conectadas por las corrientes podría afectar la disponibilidad de alimento.

Una especie que podría pasar a estar en peligro
La caída tiene alcance global, porque no se trata de una colonia cualquiera. Las islas Sandwich del Sur albergan alrededor del 30% de la población mundial de pingüino barbijo, por lo que el equipo advierte que la especie podría ser incluida en la categoría “En peligro” de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El antecedente es reciente: seis meses atrás, el pingüino emperador, otro de los símbolos de la fauna antártica, fue declarado en peligro.
Peter Fretwell, investigador del British Antarctic Survey especializado en el monitoreo de pingüinos por teledetección, señaló que el estudio es otro ejemplo de cómo el calentamiento del clima impacta “incluso en las partes más remotas de nuestro planeta”.

Una mirada desde el Atlántico Sur
Las islas Sandwich del Sur forman parte de los territorios del Atlántico Sur cuya soberanía reclama la Argentina, y su ecosistema marino está estrechamente vinculado al resto del océano Austral. Lo que ocurre en Zavodovski es, por eso, una señal de alerta para toda la región.
Para los científicos, el caso muestra que el cambio climático ya está reorganizando la vida en los rincones más aislados del planeta. Y que, cuando el alimento se mueve, no todas las especies pueden moverse con él.


Fecha de Publicación: 17/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed, British Antarctic Survey, Current Biology

América Latina se llena de ropa descartada por la moda rápida y la importación de prendas usadas

La sobreproducción textil, el consumo acelerado y el ingreso masivo de ropa usada llenan los basurales de la región, desde el desierto de Atacama hasta Ciudad de México, con niveles de reciclaje casi nulos.

La moda rápida cambió la forma de vestir de millones de latinoamericanos y dejó una montaña de ropa sin destino. Prendas baratas que se compran con un clic, se usan pocas veces y terminan en basurales, mientras la región importa toneladas de ropa usada que nadie puede reutilizar. En México, Chile, Brasil y Colombia el panorama se repite: mucha producción, mucho descarte y muy poco reciclaje.
“Tenemos una sobreproducción de ropa. Es un problema sistémico que se ha desbordado”, resumió Diana Hernández, fundadora de la plataforma mexicana Fundamentally, dedicada a la moda sostenible. La tendencia se aceleró en la última década con el comercio electrónico, que hizo de las prendas de bajo costo una de las favoritas de la llamada generación Z.

Atacama, el símbolo
Chile es el caso más visible. Sin industria textil propia, es el mayor importador de ropa usada de América Latina y uno de los diez mayores del mundo. En 2022 recibió unas 124.000 toneladas de prendas usadas, de las cuales cerca del 75% no era reutilizable y terminó en vertederos como los del desierto de Atacama. Apenas el 1% de esos residuos se recupera.
Para enfrentar el problema, el Ministerio del Medio Ambiente chileno declaró en junio de 2025 a los textiles como séptimo producto prioritario de su Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que obliga a fabricantes e importadores a hacerse cargo de los productos hasta el final de su vida útil. Por ahora, deben registrarse y declarar cada año lo que ponen en el mercado; un decreto todavía pendiente fijará las metas de recolección y valorización. El país también cuenta con una Hoja de Ruta de Economía Circular al 2040, con un plan específico para textiles que busca reducir el consumo excesivo y eliminar los vertederos ilegales.

México, Brasil y Colombia
En México, los consumidores compran entre 2.500 y 3.500 millones de prendas por año, según cifras de la industria. Solo la capital desecha unas 150.000 toneladas de residuos textiles anuales, de las que se reprocesa el 1%. El país aprobó en 2025 una Ley General de Economía Circular, pero no incluye esquemas para el sector textil y no existe una regulación específica sobre fabricación, materiales o reciclaje de ropa.
Brasil produjo 2,2 millones de toneladas de textiles en 2024 y generó más de 152.000 toneladas de residuos, de los que recicla unas 60.000. Es además el segundo mayor empleador de la industria manufacturera del país, con 1,33 millones de trabajadores directos. En Colombia, unas 10.000 empresas hilaron cerca de 174.000 toneladas en 2024, mientras los desechos textiles rondan las 200.000 toneladas, con un reciclaje muy bajo. Ambos países tienen estrategias nacionales de economía circular, aunque en el caso colombiano la estrategia textil sigue en preparación.

Alternativas desde abajo
Frente a ese escenario, crecen las iniciativas de segunda mano, reparación y curaduría de ropa usada. Tania Palacios, socia del emprendimiento mexicano Ciclo Curaduría Textil, contó que antes consumía sin cuestionarse demasiado y que hoy apuesta por darle una segunda vida a las prendas.

El impacto en Argentina
La situación también tiene eco en la Argentina. Según un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, que propone prohibir por cinco años la importación de ropa usada, en 2025 ingresaron al país 4.628.000 kilos de indumentaria de segunda mano, más de 10 millones de prendas. Con datos de la Fundación ProTejer, los fundamentos señalan que la importación se multiplicó en un año hasta representar el 12% de las compras externas de indumentaria, y que el 84% ingresó por la aduana de Jujuy, principalmente desde Chile.
El texto también cita a la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, que estima que alrededor del 40% de las prendas que llegan a Chile termina descartado en Atacama, buena parte de ellas fabricadas con fibras sintéticas como el poliéster, difíciles de reciclar. La iniciativa exceptúa las donaciones a entidades registradas y advierte sobre el impacto en la producción local y el empleo.
Para la región, el desafío es doble: frenar la sobreproducción y, al mismo tiempo, evitar que América Latina se convierta en el destino final de la ropa que otros descartan.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
País/Región: América Latina
Fuentes Consultadas: Agencia IPS, Ministerio del Medio Ambiente de Chile

Del petróleo al electrón: las renovables redefinen la seguridad energética, según IRENA

En plena crisis de precios por la guerra en Medio Oriente, el director de la agencia internacional de renovables sostiene que la seguridad energética pasa por sistemas diversificados y descentralizados, y pide acelerar la construcción de redes.

La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir los mercados de petróleo y gas, y con ella cambia también la idea de qué significa estar seguro en materia energética. Para Francesco La Camera, director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la seguridad energética ya no se mide solo por las reservas de hidrocarburos de un país, sino por su capacidad de construir un sistema diversificado y descentralizado que pueda controlar por sí mismo. Y en ese nuevo esquema, las renovables pasaron a ocupar un lugar central.
En una entrevista difundida por las Naciones Unidas, La Camera recordó que tras la crisis petrolera de los años setenta la comunidad internacional empezó a prestar atención sistemática a la seguridad energética, entendida entonces como la cantidad de petróleo y gas disponible. Hoy, explicó, el suministro fósil está muy concentrado y buena parte depende de corredores marítimos estratégicos, por lo que cualquier conflicto geopolítico impacta rápidamente en los mercados. Las renovables, en cambio, provienen de recursos distribuidos en muchas regiones y en manos de muchos más actores.
Según el funcionario, los países con mayor proporción de energías limpias resultaron menos golpeados por la crisis actual. Mencionó como ejemplos a España y a Noruega, donde casi la mitad del transporte ya está electrificado.

Una transición que se acelera
Si antes el principal motor de las renovables era el cumplimiento del Acuerdo de París, ahora la seguridad energética se suma como impulso. La Camera sostuvo que alrededor del 90% de la nueva capacidad de generación eléctrica que se instala cada año en el mundo ya es renovable, y destacó que China superó a fines de julio, por primera vez, su capacidad de carbón con la solar instalada.
Los datos de la propia agencia confirman la tendencia. Según su informe de estadísticas de capacidad, en 2025 el mundo sumó 692 gigavatios renovables, un crecimiento récord del 15,5%, y la capacidad total llegó a 5.149 gigavatios. Las renovables explicaron el 85,6% de toda la nueva potencia instalada, y la solar aportó por sí sola 511 gigavatios. Asia concentró casi tres cuartas partes de las incorporaciones, mientras que Centroamérica y el Caribe siguen siendo la región con menor capacidad, con 21 gigavatios. En ese informe, La Camera afirmó que la energía renovable “se mantiene constante y firme en su expansión” aun en tiempos de incertidumbre.
Para el titular de IRENA, la pregunta ya no es hacia dónde va el sistema energético, sino a qué velocidad y a qué escala avanzará la transición. Frente a las críticas por la intermitencia de la solar y la eólica, aseguró que combinarlas con almacenamiento permite lograr un suministro firme las 24 horas, todo el año.

El objetivo “35 para 35”
La Camera advirtió, sin embargo, que la demanda mundial de energía crece más rápido de lo previsto y que la eficiencia energética avanza por debajo de lo esperado. Eso significa que hacia 2030 la brecha entre oferta y demanda podría ser mayor de lo calculado, y que triplicar la capacidad renovable y abandonar los combustibles fósiles podría no alcanzar para cumplir las metas de París.
Por eso propuso el objetivo “35 para 35”: que la electricidad represente el 35% del consumo final de energía en 2035, con la electrificación de la construcción, el transporte y la industria. La meta podría ser uno de los temas centrales de la COP31, que se celebrará en Turquía en noviembre.

Tres desafíos
El director de IRENA identificó tres áreas en las que hace falta avanzar. La primera es la infraestructura: redes más interconectadas y flexibles, capaces de equilibrarse en tiempo real, con ayuda de la digitalización y la inteligencia artificial, además de puertos para sostener el nuevo sistema. La segunda es el marco legal y regulatorio, ya que algunas reglas e incluso subsidios siguen favoreciendo a los combustibles fósiles. La tercera es el talento, porque la transición exige formar nuevos trabajadores y reconvertir a los actuales.
Para los países en desarrollo, los altos costos de financiamiento, la falta de infraestructura y las redes limitadas hacen la transición aún más difícil. La Camera pidió que las instituciones financieras multilaterales conviertan la modernización de las redes en una prioridad clara. “Redes, redes y más redes: interconexión, flexibilidad y equilibrio de la red”, insistió, al señalar que es el área donde más urge actuar.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Noticias ONU, Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)

La Unión Europea propone postergar sus normas de metano para importaciones de gas y petróleo

Bruselas propone aplazar a 2028 las exigencias de control de emisiones de metano para los combustibles fósiles importados, tras la presión de Estados Unidos y de varios países europeos, y desata críticas de los ambientalistas.

La Unión Europea dio un paso atrás en una de sus normas climáticas más ambiciosas para el sector energético. La Comisión Europea propuso formalmente postergar las obligaciones sobre emisiones de metano que debían cumplir los importadores de petróleo, gas y carbón a partir de enero de 2027, tras meses de presión de Estados Unidos y de varios gobiernos europeos.
Las reglas forman parte del reglamento europeo sobre metano aprobado en 2024. Desde el próximo año, los importadores debían demostrar que los productores de terceros países aplican sistemas de medición, notificación y verificación de emisiones equivalentes a los exigidos dentro de la Unión. Con la propuesta, esa obligación se traslada a 2028. En la práctica, las empresas tendrían hasta el 31 de mayo de 2029 para acreditar que sus suministros de 2028 cumplen con esos estándares, lo que representa un aplazamiento de más de dos años respecto del calendario original. Los cambios también alcanzan a algunos requisitos de información sobre la intensidad de metano para los productores europeos.
Lo que no cambia, al menos por ahora, es el horizonte de 2030, cuando entrarán en vigor las obligaciones sobre intensidad de metano de las importaciones y los límites máximos.

Precios, guerra y presión diplomática
Bruselas justificó la decisión por las tensiones en los mercados energéticos internacionales vinculadas al conflicto en Medio Oriente, que elevan los precios y podrían reducir el suministro de gas y petróleo hacia Europa. Según la Comisión, el aplazamiento busca aliviar la presión sobre la industria y las administraciones nacionales y evitar riesgos adicionales para la seguridad del abastecimiento de combustibles fósiles importados. El organismo sostuvo además que la modificación no afecta la ambición, la integridad ni el alcance del reglamento.
El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, había anticipado la semana pasada ante el Parlamento Europeo que era necesario ser flexibles y pragmáticos frente a la perspectiva de un invierno difícil. “La prioridad ahora es proteger a los ciudadanos europeos de la volatilidad de los precios”, afirmó, aunque aseguró que la ambición climática de Europa sigue siendo inquebrantable.
La decisión llega después de reiterados reclamos. Estados Unidos había pedido una exención para sus exportaciones de petróleo y gas, y en junio, junto con Qatar, solicitó a Bruselas modificar las reglas. Dentro del bloque, Alemania, Italia y la República Checa pidieron postergar las nuevas obligaciones, y el presidente francés, Emmanuel Macron, lo reclamó en una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al advertir que no debían debilitarse las capacidades productivas europeas. Algunos países llegaron a pedir un retraso de tres años.

Críticas de las organizaciones ambientales
La propuesta generó un fuerte rechazo entre las organizaciones ambientalistas. Jack Corscadden, de la Environmental Investigation Agency, sostuvo que la Comisión está “fallándoles a los ciudadanos europeos al retrasar esta legislación climática vital” y negó que exista un vínculo demostrable entre las normas de metano y los problemas actuales de suministro.
Esther Bollendorff, de la Red de Acción Climática de Europa, argumentó que la medida no tiene sentido económico ni estratégico. Según explicó, reducir las fugas y emisiones de metano en los principales proveedores de combustibles fósiles de la Unión podría liberar más de 40.000 millones de metros cúbicos de gas, más de la mitad del volumen de gas natural licuado estadounidense que Europa importó en 2025.

Por qué importa el metano
El metano es el segundo gas de efecto invernadero que más contribuye al calentamiento global, después del dióxido de carbono, y es responsable de alrededor del 30% del aumento de la temperatura desde la era preindustrial. Según la Agencia Internacional de Energía, el sector energético, que incluye petróleo, gas, carbón y bioenergía, genera cerca del 40% de las emisiones de metano de origen humano.
La propuesta todavía debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La Comisión consideró esencial alcanzar un acuerdo a tiempo para mantener la seguridad jurídica, y el tema se debatirá en la cumbre de líderes europeos de esta semana en Bruselas, donde la competitividad será uno de los ejes de la agenda.


Fecha de Publicación: 16/10/2026
País/Región: Unión Europea 
Fuentes Consultadas: Portal Investing, Agencia EFE, Agencia Euronews, Agencia Internacional de Energía (AIE)

La deforestación cayó un 15 % en 2025, pero el avance depende de elecciones en América Latina

La Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2026 registra la mayor caída de la deforestación de la década, impulsada por América Latina, pero advierte que el mundo sigue un 70 % fuera de rumbo para cumplir la meta de 2030 y que los avances pueden revertirse con un cambio de gobierno.

El mundo perdió algo más de 7 millones de hectáreas de bosque en 2025, un 15 % menos que el año anterior. Es la mayor caída anual registrada desde el período de referencia 2018-2020, y el motor principal fue América Latina, donde la deforestación tropical se redujo un 33 %. Sin embargo, el avance no alcanza para cumplir el compromiso de terminar con la deforestación en 2030. Además, descansa sobre bases frágiles, porque depende en gran medida de la voluntad política de un puñado de gobiernos, varios de ellos en plena transición electoral.
Así lo concluye la Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2026, presentada el 13 de octubre de 2026 por una coalición de más de dos docenas de organizaciones de la sociedad civil y de investigación coordinada por la consultora Climate Focus. El informe salió en vísperas de la COP17 sobre biodiversidad, que se celebra este mes en Ereván, Armenia, y de la COP31 sobre cambio climático, prevista para noviembre en Antalya, Turquía.

Una meta que se aleja
La evaluación mide el avance hacia la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra. Fue firmada en 2021 durante la COP26 por 145 países, que se comprometieron a detener y revertir la pérdida de bosques hacia 2030. Para lograrlo, la deforestación debería haberse reducido en alrededor de un millón de hectáreas por año desde 2021. En la práctica, se mantuvo casi constante, en torno a 8,3 millones de hectáreas anuales, hasta 2024.
El resultado es que el mundo está un 70 % fuera de la trayectoria necesaria. Si se hubiera seguido el camino comprometido, hoy seguirían en pie 10,7 millones de hectáreas de bosque taladas desde el inicio de la década, una superficie equivalente a Islandia o Cuba. Las proyecciones del informe muestran lo que está en juego. Aun si la caída del 15 % se repitiera cada año hasta 2030, se perderían otros 22,5 millones de hectáreas. Si se mantuviera el ritmo promedio de reducción de la década, cercano al 3 % anual, la pérdida rondaría los 32 millones. La deforestación de 2025 liberó, además, unas 3.900 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Iván Palmegiani, coautor del informe, advirtió que el déficit de progreso global creció cada año desde 2021. Según explicó, cada hectárea perdida aumenta la deuda que las generaciones actuales y futuras deberán saldar para cumplir el compromiso.

América Latina: un avance reversible
La región tropical de América Latina y el Caribe perdió 2,5 millones de hectáreas de bosque en 2025, un 33 % menos que en el período de referencia y la mayor reducción anual de todas las regiones. Brasil concentra alrededor del 60 % de la Amazonía. Allí, la caída se atribuye al refuerzo de la vigilancia ambiental con sistemas satelitales de monitoreo en tiempo real y al relanzamiento del plan federal de prevención y control de la deforestación en la Amazonía Legal. Colombia alcanzó mínimos históricos de deforestación en 2023 antes de un repunte en 2024, y en su caso el informe destaca las políticas para contener la expansión ganadera.
Erin Matson, autora principal del estudio y consultora de Climate Focus, celebró el resultado, pero advirtió que esos avances “son frágiles y pueden revertirse”. Según explicó, hubo grandes vaivenes en algunos países cuando nuevos gobiernos descartaron políticas forestales, retiraron fondos para el control o debilitaron la aplicación de la ley con su discurso público.
El calendario político le da relevancia inmediata a esa advertencia. La segunda vuelta presidencial en Brasil está prevista para el 25 de octubre, entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. La coalición señaló que su resultado podría tener graves implicaciones para el futuro de la Amazonía. Los especialistas citan como antecedente el período iniciado en 2019. Según Ana Flávia Corleto, analista jurídica de Climate Policy Initiative, en esos años hubo recortes presupuestarios, falta de personal en los organismos ambientales y desmantelamiento de estructuras de gobernanza. Eso llevó a interrumpir el plan contra la deforestación y a un aumento de la pérdida de bosques entre 2019 y 2021. El Observatório do Clima analizó los programas de gobierno de ambos candidatos. El de Lula incluye 16 de los 28 compromisos ambientales que la organización considera necesarios, y el de su rival, uno.
En Colombia, la coalición advirtió que el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, prometió ampliar la exploración de petróleo y gas. Durante la campaña, además, propuso extender la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas. El informe considera ambas medidas amenazas potenciales para los bosques. Su programa incluye, a la vez, una estrategia ambiental que propone perseguir penalmente a quienes financian la deforestación. Los especialistas también mencionan a Perú entre los países cuyos avances podrían verse afectados por cambios de orientación política.
A estos riesgos se suma el climático. El informe advierte que el calentamiento global, combinado con la deforestación, podría empujar a la Amazonía hacia un punto de inflexión. Pasado ese umbral, el bosque pierde su capacidad de reciclar humedad y empieza a degradarse hacia formaciones más secas.

África tropical, a la par de América Latina
El dato más inquietante llega desde África. Por primera vez desde que existen registros, la deforestación anual en África tropical se ubicó a la par de la de América Latina tropical, que históricamente fue el principal foco de pérdida de bosques del planeta. La región africana perdió 2,4 millones de hectáreas en 2025, frente a 2,5 millones en América Latina, y su deforestación siguió en aumento. También creció allí un 25 % la degradación forestal, que es el deterioro progresivo del bosque por tala selectiva, extracción de recursos o incendios, sin que desaparezca por completo la cobertura. En América Latina tropical, en cambio, la degradación cayó un 50 %.
Según el informe, ambas regiones avanzaron en direcciones opuestas. Samuel Nguiffo, abogado camerunés y fundador del Centro para el Ambiente y el Desarrollo, atribuyó la situación a la falta de capacidad estatal y de voluntad política, y a legislaciones forestales débiles. Explicó que en la gestión de los bosques de África Central sigue predominando la dimensión económica: la tala para madera y la conversión del bosque para agroindustria o minería. “Perder semejante superficie de bosque cada año es un desastre”, resumió.
En Asia tropical, la deforestación alcanzó 1,6 millones de hectáreas. Fue el segundo año consecutivo con un descenso modesto, aunque las tasas siguen cerca de las del período de referencia.

Degradación, incendios y El Niño
La degradación de los bosques húmedos tropicales llegó a 3,5 millones de hectáreas en 2025, un 34 % menos que en 2024, un año excepcional por los incendios. La pérdida de bosque tropical primario, el más antiguo y menos alterado, sumó 4,3 millones de hectáreas. Es un 36 % menos que el año anterior, pero todavía un 11 % por encima del nivel de referencia. El informe aclara que buena parte de esa mejora se explica porque terminó un pico de pérdidas por incendios en la cuenca amazónica, no por un cambio estructural en la protección.
El panorama podría empeorar a corto plazo. Los autores advierten sobre las proyecciones de un episodio intenso de El Niño, el fenómeno de calentamiento del Pacífico tropical que altera las lluvias en buena parte del planeta. Si se confirma, podría producir un aumento repentino de la degradación por incendios en la mayoría de las regiones tropicales.

El dinero, en la dirección contraria
El informe también contrasta los flujos financieros. El financiamiento público internacional para los bosques promedió 6.100 millones de dólares anuales entre 2022 y 2025, más del triple que en 2018-2020. En cambio, los subsidios agrícolas potencialmente dañinos rondan los 410.000 millones de dólares al año, unas 67 veces más. Los subsidios a los combustibles fósiles alcanzaron 921.000 millones en 2024. Además, entre 2016 y 2025 el sector financiero otorgó más de 429.000 millones de dólares en créditos a empresas de seis cadenas productivas asociadas al riesgo de deforestación.
Por eso, las recomendaciones apuntan a reorientar esos subsidios y a exigir debida diligencia obligatoria a empresas e instituciones financieras. También piden asegurar derechos de tenencia de la tierra para comunidades locales y pueblos indígenas, y sostener la aplicación de la ley por encima de los compromisos voluntarios. Corleto sostuvo que ninguna salvaguarda institucional puede aislar por completo la política ambiental de los cambios de gobierno. Sin embargo, un buen diseño puede hacer más difíciles los retrocesos, por ejemplo con protecciones en marcos jurídicos difíciles de modificar y con responsabilidades repartidas entre niveles de gobierno.
Robert Nasi, director general del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), coincidió en que la permanencia exige marcos legales vinculantes y el fin de los subsidios que financian la destrucción. Sin esos cambios, advirtió, “simplemente estamos deteniendo temporalmente la pérdida de bosques, sin detenerla por completo”.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Diario El País (España), Agencia EFE Verde, Asharq Al-Awsat, Forest Declaration Assessment Partners, Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR)

Documentos y descargas oficiales:

- Forest Declaration Assessment 2026, informe completo (Forest Declaration Assessment Partners), en inglés
- Summary for Policymakers: Forest Declaration Assessment 2026, resumen para responsables de políticas (Forest Declaration Assessment Partners), en inglés
- Resumen para responsables de políticas de la edición 2025, en español (Forest Declaration Assessment Partners).

El mundo llega a la COP17 de biodiversidad con retrasos en sus metas para salvar la naturaleza

Casi 200 países se reúnen en Armenia para la primera revisión global del acuerdo de Kunming-Montreal, con compromisos insuficientes, poco dinero y billones en subsidios que dañan los ecosistemas.

El mundo llega rezagado a la cita más importante del año para la naturaleza. Representantes de casi 200 países se reunirán del 19 al 30 de octubre en Ereván, la capital de Armenia, en la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, con un diagnóstico incómodo: la mayoría de las metas acordadas para frenar la destrucción de los ecosistemas antes de 2030 avanza demasiado lento.
La conferencia será la primera revisión global del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022 y considerado el equivalente para la naturaleza del Acuerdo de París. El acuerdo fija 23 metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad en esta década, entre ellas proteger al menos el 30% de las tierras, las aguas continentales y los océanos del planeta, el llamado objetivo 30x30.
“¿Vamos en la dirección correcta? Sí, pero a un ritmo demasiado lento”, resumió Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La funcionaria sostuvo que las metas de 2030 todavía son alcanzables, pero solo con cambios significativos, en especial en los subsidios a la agricultura y a los combustibles fósiles.

Compromisos que no alcanzan
Una evaluación provisoria atribuye los retrasos a la falta de alineación entre los objetivos nacionales y los compromisos internacionales y a una ambición insuficiente de los Estados. Ya en febrero, al cerrar una reunión preparatoria en Roma, la secretaría del Convenio había advertido una brecha entre la ambición global del marco y lo que los países se proponen en casa. Para entonces, alrededor del 75% de las Partes había presentado sus metas nacionales, pero solo una fracción había actualizado sus estrategias completas de biodiversidad.
Los números del objetivo 30x30 reflejan esa distancia. Hoy, cerca del 17% de la superficie terrestre está bajo alguna forma de protección. Según un análisis de la organización Campaign for Nature, aun si los gobiernos cumplieran todos sus compromisos actuales, hacia el final de la década se protegería alrededor del 27% de las tierras y aguas continentales y apenas cerca del 12% de los océanos.
Brian O’Donnell, director de Campaign for Nature, advirtió que la inacción puede traducirse en extinción de especies, tormentas más destructivas y la propagación de nuevas enfermedades.

El dinero, en la dirección equivocada
El financiamiento será otro de los ejes. El marco prevé movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para 2030, de los cuales 30.000 millones deberían llegar a los países en desarrollo a través de la cooperación internacional. Los recursos actuales están lejos de esas cifras.
El caso más elocuente es el Fondo de Cali, creado tras la COP16 celebrada en Colombia para que las empresas que se benefician de los recursos genéticos de los países en desarrollo compartan una pequeña parte de sus ganancias. Su meta era recaudar 1.000 millones de dólares por año, pero hasta ahora apenas reunió 6.000 dólares. Schomaker admitió que el arranque fue más lento de lo esperado.
Mientras tanto, el dinero público sigue fluyendo en sentido contrario. Según Naciones Unidas, los gobiernos destinan unos 2,6 billones de dólares por año a subsidios dañinos para el ambiente, sobre todo en agricultura, industria y combustibles fósiles, y por cada dólar que se invierte en proteger o restaurar la naturaleza, casi 30 se dirigen a actividades que la degradan. Más de 130 empresas y entidades financieras enviaron una carta a los gobiernos para pedir que se reformen esos incentivos.

Qué se juega en Ereván
La agenda incluirá la deforestación, la contaminación de los océanos, los subsidios perjudiciales y el papel del sector privado. Una cumbre de líderes reunirá a una decena de jefes de Estado, y el secretario general de la ONU, António Guterres, participará de la primera revisión de avances. Todo ocurre a menos de un mes de la COP31 sobre cambio climático, que se celebrará en Turquía.
Schomaker reconoció que el contexto geopolítico, con los conflictos en Medio Oriente y Ucrania y las presiones presupuestarias, complica las negociaciones. Agnès Hallosserie, directora de biodiversidad del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de Francia, consideró que avanzar en la reforma de los subsidios y dar un impulso más fuerte al tema agrícola bastaría para considerar exitosa la conferencia. Para An Lambrechts, especialista en biodiversidad de Greenpeace Internacional, el resultado más importante debe ser un cambio de rumbo claro.
Para América Latina, que fue sede de la COP16 y de donde surgió el Fondo de Cali, la discusión sobre quién paga la protección de la naturaleza y hacia dónde va el dinero público será una de las claves a seguir en Ereván.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Gizmodo, Agencia AFP, Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Campaign for Nature

Científicos registran especies “perdidas” mientras EE.UU. protege menos especies que nunca

Un entomólogo de la Universidad de Nevada lanzó una revista para documentar especies que no se ven desde hace una década, en momentos en que el gobierno de Trump suma solo tres especies a la lista federal de protección.

Hace casi un siglo que nadie ve en Las Vegas a la Oreocarya insolita, una pequeña planta de flores blancas que florecía cada primavera entre los arbustos del desierto y que, hasta donde se sabe, no crece en ningún otro lugar del mundo. Su caso resume un problema que preocupa a los científicos de Nevada y de todo Estados Unidos: especies que desaparecen sin que nadie lo registre, justo cuando el gobierno federal protege menos especies que nunca.
En Nevada, 20 especies animales que alguna vez habitaron la región ya no están allí, desde el bisonte americano hasta el diminuto caracol del lago Pirámide. Algunas sobreviven en otros lugares, pero otras eran exclusivas del estado y se extinguieron. Otras casi 50 especies de plantas y animales locales figuran en la lista federal de especies en peligro o amenazadas, y cerca de 600 tienen seis grupos poblacionales o menos en el estado.

Una revista para las especies “perdidas”
Para darles visibilidad, el entomólogo Matthew Forister, profesor de Biología de la Universidad de Nevada en Reno, impulsó el Journal of Lost Species, una revista científica de acceso abierto que documenta especies “perdidas”: aquellas que no se registran desde hace al menos diez años, sin que se sepa si ya se extinguieron. La publicación, en la que colaboran la organización Re:wild y el museo de historia natural de esa universidad, cuenta con 55 editores de distintos países y publicará su primera edición anual a fines de este año.
Según Re:wild, en el mundo hay más de 4.300 especies perdidas. Forister explicó que nombrarlas así cambia la reacción del público y de los investigadores: mientras la categoría de datos insuficientes no inspira demasiado, hablar de una especie perdida invita a salir a buscarla. Y si finalmente se extingue, al menos su desaparición queda documentada. “Creo que la gente necesita optimismo”, sostuvo el científico al presentar la revista.
El laboratorio de Forister también lleva adelante el seguimiento de mariposas más grande y antiguo de América del Norte, y sus investigaciones muestran que las poblaciones de mariposas en Nevada disminuyen alrededor de un 25% cada 20 años.

Menos protección federal
La revista nace en un momento de mínimos históricos en la protección federal. Desde la sanción de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, en 1973, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos incorporó en promedio 34 especies por año a su lista. En casi dos años del segundo mandato de Donald Trump, solo sumó tres, todas del sudeste del país. En su primer mandato había protegido 22, mientras que la administración de George W. Bush incluyó 62 en ocho años y la de Bill Clinton, más de 500.
Noah Greenwald, codirector del programa de especies en peligro del Centro para la Diversidad Biológica, afirmó que esa cifra “es drásticamente inferior a la de cualquier otro gobierno”. En todo el país hay unas 400 especies esperando ser incluidas, más de dos docenas de ellas en Nevada, como la gila bicolor del valle de Fish Lake.
A eso se suman los recortes de personal. Según registros públicos obtenidos por esa organización, la oficina del servicio en Nevada pasó de 134 empleados en 2024 a 85, una caída del 38%, y a nivel nacional la plantilla se redujo de 9.957 a 6.333 trabajadores entre 2024 y 2026.
Jamey McClinton, administrador de la División del Legado Natural de Nevada, advirtió que la lentitud de las inclusiones genera ambigüedad e incrementa el riesgo para las especies que quedan en el limbo. Según ese organismo, Nevada ocupa el undécimo lugar del país en diversidad de especies y el tercero en especies en riesgo, con más de 1.100 plantas y animales en peligro de desaparecer del estado.

Normas más laxas y demandas
Este año, el gobierno federal también aprobó normas que facilitan la destrucción del hábitat de especies en peligro y permiten considerar factores económicos al designar hábitats críticos. En Nevada, el tema se discute en torno al sapo del valle de Dixie, una especie en peligro cuyo hábitat en el condado de Churchill está en debate por proyectos geotérmicos y el bombeo de aguas subterráneas. En septiembre, los fiscales de 20 estados y del Distrito de Columbia demandaron al gobierno por debilitar la ley.
La historia de Nevada muestra lo que está en juego. Varios peces nativos, como los de Pahrump, Raycraft y Ash Meadows, desaparecieron entre las décadas de 1940 y 1950 por la extracción de agua subterránea, la destrucción de hábitats y las especies invasoras. Otros, como el salmón real, se esfumaron tras la construcción de represas. Para McClinton, esas especies forman parte de lo que hace único a cada lugar.


Fecha de Publicación: 15/10/2026
País/Región: Estados Unidos
Fuentes Consultadas: Agencia AP, Universidad de Nevada en Reno, Re:wild

Expertos de 14 países redactan una ley modelo para tipificar el ecocidio en América Latina

La región suma un texto de 18 artículos para que los congresos tipifiquen el ecocidio, mientras crecen los proyectos de ley y los asesinatos de defensores ambientales.

América Latina ya tiene un texto de referencia para castigar la destrucción grave de la naturaleza como un crimen. Un grupo de juristas de la región elaboró la Ley Modelo de Ecocidio para América Latina, una propuesta de 18 artículos pensada para que los parlamentos de cada país la adopten, la adapten o tomen ideas de ella a la hora de legislar sobre el tema.
La iniciativa responde a tres preocupaciones que se repiten en la región: el aumento de la explotación de minerales y recursos naturales para abastecer a la industria tecnológica, el crecimiento de los asesinatos de defensores ambientales y la multiplicación de proyectos de ley de ecocidio que avanzan en distintos congresos sin una base común.

Del concepto internacional a la realidad regional
El punto de partida fue 2021, cuando un panel de expertos internacionales convocado por la fundación Stop Ecocidio Internacional acordó una definición: el ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario cometido con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, y extensos o duraderos, al ambiente. Entre aquellos especialistas estaba el chileno Rodrigo Lledó Vásquez, hoy director para las Américas de la organización.
Lledó explicó que la ley modelo es un texto académico de referencia y no vinculante: una plantilla que los legisladores pueden copiar, modificar o usar como inspiración. A su juicio, el documento resuelve un problema concreto, porque la definición de 2021 está más cerca del sistema jurídico anglosajón, en el que se apoya el derecho internacional, que de la tradición legal latinoamericana.
Esa adaptación se hizo en dos etapas. Primero hubo una consulta pública y luego reuniones con 74 expertos de 14 países, entre ellos profesores universitarios y abogados de larga trayectoria. Los resultados se entregaron en México a 31 especialistas de 14 países latinoamericanos, que redactaron los 18 artículos finales.

Rumbo a la Corte Penal Internacional
La ley modelo forma parte de una estrategia más amplia. Stop Ecocidio busca que el ecocidio se convierta en el quinto crimen internacional juzgado por la Corte Penal Internacional, junto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. En septiembre de 2024, Vanuatu, como patrocinador principal, y Fiyi y Samoa, como copatrocinadores, presentaron formalmente una propuesta de enmienda al Estatuto de Roma. Son Estados insulares amenazados por la suba del mar. Hoy la propuesta está en el Grupo de Trabajo sobre Enmiendas de la Asamblea de los Estados Partes, y su avance dependerá de la voluntad de los países miembros.
Mientras tanto, la figura ya llegó a algunas legislaciones nacionales. Bélgica la incorporó, Francia tiene un delito con otro nombre pero con los mismos elementos, y la Unión Europea adoptó en abril de 2024 una directiva sobre delitos ambientales que los 27 Estados miembros están incorporando a sus códigos. Mauricio ya aprobó una norma, y hay proyectos en Países Bajos, Italia, Croacia, España, República Democrática del Congo, la Polinesia francesa y Turquía.

El mapa latinoamericano
En la región hay proyectos en México, República Dominicana, Perú, Brasil y Argentina. Colombia ya incorporó a su Código Penal la figura de grave afectación ambiental, muy similar al ecocidio, y Chile cuenta con una figura parecida.
En Argentina conviven al menos dos iniciativas. En la Cámara de Diputados, la legisladora chubutense Ana Clara Romero presentó un proyecto que agrega al Código Penal un capítulo de delitos contra el ambiente, retoma la definición de 2021 y prevé penas de hasta 25 años en los casos más graves. En el Senado, un proyecto de la senadora Edith Terenzi, también de Chubut, obtuvo a mediados de año dictamen favorable de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente, aunque todavía no llegó al recinto.
La urgencia se explica en las cifras. Según el último informe de la organización Global Witness, publicado en septiembre, al menos 124 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados o desaparecidos en 2025, y el 85% de los casos ocurrió en América Latina. Colombia encabeza el registro por cuarto año consecutivo con 39 víctimas, seguida por Brasil con 26, Honduras y Filipinas con 12 cada uno y México con 10. Desde 2012, la organización documentó 2.375 casos en el mundo.
Lledó se mostró optimista, aunque reconoció que el momento político internacional y regional no es favorable para la agenda ambiental. “Pero estamos trabajando para cuando la humanidad recobre el sentido común”, afirmó. Stop Ecocidio estará presente en la COP17 de Biodiversidad, que se celebrará en Armenia del 19 al 30 de octubre, y en la COP31 sobre cambio climático, prevista en Turquía del 9 al 20 de noviembre.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
País/Región: América Latina 
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde, Stop Ecocide International, Global Witness