Financiamiento, fósiles y electrificación: los desafíos con los que arranca la COP31

La cumbre climática de la ONU comienza el 9 de noviembre en Turquía con el límite de 1,5 °C prácticamente superado, compromisos nacionales que apenas recortarían un 6 % las emisiones en 2035 y fuertes disputas sobre quién paga y cómo dejar atrás los combustibles fósiles.

Este lunes 9 de noviembre de 2026 comienza en Antalya, Turquía, la COP31, la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hasta el 20 de noviembre, representantes de casi 200 países negociarán en esa ciudad mediterránea, y los días 11 y 12 habrá una cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Es la primera conferencia climática en la que se da prácticamente por segura la superación del límite de 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París. La pregunta ya no es cómo evitarla, sino cómo lograr que ese exceso sea lo más breve y reducido posible.
La cumbre llega con un formato inédito y una agenda cargada de disputas:
- quién paga la factura climática;
- qué pasa con los combustibles fósiles;
- cuánto debe recortar cada país;
- cómo electrificar la economía;
- cómo evitar que las tensiones comerciales bloqueen la cooperación.
A eso se suma un reclamo creciente por la transparencia del propio proceso.

Una presidencia de dos cabezas
Por primera vez, la presidencia de una COP está repartida entre dos países. Turquía es la anfitriona, y su ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, Murat Kurum, preside la conferencia. Kurum también conduce la Agenda de Acción, el conjunto de iniciativas voluntarias que acompañan a la negociación. Australia, a través de su ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, dirige las negociaciones formales.
Kurum definió el encuentro como una conferencia de implementación, centrada en concretar compromisos ya acordados. El contexto, sin embargo, juega en contra. Estados Unidos formalizó su retiro del Acuerdo de París a comienzos de 2026 y no enviará una delegación oficial, aunque asistirán legisladores y empresas de ese país. En Europa, los avances electorales de partidos de derecha generan dudas sobre el respaldo a la política climática. Además, los países desarrollados enfrentan presiones fiscales por la suba de los costos de la energía.

Una brecha que no se cierra
El punto de partida lo marcan dos informes de la ONU. El primero es la síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), los planes climáticos que cada país presenta ante la ONU. La Secretaría de la Convención Marco la difundió el 27 de octubre. Analizó 127 NDC nuevas de 154 Partes, que representan alrededor del 70 % de las emisiones mundiales. En conjunto, esos planes reducirían apenas un 6 % las emisiones globales en 2035 respecto de 2019. Si se cumplen también los compromisos condicionados a recibir apoyo internacional, la baja llegaría al 9 %. Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, advirtió que “el progreso colectivo sigue siendo claramente insuficiente”.
El segundo es el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Con las políticas vigentes, el planeta va hacia un calentamiento de 2,8 °C. El informe plantea un escenario en el que el pico queda entre 1,7 y 1,8 °C, con alrededor de un 50 % de probabilidad de volver a 1,5 °C antes de 2100. Para lograrlo, las emisiones deberían caer un 45 % en 2035 respecto de 2025. Los compromisos actuales permitirían, como máximo, un 15 %.
La discusión sobre quién debe recortar más repite una tensión histórica. La Unión Europea pide acelerar las reducciones. Varios países en desarrollo, en cambio, exigen más ambición a los países ricos por su responsabilidad histórica y rechazan nuevas obligaciones sin financiamiento ni transferencia de tecnología.

Quién paga la factura
“La financiación será el principal escollo”, anticipó Cosima Cassel, experta del centro de estudios E3G. En la COP29 de Bakú, en 2024, los países acordaron movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para las naciones en desarrollo hacia 2035, dentro de un objetivo de 1,3 billones anuales que combina fondos públicos y privados. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países desarrollados movilizaron 136.700 millones de dólares en 2024.
Siguen las diferencias sobre cuánto debe venir de subvenciones, de préstamos y de inversión privada, y sobre quién debe aportar. Los países desarrollados quieren sumar como contribuyentes a economías emergentes como China o Arabia Saudita. Esos países figuran en la Convención como países en desarrollo y recuerdan que el Acuerdo de París asigna las obligaciones financieras a las naciones desarrolladas. Los Estados más vulnerables reclaman subvenciones y créditos baratos, porque no pueden asumir más deuda.
La adaptación concentra buena parte de esa disputa. En la COP30 de Belém se acordó triplicar su financiamiento hacia 2035, pero sin definir el año de base, el monto ni quién paga. Según un análisis especializado basado en datos de la ONU, aun triplicado rondaría entre 85.000 y 120.000 millones de dólares anuales, frente a necesidades de unos 305.000 millones. El Grupo Africano pidió tratar el tema como un punto específico de la agenda.

El futuro de los combustibles fósiles
La otra gran disputa es el abandono de los combustibles fósiles. En la COP28 de Dubái, en 2023, casi 200 países aprobaron por primera vez un llamado a avanzar en la transición para dejarlos atrás en los sistemas energéticos, sin calendario obligatorio. Más de 80 países respaldaban una hoja de ruta para concretarla, pero la COP30 terminó sin incluirla por la oposición de los países productores.
La presidencia brasileña decidió entonces avanzar por su cuenta. El 3 de noviembre presentó una hoja de ruta voluntaria en tres fases, entre 2028 y 2033:
- planes nacionales de transición antes de 2028;
- prioridad a las energías limpias en 2029 y 2030;
- reducción de la producción fósil desde 2030.
Su presidente, André Corrêa do Lago, aclaró que no es un documento para negociar. Ana Toni, directora ejecutiva de la COP30, resumió su espíritu: “La transición es inevitable, así que empiecen a planificar ya”.
La Unión Europea y los pequeños Estados insulares podrían intentar que la decisión final de Antalya mencione esa hoja de ruta, algo que los productores ya rechazaron. Cassel no espera un lenguaje contundente y ve más posibilidades en acuerdos entre países dispuestos a acelerar. Ilana Seid, presidenta de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, vinculó el tema con el mar: “La mejor forma de aliviar el estrés del océano es abandonar los combustibles fósiles”.

La apuesta por la electrificación
La iniciativa principal de la presidencia turca es la meta “35 para el 35”. Propone que la electricidad pase de alrededor del 23 % actual al 35 % del consumo final de energía del mundo en 2035, con foco en el transporte, la industria y la calefacción. Es voluntaria y exigiría crecer casi un punto porcentual por año. Según el centro de análisis Climate Action Tracker, con las políticas actuales solo se llegaría al 28 %.
La meta recibió críticas porque no exige de forma explícita que esa electricidad sea limpia. Kurum sostuvo que la electrificación reducirá por sí misma el uso de combustibles fósiles. Cassel, en cambio, advirtió que no puede haber electrificación sin foco en las renovables, y que el objetivo requiere grandes inversiones en países en desarrollo, donde el capital es caro.

Comercio, ciencia y transición justa
La rivalidad entre la Unión Europea y China amenaza con trasladarse a Antalya. China domina la fabricación de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos, y busca cuestionar barreras como los aranceles europeos a sus autos eléctricos. India, Brasil y Sudáfrica, por su parte, critican el mecanismo europeo de ajuste en frontera por carbono y lo consideran una barrera comercial. Ese mecanismo grava las emisiones asociadas a importaciones como acero, aluminio o cemento.
El calendario científico es otro foco de tensión. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no logró acordar por sexta vez el cronograma de su Séptimo Informe de Evaluación. La mayoría de los países quiere que esté listo para el segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, que terminará en 2028, pero un grupo encabezado por Arabia Saudita, India y Rusia se opone. Otro de los resultados esperados es la puesta en marcha de un mecanismo de transición justa para trabajadores y comunidades, cuyo alcance también divide a los países.

La integridad, en cuestión
El 6 de noviembre, Transparencia Internacional denunció que las cumbres climáticas siguen sin protecciones básicas frente a conflictos de interés e influencias indebidas. Según la organización, en la COP30 el 54 % de los integrantes de las delegaciones nacionales no declaró su vinculación o usó categorías imprecisas como “invitado”. Su análisis también identificó 63 delegados vinculados a los combustibles fósiles en nueve delegaciones europeas. La organización aclaró que se trata de vínculos institucionales, no de pruebas sobre conductas individuales.
Transparencia Internacional reconoció avances de la presidencia brasileña, como la creación de un defensor del pueblo, pero lamentó que ninguna de las presidencias de la COP31 se haya comprometido a mantenerlos. Pidió debates sobre integridad durante la cumbre y una hoja de ruta hacia la COP32 con un mecanismo ético independiente y normas claras. “Todavía hay tiempo para lograr algunos avances en esta COP”, sostuvo.
Antalya empieza así con una paradoja: nunca hubo tanta evidencia científica sobre la urgencia del problema, y pocas veces el contexto político fue tan adverso para responder a ella.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE Verde, Climate Home News, Euronews, Council on Foreign Relations, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Transparencia Internacional

Documentos y descargas oficiales:

- Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the secretariat (FCCC/PA/CMA/2026/9), informe de síntesis de NDC 2026 (CMNUCC), en inglés
- Comunicado de la CMNUCC sobre el informe de síntesis, 27 de octubre de 2026, en inglés
- Emissions Gap Report 2026: The point of return, página oficial (PNUMA), en inglés
- Página oficial de la COP31 (CMNUCC), en español

Copernicus: 2026 superará casi seguro 1,5 °C tras el octubre más cálido jamás registrado

El servicio climático europeo estima en más del 99% la probabilidad de que este año supere el límite de 1,5 °C, luego de un octubre récord impulsado por el El Niño más intenso desde que hay mediciones.

El año 2026 superará casi con total seguridad el umbral de 1,5 °C de calentamiento respecto de los niveles preindustriales. Así lo anticipó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, que estima en más del 99% la probabilidad de que la temperatura media mundial de este año quede por encima de ese límite. Si se confirma, 2026 será el segundo año calendario en cruzarlo, después de 2024.
El pronóstico llega junto con otro dato contundente: octubre de 2026 fue el octubre más cálido jamás registrado en el planeta. La temperatura media del aire en superficie alcanzó los 15,35 °C, 0,90 °C por encima del promedio de 1991-2020 y 1,75 °C por encima del nivel preindustrial. Fue además el tercer mes consecutivo por encima de 1,5 °C, después de agosto y septiembre.

Un año camino al podio
Según el organismo europeo, entre enero y octubre la temperatura global se ubicó 0,64 °C por encima de la media de 1991-2020, solo 0,07 °C por debajo del mismo período de 2024 y 0,05 °C por encima de 2023. Con esos registros, 2026 ocupa por ahora el segundo lugar entre los años más cálidos desde que hay mediciones.
A falta de dos meses para el cierre, los modelos de Copernicus proyectan que la anomalía anual se situará entre 0,68 °C y 0,73 °C por encima de la media de 1991-2020, lo que equivale a un calentamiento de entre 1,56 °C y 1,61 °C respecto del período 1850-1900. Hay alrededor de un 80% de probabilidades de que 2026 termine como el segundo año más cálido registrado y cerca de un 20% de que iguale o supere a 2024, que hoy conserva el récord.
El dato tiene otra lectura. Como el promedio de 2023 a 2025 ya superó los 1,5 °C, un nuevo año por encima de ese nivel haría que también la media de los cuatro años comprendidos entre 2023 y 2026 quedara por arriba del umbral. Para Copernicus, esto muestra la rapidez con la que la temperatura global se acerca al límite de largo plazo fijado por el Acuerdo de París, que se mide en promedios de dos décadas y no en años aislados.

El Niño más intenso del registro
Una parte del calor extra se explica por el Pacífico. En octubre, la región Niño 3.4, la zona que se usa para seguir el fenómeno, registró una temperatura superficial del mar de 29,94 °C, con una anomalía récord de 3,21 °C. Según Copernicus, ese valor supera los picos de los grandes eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.
“Un episodio de El Niño excepcionalmente intenso está añadiendo más calor a un clima ya calentado por las actividades humanas”, señaló Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio. La especialista remarcó que el promedio de los últimos cuatro años también superaría los 1,5 °C, lo que confirma el carácter sostenido de este período de calor excepcional.
Los océanos acompañaron la tendencia. La temperatura media de la superficie del mar entre las latitudes 60° sur y 60° norte llegó a 20,95 °C, la más alta para un octubre, por encima del récord de 2023. En el Atlántico próximo a Europa y en el Mediterráneo occidental también se marcaron máximos para el mes.

Hielo en retroceso y lluvias dispares
En la Antártida, la extensión del hielo marino quedó un 9% por debajo del promedio, la segunda más baja para un octubre en el registro satelital, solo detrás de 2023, con valores excepcionalmente bajos en los mares de Amundsen y Bellingshausen. En el Ártico, el hielo también se ubicó un 9% por debajo de lo normal.
Las lluvias mostraron un mapa desparejo. Copernicus registró condiciones más secas de lo habitual en el este de Norteamérica, partes de Sudamérica, Siberia, el sur de China y el sur de África, mientras que Chile, el sur de la Argentina y el sudeste de Brasil, entre otras regiones, tuvieron un mes más húmedo de lo normal. En Europa, octubre fue el segundo más cálido para el continente, con caudales muy bajos en el Rin, el Danubio y el Vístula, y lluvias intensas con inundaciones en el Reino Unido, Irlanda, España, Grecia y Turquía.

Antesala de la COP31
Los datos se conocen a pocos días del inicio de la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que comenzará el lunes 9 de noviembre en Antalya, Turquía, y se extenderá hasta el 20. Allí, los países deberán discutir cómo cerrar la distancia entre sus compromisos y lo que exige la ciencia, en un escenario en el que el límite más ambicioso del Acuerdo de París parece cada vez más difícil de sostener.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde; Down To Earth; Times Live; Korea Times; Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S)

Mueren 43 ballenas piloto en un varamiento masivo sobre una costa rocosa de Nueva Zelanda

Rescatistas, voluntarios y la comunidad maorí intentaron salvar a los cetáceos atrapados entre las rocas de Ngawi, en el sureste de la Isla Norte, pero ninguno sobrevivió, en una zona donde no se registraba un evento así desde los años noventa.

Más de 40 ballenas piloto murieron tras un varamiento masivo en la costa de Ngawi, cerca del cabo Palliser, en el extremo sureste de la Isla Norte de Nueva Zelanda. Los animales quedaron atrapados entre las rocas de una zona remota de la región de Wairarapa y, pese a los esfuerzos de rescatistas, voluntarios y miembros de la comunidad maorí local, ninguno logró sobrevivir. El Departamento de Conservación (DOC) neozelandés confirmó el viernes 6 de noviembre la muerte de 43 ejemplares.
Los cetáceos fueron detectados poco después de las 8 de la mañana del jueves 5, cuando vecinos de la zona contaron alrededor de medio centenar de ballenas encajadas entre las piedras a lo largo de varios kilómetros de costa. Según el DOC, se trataba de dos grupos: el primero, de unos 20 ejemplares, y un segundo más alejado, que todavía estaba siendo evaluado esa jornada.

Un rescate contra el tiempo y las rocas
Cuando los equipos llegaron, muchas ballenas ya habían muerto. En el primer grupo solo cuatro seguían con vida. Médicos de la organización Project Jonah, especializada en el rescate de mamíferos marinos, trabajaron junto al personal del DOC, la iwi (comunidad) maorí local y los habitantes de Ngawi para mantenerlas húmedas y protegerlas del sol mientras esperaban la pleamar de la tarde.
Dos de los animales fueron devueltos al agua, pero las condiciones jugaron en contra: oleaje fuerte, rocas afiladas en la zona intermareal y un acceso muy difícil a la costa. Finalmente, las cuatro ballenas murieron, incluidas las dos reflotadas. “Las ballenas que encontramos vivas sucumbieron a lo largo del día”, lamentó la organización, en una frase traducida del inglés. Además, las fuertes corrientes arrastraron algunos cuerpos mar adentro, por lo que el número final podría no conocerse nunca con exactitud.
Reflotar ballenas sobre rocas es mucho más complicado que hacerlo en playas de arena, ya que cada movimiento puede provocar nuevas heridas. Los voluntarios creen que muchos ejemplares sufrieron lesiones fatales contra las piedras antes de que llegara la ayuda.

Un lugar poco habitual
El episodio llamó la atención por el sitio en el que ocurrió. Según Ariana Hawira, gerente de operaciones del DOC en Wairarapa, los varamientos en esa parte de la costa son poco comunes, y el último de carácter masivo en la zona se registró en la década de 1990. La mayoría de los grandes varamientos de ballenas piloto en Nueva Zelanda se producen en extensas planicies de arena de pendiente suave, como Farewell Spit, en el norte de la Isla Sur, y no en costas rocosas expuestas al oleaje del océano abierto.
Hawira aclaró, sin embargo, que no hay indicios de que estos eventos estén aumentando en frecuencia o gravedad. Nueva Zelanda tiene una de las tasas de varamiento más altas del mundo: el DOC documentó más de 5.000 casos de ballenas y delfines desde 1840. Las ballenas piloto protagonizan los episodios más grandes, como el de las islas Chatham en 1918, cuando quedaron varados alrededor de mil animales.

Un fenómeno todavía sin explicación
No se conoce la causa del varamiento de Ngawi, y los científicos reconocen que el comportamiento que explica estos eventos sigue siendo poco comprendido. Las ballenas piloto, que pese a su nombre pertenecen a la familia de los delfines, pueden medir hasta siete metros y pesar hasta tres toneladas. Viven en grupos con lazos sociales muy fuertes: si una se dirige hacia aguas poco profundas, el resto suele seguirla.
Entre las hipótesis más estudiadas figura la de un ejemplar enfermo, herido, viejo o desorientado que encabeza al grupo y lo arrastra hacia la costa, mientras los demás permanecen junto a él. Los errores de navegación, la forma del litoral y los cambios bruscos de marea también pueden aumentar el riesgo. Hasta el momento, el DOC no informó si se realizarán necropsias o tomas de muestras, que podrían ayudar a detectar infecciones, parásitos, lesiones o enfermedades.

Un tesoro sagrado
Para el pueblo maorí, las ballenas son un taonga, un tesoro sagrado. Por eso, el DOC trabaja junto a la iwi local en el manejo y el entierro de los animales, y para la noche del jueves se previó una ceremonia con una karakia, una oración tradicional maorí.
Ante un varamiento, los especialistas recomiendan no intentar empujar a las ballenas al mar por cuenta propia, mantener alejadas a las personas y a los perros, y avisar de inmediato a la red de rescate de mamíferos marinos o a las autoridades de fauna.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
País/Región: Nueva Zelanda 
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Portal 1News; Nature World News; NZ Herald; CNN; Departamento de Conservación de Nueva Zelanda (DOC); Project Jonah.

Satélites detectan que la isla de plástico del Pacífico tiñe de cian el océano, aunque hay dudas

Un estudio con datos satelitales de dos décadas encontró un brillo azul verdoso donde se concentran los microplásticos en el Pacífico norte, y abre una posible vía para vigilarlos desde el espacio, aunque algunos expertos cuestionan que los plásticos sean la causa.

La gran mancha de basura del Pacífico, la mayor acumulación de residuos plásticos de los océanos, podría estar cambiando el color del mar. Un estudio publicado en la revista Communications Earth and Environment por investigadores de la Universidad de Bergen, en Noruega, detectó en los datos satelitales un leve pero estadísticamente significativo aumento del brillo del océano en las longitudes de onda azules y verdes, una especie de tinte cian que crece de forma gradual, en las zonas de mayor concentración de microplásticos.
El equipo, integrado por Shea Cheatham, Daniel Koestner y Børge Hamre, analizó tres series de datos satelitales del color del océano entre 2002 y 2022 y las comparó con las aguas circundantes. “Nuestra primera reacción fue de incredulidad”, reconoció Cheatham, en una frase traducida del inglés.

Una huella óptica
El trabajo partió de experimentos de laboratorio que sugieren que los microplásticos más pequeños, de menos de 300 micrómetros, tienen propiedades ópticas particulares: en lugar de absorber la luz, la dispersan y hacen que el agua se vea más brillante. A partir de esos datos, los científicos modelaron cómo debería cambiar el brillo del océano según la concentración de partículas y luego buscaron esa firma en los registros satelitales.
Según el estudio, el aumento de los tonos azules y verdes coincidió siempre con los lugares donde la concentración de microplásticos es mayor. Los autores evaluaron también posibles causas naturales. El fitoplancton y la materia orgánica disuelta suelen alterar el color de otra manera, por lo que resultan explicaciones menos probables, y una estación de investigación cercana mostró que el depósito de polvo mineral se mantuvo estable durante el período analizado.
Aun así, los investigadores reconocen que el trabajo no prueba de manera concluyente que los plásticos causen el cambio. Algunas combinaciones de factores ambientales podrían producir una señal similar, aunque fueron poco frecuentes en las simulaciones, y distintos conjuntos de datos satelitales arrojaron estimaciones diferentes. Por eso, el equipo planea tomar muestras de agua en la propia mancha para medir directamente sus propiedades ópticas y la cantidad de microplásticos.

Entre el entusiasmo y la duda
La comunidad científica recibió el estudio con interés, pero también con cautela. Anna Sánchez Vidal, catedrática de la Universitat de Barcelona e investigadora del grupo de Geociencias Marinas, destacó que abre una vía prometedora para monitorear desde el espacio los microplásticos más pequeños, que son los más difíciles de muestrear y los que con más facilidad pueden incorporarse a la cadena alimentaria. Sin embargo, advirtió que será necesario validar los datos con campañas oceanográficas y comprobar si el método funciona en zonas costeras y más productivas, donde los sedimentos y el fitoplancton también alteran el color del agua.
Más crítico se mostró Andrés Cózar Cabañas, catedrático de Ecología de la Universidad de Cádiz. A su juicio, el trabajo encuentra una correlación estadística entre la señal satelital y las tendencias de microplásticos, pero propone una relación causal discutible. Según el investigador, las concentraciones de microplásticos no son lo bastante altas para ser detectadas por los sensores espaciales actuales, sobre todo con “satélites con baja resolución espacial como es el caso de este estudio”, por lo que otros factores podrían estar interfiriendo en la señal.

Una isla de basura en alta mar
La gran mancha de basura del Pacífico se encuentra en el Pacífico norte, entre California y Hawái, donde un gran vórtice de corrientes oceánicas arrastra y concentra los residuos. Según un relevamiento científico publicado en 2018, acumula alrededor de 1,8 billones de piezas de plástico con un peso cercano a las 79.000 toneladas. Los microplásticos representan cerca del 94% de las piezas, aunque solo alrededor del 8% de la masa.
Si el método se confirma, podría convertirse en una herramienta para vigilar la contaminación plástica en alta mar, donde los muestreos directos son costosos y esporádicos. La contaminación por plásticos no es un problema lejano: los residuos que llegan al mar desde los ríos y las costas se dispersan con las corrientes y terminan concentrándose en grandes giros oceánicos como este, un fenómeno que también se repite en el Atlántico Sur, frente a las costas sudamericanas.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde; ScienceAlert; SBS News; Universidad de Bergen; Communications Earth and Environment; Science Media Centre España.

La mayor cárnica del mundo enfrenta 14 denuncias en Europa por la deforestación de la Amazonía

Una coalición internacional de abogados acusa a JBS y a los bancos, fondos y auditoras que la financian de presunto lavado de dinero por comercializar ganado criado en tierras deforestadas ilegalmente; la empresa rechaza las acusaciones.

JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, enfrenta una ofensiva legal a gran escala en Europa por la deforestación de la Amazonía. La Coalición Legal Transnacional (TLC, por sus siglas en inglés), integrada por organizaciones como la Red Global de Acción Legal (GLAN), el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, Mighty Earth y FIND, presentó el miércoles 4 de noviembre 14 acciones legales coordinadas en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y los Países Bajos contra la compañía y contra los bancos, fondos y asesores que la financian o le prestan servicios.
La estrategia elegida es novedosa: denunciar un presunto lavado de dinero. Los abogados sostienen que los ingresos obtenidos con ganado criado en tierras deforestadas ilegalmente constituyen ganancias delictivas, y que al usarlos para pagar a financiadores y asesores con sede en Europa se activan las obligaciones de las leyes contra el blanqueo de capitales. “La deforestación ilegal del Amazonas es un delito, no un modelo de negocio”, resumió la coalición, coordinada por Bláithín Quigley.

Quiénes están en la mira
En los Países Bajos se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra la matriz, JBS NV. La empresa, fundada en Brasil en 1953, se constituyó en ese país y trasladó su sede de São Paulo a Ámsterdam al empezar a cotizar en la Bolsa de Nueva York, en junio de 2025. Opera en más de 180 países y reportó ingresos por 86.200 millones de dólares el año pasado. En el Reino Unido, otra denuncia apunta a su filial JBS Global ante la Agencia Nacional contra el Crimen, y otras doce presentaciones ante reguladores financieros se dirigen contra Barclays, Standard Chartered, las sucursales londinenses de Bank of Montreal y Banco do Brasil, Rabobank, ING, BlackRock y los asesores jurídicos y contables Loyens & Loeff, EY y KPMG.
“Se trata de asegurarse de que los bancos no puedan alegar ignorancia”, explicó George Collecott, abogado de GLAN, en una frase traducida del inglés. La coalición aclara que el fundamento para actuar en Europa son los vínculos financieros de JBS con el continente y no el consumo de su carne: alrededor del 70% de la carne vacuna brasileña se consume en el mercado interno, y Europa recibe el 18,8% de las exportaciones, frente al 21,5% de Estados Unidos.

Millones de hectáreas y “lavado de ganado”
Las denuncias se apoyan en un informe encargado a la organización AidEnvironment, que cruzó los registros oficiales de movimiento de ganado de Brasil con los mapas de deforestación. El análisis abarcó 21 frigoríficos de JBS en Acre, Mato Grosso, Pará, Rondônia y Tocantins, e identificó 3.329 proveedores directos y 9.247 indirectos. Según el estudio, entre 1988 y julio de 2025 la empresa podría estar vinculada a más de 6,5 millones de hectáreas deforestadas. Entre los casos citados figura el territorio indígena Apyterewa, en Pará, que sufrió la mayor deforestación registrada en una tierra indígena de Brasil desde 2008.
El problema central es el llamado lavado de ganado: animales criados en tierras deforestadas ilegalmente pasan por fincas en regla antes de llegar al frigorífico, lo que oculta su origen. Esas transferencias, sin embargo, son habituales en la producción y por sí solas no implican irregularidades.

La respuesta de la empresa
JBS sostuvo que no recibió los datos ni la metodología detrás de las acusaciones, lo que le impide evaluarlas. La compañía afirmó que monitorea a sus proveedores amazónicos desde 2010 mediante imágenes satelitales, que analiza más de 600.000 kilómetros cuadrados por día y que su sistema “bloquea automáticamente granjas con deforestación ilegal”, áreas embargadas o superpuestas con tierras indígenas. También citó una auditoría del Ministerio Público Federal de 2023 según la cual el 94% de sus compras provenía de fuentes legales.
Los antecedentes, sin embargo, muestran una presión persistente. El Ibama multó a la empresa en tres fases de la Operación Carne Fría, y en octubre de 2025 el gobierno de Rondônia anuló una multa por comercializar ganado de un área protegida deforestada. En julio, además, JBS eliminó de su informe de sostenibilidad sus metas de cero emisiones netas para 2040 y de eliminación de la deforestación en su cadena brasileña.
Entre las entidades financieras, Rabobank afirmó que su política prohíbe financiar la deforestación y que refuerza sus controles contra el lavado; Banco do Brasil, ING y KPMG dijeron no haber visto las denuncias, y el resto declinó comentar. Las autoridades europeas todavía no decidieron si abrirán investigaciones, y la coalición anunció que habrá nuevas acciones.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
País/Región: Amazonas - Unión Europea
Fuentes Consultadas: Diario El País (España); Agencia EFE; Portal Bloomberg; The Independent

Lluvias extremas: las tormentas concentran el agua en menos tiempo y Sudamérica lidera el cambio

Un estudio que analizó cuatro décadas de registros de más de 19.000 estaciones concluyó que los episodios más lluviosos del planeta se acortan cada década, con América del Sur y Europa como las regiones donde la concentración avanza más rápido.

Las tormentas más intensas del planeta están descargando la misma cantidad de lluvia en períodos cada vez más cortos. Así lo concluye un estudio publicado en la revista científica Earth’s Future por investigadores de la Universidad Normal de Pekín, que analizó cuatro décadas de registros de precipitaciones en todo el mundo y encontró que América del Sur y Europa son las regiones donde esa concentración avanza más rápido.
El trabajo, titulado Cambios globales en la concentración de las precipitaciones a través de la organización de eventos consecutivos y liderado por un equipo del que forma parte el investigador Chiyuan Miao, se basó en los datos diarios de 19.183 estaciones pluviométricas entre 1980 y 2022. Los científicos se concentraron en los episodios de lluvia más húmedos de cada lugar: aquellos que, en conjunto, aportan la mitad de la precipitación anual.

La mitad de la lluvia, en menos de un mes
Según el estudio, en un sitio típico la mitad de la lluvia de todo el año cae durante unas nueve tandas de días lluviosos consecutivos, que suman alrededor de 27,8 días, con un promedio de unos tres días por evento. Es decir, buena parte del agua que recibe un territorio llega concentrada en menos de un mes.
Ese período se está acortando. La duración promedio de los eventos de lluvia más húmedos disminuyó unos 0,4 días por década a escala global, lo que equivale a casi diez horas menos cada diez años para recibir la mitad de la lluvia anual. Según la cobertura del estudio, cada evento se acorta en promedio alrededor de 86 minutos por década. El 45,7% de las estaciones analizadas mostró una reducción significativa, frente a un 9,8% que registró un aumento y un 44,5% sin cambios relevantes.
Un dato llamativo es que la cantidad de grandes eventos de lluvia no mostró una tendencia significativa a la baja. El cambio principal está en su duración: llueve lo mismo, pero en menos tiempo.

América del Sur, en el centro
América del Sur aparece como una de las regiones más afectadas. Allí los eventos más húmedos aportan, en promedio, la mayor proporción de lluvia por episodio entre todas las regiones estudiadas, y su duración se redujo alrededor de 0,1 días por década, unos 144 minutos, una de las tasas más altas de todo el análisis. Europa le sigue, con una reducción de unos 0,08 días por década.
Los autores aclaran que esta concentración no se explica solo por tormentas individuales más fuertes, sino también por cambios en la duración de los eventos y en los totales anuales de precipitación. Además, el estudio no atribuye de manera directa cada tendencia regional al cambio climático, aunque recuerda que una atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua, lo que favorece precipitaciones más intensas.

Más inundaciones y más sequía
Las consecuencias son múltiples. Cuando la lluvia cae concentrada, los suelos absorben menos agua y aumenta la escorrentía superficial, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas, sobre todo en las ciudades, donde las superficies pavimentadas y los desagües no dan abasto. A la vez, los períodos secos entre una tormenta y otra se alargan, lo que dificulta mantener la humedad del suelo para los cultivos, reduce la recarga de los acuíferos y puede aumentar la susceptibilidad a los incendios.
La gestión del agua también se complica. Con episodios tan intensos, una mayor proporción de la lluvia se escurre sin poder almacenarse, y muchas regiones enfrentan el doble desafío de manejar excesos en los momentos húmedos y garantizar el abastecimiento durante las sequías. La concentración de las precipitaciones favorece además la erosión de los suelos agrícolas.

Adaptarse a un nuevo patrón
Frente a este escenario, los especialistas señalan la necesidad de mejorar los sistemas de drenaje urbano, reforzar las alertas tempranas de inundaciones, ampliar el monitoreo de largo plazo de las lluvias y desarrollar estrategias de almacenamiento de agua y manejo de suelos adaptadas a cada región.
Para la región, el hallazgo tiene una relevancia particular. En un año marcado por un El Niño intenso y por crecidas en la cuenca del Plata, el estudio refuerza la idea de que no alcanza con medir cuánto llueve: cada vez importa más cómo y en cuánto tiempo cae el agua.


Fecha de Publicación: 07/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; The Guardian; News of Bahrain; Earth’s Future; Universidad Normal de Pekín.

Clima y salud: la OMS propone seis medidas para salvar 1,6 millones de vidas por año

Un informe de la Organización Mundial de la Salud estima que alertas por calor, agua segura, saneamiento, combustibles limpios y precios eficientes para los fósiles evitarían una de cada 40 muertes y generarían billones de dólares en beneficios.

Seis medidas climáticas y sanitarias de costo relativamente bajo podrían salvar 1,6 millones de vidas por año, alrededor de una de cada 40 muertes anuales, y generar billones de dólares en beneficios económicos y fiscales. Así lo estima un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) titulado Beneficios y costos globales de las acciones prioritarias sobre cambio climático y salud. El informe se presentó a pocos días del inicio de la COP31, la cumbre climática de las Naciones Unidas que se celebrará en Antalya, Turquía, entre el 9 y el 20 de noviembre.
Según la OMS, se trata del primer análisis integral de los retornos económicos y fiscales de ampliar estas intervenciones a escala mundial. En conjunto, podrían aportar 3,9 billones de dólares anuales en beneficios para el bienestar económico, a los que se sumarían otros 5,4 billones en beneficios fiscales para los Estados.

Las seis medidas
La lista combina adaptación y mitigación. Incluye la implementación de sistemas de alerta sanitaria ante olas de calor, servicios de agua potable resistentes al cambio climático, inversiones en saneamiento básico, higiene y lavado de manos, el despliegue de combustibles más limpios para cocinar y calefaccionar los hogares, y políticas de fijación eficiente de precios de los combustibles fósiles, que implican eliminar los subsidios ineficientes y aplicar impuestos a su uso.
Esta última es, por lejos, la de mayor impacto. De acuerdo con las proyecciones del organismo, permitiría evitar 1,2 millones de muertes por año, la mayor parte del total, y generaría unos 3 billones de dólares anuales en beneficios económicos, además del grueso de las ganancias fiscales.

Una inversión con alto retorno
El informe destaca la rentabilidad de las intervenciones. En promedio, por cada dólar invertido en ellas se obtendrían unos 24 dólares en beneficios, y en el caso de los sistemas de alerta temprana ante olas de calor el retorno estimado llega a 835 dólares por cada dólar invertido. Frank Pega, responsable de Clima, Salud y Economía de la OMS, las calificó como una de las mayores oportunidades de inversión en salud del siglo XXI, con un rendimiento que pocas podrían igualar.
Las medidas también tendrían un fuerte efecto sobre el clima. Según la OMS, contribuirían a evitar la emisión de 16.700 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, el equivalente al 31% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del planeta, sin contar las provenientes del uso de la tierra y la silvicultura.

Los países que más lo necesitan
Los beneficios serían mayores en los países de ingresos bajos y medios, lo que ayudaría a reducir las desigualdades sanitarias y económicas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que las medidas son eficaces y asequibles, y que podrían salvar millones de vidas “con los mayores beneficios en los países que más las necesitan”. “La crisis climática es una crisis sanitaria”, sostuvo, y agregó, en declaraciones traducidas del inglés, que gran parte del daño puede prevenirse con herramientas que ya existen.
En un documento de cara a la cumbre, la OMS estima que entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático. Por eso reclama tres cosas: que la salud ocupe un lugar central en las negociaciones de Antalya, que los países pasen de los compromisos a la implementación del Plan de Acción de Belém sobre salud, acordado en la COP30 de Brasil, y que se incluya la salud en los textos negociados. La agencia impulsa además una nueva Iniciativa de Antalya para la Resiliencia Sanitaria.

Proyecciones con cautela
El organismo modeló la cobertura, los impactos, los beneficios y los costos de las seis acciones para el período 2024-2075, comparando escenarios de ampliación con otros sin cambios. Los propios autores reconocen limitaciones: los escenarios de expansión son aspiracionales, algunas intervenciones se analizaron sin considerar sus sinergias, la base de evidencia todavía es limitada y las proyecciones de largo plazo son inciertas.
Aun así, el mensaje de la OMS es claro: la protección de la salud ofrece uno de los argumentos más sólidos para acelerar la acción climática, y buena parte de las soluciones ya están disponibles.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde; Portal Bytes Europe; Organización Mundial de la Salud (OMS).

Adaptación climática: los países pobres reciben solo una décima parte del dinero que necesitan

El Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 de la ONU calcula que los países en desarrollo necesitan unos 305.000 millones de dólares anuales para protegerse del cambio climático, pero en 2024 recibieron apenas unos 30.000 millones.

Los países en desarrollo reciben apenas una décima parte del dinero que necesitan para protegerse de los efectos del cambio climático. Así lo advierte el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presentado el miércoles 4 de noviembre en Nairobi, mientras el planeta se encamina a superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento respecto de los niveles preindustriales.
Según el documento, estos países necesitarán unos 305.000 millones de dólares por año hasta 2035 para enfrentar sequías, inundaciones, olas de calor, incendios y otros impactos climáticos. Sin embargo, la financiación pública internacional que los países desarrollados destinaron a la adaptación fue de apenas entre 28.200 y 31.700 millones de dólares en 2024, el último año con datos disponibles, solo unos 1.000 millones más que el año anterior.
“El mundo no está preparado para adaptarse a las condiciones climáticas actuales”, advirtió la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, quien agregó que la situación será aún más grave una vez superado el límite de 1,5 °C que fija el Acuerdo de París.

Una brecha que no se cierra
Las necesidades surgen de los planes climáticos y de adaptación de 155 países en desarrollo, que las ubican entre 255.000 y 328.000 millones de dólares anuales durante la próxima década, mientras que los modelos del PNUMA arrojan una estimación cercana a los 320.000 millones. Esas cifras, además, dejan afuera en gran medida las necesidades del sector privado, que podrían casi duplicar el monto total. La carga es especialmente pesada para los países de ingresos bajos, donde la adaptación demandaría alrededor del 4% de su producto interno bruto.
El informe muestra que ni siquiera los compromisos más recientes alcanzan. En la COP30, celebrada en 2025 en Brasil, los países se propusieron triplicar la financiación internacional para la adaptación de aquí a 2035. Aun si esa meta se cumpliera, los fondos disponibles cubrirían apenas entre el 20% y el 29% de las necesidades previstas para entonces. Por eso, Andersen pidió que la COP31, que se celebrará en Antalya, Turquía, entre el 9 y el 20 de noviembre, concentre los esfuerzos en cumplir esa meta, sabiendo que será necesario ir todavía más lejos.
Entre las pocas señales positivas, el PNUMA destaca que la cooperación entre los propios países en desarrollo creció de 3.800 millones de dólares en 2019 a 9.600 millones en 2024.

No todo es dinero
El organismo advierte que aumentar los fondos no bastará por sí solo. Muchos gobiernos encuentran obstáculos legales, administrativos y de coordinación para transformar sus planes de adaptación en medidas concretas, por lo que el estudio recomienda reforzar las leyes climáticas, la coordinación entre administraciones, los sistemas de gestión de fondos y los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
También alerta que, incluso con una mejor adaptación, no todos los daños podrán evitarse. Entre 2020 y 2025, los países de ingresos bajos y medios concentraron el 99% de los 765 millones de personas afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra, aunque el informe aclara que esas consecuencias no pueden atribuirse en su totalidad al cambio climático causado por el ser humano. En la primera ronda del Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, 119 países en desarrollo solicitaron 2.800 millones de dólares, frente a una dotación inicial de apenas 342 millones: alrededor de un dólar disponible por cada ocho pedidos.

Promesas que no protegen
El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó la falta de financiación y de voluntad política para proteger a los países pobres, y sostuvo que el déficit no solo se mide en dinero, sino también en vidas, medios de subsistencia y futuros perdidos. Reclamó que los países desarrollados cumplan sus compromisos y que los gobiernos conviertan los planes en viviendas más seguras, infraestructuras resilientes, seguridad alimentaria e hídrica y sistemas de alerta temprana, con las comunidades al frente. La alternativa, resumió, es invertir hoy en adaptación o pagar mañana las consecuencias.
Desde la sociedad civil, la Red de Acción Climática reclamó que la COP31 acuerde un plan creíble para movilizar al menos 120.000 millones de dólares anuales en financiación para la adaptación, en forma de fondos públicos nuevos, adicionales y no reembolsables. “No se puede proteger una cosecha con una promesa”, resumió Mohammed Adow, director de la organización Power Shift Africa, en una frase traducida del inglés.
Para el Sur Global, incluida América Latina, donde crecidas, sequías e incendios ya ponen a prueba a comunidades e infraestructuras, Antalya será clave para saber si la adaptación empieza a financiarse a la escala necesaria.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde; Portal EcoNews; Climate Action Network; Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Naciones Unidas.

Ecuador: campesinos que se oponen a la minería en Las Naves enfrentan más de 50 causas penales

Los opositores al proyecto de oro, cobre y plata Curipamba-El Domo, en la provincia de Bolívar, enfrentan juicios, condenas y amenazas, mientras una ley restringe a las organizaciones que cuestionan proyectos mineros.

En el cantón Las Naves, en la provincia ecuatoriana de Bolívar, oponerse a la minería puede terminar en un tribunal. Desde 2021, los campesinos que rechazan el proyecto de oro, cobre y plata Curipamba-El Domo enfrentan más de 50 procesos de investigación penal, según una investigación de Mongabay Latam, en un territorio que, de acuerdo con los pobladores, además fue militarizado.
El proyecto es operado por Curimining SA, filial de las empresas canadienses Silvercorp Metals y Salazar Resources, y en él participa el Consorcio Nobis, vinculado a la familia del presidente Daniel Noboa. Las concesiones mineras en la zona abarcan más de 30.000 hectáreas otorgadas desde 2003.

Defender el agua, ante la Justicia
Uno de los casos más conocidos es el de los dirigentes campesinos Fausto Arechua, Wilfrido Escobar y Gilberto Talahua, acusados de violación de propiedad privada. Arechua había sido condenado en primera instancia, pero en diciembre de 2025 un tribunal de apelación declaró inocentes a los tres por falta de pruebas, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). La Fiscalía y los acusadores particulares recurrieron esa decisión ante la Corte Nacional de Justicia, que todavía debe resolver.
En otro proceso, en febrero de 2026, un tribunal penal de Quevedo condenó a cuatro años de prisión a los defensores Piedad Guaranda, María Ortega y Wilfrido Escobar. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, 32 defensores enfrentan causas penales en las provincias de Bolívar y Los Ríos. “Defender el agua, los territorios y la naturaleza es un derecho, no es un delito”, señalaron en un pronunciamiento conjunto difundido por la organización Front Line Defenders.
Arechua relató además haber recibido amenazas de muerte y contó que, para resguardarse, cambia de ropa al subirse al transporte público para no ser reconocido.

Una consulta cuestionada
El conflicto se remonta a la consulta ambiental realizada entre junio y diciembre de 2023, bajo el Decreto 754 del entonces presidente Guillermo Lasso y con resguardo policial. Los campesinos cuestionan su legitimidad. Pese a ello, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorgó en enero de 2024 la licencia ambiental de explotación.
Casi 500 campesinos, acompañados por la CEDHU, presentaron una acción de protección para revocar la licencia y las autorizaciones de uso de agua, pero la Justicia la rechazó a fines de octubre. Desde la empresa, el vocero jurídico Daniel González sostuvo que “el proceso de consulta ambiental se realizó bajo los estándares exigidos por el Estado ecuatoriano”.

Menos espacio para las organizaciones
El caso se inscribe en un contexto de restricciones para la sociedad civil. La Ley de Transparencia Social, vigente desde agosto de 2025, y su reglamento prohíben a las organizaciones sin fines de lucro intervenir, directa o indirectamente, en actividades destinadas a obstaculizar proyectos mineros legalmente autorizados. Quienes incumplan pueden sufrir la suspensión de su personería jurídica por cuatro años, y la norma impide usar donaciones o fondos extranjeros para financiar acciones contra la minería. Según la normativa, el objetivo es transparentar el financiamiento de las organizaciones y mitigar riesgos de lavado de activos, corrupción y vínculos con actividades ilícitas, incluida la minería ilegal.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, en cambio, advierten que este tipo de normas, sumadas a los procesos penales, desalientan la participación de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.

Una región de riesgo
Ecuador es parte del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y a prevenir y sancionar las amenazas en su contra. Para las organizaciones que acompañan a los campesinos, en cambio, Las Naves es un ejemplo de cómo la vía judicial se utiliza para presionar a las comunidades que se oponen a proyectos extractivos.
Mientras la Corte Nacional de Justicia define la situación de los dirigentes y el proyecto minero avanza, los campesinos de Las Naves insisten en que su reclamo es por el agua y por el futuro de sus tierras.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
País/Región: Ecuador
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Mongabay Latam; Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Front Line Defenders

México: centros de datos usan químicos eternos sin regulación ni información pública

Al menos cinco instalaciones emplean gases con PFAS y potentes HFC para enfriar servidores y apagar incendios, mientras comunidades de Querétaro reclaman transparencia y el país carece de normas para estas sustancias.

El auge de los centros de datos en México, impulsado por la demanda de servicios en la nube e inteligencia artificial, trae consigo un riesgo poco visible: el uso de sustancias químicas peligrosas para enfriar los equipos y apagar incendios. Una investigación periodística revisó evaluaciones de impacto ambiental, documentos de las propias empresas y solicitudes de información. Detectó que al menos cinco de esas instalaciones utilizan hidrofluorocarbonos (HFC) y otros compuestos con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS o químicos eternos. Lo hacen sin que exista regulación específica ni información pública suficiente sobre su manejo.
México cuenta con al menos 144 centros de datos, operados por 44 proveedores en 69 ciudades. La magnitud real del uso de PFAS en el sector es desconocida, porque la mayoría de las instalaciones no tiene manifestaciones de impacto ambiental que describan sus sistemas de enfriamiento.

Qué sustancias se usan
Los HFC tienen un potencial de calentamiento global de hasta 7.000 veces el del dióxido de carbono y permanecen alrededor de 15 años en la atmósfera. Según la investigación, estos son algunos de los casos detectados:
el centro KIO MEX3, en Ciudad de México, emplea el agente FM-200, también llamado heptafluoropropano, en su sistema de supresión de incendios, mientras que otras instalaciones de la misma firma usan agentes limpios que no especifican;
Equinix utiliza en su centro Mx1 de Querétaro el gas Novec 1230, que contiene PFAS y que su fabricante, 3M, anunció que dejará de producir;
en Nogales, Sonora, una instalación de NGX Networks emplea un refrigerante con PFAS;
el gas R-134a se usó históricamente en enfriadores y sistemas de climatización de salas de servidores.
El centro Ascenty-01, vinculado a Microsoft, ilustra la escala de los nuevos proyectos: prevé diez salas de datos y casi 3.000 racks, con 13 unidades de enfriamiento por cada sala de 2 megavatios.

Un riesgo para la salud
Los PFAS forman una familia de unos 15.000 compuestos sintéticos que persisten durante décadas en el ambiente y se han detectado incluso en el Ártico y el Himalaya. La exposición se asocia con cánceres de riñón, páncreas, testículo, útero y endometrio, mieloma múltiple y alteraciones hormonales. Su degradación genera ácido trifluoroacético (TFA), otro contaminante persistente que altera la tiroxina, una hormona tiroidea.
Un informe publicado en julio por la organización estadounidense Food & Water Watch advirtió además sobre los fluidos de enfriamiento por inmersión, cada vez más usados en el sector. Según el informe, suelen ser PFAS, pueden evaporarse dentro de las instalaciones y terminar en el aire o en cenizas al incinerarse.

Silencio oficial y empresarial
“No sabemos nada de las sustancias químicas”, denunció Teresa Roldán, integrante del colectivo Vocer@s de la Madre Tierra, de Querétaro, donde algunas instalaciones se ubican cerca de viviendas y escuelas. Leonard Siegel, director ejecutivo del Centro para la Supervisión Pública Ambiental, de California, señaló que las empresas no comparten la información. También advirtió que el tamaño de los proyectos planificados implicará un mayor uso de químicos.
KIO Networks y Ascenty no respondieron a las consultas, y la Asociación Mexicana de Centros de Datos declinó referirse al tema. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tampoco contestó. México integra desde 2004 el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, pero los PFAS no están regulados en su legislación nacional, y no existe un inventario de sitios contaminados ni un monitoreo sistemático. Para Noemí Quiroz, consultora de la firma Ceiap, el país carece de un marco regulatorio ambiental y de ubicación para estas instalaciones. Por eso propuso una política nacional con reglas según su tamaño.

La disputa en Querétaro
El estado de Querétaro, uno de los principales polos de centros de datos del país y con fuerte estrés hídrico, concentra el conflicto. En octubre, Vocer@s de la Madre Tierra llevó a Palacio Nacional y a la Suprema Corte de Justicia un pedido de suspensión de nuevos proyectos y de una evaluación de sus impactos acumulativos sobre el agua, la energía y el territorio. “No estamos pidiendo detener el desarrollo”, aclaró Roldán. El colectivo reclama ahora suspender las operaciones existentes hasta que la información sea pública.
El gobierno estatal defiende al sector. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, consideró que frenar los centros de datos sería un retroceso económico. Anunció que a partir del próximo año se hará público su consumo de agua, hoy no obligatorio por tratarse de empresas de servicios. “No hay nada que ocultar”, afirmó.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
País/Región: México
Fuentes Consultadas: Agencia IPS; Portal CódigoQro; Portal AlertaQro; Centro para la Supervisión Pública Ambiental

Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica se apartan del acuerdo que protege a cinco tiburones amenazados

Los cuatro países presentaron reservas a la inclusión de tres tiburones zorro y dos tiburones martillo en el máximo nivel de protección de la Convención sobre Especies Migratorias, que prohíbe su captura y rige desde junio.

Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica se apartaron de un acuerdo internacional que prohíbe capturar cinco especies de tiburones amenazados. Los cuatro países presentaron reservas a la inclusión de esos animales en el Apéndice I de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), el máximo nivel de protección del tratado, que obliga a prohibir su captura salvo excepciones puntuales. La decisión fue adoptada en la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP15) de la convención, celebrada en Brasil en marzo, y entró en vigor el 27 de junio.
Las especies protegidas son tres tiburones zorro, el pelágico (Alopias pelagicus), el de ojo grande (Alopias superciliosus) y el común (Alopias vulpinus), y dos tiburones martillo, el festoneado (Sphyrna lewini) y el gran martillo (Sphyrna mokarran). Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), todas figuran como vulnerables, en peligro o en peligro crítico de extinción. De acuerdo con los datos presentados en la COP15, las poblaciones mundiales de tiburones y rayas se redujeron a la mitad desde 1970.

Una votación con resistencias
La inclusión de los tiburones zorro fue propuesta por Panamá y aprobada por 49 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, con el respaldo de la Unión Europea, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otros. Durante el debate, Perú y Chile se opusieron, al advertir que las nuevas reglas podrían aumentar los descartes de captura incidental y empujar la pesca hacia la informalidad. Los dos tiburones martillo, en cambio, fueron propuestos por Ecuador, que alertó sobre la sobrepesca y el alto valor de sus aletas y pidió actuar para evitar que “este gigante desaparezca de nuestro océano”, según el registro oficial de las sesiones. Perú objetó esas propuestas por su posible impacto en la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras, aunque finalmente no bloqueó el consenso.
Según el registro de reservas de la convención, Perú se apartó de la protección de las cinco especies, mientras que Chile, Ecuador y Costa Rica lo hicieron solo para los tres tiburones zorro. República Checa y el Reino Unido también presentaron reservas. Una reserva implica que, para ese país, la obligación de prohibir la captura no rige.

Las razones y las críticas
El Ministerio de la Producción de Perú explicó que la reserva le permite seguir manejando estas pesquerías mediante normas nacionales, sin una prohibición automática, y que se mantienen las obligaciones de conservación, fiscalización, trazabilidad y control. El país fija una cuota anual solo para el tiburón martillo común (Sphyrna zygaena), una especie que no forma parte del nuevo listado: para 2026 la estableció en 444 toneladas. Especialistas peruanos de Oceana y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia cuestionaron la decisión y reclamaron cuotas máximas y vedas estrictas para todas las especies.
Ecuador, que había apoyado inicialmente la protección de los tiburones zorro, sostuvo a través de su Ministerio de Ambiente que sus mecanismos nacionales superan en algunos aspectos los estándares internacionales. En 2024, sin embargo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) suspendió el comercio de tiburones de ese país tras detectar tráfico ilegal. Los científicos recuerdan que los tiburones zorro tardan entre nueve y trece años en alcanzar la madurez sexual y tienen pocas crías, lo que vuelve muy lenta su recuperación.
En Costa Rica, organizaciones conservacionistas cuestionan que los tiburones sigan tratándose legalmente como especies comerciales y no como fauna silvestre, pese a un fallo judicial de junio de 2023 que ordenó al Ministerio de Ambiente protegerlos. En Chile, investigadores advierten que el país carece de capacidad de gestión para cumplir estos compromisos y que las flotas artesanales no están obligadas a informar la captura incidental. Los gobiernos de Costa Rica y Chile no respondieron a las consultas periodísticas.

Un océano compartido
Los tiburones zorro y martillo son especies migratorias que recorren las aguas del Pacífico oriental atravesando fronteras. Por eso, los especialistas advierten que la protección pierde eficacia si los países donde más se los pesca quedan fuera del acuerdo, en una región donde en los últimos años se detectaron permisos irregulares, tráfico ilegal y decomisos de aletas.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
País/Región: Perú - Ecuador - Chile - Costa Rica 
Fuentes Consultadas: Agencia NotiPress; Mongabay Latam; Convención sobre Especies Migratorias (CMS); Earth Negotiations Bulletin (IISD)

El cambio climático pone en jaque las infraestructuras críticas de Europa, advierte la AEMA

Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente concluye que el calor, la sequía, los incendios y las tormentas de 2026 afectaron el transporte, la energía y el agua del bloque, y que el calor extremo le costó a la UE al menos el 1% de su PIB.

Los fenómenos meteorológicos extremos de 2026 pusieron a prueba las infraestructuras críticas de la Unión Europea. Las olas de calor, la sequía, los incendios forestales y las tormentas afectaron las redes de transporte, energía y agua de buena parte del continente y dejaron un alto costo económico, según un informe que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó el martes 3 de noviembre, titulado Las infraestructuras críticas de Europa bajo estrés climático: lecciones de 2026.
De acuerdo con el organismo, el calor extremo amplificado por el cambio climático le costó a la Unión Europea al menos el 1% de su producto interno bruto este año. Por su parte, el sector energético concentra alrededor del 23% de las pérdidas económicas vinculadas a la sequía en Europa, unos 2.000 millones de euros anuales.

Un verano de interrupciones
El informe repasa varios episodios del último verano boreal. Los bajos niveles de agua del río Rin, una de las principales vías fluviales de carga del continente, obligaron a interrumpir el transporte de mercancías y afectaron las cadenas de suministro. En Portugal, las tormentas dañaron carreteras, vías férreas y redes eléctricas, mientras que en Europa Central y Oriental la sequía y el calor tensionaron la generación de energía.
En España, los incendios forestales provocaron importantes interrupciones en el transporte: durante julio y agosto se cerraron más de 2.500 kilómetros de carreteras en 227 vías. La AEMA advierte que estos ejemplos no son hechos aislados y que, más allá de cada episodio, “las interrupciones acumulativas perjudican los servicios en toda Europa a largo plazo”.

Efecto dominó
Uno de los ejes del análisis es la interdependencia entre sistemas. En un mismo verano, distintas regiones del continente enfrentaron calor, sequía, incendios y tormentas que afectaron a la vez a varios sectores. Según la agencia, los daños directos sobre las infraestructuras pueden provocar interrupciones de servicios, cierres industriales y efectos en cascada a lo largo de las cadenas de suministro, lo que amplifica el impacto económico. Como las redes no funcionan de forma aislada, cuando falla un componente crítico las consecuencias pueden propagarse por todo el sistema o alcanzar a otros servicios esenciales.
La Evaluación Europea de Riesgos Climáticos de 2024 ya había advertido que las sequías prolongadas pueden reducir los recursos hídricos que necesitan las personas, la agricultura, la industria, las centrales eléctricas, el transporte fluvial y los ecosistemas.

Seis lecciones para adaptarse
Frente a ese escenario, la AEMA propone acelerar el ritmo de la adaptación y resume sus recomendaciones en seis lecciones. La primera es planificar las infraestructuras pensando en las condiciones climáticas del futuro y no en las del pasado. La segunda, evaluar los riesgos de las redes, sus dependencias, las cadenas de suministro y los impactos transfronterizos. La tercera, someter las infraestructuras a pruebas de estrés periódicas.
Las otras tres apuntan a la respuesta: preparar alternativas y medidas de contingencia, como sistemas de respaldo y rutas alternativas; reforzar la coordinación entre operadores, reguladores y servicios de emergencia, y combinar las soluciones de corto plazo con estrategias de adaptación a largo plazo.

En sintonía con Bruselas
El informe llega una semana después de que la Comisión Europea presentara su nuevo marco de resiliencia climática, que propone que los países del bloque incorporen de forma sistemática los riesgos climáticos a sus decisiones, con un escenario de calentamiento de 3 °C para fin de siglo como referencia para planificar. Ambos documentos coinciden en la necesidad de pasar de reaccionar ante las catástrofes a prepararse para ellas.
La experiencia europea ofrece también una lectura para otras regiones, incluida América Latina, donde las sequías, las bajantes de los ríos navegables, los incendios y las tormentas también ponen a prueba rutas, puertos y redes eléctricas. La combinación de eventos extremos que golpeó a Europa en 2026 muestra cómo un fenómeno climático puede convertirse rápidamente en una crisis económica y de servicios cuando las infraestructuras no están preparadas para resistirlo y no existen alternativas para sostener su funcionamiento.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
País/Región: Unión Europea
Fuentes Consultadas: EFE Verde; The Brussels Times; SustainabilityOnline; Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA); Comisión Europea; Evaluación Europea de Riesgos Climáticos (EUCRA).

Brasil: la Justicia ordena desalojar a los ganaderos del territorio de los Piripkura aislados

Un juez federal dio 120 días a los ocupantes no indígenas para abandonar la tierra de uno de los pueblos en aislamiento voluntario más amenazados de la Amazonía, afectada por desmontes, ganado y pistas clandestinas de narcotráfico.

La Justicia Federal de Brasil ordenó el desalojo de los ganaderos que ocupan la Tierra Indígena Piripkura, en el estado de Mato Grosso, hogar de uno de los pueblos en aislamiento voluntario más amenazados de la Amazonía. La sentencia, dictada el 7 de octubre por el juez federal Rodrigo Bahia Accioly Lins, de la subsección judicial de Juína, fija un plazo de 120 días. En ese lapso, los ocupantes no indígenas deben retirar a sus empleados, el ganado, la maquinaria y todas sus pertenencias del territorio, ubicado en los municipios de Colniza y Rondolândia.
Quienes no cumplan deberán pagar una multa diaria de 500 reales, unos 93 dólares, y podrían sufrir el secuestro de bienes y maquinaria. La decisión también prohíbe nuevos desmontes y la explotación de recursos naturales. Además, encarga a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) planificar y acompañar la operación para evitar cualquier contacto con los Piripkura, con apoyo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) y, si es necesario, de fuerzas de seguridad. El fallo puede apelarse ante el Tribunal Regional Federal de la Primera Región.

Un pueblo al borde de la desaparición
Se sabe que al menos dos personas del pueblo Piripkura viven en aislamiento en ese territorio, aunque la Funai no descarta que haya más. Desde 2008, el área está bajo un régimen especial de protección mediante ordenanzas de restricción de uso que prohíben el ingreso de terceros, pero su demarcación definitiva sigue pendiente. Según la organización Survival International, el territorio fue propuesto por primera vez hace más de 40 años.
El contacto no deseado puede transmitir enfermedades frente a las cuales los Piripkura no tienen inmunidad, advirtió la Funai. Por eso, el juez consideró que “la simple presencia de terceros, aunque no esté acompañada de deforestación constatada de inmediato”, aumenta el riesgo de un contacto forzado, en una frase traducida del portugués. La Defensoría Pública de la Unión, que intervino en la causa, sostuvo que permitir la explotación económica del área por terceros haría inviable la existencia física del pueblo.

Ganado, desmontes y narcotráfico
Los expedientes describen una presión constante. En 2021, el territorio perdió 1.769 hectáreas de cobertura arbórea, la mayor pérdida desde 2004. La deforestación disminuyó desde entonces, pero en febrero de este año la Funai y el Ibama detectaron 36,83 hectáreas de desmonte no autorizado vinculado a la ganadería, realizado con tractores y cadenas. Los informes de la Funai registraron además nuevas talas, el uso de motosierras y la contratación de terceros para impedir que el bosque se regenere. Según la documentación del caso, algunos ocupantes llegaron a declarar cientos de cabezas de ganado dentro del área protegida.
Las inspecciones también hallaron pistas de aterrizaje clandestinas presuntamente usadas para el narcotráfico. En la región de Colniza, el Grupo Especial de Seguridad de Fronteras (Gefron) detuvo a tres personas y secuestró unos 500 kilos de marihuana. Los fiscales advirtieron que estas actividades ilícitas representan un riesgo muy alto para los indígenas aislados.

Un giro tras el fin del marco temporal
La sentencia revierte una decisión de febrero de 2025 que había permitido a algunos ganaderos permanecer en el territorio hasta que concluyera la demarcación. Aquel fallo se apoyó en la ley del marco temporal, que garantizaba ciertos derechos a los ocupantes no indígenas hasta el fin de la demarcación y el pago de mejoras de buena fe. El Supremo Tribunal Federal declaró esa ley inconstitucional en diciembre de 2025. El Ministerio Público Federal, que impulsa la causa desde 2021, había apelado aquella decisión.
Para los fiscales Daniel Luis Dalberto y Guilherme Fernandes Ferreira Tavares, el fallo “representa un paso muy importante para la protección de los Piripkura”, según una declaración traducida del inglés. Jair Candor, coordinador de la unidad de la Funai que protege a los grupos aislados de la región, confirmó que la orden de desalojo ya fue emitida.
El caso se suma a otros procesos de retiro de invasores de tierras indígenas en Brasil y se produce días después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobierno impulsa la meta de deforestación cero para 2030.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
País/Región: Brasil
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Portal Mongabay; Olhar Direto; Ministerio Público Federal de Brasil

Tormentas, incendios y menos guardaparques: el cambio climático amenaza el turismo de naturaleza

Las crecidas repentinas, el calor extremo y el humo de los incendios hacen más peligrosas las excursiones en parques y montañas de Estados Unidos, donde los rescates aumentan mientras los recortes de personal dificultan la respuesta.

Subir una montaña, recorrer un cañón o acampar en un bosque es cada vez más popular, pero también más riesgoso. El cambio climático está transformando las condiciones del turismo de naturaleza con tormentas más violentas, olas de calor, incendios y humo. En Estados Unidos, ese escenario coincide con récords de visitantes y con fuertes recortes en el personal de los parques y bosques nacionales encargado de cuidarlos y de rescatar a quienes se pierden o accidentan.
El año pasado, 183,2 millones de estadounidenses practicaron actividades al aire libre, una cifra récord. Al mismo tiempo, hasta octubre de este año el fuego ya había consumido más de 9 millones de acres, unas 3,6 millones de hectáreas, en todo el país, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Tormentas que sorprenden
El caso del Gran Cañón, en Arizona, ilustra el nuevo tipo de amenaza. El 29 de agosto, una tormenta intensa de apenas media hora desató una crecida repentina en el cañón de Bright Angel, cerca de Phantom Ranch. Tres excursionistas murieron y los equipos de rescate evacuaron a unas 80 personas durante ese fin de semana. Las lluvias del monzón, potenciadas por la humedad asociada a un El Niño intenso, cayeron además sobre una zona arrasada por un incendio, donde el suelo desnudo acelera el escurrimiento. La crecida dañó cerca del 40% del único acueducto del parque.
En la Sierra Nevada de California, uno de los destinos más buscados es el monte Whitney, la cumbre más alta de los 48 estados contiguos. Su ruta exige 22 millas de recorrido de ida y vuelta, unos 35 kilómetros, y más de 1.800 metros de desnivel. En temporada alta solo se permite el ingreso de 160 excursionistas por día. Allí, las tormentas eléctricas, el granizo y las crecidas repentinas pueden sorprender a los caminantes en zonas sin cobertura móvil para recibir alertas. Dan McEvoy, climatólogo del Centro Climático Regional del Oeste, aclaró, sin embargo, que la montaña no necesariamente se está volviendo más lluviosa. En julio, un incendio arrasó más de 12.000 acres en el condado de Inyo, donde se encuentra el Whitney.

Más rescates, menos guardaparques
Los datos de emergencias reflejan la tendencia. En Phoenix, los rescates en montaña aumentaron casi un 20% este año, y en Canadá los incidentes de búsqueda y rescate crecieron un 19% el año pasado. A los riesgos climáticos se suman el mal de altura, la deshidratación y el agotamiento de excursionistas que subestiman las condiciones.
El problema es que hay menos gente para responder:
- el Servicio de Parques Nacionales perdió más de 4.000 puestos, casi una cuarta parte de su plantilla;
- el Servicio Forestal perdió más de 5.800, cerca del 16%.
Con menos guardaparques, los rescates se vuelven más difíciles, sobre todo cuando ocurren varios incidentes al mismo tiempo. “Los recortes de personal están afectando a casi todos los aspectos de los parques nacionales”, advirtió Mark Rose, responsable de programas en la Sierra Nevada de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, en una frase traducida del inglés. Desde el Servicio Forestal reconocieron que la demanda de actividades recreativas en los bosques nacionales sigue en aumento.

Un desafío global
El fenómeno excede a Estados Unidos. Destinos como el monte Fuji, en Japón, y Machu Picchu, en Perú, ya limitaron la cantidad de visitantes, mientras que en India, Tailandia y Nepal las inundaciones mortales afectaron a zonas turísticas. Las temporadas de esquí más cortas por la falta de nieve completan un panorama que obliga a repensar el turismo de naturaleza.
En América Latina, la presión también se combina con la falta de fondos. En Costa Rica, uno de los referentes regionales del ecoturismo, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) advirtió que varios factores ponen en riesgo las áreas protegidas:
- el déficit presupuestario y la reducción de personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación;
- el turismo masivo;
- los efectos del cambio climático, como la erosión costera y los deslizamientos.
“El financiamiento estatal debe ser la base sobre la cual se construyan estrategias complementarias”, sostuvo Allan Fernández, académico de la Cátedra de Políticas de Conservación de esa universidad.
Mientras tanto, los carteles en los senderos del Whitney resumen la nueva lógica del turismo de montaña: ante la lluvia, las nubes oscuras o la electricidad estática en el aire, la recomendación es dar media vuelta.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Bloomberg Línea; Agencia Associated Press; Diario La República (Costa Rica)

COP31: la meta de electrificar el 35% de la energía exige más redes, inversión y renovables

La presidencia turca de la cumbre climática propone que la electricidad cubra el 35% de la demanda energética mundial en 2035, un objetivo que la AIE considera cercano a lo viable, pero que requiere más redes, más inversión y renovables.

A una semana del inicio de la COP31, la electrificación de la economía se perfila como uno de los ejes de la agenda. La cumbre climática de las Naciones Unidas se celebrará en Antalya, Turquía, entre el 9 y el 20 de noviembre. Especialistas y organizaciones coinciden en que el objetivo es alcanzable, pero advierten que solo tendrá sentido si se apoya en energías renovables y viene acompañado de más inversión y de redes eléctricas capaces de sostenerlo.
La meta fue presentada en junio, durante la conferencia climática de Bonn, por el presidente designado de la COP31, el ministro turco de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático, Murat Kurum. Bautizada como Horizonte 35-35, propone que la electricidad cubra el 35% de la demanda final de energía del mundo en 2035, frente a algo más del 20% actual. “Trabajaremos estrechamente con todos los países, especialmente con las economías en desarrollo”, aseguró Kurum al presentarla, en una frase traducida del inglés. Australia, que preside las negociaciones de la cumbre, respaldó la iniciativa.

Lo que dice la AIE
Para fundamentar la propuesta, Turquía y Australia encargaron a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) un informe especial, titulado Electrificación y presentado en septiembre en Nueva York. El estudio concluye que la electricidad podría pasar de representar el 23% del consumo final de energía mundial en 2025 a cerca del 33% en 2035, utilizando tecnologías que ya son económicamente competitivas. La agencia aclara que se trata de un potencial técnico y económico, no de una previsión.
Los beneficios estimados en ese escenario acelerado son significativos:
- los países importadores de energía reducirían sus facturas en más de 400.000 millones de dólares en 2035;
- el consumo mundial de petróleo sería 18 millones de barriles diarios menor, sobre todo gracias a los vehículos eléctricos;
- las emisiones del transporte, los edificios y la industria, que concentran más de la mitad del dióxido de carbono vinculado a la energía, caerían un 40%.
El informe también señala los obstáculos. Hacen falta más generación y más redes, digitalización, almacenamiento y gestión de la demanda. También hay que reducir la dependencia de cadenas de suministro y minerales críticos muy concentrados, y reforzar la protección frente a ciberataques y fenómenos climáticos extremos.

Electrificar, pero con renovables
Las organizaciones ambientales celebran el objetivo, aunque con condiciones. Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, advirtió que la electrificación “por sí sola no tiene sentido si no está vinculada a las renovables”.
El sector eléctrico pone el foco en la infraestructura. Marta Castro, directora general de Regulación de la Asociación Europea de Energía Eléctrica (Aelec), sostuvo que el desafío ya no es producir más electricidad renovable, sino contar con un sistema capaz de transportarla, distribuirla y consumirla de forma eficiente, segura y competitiva. Para lograrlo, planteó cuatro prioridades:
- acelerar la inversión en redes;
- anticipar su planificación a las necesidades futuras;
- aprovechar mejor la capacidad disponible mediante soluciones flexibles;
- facilitar la conexión de nueva demanda.
Castro subrayó especialmente el papel de las redes de distribución, que deben crecer al ritmo de la producción.
En la misma línea, Bianca Dragomir, directora general de Cleantech for Iberia, consideró que la solución pasa por planificar la red en función de la demanda eléctrica futura. Agregó que la energía limpia debe traducirse en industria, competitividad y empleo de calidad, pilares sobre los que la COP31 debería empezar a construir el Horizonte 35-35.

El desafío para el Sur Global
La discusión tiene un capítulo propio en los países en desarrollo. Según la AIE, allí la electrificación puede impulsar bombas de riego agrícola, vehículos de dos y tres ruedas y procesos industriales en pequeñas empresas. América Latina parte con ventajas, por su generación hidroeléctrica consolidada y su potencial solar y eólico, pero arrastra déficits de infraestructura. La región invirtió cerca de 160.000 millones de dólares en energía en 2025, según estimaciones de la agencia. “Sin redes suficientes la energía no llega donde se necesita”, resumió Ana Cristina Rendón Escobar, gerente de FISE Colombia.
El financiamiento será clave. En la COP29 de Bakú, los países acordaron movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para las naciones en desarrollo hacia 2035. En Antalya, la meta de electrificación pondrá a prueba si esos recursos alcanzan para modernizar redes y ampliar las renovables donde más se necesitan.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas:  Agencia EFE Verde; Portal Energías Renovables; Down To Earth; Revista Economía; Agencia Internacional de la Energía (AIE); Presidencia de la COP31