México: centros de datos usan químicos eternos sin regulación ni información pública

Al menos cinco instalaciones emplean gases con PFAS y potentes HFC para enfriar servidores y apagar incendios, mientras comunidades de Querétaro reclaman transparencia y el país carece de normas para estas sustancias.

El auge de los centros de datos en México, impulsado por la demanda de servicios en la nube e inteligencia artificial, trae consigo un riesgo poco visible: el uso de sustancias químicas peligrosas para enfriar los equipos y apagar incendios. Una investigación periodística revisó evaluaciones de impacto ambiental, documentos de las propias empresas y solicitudes de información. Detectó que al menos cinco de esas instalaciones utilizan hidrofluorocarbonos (HFC) y otros compuestos con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS o químicos eternos. Lo hacen sin que exista regulación específica ni información pública suficiente sobre su manejo.
México cuenta con al menos 144 centros de datos, operados por 44 proveedores en 69 ciudades. La magnitud real del uso de PFAS en el sector es desconocida, porque la mayoría de las instalaciones no tiene manifestaciones de impacto ambiental que describan sus sistemas de enfriamiento.

Qué sustancias se usan
Los HFC tienen un potencial de calentamiento global de hasta 7.000 veces el del dióxido de carbono y permanecen alrededor de 15 años en la atmósfera. Según la investigación, estos son algunos de los casos detectados:
el centro KIO MEX3, en Ciudad de México, emplea el agente FM-200, también llamado heptafluoropropano, en su sistema de supresión de incendios, mientras que otras instalaciones de la misma firma usan agentes limpios que no especifican;
Equinix utiliza en su centro Mx1 de Querétaro el gas Novec 1230, que contiene PFAS y que su fabricante, 3M, anunció que dejará de producir;
en Nogales, Sonora, una instalación de NGX Networks emplea un refrigerante con PFAS;
el gas R-134a se usó históricamente en enfriadores y sistemas de climatización de salas de servidores.
El centro Ascenty-01, vinculado a Microsoft, ilustra la escala de los nuevos proyectos: prevé diez salas de datos y casi 3.000 racks, con 13 unidades de enfriamiento por cada sala de 2 megavatios.

Un riesgo para la salud
Los PFAS forman una familia de unos 15.000 compuestos sintéticos que persisten durante décadas en el ambiente y se han detectado incluso en el Ártico y el Himalaya. La exposición se asocia con cánceres de riñón, páncreas, testículo, útero y endometrio, mieloma múltiple y alteraciones hormonales. Su degradación genera ácido trifluoroacético (TFA), otro contaminante persistente que altera la tiroxina, una hormona tiroidea.
Un informe publicado en julio por la organización estadounidense Food & Water Watch advirtió además sobre los fluidos de enfriamiento por inmersión, cada vez más usados en el sector. Según el informe, suelen ser PFAS, pueden evaporarse dentro de las instalaciones y terminar en el aire o en cenizas al incinerarse.

Silencio oficial y empresarial
“No sabemos nada de las sustancias químicas”, denunció Teresa Roldán, integrante del colectivo Vocer@s de la Madre Tierra, de Querétaro, donde algunas instalaciones se ubican cerca de viviendas y escuelas. Leonard Siegel, director ejecutivo del Centro para la Supervisión Pública Ambiental, de California, señaló que las empresas no comparten la información. También advirtió que el tamaño de los proyectos planificados implicará un mayor uso de químicos.
KIO Networks y Ascenty no respondieron a las consultas, y la Asociación Mexicana de Centros de Datos declinó referirse al tema. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tampoco contestó. México integra desde 2004 el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, pero los PFAS no están regulados en su legislación nacional, y no existe un inventario de sitios contaminados ni un monitoreo sistemático. Para Noemí Quiroz, consultora de la firma Ceiap, el país carece de un marco regulatorio ambiental y de ubicación para estas instalaciones. Por eso propuso una política nacional con reglas según su tamaño.

La disputa en Querétaro
El estado de Querétaro, uno de los principales polos de centros de datos del país y con fuerte estrés hídrico, concentra el conflicto. En octubre, Vocer@s de la Madre Tierra llevó a Palacio Nacional y a la Suprema Corte de Justicia un pedido de suspensión de nuevos proyectos y de una evaluación de sus impactos acumulativos sobre el agua, la energía y el territorio. “No estamos pidiendo detener el desarrollo”, aclaró Roldán. El colectivo reclama ahora suspender las operaciones existentes hasta que la información sea pública.
El gobierno estatal defiende al sector. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Del Prete, consideró que frenar los centros de datos sería un retroceso económico. Anunció que a partir del próximo año se hará público su consumo de agua, hoy no obligatorio por tratarse de empresas de servicios. “No hay nada que ocultar”, afirmó.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
País/Región: México
Fuentes Consultadas: Agencia IPS; Portal CódigoQro; Portal AlertaQro; Centro para la Supervisión Pública Ambiental

Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica se apartan del acuerdo que protege a cinco tiburones amenazados

Los cuatro países presentaron reservas a la inclusión de tres tiburones zorro y dos tiburones martillo en el máximo nivel de protección de la Convención sobre Especies Migratorias, que prohíbe su captura y rige desde junio.

Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica se apartaron de un acuerdo internacional que prohíbe capturar cinco especies de tiburones amenazados. Los cuatro países presentaron reservas a la inclusión de esos animales en el Apéndice I de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), el máximo nivel de protección del tratado, que obliga a prohibir su captura salvo excepciones puntuales. La decisión fue adoptada en la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP15) de la convención, celebrada en Brasil en marzo, y entró en vigor el 27 de junio.
Las especies protegidas son tres tiburones zorro, el pelágico (Alopias pelagicus), el de ojo grande (Alopias superciliosus) y el común (Alopias vulpinus), y dos tiburones martillo, el festoneado (Sphyrna lewini) y el gran martillo (Sphyrna mokarran). Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), todas figuran como vulnerables, en peligro o en peligro crítico de extinción. De acuerdo con los datos presentados en la COP15, las poblaciones mundiales de tiburones y rayas se redujeron a la mitad desde 1970.

Una votación con resistencias
La inclusión de los tiburones zorro fue propuesta por Panamá y aprobada por 49 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, con el respaldo de la Unión Europea, Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otros. Durante el debate, Perú y Chile se opusieron, al advertir que las nuevas reglas podrían aumentar los descartes de captura incidental y empujar la pesca hacia la informalidad. Los dos tiburones martillo, en cambio, fueron propuestos por Ecuador, que alertó sobre la sobrepesca y el alto valor de sus aletas y pidió actuar para evitar que “este gigante desaparezca de nuestro océano”, según el registro oficial de las sesiones. Perú objetó esas propuestas por su posible impacto en la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras, aunque finalmente no bloqueó el consenso.
Según el registro de reservas de la convención, Perú se apartó de la protección de las cinco especies, mientras que Chile, Ecuador y Costa Rica lo hicieron solo para los tres tiburones zorro. República Checa y el Reino Unido también presentaron reservas. Una reserva implica que, para ese país, la obligación de prohibir la captura no rige.

Las razones y las críticas
El Ministerio de la Producción de Perú explicó que la reserva le permite seguir manejando estas pesquerías mediante normas nacionales, sin una prohibición automática, y que se mantienen las obligaciones de conservación, fiscalización, trazabilidad y control. El país fija una cuota anual solo para el tiburón martillo común (Sphyrna zygaena), una especie que no forma parte del nuevo listado: para 2026 la estableció en 444 toneladas. Especialistas peruanos de Oceana y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia cuestionaron la decisión y reclamaron cuotas máximas y vedas estrictas para todas las especies.
Ecuador, que había apoyado inicialmente la protección de los tiburones zorro, sostuvo a través de su Ministerio de Ambiente que sus mecanismos nacionales superan en algunos aspectos los estándares internacionales. En 2024, sin embargo, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) suspendió el comercio de tiburones de ese país tras detectar tráfico ilegal. Los científicos recuerdan que los tiburones zorro tardan entre nueve y trece años en alcanzar la madurez sexual y tienen pocas crías, lo que vuelve muy lenta su recuperación.
En Costa Rica, organizaciones conservacionistas cuestionan que los tiburones sigan tratándose legalmente como especies comerciales y no como fauna silvestre, pese a un fallo judicial de junio de 2023 que ordenó al Ministerio de Ambiente protegerlos. En Chile, investigadores advierten que el país carece de capacidad de gestión para cumplir estos compromisos y que las flotas artesanales no están obligadas a informar la captura incidental. Los gobiernos de Costa Rica y Chile no respondieron a las consultas periodísticas.

Un océano compartido
Los tiburones zorro y martillo son especies migratorias que recorren las aguas del Pacífico oriental atravesando fronteras. Por eso, los especialistas advierten que la protección pierde eficacia si los países donde más se los pesca quedan fuera del acuerdo, en una región donde en los últimos años se detectaron permisos irregulares, tráfico ilegal y decomisos de aletas.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
País/Región: Perú - Ecuador - Chile - Costa Rica 
Fuentes Consultadas: Agencia NotiPress; Mongabay Latam; Convención sobre Especies Migratorias (CMS); Earth Negotiations Bulletin (IISD)

El cambio climático pone en jaque las infraestructuras críticas de Europa, advierte la AEMA

Un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente concluye que el calor, la sequía, los incendios y las tormentas de 2026 afectaron el transporte, la energía y el agua del bloque, y que el calor extremo le costó a la UE al menos el 1% de su PIB.

Los fenómenos meteorológicos extremos de 2026 pusieron a prueba las infraestructuras críticas de la Unión Europea. Las olas de calor, la sequía, los incendios forestales y las tormentas afectaron las redes de transporte, energía y agua de buena parte del continente y dejaron un alto costo económico, según un informe que la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó el martes 3 de noviembre, titulado Las infraestructuras críticas de Europa bajo estrés climático: lecciones de 2026.
De acuerdo con el organismo, el calor extremo amplificado por el cambio climático le costó a la Unión Europea al menos el 1% de su producto interno bruto este año. Por su parte, el sector energético concentra alrededor del 23% de las pérdidas económicas vinculadas a la sequía en Europa, unos 2.000 millones de euros anuales.

Un verano de interrupciones
El informe repasa varios episodios del último verano boreal. Los bajos niveles de agua del río Rin, una de las principales vías fluviales de carga del continente, obligaron a interrumpir el transporte de mercancías y afectaron las cadenas de suministro. En Portugal, las tormentas dañaron carreteras, vías férreas y redes eléctricas, mientras que en Europa Central y Oriental la sequía y el calor tensionaron la generación de energía.
En España, los incendios forestales provocaron importantes interrupciones en el transporte: durante julio y agosto se cerraron más de 2.500 kilómetros de carreteras en 227 vías. La AEMA advierte que estos ejemplos no son hechos aislados y que, más allá de cada episodio, “las interrupciones acumulativas perjudican los servicios en toda Europa a largo plazo”.

Efecto dominó
Uno de los ejes del análisis es la interdependencia entre sistemas. En un mismo verano, distintas regiones del continente enfrentaron calor, sequía, incendios y tormentas que afectaron a la vez a varios sectores. Según la agencia, los daños directos sobre las infraestructuras pueden provocar interrupciones de servicios, cierres industriales y efectos en cascada a lo largo de las cadenas de suministro, lo que amplifica el impacto económico. Como las redes no funcionan de forma aislada, cuando falla un componente crítico las consecuencias pueden propagarse por todo el sistema o alcanzar a otros servicios esenciales.
La Evaluación Europea de Riesgos Climáticos de 2024 ya había advertido que las sequías prolongadas pueden reducir los recursos hídricos que necesitan las personas, la agricultura, la industria, las centrales eléctricas, el transporte fluvial y los ecosistemas.

Seis lecciones para adaptarse
Frente a ese escenario, la AEMA propone acelerar el ritmo de la adaptación y resume sus recomendaciones en seis lecciones. La primera es planificar las infraestructuras pensando en las condiciones climáticas del futuro y no en las del pasado. La segunda, evaluar los riesgos de las redes, sus dependencias, las cadenas de suministro y los impactos transfronterizos. La tercera, someter las infraestructuras a pruebas de estrés periódicas.
Las otras tres apuntan a la respuesta: preparar alternativas y medidas de contingencia, como sistemas de respaldo y rutas alternativas; reforzar la coordinación entre operadores, reguladores y servicios de emergencia, y combinar las soluciones de corto plazo con estrategias de adaptación a largo plazo.

En sintonía con Bruselas
El informe llega una semana después de que la Comisión Europea presentara su nuevo marco de resiliencia climática, que propone que los países del bloque incorporen de forma sistemática los riesgos climáticos a sus decisiones, con un escenario de calentamiento de 3 °C para fin de siglo como referencia para planificar. Ambos documentos coinciden en la necesidad de pasar de reaccionar ante las catástrofes a prepararse para ellas.
La experiencia europea ofrece también una lectura para otras regiones, incluida América Latina, donde las sequías, las bajantes de los ríos navegables, los incendios y las tormentas también ponen a prueba rutas, puertos y redes eléctricas. La combinación de eventos extremos que golpeó a Europa en 2026 muestra cómo un fenómeno climático puede convertirse rápidamente en una crisis económica y de servicios cuando las infraestructuras no están preparadas para resistirlo y no existen alternativas para sostener su funcionamiento.


Fecha de Publicación: 05/11/2026
País/Región: Unión Europea
Fuentes Consultadas: EFE Verde; The Brussels Times; SustainabilityOnline; Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA); Comisión Europea; Evaluación Europea de Riesgos Climáticos (EUCRA).

Brasil: la Justicia ordena desalojar a los ganaderos del territorio de los Piripkura aislados

Un juez federal dio 120 días a los ocupantes no indígenas para abandonar la tierra de uno de los pueblos en aislamiento voluntario más amenazados de la Amazonía, afectada por desmontes, ganado y pistas clandestinas de narcotráfico.

La Justicia Federal de Brasil ordenó el desalojo de los ganaderos que ocupan la Tierra Indígena Piripkura, en el estado de Mato Grosso, hogar de uno de los pueblos en aislamiento voluntario más amenazados de la Amazonía. La sentencia, dictada el 7 de octubre por el juez federal Rodrigo Bahia Accioly Lins, de la subsección judicial de Juína, fija un plazo de 120 días. En ese lapso, los ocupantes no indígenas deben retirar a sus empleados, el ganado, la maquinaria y todas sus pertenencias del territorio, ubicado en los municipios de Colniza y Rondolândia.
Quienes no cumplan deberán pagar una multa diaria de 500 reales, unos 93 dólares, y podrían sufrir el secuestro de bienes y maquinaria. La decisión también prohíbe nuevos desmontes y la explotación de recursos naturales. Además, encarga a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) planificar y acompañar la operación para evitar cualquier contacto con los Piripkura, con apoyo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) y, si es necesario, de fuerzas de seguridad. El fallo puede apelarse ante el Tribunal Regional Federal de la Primera Región.

Un pueblo al borde de la desaparición
Se sabe que al menos dos personas del pueblo Piripkura viven en aislamiento en ese territorio, aunque la Funai no descarta que haya más. Desde 2008, el área está bajo un régimen especial de protección mediante ordenanzas de restricción de uso que prohíben el ingreso de terceros, pero su demarcación definitiva sigue pendiente. Según la organización Survival International, el territorio fue propuesto por primera vez hace más de 40 años.
El contacto no deseado puede transmitir enfermedades frente a las cuales los Piripkura no tienen inmunidad, advirtió la Funai. Por eso, el juez consideró que “la simple presencia de terceros, aunque no esté acompañada de deforestación constatada de inmediato”, aumenta el riesgo de un contacto forzado, en una frase traducida del portugués. La Defensoría Pública de la Unión, que intervino en la causa, sostuvo que permitir la explotación económica del área por terceros haría inviable la existencia física del pueblo.

Ganado, desmontes y narcotráfico
Los expedientes describen una presión constante. En 2021, el territorio perdió 1.769 hectáreas de cobertura arbórea, la mayor pérdida desde 2004. La deforestación disminuyó desde entonces, pero en febrero de este año la Funai y el Ibama detectaron 36,83 hectáreas de desmonte no autorizado vinculado a la ganadería, realizado con tractores y cadenas. Los informes de la Funai registraron además nuevas talas, el uso de motosierras y la contratación de terceros para impedir que el bosque se regenere. Según la documentación del caso, algunos ocupantes llegaron a declarar cientos de cabezas de ganado dentro del área protegida.
Las inspecciones también hallaron pistas de aterrizaje clandestinas presuntamente usadas para el narcotráfico. En la región de Colniza, el Grupo Especial de Seguridad de Fronteras (Gefron) detuvo a tres personas y secuestró unos 500 kilos de marihuana. Los fiscales advirtieron que estas actividades ilícitas representan un riesgo muy alto para los indígenas aislados.

Un giro tras el fin del marco temporal
La sentencia revierte una decisión de febrero de 2025 que había permitido a algunos ganaderos permanecer en el territorio hasta que concluyera la demarcación. Aquel fallo se apoyó en la ley del marco temporal, que garantizaba ciertos derechos a los ocupantes no indígenas hasta el fin de la demarcación y el pago de mejoras de buena fe. El Supremo Tribunal Federal declaró esa ley inconstitucional en diciembre de 2025. El Ministerio Público Federal, que impulsa la causa desde 2021, había apelado aquella decisión.
Para los fiscales Daniel Luis Dalberto y Guilherme Fernandes Ferreira Tavares, el fallo “representa un paso muy importante para la protección de los Piripkura”, según una declaración traducida del inglés. Jair Candor, coordinador de la unidad de la Funai que protege a los grupos aislados de la región, confirmó que la orden de desalojo ya fue emitida.
El caso se suma a otros procesos de retiro de invasores de tierras indígenas en Brasil y se produce días después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobierno impulsa la meta de deforestación cero para 2030.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
País/Región: Brasil
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Portal Mongabay; Olhar Direto; Ministerio Público Federal de Brasil

Tormentas, incendios y menos guardaparques: el cambio climático amenaza el turismo de naturaleza

Las crecidas repentinas, el calor extremo y el humo de los incendios hacen más peligrosas las excursiones en parques y montañas de Estados Unidos, donde los rescates aumentan mientras los recortes de personal dificultan la respuesta.

Subir una montaña, recorrer un cañón o acampar en un bosque es cada vez más popular, pero también más riesgoso. El cambio climático está transformando las condiciones del turismo de naturaleza con tormentas más violentas, olas de calor, incendios y humo. En Estados Unidos, ese escenario coincide con récords de visitantes y con fuertes recortes en el personal de los parques y bosques nacionales encargado de cuidarlos y de rescatar a quienes se pierden o accidentan.
El año pasado, 183,2 millones de estadounidenses practicaron actividades al aire libre, una cifra récord. Al mismo tiempo, hasta octubre de este año el fuego ya había consumido más de 9 millones de acres, unas 3,6 millones de hectáreas, en todo el país, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Tormentas que sorprenden
El caso del Gran Cañón, en Arizona, ilustra el nuevo tipo de amenaza. El 29 de agosto, una tormenta intensa de apenas media hora desató una crecida repentina en el cañón de Bright Angel, cerca de Phantom Ranch. Tres excursionistas murieron y los equipos de rescate evacuaron a unas 80 personas durante ese fin de semana. Las lluvias del monzón, potenciadas por la humedad asociada a un El Niño intenso, cayeron además sobre una zona arrasada por un incendio, donde el suelo desnudo acelera el escurrimiento. La crecida dañó cerca del 40% del único acueducto del parque.
En la Sierra Nevada de California, uno de los destinos más buscados es el monte Whitney, la cumbre más alta de los 48 estados contiguos. Su ruta exige 22 millas de recorrido de ida y vuelta, unos 35 kilómetros, y más de 1.800 metros de desnivel. En temporada alta solo se permite el ingreso de 160 excursionistas por día. Allí, las tormentas eléctricas, el granizo y las crecidas repentinas pueden sorprender a los caminantes en zonas sin cobertura móvil para recibir alertas. Dan McEvoy, climatólogo del Centro Climático Regional del Oeste, aclaró, sin embargo, que la montaña no necesariamente se está volviendo más lluviosa. En julio, un incendio arrasó más de 12.000 acres en el condado de Inyo, donde se encuentra el Whitney.

Más rescates, menos guardaparques
Los datos de emergencias reflejan la tendencia. En Phoenix, los rescates en montaña aumentaron casi un 20% este año, y en Canadá los incidentes de búsqueda y rescate crecieron un 19% el año pasado. A los riesgos climáticos se suman el mal de altura, la deshidratación y el agotamiento de excursionistas que subestiman las condiciones.
El problema es que hay menos gente para responder:
- el Servicio de Parques Nacionales perdió más de 4.000 puestos, casi una cuarta parte de su plantilla;
- el Servicio Forestal perdió más de 5.800, cerca del 16%.
Con menos guardaparques, los rescates se vuelven más difíciles, sobre todo cuando ocurren varios incidentes al mismo tiempo. “Los recortes de personal están afectando a casi todos los aspectos de los parques nacionales”, advirtió Mark Rose, responsable de programas en la Sierra Nevada de la Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, en una frase traducida del inglés. Desde el Servicio Forestal reconocieron que la demanda de actividades recreativas en los bosques nacionales sigue en aumento.

Un desafío global
El fenómeno excede a Estados Unidos. Destinos como el monte Fuji, en Japón, y Machu Picchu, en Perú, ya limitaron la cantidad de visitantes, mientras que en India, Tailandia y Nepal las inundaciones mortales afectaron a zonas turísticas. Las temporadas de esquí más cortas por la falta de nieve completan un panorama que obliga a repensar el turismo de naturaleza.
En América Latina, la presión también se combina con la falta de fondos. En Costa Rica, uno de los referentes regionales del ecoturismo, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) advirtió que varios factores ponen en riesgo las áreas protegidas:
- el déficit presupuestario y la reducción de personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación;
- el turismo masivo;
- los efectos del cambio climático, como la erosión costera y los deslizamientos.
“El financiamiento estatal debe ser la base sobre la cual se construyan estrategias complementarias”, sostuvo Allan Fernández, académico de la Cátedra de Políticas de Conservación de esa universidad.
Mientras tanto, los carteles en los senderos del Whitney resumen la nueva lógica del turismo de montaña: ante la lluvia, las nubes oscuras o la electricidad estática en el aire, la recomendación es dar media vuelta.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Bloomberg Línea; Agencia Associated Press; Diario La República (Costa Rica)

COP31: la meta de electrificar el 35% de la energía exige más redes, inversión y renovables

La presidencia turca de la cumbre climática propone que la electricidad cubra el 35% de la demanda energética mundial en 2035, un objetivo que la AIE considera cercano a lo viable, pero que requiere más redes, más inversión y renovables.

A una semana del inicio de la COP31, la electrificación de la economía se perfila como uno de los ejes de la agenda. La cumbre climática de las Naciones Unidas se celebrará en Antalya, Turquía, entre el 9 y el 20 de noviembre. Especialistas y organizaciones coinciden en que el objetivo es alcanzable, pero advierten que solo tendrá sentido si se apoya en energías renovables y viene acompañado de más inversión y de redes eléctricas capaces de sostenerlo.
La meta fue presentada en junio, durante la conferencia climática de Bonn, por el presidente designado de la COP31, el ministro turco de Medio Ambiente, Urbanismo y Cambio Climático, Murat Kurum. Bautizada como Horizonte 35-35, propone que la electricidad cubra el 35% de la demanda final de energía del mundo en 2035, frente a algo más del 20% actual. “Trabajaremos estrechamente con todos los países, especialmente con las economías en desarrollo”, aseguró Kurum al presentarla, en una frase traducida del inglés. Australia, que preside las negociaciones de la cumbre, respaldó la iniciativa.

Lo que dice la AIE
Para fundamentar la propuesta, Turquía y Australia encargaron a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) un informe especial, titulado Electrificación y presentado en septiembre en Nueva York. El estudio concluye que la electricidad podría pasar de representar el 23% del consumo final de energía mundial en 2025 a cerca del 33% en 2035, utilizando tecnologías que ya son económicamente competitivas. La agencia aclara que se trata de un potencial técnico y económico, no de una previsión.
Los beneficios estimados en ese escenario acelerado son significativos:
- los países importadores de energía reducirían sus facturas en más de 400.000 millones de dólares en 2035;
- el consumo mundial de petróleo sería 18 millones de barriles diarios menor, sobre todo gracias a los vehículos eléctricos;
- las emisiones del transporte, los edificios y la industria, que concentran más de la mitad del dióxido de carbono vinculado a la energía, caerían un 40%.
El informe también señala los obstáculos. Hacen falta más generación y más redes, digitalización, almacenamiento y gestión de la demanda. También hay que reducir la dependencia de cadenas de suministro y minerales críticos muy concentrados, y reforzar la protección frente a ciberataques y fenómenos climáticos extremos.

Electrificar, pero con renovables
Las organizaciones ambientales celebran el objetivo, aunque con condiciones. Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, advirtió que la electrificación “por sí sola no tiene sentido si no está vinculada a las renovables”.
El sector eléctrico pone el foco en la infraestructura. Marta Castro, directora general de Regulación de la Asociación Europea de Energía Eléctrica (Aelec), sostuvo que el desafío ya no es producir más electricidad renovable, sino contar con un sistema capaz de transportarla, distribuirla y consumirla de forma eficiente, segura y competitiva. Para lograrlo, planteó cuatro prioridades:
- acelerar la inversión en redes;
- anticipar su planificación a las necesidades futuras;
- aprovechar mejor la capacidad disponible mediante soluciones flexibles;
- facilitar la conexión de nueva demanda.
Castro subrayó especialmente el papel de las redes de distribución, que deben crecer al ritmo de la producción.
En la misma línea, Bianca Dragomir, directora general de Cleantech for Iberia, consideró que la solución pasa por planificar la red en función de la demanda eléctrica futura. Agregó que la energía limpia debe traducirse en industria, competitividad y empleo de calidad, pilares sobre los que la COP31 debería empezar a construir el Horizonte 35-35.

El desafío para el Sur Global
La discusión tiene un capítulo propio en los países en desarrollo. Según la AIE, allí la electrificación puede impulsar bombas de riego agrícola, vehículos de dos y tres ruedas y procesos industriales en pequeñas empresas. América Latina parte con ventajas, por su generación hidroeléctrica consolidada y su potencial solar y eólico, pero arrastra déficits de infraestructura. La región invirtió cerca de 160.000 millones de dólares en energía en 2025, según estimaciones de la agencia. “Sin redes suficientes la energía no llega donde se necesita”, resumió Ana Cristina Rendón Escobar, gerente de FISE Colombia.
El financiamiento será clave. En la COP29 de Bakú, los países acordaron movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para las naciones en desarrollo hacia 2035. En Antalya, la meta de electrificación pondrá a prueba si esos recursos alcanzan para modernizar redes y ampliar las renovables donde más se necesitan.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas:  Agencia EFE Verde; Portal Energías Renovables; Down To Earth; Revista Economía; Agencia Internacional de la Energía (AIE); Presidencia de la COP31

Corrientes del Atlántico: casi ningún país se prepara para un posible colapso de la AMOC

Un estudio que revisó 91 planes nacionales de adaptación encontró que solo Brasil e Irlanda mencionan el riesgo de que se debilite la gran circulación oceánica del Atlántico, y ninguno prevé medidas concretas para enfrentarlo.

La Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, conocida como AMOC por sus siglas en inglés, es uno de los grandes motores del clima del planeta, y la ciencia advierte que podría debilitarse con fuerza durante este siglo. Sin embargo, casi ningún país se está preparando para ese escenario. Lo muestra un estudio publicado en la revista Nature Sustainability por los investigadores Brenden Jongman y Jim Hall. Analizaron 91 planes nacionales de adaptación presentados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y encontraron que solo dos mencionan el riesgo de un colapso de este sistema de corrientes. Ninguno incluye medidas concretas para afrontarlo.
Los dos países que sí lo contemplan son Brasil e Irlanda. El plan brasileño advierte que un debilitamiento de la AMOC podría desplazar hacia el sur el cinturón de lluvias del Atlántico tropical, con posibles efectos sobre la Amazonía. Irlanda, cuyo clima templado depende en buena medida de estas corrientes, reconoce en su plan los límites de la adaptación ante un eventual colapso.

Una cinta transportadora de calor
La AMOC funciona como una gigantesca cinta transportadora: lleva agua cálida desde los trópicos hacia el Atlántico Norte, donde se enfría, se hunde y regresa hacia el sur en profundidad. Ese movimiento distribuye calor entre hemisferios, regula las lluvias de varias regiones e influye en la cantidad de carbono que absorben los océanos. No es la primera vez que se altera: hace unos 17.500 años, tras el período más frío de la última glaciación, se detuvo casi por completo.
En abril, un estudio publicado en Science Advances proyectó que, con un escenario de emisiones intermedias, la circulación podría debilitarse entre un 43% y un 59% hacia 2100. Equivale a alrededor de la mitad de su intensidad, un retroceso mayor que el previsto por modelos anteriores. Los autores aclaran que esa cifra describe la intensidad del sistema y no una probabilidad de colapso, que se considera improbable antes de fin de siglo.
Aun así, la oceanógrafa argentina María Paz Chidichimo, investigadora del CONICET, advirtió entonces que la magnitud y el momento del declive siguen siendo inciertos. “Las naciones deben prepararse ahora”, afirmó, en una frase traducida del inglés.

Qué podría pasar
Los impactos de una alteración profunda serían globales:
- Europa: en el noroeste, la menor llegada de calor tropical podría provocar inviernos mucho más fríos. Un modelo que simula un escenario de grave alteración proyecta temperaturas de hasta 20 grados bajo cero en Londres, aunque se trata de un escenario posible y no de una previsión.
- Monzones: en experimentos con la circulación detenida, el monzón de África Occidental se debilita en promedio un 29% y el monzón de verano de la India un 19%, con riesgos para los recursos hídricos y la seguridad alimentaria.
- Sudamérica: el principal temor es el desplazamiento de las lluvias tropicales, que podría agravar la presión sobre la Amazonía, un ecosistema que ya enfrenta sequías e incendios.

Por qué casi nadie lo planifica
Según los autores, el riesgo recibe poca atención porque es difícil estimar su probabilidad y su momento, aunque su impacto potencial sea enorme. Además, algunas de sus consecuencias, como inviernos más fríos en regiones que hoy se preparan para el calor, podrían contradecir las políticas de adaptación actuales.
Islandia es una de las pocas excepciones fuera de los planes formales. En 2025 llevó la AMOC a su Consejo de Seguridad Nacional como una amenaza potencialmente existencial. El 15 de octubre realizó el cuarto de una serie de ejercicios de simulación sobre un posible colapso, junto con el University College London y la Universidad de Exeter, para evaluar los efectos sobre la seguridad alimentaria, la infraestructura y el transporte. “Una de las funciones clave del gobierno es identificar amenazas y preparar a la sociedad”, sostuvo el ministro de Ambiente, Energía y Clima, Jóhann Páll Jóhannsson, en declaraciones traducidas del inglés.

Las recomendaciones
Los investigadores proponen:
- identificar los países y las inversiones más expuestos;
- someter la infraestructura a simulaciones que incluyan un debilitamiento significativo de la AMOC;
- priorizar soluciones flexibles y escalables;
- reforzar el monitoreo de las corrientes oceánicas;
- revisar las proyecciones climáticas globales.
Anticipar este riesgo, aclaran, no implica predecir una fecha ni desviar recursos de crisis actuales. Y subrayan que la herramienta más eficaz sigue siendo reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal MeteoRed; YourWeather (Meteored UK); Live Science; Bytes Europe; Nature Sustainability; Science Advances

Amazonía: los incendios aumentan un 140% en octubre por El Niño y Manaos queda bajo el humo

El INPE registró 18.907 focos en la selva brasileña, la cifra mensual más alta en dos años, mientras el Gobierno denuncia quemas intencionales para apropiarse de tierras y Manaos suspende clases por la contaminación.

La Amazonía brasileña registró en octubre 18.907 focos de incendio, un 140,3% más que en el mismo mes de 2025, cuando se habían detectado 7.868. Según los datos difundidos el domingo 1 de noviembre por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), es la cifra mensual más alta en poco más de dos años, desde los 41.463 focos de septiembre de 2024. El salto se produce en medio de una sequía que se agrava por el fenómeno de El Niño y de una crisis sanitaria en Manaos, la mayor ciudad de la región, cubierta durante días por una densa humareda.
El organismo, que monitorea diariamente los focos de calor en todo Brasil a partir de imágenes satelitales, informó que entre enero y octubre se contabilizaron 48.487 incendios en el bioma amazónico, un 70% más que en el mismo período del año pasado. Con ese número, el acumulado de 2026 ya supera el total de todo 2025, que había cerrado con 43.131 focos.
Aun así, la situación está lejos del récord de 2024, cuando Brasil, también bajo los efectos de El Niño, atravesó su peor sequía en medio siglo y una ola de calor en la Amazonía generó más de 140.000 puntos de fuego.

El Niño y la mano humana
Los especialistas atribuyen el aumento a los efectos de El Niño, que ya comienzan a sentirse en la región. Si se convierte en un evento extremo, como se prevé, podría provocar una nueva sequía intensa en la selva. Pero el factor climático no explica todo. “La única forma natural de ignición para incendios en la Amazonía son los rayos”, explicó Ane Alencar, directora de Ciencia del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), en una frase traducida del portugués. La especialista señaló que existen fuertes indicios de que el acaparamiento ilegal de tierras públicas está incentivando la aparición de los focos.
El Gobierno brasileño sostiene una lectura similar. Según el Ejecutivo, los incendios se multiplicaron por acciones premeditadas de productores interesados en ampliar sus áreas de cultivo. Ocurrió sobre todo entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre el 4 y el 25 de octubre, cuando se proyectaba una victoria del senador Flávio Bolsonaro. El candidato de ultraderecha proponía flexibilizar las leyes ambientales en la Amazonía, mientras que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido para un cuarto mandato no consecutivo, impulsa la meta de deforestación cero para 2030.
En una recorrida por el estado de Amazonas a mediados de octubre, el ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, afirmó que había indicios de una posible acción organizada para quemar bosques preservados, degradar la vegetación y apropiarse ilegalmente de tierras públicas. “Es fundamental que las personas que están actuando criminalmente vean que serán castigadas”, advirtió, en declaraciones traducidas del portugués. La Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal y la Policía Civil de Amazonas investigan el origen de los incendios.

La respuesta oficial
Para contener el fuego, el Gobierno federal desplegó una fuerza de tarea coordinada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). La integran unos 330 brigadistas, once aeronaves, 32 vehículos terrestres y ocho embarcaciones, además de dos aviones de la Fuerza Aérea. En el estado de Amazonas, 36 municipios fueron declarados en emergencia. Tras el pico de 494 focos registrado el 10 de octubre, la presión comenzó a ceder: el estado cerró el mes con 2.258 focos, casi un 40% menos que en septiembre.

Manaos, bajo el humo
La humareda proveniente de los incendios en los estados de Amazonas y Pará envolvió durante días a Manaos, una ciudad de unos 2,3 millones de habitantes que registró algunos de los peores niveles de calidad del aire de Brasil. La alcaldía y las universidades estatal y federal suspendieron las clases presenciales en distintos días de octubre por la pésima calidad del aire. Pese a las lluvias de los últimos días, la Defensa Civil de Amazonas emitió el sábado una nueva alerta por el empeoramiento de la contaminación en varias ciudades, sobre todo en Parintins, donde el nivel fue calificado como crítico, y en la capital.
Con El Niño todavía en desarrollo y la amenaza de una nueva sequía intensa, la evolución del fuego en la mayor selva tropical del mundo seguirá bajo la lupa en toda la región.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
País/Región: Brasil
Fuentes Consultadas: EFE Verde; Agência Brasil; CNN Brasil; O Liberal; Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE); Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil; Ibama; ICMBio; Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM); Defensa Civil de Amazonas.

Olas de calor marinas: el Mediterráneo pierde hasta el 90% de sus bosques de gorgonias

Estudios del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona muestran que la gorgonia roja y el coral rojo sufren mortandades masivas tras los episodios de calor extremo, en un mar que en 2026 batió su récord de temperatura.

Debajo de la superficie del Mediterráneo crecen bosques que pocos conocen: las gorgonias, animales coloniales con forma de pequeños árboles ramificados que dan refugio a numerosas especies. Esos bosques submarinos están siendo diezmados por las olas de calor marinas. Algunas poblaciones de gorgonia roja perdieron entre el 80% y el 90% de su biomasa tras episodios de calor extremo, y muchas no lograron recuperarse ni siquiera quince años después.
La advertencia se escuchó en el HIC Summit Ibiza 2026, un encuentro sobre turismo y sostenibilidad celebrado en Santa Eulària des Riu, en las islas Baleares. Fue durante el panel dedicado a la transición azul de los destinos y a la conservación y restauración marina, donde se repasaron los resultados de varias investigaciones lideradas o integradas por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona.

Lo que dejaron las olas de calor
Uno de los trabajos siguió durante quince años los efectos de la ola de calor de 2003 en la reserva de Scandola, en Córcega, junto con la Universidad de Barcelona. Allí se documentaron pérdidas de biomasa de hasta el 90% en poblaciones de gorgonia roja, sin señales claras de recuperación.
Otro estudio, en el Parque Nacional de las Calanques, cerca de Marsella, analizó el impacto de la ola de calor de 2022 en el noroeste del Mediterráneo, cuando el agua llegó a 27,4 °C incluso a 20 metros de profundidad. El resultado fue que el 80% de las colonias de gorgonia roja y coral rojo estudiadas presentaba mortalidad o un estado de conservación muy delicado.

Una especie sin margen para adaptarse
El dato más inquietante surge de una investigación publicada a fines de 2024 en la revista Global Change Biology. La lideró la investigadora del ICM-CSIC Sandra Ramírez-Calero, junto con Joaquim Garrabou, del mismo instituto, y Jean-Baptiste Ledoux, del centro portugués CIIMAR. El equipo sometió colonias de las islas Medes, en Girona, a experimentos de estrés térmico repetidos entre 2015 y 2017, usando los mismos individuos cada año. En los dos primeros años la necrosis se mantuvo por debajo del 60%, pero en 2017 murieron casi todas las colonias.
La conclusión fue contundente: la gorgonia roja “no tiene la capacidad adaptativa” necesaria para enfrentar olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, advirtió Ramírez-Calero, en una frase traducida del inglés. Según la autora, esto podría provocar colapsos de las poblaciones de aguas someras e incluso su extinción local, aun dentro de áreas protegidas. Garrabou planteó que las proyecciones sobre biodiversidad deben incorporar estos eventos extremos recurrentes. El equipo subrayó que, aunque la conservación local ayuda, la medida clave es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
A esa presión se suma otra amenaza menos visible. Una investigación de la Universidad de Barcelona difundida en marzo de 2026 halló que la exposición prolongada a microplásticos puede alterar el metabolismo de las gorgonias antes de que aparezcan daños a simple vista.

Un mar cada vez más caliente
El contexto no ayuda. Según la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), el 13 de agosto de 2026 la temperatura media superficial del Mediterráneo alcanzó los 28,54 °C, la cifra más alta desde que existen registros comparables, en 1940. Ese mes, el mar batió récords diarios casi de forma continua. El 5 de agosto, la boya de Sa Dragonera, en Mallorca, registró 33,02 °C, de acuerdo con la red de Puertos del Estado. El fenómeno no es solo regional: según el servicio europeo Copernicus, julio de 2026 marcó el promedio global de temperatura superficial del océano más alto de la serie.

Conservar antes que restaurar
En el encuentro de Ibiza, Marc Rigau, consejero delegado de la Fundación Blue Life, alertó sobre la vulnerabilidad de las gorgonias frente al calentamiento y a algunas actividades humanas. Lamentó que, a diferencia de la posidonia, sigan siendo grandes desconocidas para buena parte de la población. Su organización desarrolla en Ibiza proyectos de conservación y recuperación de posidonia y gorgonias, con el apoyo de la Fundación Abel Matutes.
Los especialistas coincidieron en que la protección preventiva de los ecosistemas debe tener prioridad sobre la restauración, ya que recuperar un bosque submarino puede llevar muchos años. También reclamaron una mayor colaboración entre las administraciones, la comunidad científica y el sector privado. Para los destinos turísticos del Mediterráneo, cuya economía depende en buena medida de la calidad del agua y del paisaje submarino, la pérdida de estos bosques es también una señal de alerta económica.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
País/Región: Mediterráneo 
Fuentes Consultadas: Agencia Servimedia; Nova Ciencia; Agencia EuroNews; Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC)

Balance de la COP17: acuerdos para salvar las metas de 2030, pero el financiamiento queda para 2028

La cumbre de biodiversidad de Ereván cerró con una revisión de los avances del marco mundial y una hoja de ruta para acelerar la acción, aunque las definiciones clave sobre financiamiento y el Fondo Cali se postergaron hasta la COP18 en Ecuador.

Tras dos semanas de negociaciones y una sesión plenaria que se extendió durante la madrugada del sábado, la 17.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17) cerró en Ereván, Armenia. Lo hizo con un paquete de acuerdos que busca reencauzar los esfuerzos mundiales para frenar la destrucción de la naturaleza antes de 2030. Casi 200 países adoptaron los textos, aunque las decisiones más sensibles sobre financiamiento quedaron postergadas para la próxima cumbre, que se realizará en 2028 en Quito, Ecuador.
“Logramos más de lo que podíamos esperar”, celebró el presidente de la COP17 y ministro de Ambiente de Armenia, Hambardzum Matevosyan. Las organizaciones ambientales y varios gobiernos, en cambio, consideraron que el resultado se queda corto frente a la magnitud de la crisis.

Un diagnóstico preocupante
El principal resultado fue la primera revisión mundial de los avances del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en 2022. El texto expresa una profunda preocupación porque, si no se acelera rápidamente la acción, los objetivos de 2030 no se alcanzarán. Advierte, además, que también las metas de 2050 podrían estar en riesgo. Según el informe de la ONU sobre los avances, el mundo está fuera de rumbo en 22 de las 23 metas globales, incluida la de proteger el 30% de las tierras y los mares. Si se cumplieran los compromisos nacionales actuales, quedaría protegido alrededor del 26% de la superficie terrestre y apenas el 12% de la marina.
A partir de esa revisión, la llamada Hoja de Ruta de Ereván pide a los países revisar sus planes de biodiversidad, sujetos a la disponibilidad de fondos, con foco en los ecosistemas marinos, costeros y de aguas continentales. Más de 60 países que todavía no presentaron sus planes fueron instados a hacerlo cuanto antes. Los gobiernos acordaron además acelerar la reducción de los subsidios dañinos para la naturaleza.

La pelea por el dinero
El financiamiento volvió a ser el gran tema. La Unión Europea impulsó ampliar la base de donantes para incluir a economías emergentes como China y Arabia Saudita, algo que un grupo de países árabes rechazó. Tras una sesión que duró toda la noche, se invitó a los países en desarrollo a manifestar en cada futura COP su interés en sumarse como contribuyentes. El texto fija criterios para un mecanismo financiero posterior a 2030, pero difiere su forma institucional hasta la COP18 y no crea un fondo nuevo.
El Fondo Cali fue creado para que las empresas que usan información genética digital compartan beneficios. Desde su lanzamiento recibió apenas unos 10.000 dólares, frente a una meta inicial de 1.000 millones anuales. La COP17 reafirmó las tasas indicativas de contribución, del 0,1% de los ingresos o el 1% de las ganancias. También fijó una metodología de reparto que destina la mitad de los fondos a pueblos indígenas y comunidades locales, pero dejó los detalles técnicos para negociaciones posteriores. Para la investigadora Siva Thambisetty, de la London School of Economics, el fondo está “con respiración artificial”.
Los países también acordaron el funcionamiento del nuevo órgano permanente para pueblos indígenas y comunidades locales. Además, sumaron directrices voluntarias para ampliar las soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático.

Ataques a la ciencia y el rol de la región
Las negociaciones estuvieron atravesadas por intentos de debilitar la base científica de las decisiones. Rusia, Arabia Saudita e India se opusieron a citar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el clima, que finalmente quedó afuera. Lo mismo ocurrió con la evaluación de la IPBES sobre el cambio transformador. “Lo que me molesta mucho son los ataques a la ciencia”, dijo la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut.
Un negociador de un país desarrollado, citado en forma anónima, mencionó a la Argentina, junto con Rusia, Arabia Saudita y, en cierta medida, Brasil, entre quienes buscaban suavizar los informes científicos. Ya en la primera jornada, la delegación argentina se había opuesto a adoptar algunos elementos vinculados con la IPBES.
Brasil fue un actor central. Por momentos bloqueó la revisión mundial por su vínculo con las discusiones de financiamiento, y luego, junto con China, pidió no reabrir el texto final para evitar su colapso. Colombia, por su parte, copresidirá un grupo para impulsar la reforma de los subsidios dañinos.

Reacciones divididas
Para el exministro canadiense Steven Guilbeault, el paquete es un paso importante pero insuficiente para cumplir los compromisos de 2030. Desde Greenpeace advirtieron que las promesas no resuelven barreras como la falta de financiamiento y la deuda. La Unión Europea, por su parte, calificó de tímidos los avances para ampliar la base de donantes.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Diario Libre (AFP), Carbon Brief, Climate Home News, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD)

El comercio de especies silvestres alcanza a más de 107.000 especies, el doble de lo estimado

Un estudio liderado por la Universidad de Melbourne identifica al menos 107.356 especies de plantas, animales y hongos involucradas en el comercio y el uso mundial, y advierte que para la mayoría no existen datos que permitan saber si ese comercio amenaza su supervivencia.

El comercio y el uso de especies silvestres alcanzan a por lo menos 107.356 especies de plantas, animales y hongos en todo el mundo. Es más del doble de las aproximadamente 50.000 que se usaban hasta ahora como referencia. Así lo concluye un estudio publicado el 30 de octubre de 2026 en la revista científica Science Advances, liderado por Alice Hughes, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Melbourne, en Australia. Sus autores advierten que la cifra real podría ser bastante mayor, porque la mayoría de los países no registra qué especies se comercian.
“Nuestro trabajo ofrece hasta la fecha la evaluación más exhaustiva del comercio de especies”, afirmó Hughes. El hallazgo tiene, sin embargo, una contracara: para la gran mayoría de esas especies no hay datos sobre cuántos ejemplares se extraen, de dónde vienen ni en qué estado están sus poblaciones silvestres.

Más allá de elefantes y pangolines
La imagen habitual del comercio de vida silvestre se asocia con el tráfico ilegal de marfil, cuernos de rinoceronte o escamas de pangolín. Hughes subrayó que esa percepción deja afuera la mayor parte del fenómeno. El comercio incluye madera, productos del mar, plantas medicinales, flores, peces ornamentales, hongos y animales de compañía, y en su mayor parte es legal. Según los autores, el comercio legal mueve unas diez veces más valor que el ilegal y abarca al menos el doble de especies de lo que se creía.
La referencia previa de unas 50.000 especies proviene de una evaluación de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), aprobada en julio de 2022 en Bonn, sobre el uso sostenible de las especies silvestres. Aquel informe estimó que más de 10.000 de esas especies se consumen directamente como alimento. También calculó que una de cada cinco personas depende de plantas, algas y hongos silvestres para alimentarse u obtener ingresos, y que el 70 % de las personas pobres del mundo depende de alguna forma del uso de especies silvestres. Una de las autoras principales del capítulo sobre uso sostenible fue la investigadora argentina Gabriela Lichtenstein, del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que depende del CONICET.
El nuevo estudio no contradice esa evaluación. Lo que hace es ampliar el universo de especies alcanzadas, al reunir fuentes que antes no se integraban.

Cómo se construyó la cifra
Para llegar al nuevo número, el equipo combinó información de múltiples fuentes. Entre ellas hay registros del comercio en línea y la base de datos LEMIS, el sistema de información sobre la gestión de la vida silvestre de Estados Unidos. Según los autores, es el único sistema nacional que registra de forma consistente y publica con detalle datos comerciales de muchos sectores. En gran parte del resto del mundo, señalaron, no existen datos equivalentes.
El análisis también examinó cómo se registra y controla el comercio en el mundo, y encontró varias fallas:
- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el principal tratado en la materia, solo supervisa especies en peligro. Esas especies representan menos del 2 % del comercio mundial de vida silvestre, y el 98 % restante no se registra de manera sistemática.
- Las etiquetas aduaneras suelen ser genéricas, como “pescado” o “cuero de reptil”, y ocultan qué especies se comercian realmente.
- Los registros de decomisos muchas veces no especifican la especie ni el país de origen.
- La mayoría de los países todavía depende de permisos en papel, fáciles de perder y difíciles de compartir.
Hughes resumió el problema de fondo: “La mayoría de los países no recopilan datos sobre las especies silvestres objeto de comercio”.

Los grupos más vulnerables
Según el estudio, el comercio afecta al 42 % de las especies de vertebrados conocidas. Los autores consideran más vulnerables a los reptiles, los anfibios y algunos invertebrados como los arácnidos, muy presentes en el mercado de animales de compañía, un sector en expansión. Las plantas, los hongos, los insectos y los reptiles están entre los grupos que más pasan desapercibidos en los sistemas de control.
Investigaciones previas del mismo equipo mostraron que muchas especies llegan al mercado menos de un año después de que la ciencia las describe. Ocurrió, por ejemplo, con tarántulas y geckos cavernícolas recién identificados. En esos casos, la demanda comercial puede llegar antes que cualquier evaluación del estado de sus poblaciones.
Las pocas evaluaciones disponibles sobre poblaciones sometidas a comercio registran descensos medios de entre el 50 % y el 63 %, aunque solo se estudió una pequeña fracción de las especies comercializadas. Por eso, los autores aclaran que, con los datos actuales, no se puede saber qué proporción de las más de 107.000 especies identificadas está amenazada por el comercio. Esa es una de las principales limitaciones del trabajo: la cifra indica cuántas especies están involucradas, no cuántas sufren un impacto significativo.
El comercio también genera riesgos que van más allá de las especies extraídas. A la mortalidad durante la captura y el transporte se suman la introducción de especies invasoras y la propagación de patógenos, que agravan amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático. Los autores advierten que los controles de bioseguridad se concentran en un número limitado de enfermedades.

Europa, un gran importador
El estudio pone el foco en el papel de los países importadores. Según Hughes, Europa es uno de los mayores destinos de fauna silvestre, sobre todo para el mercado de mascotas. Países como Alemania y Polonia se destacan como grandes importadores de fauna exótica, en especial arácnidos y reptiles. Los autores señalan que la Unión Europea aplica criterios de registro menos estrictos que Estados Unidos. Además, los datos de su sistema de control veterinario, conocido como TRACE, no están disponibles para la comunidad científica.
El trabajo es parte de una línea de investigación más amplia del mismo grupo. En noviembre de 2025, la Universidad de Melbourne difundió un estudio publicado en Current Biology que estimó en unos 360.000 millones de dólares anuales el valor del comercio legal de fauna. Ese estudio también documentó más de 21.000 especies comercializadas solo hacia Estados Unidos desde el año 2000.

Qué proponen los autores
Las recomendaciones apuntan a la información. Los investigadores piden estandarizar la recopilación de datos sobre comercio en todo el mundo, mejorar la coordinación entre países e integrar los registros aduaneros y zoosanitarios, que hoy funcionan por separado. También proponen avanzar hacia un mercado de mascotas regulado y condicionado a la cría en cautividad, para reducir la presión sobre las poblaciones silvestres.
Hughes insistió en que, sin datos sobre cantidades y origen, es imposible saber cuándo el comercio empuja a una especie hacia el declive. Para revertirlo, sostuvo, “necesitamos informes mucho más completos, transparentes y coordinados a nivel mundial”.
El estudio se conoce mientras se desarrolla en Ereván, Armenia, la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que revisa el avance del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Entre sus metas para 2030, el marco incluye asegurar que el uso, la captura y el comercio de especies silvestres sean sostenibles, seguros y legales. El informe mundial presentado por la ONU el 15 de octubre señaló que la falta de datos es uno de los principales obstáculos para medir el avance hacia esas metas. El contraste es llamativo: según los indicadores de ese mismo informe, la meta sobre uso y comercio de especies silvestres estaba entre las de mayor progreso colectivo. El nuevo estudio obliga a leer ese resultado con cautela, porque la mayor parte del comercio ni siquiera se registra.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia SINC, Agencia EFE, EcoNews, Universidad de Melbourne, Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), CONICET, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

Greenwashing: crece 28% y se traslada a las industrias de la transición energética

Un informe global registró 1.594 empresas vinculadas a promesas ambientales engañosas en el último año, con la minería, las renovables, los centros de datos y los bancos en el centro del problema.

El greenwashing, la práctica de presentar una imagen ambiental que no se corresponde con el desempeño real, volvió a crecer en el mundo y cambió de escenario. Así lo indica el quinto informe anual de RepRisk, una firma suiza de investigación especializada en riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Entre julio de 2025 y junio de 2026, 1.594 empresas quedaron vinculadas a casos de greenwashing, frente a 1.243 del año anterior: un aumento del 28%. Es el segundo año consecutivo de alza, después de una caída del 12% registrada en 2024.
En cinco años, los incidentes de riesgo asociados a esta práctica crecieron un 112%. Pero el dato que más llama la atención del informe no es el volumen, sino el desplazamiento: el foco ya no está solamente en el petróleo y el gas, sino en las industrias que deberían impulsar la transición energética.

De los combustibles fósiles a la transición
RepRisk agrupa como sectores de transición a la energía alternativa, la minería, los metales industriales, los servicios públicos y el software y los servicios informáticos. Esta última categoría incluye a las empresas de inteligencia artificial y a los centros de datos. Esos rubros pasaron de concentrar el 18% de los casos documentados en 2022 al 29% en 2026, un salto de 11,4 puntos porcentuales. En el mismo período, la participación del petróleo y el gas bajó del 17% al 12%.
El informe identifica dos formas típicas del problema en estas industrias. La primera es no mostrar el panorama completo: por ejemplo, un centro de datos que funciona con energía libre de emisiones pero demanda grandes volúmenes de agua o genera otros impactos. La segunda es la distancia entre los compromisos y los logros reales, como ocurre con proyectos de combustibles renovables que se anuncian sin que exista una red preparada para distribuirlos.
Alexandra Mihailescu Cichon, vicepresidenta y directora global de desarrollo de mercado de RepRisk, aclaró que el diagnóstico no cuestiona el rumbo. “La transición es absolutamente necesaria y representa una gran oportunidad”, afirmó, en una declaración traducida del inglés.

Los bancos, en la mira
El sector financiero apareció como el más expuesto por quinto año:
- las empresas de servicios financieros vinculadas a greenwashing llegaron a 305, un 40% más que el año anterior;
- los bancos sumaron 86, con un aumento del 23%;
- juntos representan una quinta parte de todas las vinculaciones sectoriales.
La firma explica que estas instituciones concentran el riesgo tanto por sus propias comunicaciones como por los proyectos y compañías que financian. Philipp Aeby, director ejecutivo y cofundador de RepRisk, señaló que la transición depende de una asignación informada del capital, y que bancos y gestores de inversiones deben poder detectar el greenwashing.

La naturaleza supera al clima
Por primera vez en cinco años, la biodiversidad desplazó al clima como principal tema ambiental de los casos. Las vinculaciones relacionadas con la naturaleza y los ecosistemas fueron 162 en 2024, 216 en 2025 y 300 en 2026. Las asociadas al clima, las emisiones y la contaminación se mantuvieron prácticamente estables, en 275. Según Mihailescu Cichon, los impactos sobre la naturaleza son más difíciles de medir que los climáticos, lo que abre más espacio para afirmaciones imprecisas.
La firma recomienda ampliar la evaluación de sostenibilidad más allá del carbono e incorporar el consumo de agua, el uso del territorio, la pérdida de hábitats y los efectos sobre especies y ecosistemas.

Cómo leer los números
RepRisk aclara que el aumento de los conteos absolutos también refleja la ampliación de su propio relevamiento, con más fuentes, idiomas y empresas analizadas. Además, la etiqueta específica de greenwashing se incorporó en 2025, por lo que las comparaciones con años anteriores no son directas. El estudio no desagrega los datos por región.

El espejo latinoamericano
El desplazamiento hacia la minería y las energías de transición tiene un eco directo en América Latina, donde avanzan la explotación de litio y cobre y los proyectos renovables. En la Argentina, un estudio publicado en 2025 en la revista SaberEs, de la Universidad Nacional de Rosario, analizó a las principales concesionarias de hidrocarburos de la Cuenca Neuquina. Concluyó que sus reportes de sostenibilidad podrían tener más impacto si impulsaran de forma activa alternativas energéticas limpias. En Catamarca, organizaciones ambientales cuestionan los efectos de la minería de litio sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades. El país, además, no cuenta con una regulación específica contra el greenwashing: los reclamos se canalizan por la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.


Fecha de Publicación: 02/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; ESG Dive; RepRisk

Conflictos armados y biodiversidad: el daño que casi no se discute en la COP17

En la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, una reserva clave del Cáucaso Sur pierde bosque junto a las posiciones militares, mientras especialistas reclaman mecanismos para financiar la recuperación de ecosistemas dañados por guerras.

Mientras los gobiernos negocian en Ereván cómo financiar la protección de la biodiversidad, un bosque en el sur del país anfitrión de la COP17 muestra las huellas de un problema que casi no figura en la agenda: el daño que los conflictos armados dejan en la naturaleza. En la reserva natural de Shikahogh, en el sur de Armenia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, el bosque desaparece de forma abrupta a menos de 100 metros de las posiciones militares de ambos países.
La reserva fue creada en 1958 en la provincia de Syunik. Abarca casi 12.000 hectáreas, alrededor del 94% cubiertas de bosque. Alberga al leopardo del Cáucaso, la cabra montés bezoar, el oso pardo, la víbora armenia y numerosas aves. Tiene, además, unas 1.100 especies de plantas, 70 de ellas incluidas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los especialistas la consideran una de las joyas ecológicas del Cáucaso Sur.

Acusaciones cruzadas
Marat Harutyunyan, vicealcalde de la ciudad armenia de Kapan, afirmó que los cambios se hicieron más visibles desde los enfrentamientos de 2022. Denunció que fuerzas azerbaiyanas talaron bosque para instalar posiciones militares y abrir caminos. Esas afirmaciones no pudieron verificarse de manera independiente. También se observaron indicios de tala y movimientos de suelo del lado armenio, cerca de instalaciones militares, cuya finalidad las autoridades se negaron a explicar.
Desde Azerbaiyán, Amin Mammadov, cofundador de la coalición Primero la Protección Ambiental, sostuvo que Armenia enfoca de manera selectiva los problemas ambientales. La acusó, además, de ignorar la contaminación de ríos transfronterizos causada por la minería. La coalición pidió a la presidencia de la COP17 decisiones concretas y mensurables. Azerbaiyán no participó de la conferencia.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, había reconocido días antes, en la cumbre de líderes previa a la COP17, que el conflicto de más de 30 años con Azerbaiyán dañó la biodiversidad de su país. “Las zonas de conflicto suelen contener campos minados”, señaló. Pashinyan planteó que los temas ambientales podrán abordarse con más profundidad cuando se ratifique el acuerdo de paz rubricado entre ambos países, que comparten ríos.

Minas, miedo y pérdidas
Las consecuencias alcanzan a las comunidades cercanas. Según Harutyunyan, los habitantes evitan ciertas zonas por temor a las minas terrestres. Vladik Agatelyan, un agricultor de 60 años, perdió dos vacas por la explosión de una mina. “Los riesgos son demasiados, así que dejé de criar ganado”, contó. Su esposa empezó a trabajar como docente rural por unos 100 dólares mensuales.
Manvel Arzumanyan, veterinario jubilado, describió la zona como un corredor ecológico que conectaba hábitats de Armenia, Azerbaiyán e Irán, y señaló que los avistamientos de fauna son ahora menos frecuentes. El zoólogo de la reserva, Harut Marzynyan, advirtió que el conflicto dificulta el trabajo de campo. Según explicó, las rutas, la infraestructura militar y la fragmentación del paisaje pueden aislar a las poblaciones animales.

Más allá del Cáucaso
El fenómeno se repite en otros frentes. George Mitri, de la Universidad de Balamand, en el Líbano, indicó que más de 11.000 hectáreas se quemaron por incendios vinculados al conflicto entre Israel y Hezbolá. Otras miles de hectáreas fueron dañadas por explosiones y actividades militares. Jen Maman, de Greenpeace, estimó que al menos 65.000 olivos se quemaron en el sur del Líbano y advirtió sobre el uso de fósforo blanco. Maman vinculó el daño ambiental con la agricultura, la pesca, la ganadería y la seguridad alimentaria. Gaza y Ucrania aparecen como otros ejemplos de destrucción ambiental en zonas de guerra.
Mitri sostuvo que el impacto ecológico de la guerra excede la superficie directamente afectada. Propuso documentar sistemáticamente la destrucción con imágenes satelitales, relevamientos de campo y evaluaciones científicas. Ese trabajo debería contar con ecólogos, hidrólogos, especialistas en suelos y toxicólogos, además del conocimiento de las personas desplazadas.

Un tema ausente en la cumbre
En la COP17, los gobiernos negocian una agenda de 50 puntos para aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, pero casi no se discuten mecanismos de financiamiento para los ecosistemas dañados por las guerras. Mitri propone vincular las evaluaciones ambientales con compensaciones, planes de recuperación y apoyo financiero internacional. La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, evitó pronunciarse sobre la disputa entre Armenia y Azerbaiyán.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: IPS Noticias, Gobierno de Armenia

La ONU registra 252 millones de hectáreas en restauración, pero pide cuadruplicar el financiamiento

Un informe del PNUMA, la FAO y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, presentado en la COP17, muestra avances inéditos en la recuperación de ecosistemas y advierte que la inversión anual debe pasar de 64.000 a 296.000 millones de dólares.

La restauración de la naturaleza avanza a una escala inédita, pero el dinero no alcanza. Unos 252 millones de hectáreas terrestres y marinas de 149 países se encuentran en proceso de restauración, una superficie similar a la de Kazajistán. Así lo indica un informe de las Naciones Unidas presentado el jueves 29 de octubre en la COP17 de biodiversidad, en Ereván, Armenia. Para cumplir las metas de 2030, sin embargo, el financiamiento anual tendría que multiplicarse por más de cuatro.
El documento se titula El regreso de la naturaleza: ampliar la restauración de los ecosistemas para las personas y el planeta. Lo elaboraron el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se conoce a mitad de camino del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, que se extiende hasta 2030, y describe el actual como el mayor esfuerzo de este tipo documentado hasta ahora.

Empleo verde y una brecha de financiamiento
Según el informe, la restauración ya generó más de un millón de empleos verdes. Pero para alcanzar los compromisos asumidos, la inversión anual debería pasar de 64.000 millones a 296.000 millones de dólares. Ese salto permitiría crear hasta 32 millones de puestos de trabajo en todo el mundo hacia 2030.
La meta global es restaurar para el final de la década alrededor de 1.000 millones de hectáreas, una superficie similar a la de China, y colocar el 30% de los ecosistemas del planeta bajo conservación. Ambos objetivos están en línea con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, acordado en 2022. Hasta ahora, la restauración de ecosistemas terrestres alcanzó casi la mitad del objetivo del 30%, mientras que la de ambientes marinos y costeros fue mucho más limitada.

Por qué importa restaurar
El informe cita investigaciones según las cuales restaurar apenas el 15% de las áreas prioritarias del mundo podría evitar el 60% de las extinciones de especies previstas. También permitiría capturar el equivalente al 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Entre los ejemplos de recuperación, el documento menciona zonas de desove de salmones en Canadá y arrecifes de coral en Indonesia. Advierte, además, que los esfuerzos deben sostenerse en el tiempo para que los ecosistemas y la biodiversidad logren recuperarse.
Para el director general de la FAO, Qu Dongyu, cinco años después del inicio del Decenio el mensaje es claro: “la restauración funciona”. El desafío, agregó, es convertirla en una parte integral de la gestión sostenible de la tierra. La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, sostuvo que hoy se asiste a la gestación de uno de los mayores movimientos por la naturaleza de la historia.
La secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Astrid Schomaker, advirtió en cambio que no se puede pretender arreglar la naturaleza con una mano mientras se la destruye con la otra. Por eso reclamó que los gobiernos aborden los motores de la degradación de los ecosistemas.

La situación en América
En el reparto regional, Sudamérica registra unos 5,4 millones de hectáreas en restauración, y América del Norte y Central, unos 5,8 millones. Las diferencias entre regiones reflejan, en parte, distintas capacidades de reporte y monitoreo, y no solo el desempeño de cada país. Colombia alberga una de las cinco iniciativas reconocidas como emblemáticas de restauración por la ONU. En el Cerrado brasileño, en tanto, se aplican técnicas de regeneración natural, siembra directa y sistemas agroforestales con especies nativas.
Las cifras corresponden a superficies en proceso de restauración y no a ecosistemas ya restaurados. Además, algunos análisis advierten que un monitoreo incompleto podría subestimar los avances en ambientes marinos y de agua dulce.

El dinero, en el centro de la cumbre
El informe llega en la recta final de la COP17, donde el financiamiento es el tema más disputado. La cumbre debe definir cómo movilizar los 200.000 millones de dólares anuales que fija el marco mundial de biodiversidad. Lo hace en un contexto en el que, a mitad de camino hacia 2030, menos de la mitad de las metas nacionales avanzan al ritmo necesario.


Fecha de Publicación: 31/10/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Noticias ONU, The UN Brief, PNUMA, FAO, Convenio sobre la Diversidad Biológica