COP31 de Antalya: resumen del 9º día

 


El segundo borrador de la COP31 borra los fósiles y la meta de 120.000 millones para adaptación


A un día del cierre previsto, la copresidencia presentó un texto más corto que conserva la electrificación y suma una meta de captura de carbono, pero que recibió duras críticas de las organizaciones ambientales y de los países vulnerables.

A 24 horas del cierre previsto, la COP31 presentó el jueves 19 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía, un segundo borrador de su decisión de portada que borró toda mención a los combustibles fósiles. El texto, que la copresidencia turco-australiana aspira a convertir en el acuerdo definitivo, tiene la mitad de extensión que el primero, conserva la meta de electrificación del país anfitrión y suma una meta de captura de carbono, pero elimina tanto la propuesta de acelerar la salida del carbón, el petróleo y el gas como la cifra de 120.000 millones de dólares anuales para la adaptación.
La reacción fue inmediata. Las organizaciones ambientales hablaron de “abdicación” y de una “COP fantasma”, Panamá amenazó con vetar cualquier acuerdo que no limite la producción de petróleo, y el propio encargado de las negociaciones se preguntó en voz alta si el sistema multilateral puede seguir funcionando.

Un texto más corto y sin fósiles
El nuevo borrador fue publicado por Australia, que conduce las negociaciones, el jueves por la tarde. Según la agencia EFE, la decisión pasó de 144 a 80 párrafos, y según la cobertura especializada ocupa nueve páginas. Desaparecieron los párrafos que pedían acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y terminar con los subsidios ineficientes, y también la bienvenida a la hoja de ruta para la transición presentada por la presidencia brasileña de la COP30. El texto no nombra en ningún pasaje al carbón, el petróleo ni el gas.
Se repite así lo ocurrido hace un año en Belém, donde la COP30 terminó sin mencionar los combustibles fósiles tras la resistencia de los países exportadores, a pesar de que en la COP28 de Dubái, en 2023, casi 200 países se habían comprometido a avanzar en la transición para dejarlos atrás.

Lo que quedó: electrificación y captura de carbono
En su lugar, el borrador ofrece un menú de medidas frente al rebasamiento de 1,5 °C, del que expresa una “profunda preocupación”. Mantiene la propuesta turca de elevar la participación de la electricidad al 35 % del consumo final de energía mundial en 2035, sin especificar que deba ser limpia, y la complementa con las metas de Dubái de triplicar la capacidad renovable y duplicar la eficiencia energética en 2030. El texto sostiene que electrificar la economía puede traer beneficios significativos para la seguridad energética y la reducción de emisiones.
La novedad es una meta para la captura, uso y almacenamiento de carbono, las tecnologías que retienen el dióxido de carbono emitido para guardarlo bajo tierra o reutilizarlo: entre 500 millones y 2.500 millones de toneladas anuales en 2035, una cifra todavía entre corchetes, es decir, sin acuerdo. También incluye esfuerzos para la remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. La cobertura especializada interpretó esa combinación como una concesión a los países árabes, que rechazan las metas sectoriales nuevas pero quieren que se incluya la captura de carbono.
David Waskow, director de la Iniciativa Climática Internacional del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), consideró que el texto está más enfocado, aunque advirtió que todavía falta camino. Señaló que la electrificación y la captura de carbono son los únicos puntos con metas numéricas, algo que podría incomodar a algunos países.

La adaptación, sin cifra
El otro gran cambio está en el dinero. El borrador mantiene la estimación de que los países en desarrollo necesitarán unos 305.000 millones de dólares anuales para adaptarse hacia 2035, pero suprime la meta de triplicar el financiamiento hasta al menos 120.000 millones, la principal demanda del Grupo Africano y de los países menos adelantados. En su lugar propone un informe sobre el año de base para la COP32, una hoja de ruta sobre financiamiento para la adaptación y la resiliencia, que incluye fuentes “innovadoras” y también las pérdidas y daños, y una “vía de implementación” dentro del programa de trabajo sobre financiamiento climático.
También desaparecieron los datos sobre el aporte público de los países ricos, las cláusulas de suspensión del pago de la deuda y la prioridad de las donaciones para los pequeños Estados insulares. Jasper Inventor, jefe de la delegación de Greenpeace, sostuvo que el texto “contiene elementos absolutamente inaceptables” y que patea hacia adelante decisiones cruciales sobre adaptación.

La ciencia y los océanos
En el capítulo científico, el borrador reconoce la mejor ciencia disponible e “invita” al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) a entregar sus tres grandes informes del próximo ciclo a tiempo para el segundo Balance Mundial, que concluye en 2028. Arabia Saudita e India se oponen a que dos de esos informes estén listos para entonces, mientras que la Unión Europea insiste en ese plazo. El debate sobre la ciencia también alcanzó a otras instituciones: Laurence Rouil, directora del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, el programa europeo de observación de la Tierra, defendió los informes de su organismo y afirmó que la evidencia científica se basa en datos, “son hechos, no una fantasía”.
En materia oceánica, el texto crea la llamada Corriente Oceánica de Antalya, un plan de diálogo plurianual, y pide a los cofacilitadores del diálogo sobre océano y clima informar en 2028. Pradeep Singh, de la Fundación Oceano Azul, calificó esos resultados como alentadores, pero pidió pasar del diálogo a la implementación.

Las reacciones: “una COP fantasma”
Las organizaciones ambientales fueron las más duras. Mohamed Adow, director del centro de estudios Power Shift Africa, advirtió que si el texto queda como está, Antalya “será una COP fantasma”, silenciada sobre la principal amenaza detrás de la crisis climática. Andreas Sieber, jefe de estrategia política de 350.org, habló de “una descarada abdicación de responsabilidad política”. Romain Ioualalen, responsable de política global de Oil Change International, acusó a los gobiernos de actuar como aduladores de la industria fósil.
Del lado de los gobiernos, Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá, fue más allá de las críticas que había formulado el miércoles y anticipó un veto: “No vamos a aprobar ninguna resolución que no contenga los puntos que son importantes para nosotros”. Panamá reclama congelar la producción mundial de petróleo en su nivel actual y garantizar financiamiento para los países vulnerables. Edwin Castellanos, ministro de Ambiente de Guatemala, admitió que avanzar con el multilateralismo es cada vez más difícil.
La Unión Europea evitó una valoración inmediata. Wopke Hoekstra, comisario europeo de Acción Climática, informó que sus equipos estaban revisando el texto y fijó sus condiciones: que responda al rebasamiento de 1,5 °C, mantenga la implementación en el centro y preserve el Acuerdo de París como marco.

El Diván, sin avances
El borrador llegó tras el Diván del miércoles por la noche, la reunión ministerial a puerta cerrada convocada por la presidencia turca. Los asistentes la describieron como útil para intercambiar opiniones, pero con pocos avances. Adão Soares Barbosa, embajador climático de Timor Oriental y presidente del grupo de los países menos adelantados, la calificó de constructiva, aunque algunos ministros temieron que no hubiera acuerdo. Darragh O’Brien, ministro irlandés que habló en nombre de la Unión Europea, destacó un clima menos confrontativo que en la COP30. Maina Talia, ministro de Clima de Tuvalu, anticipó entonces que el lenguaje sobre fósiles probablemente sería eliminado, como finalmente ocurrió.

Lo que viene
Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático y presidente de las negociaciones, reconoció la dificultad de cerrar un acuerdo: “¿Puede seguir funcionando el multilateralismo frente a estas crisis?”, se preguntó. Aun así, aseguró que la presidencia no dejará Antalya sin un consenso que mantenga vivo el límite de 1,5 °C, y pidió a las delegaciones presentar sus líneas rojas en las horas siguientes. La presidencia previó un plenario el jueves para adoptar los puntos menos conflictivos, mientras seguían pendientes los nuevos textos sobre el programa de financiamiento, el mecanismo de transición justa y el objetivo global de adaptación.
El cierre oficial está previsto para el viernes 20, aunque las COP suelen extenderse por la regla del consenso. Con la amenaza de veto de Panamá, el rechazo de los países árabes a cualquier mención de los fósiles y la Unión Europea todavía sin pronunciarse, todo indica que la cumbre podría prolongarse al menos hasta el fin de semana.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE, AFP, Euronews, Climate Home News, Instituto de Recursos Mundiales (WRI), Copernicus, ONU Cambio Climático (CMNUCC)

Aire limpio podría evitar 9,4 millones de muertes al año

 


Cumplir los límites de la OMS sobre calidad del aire podría evitar 9,4 millones de muertes al año


Un estudio de la Universidad de Cambridge en 136 países de ingresos bajos y medios estima que reducir las partículas finas a los niveles recomendados salvaría millones de vidas y generaría beneficios económicos equivalentes a más del 10% de su PBI combinado.

Si los países de ingresos bajos y medios lograran reducir la contaminación del aire hasta los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), podrían evitarse o postergarse unas 9,4 millones de muertes por año. Así lo estima un estudio de la Universidad de Cambridge publicado el 10 de noviembre en la revista Environment International. El trabajo analizó datos de 136 países y calculó también los beneficios económicos de respirar un aire más limpio.
El estudio, liderado por el investigador Annalan Navaratnam, combinó datos de concentración de contaminantes, distribución de la población y estadísticas sanitarias. A partir de modelos de evaluación de impacto, simuló qué ocurriría si las concentraciones bajaran hasta los valores guía de la OMS. Los autores aclaran que se trata de proyecciones para escenarios hipotéticos de un año, con márgenes de incertidumbre.

Partículas finas, el contaminante más letal
El foco principal está puesto en las partículas finas, conocidas como PM2,5. Tienen un diámetro de 2,5 micrómetros o menos y pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo. En 2021, la OMS redujo su valor guía anual de 10 a 5 microgramos por metro cúbico. En los países analizados, la concentración media es de 30,44 microgramos, más de seis veces ese límite.
Alcanzar la guía para estas partículas evitaría unas 9,43 millones de muertes al año, alrededor del 23% de la mortalidad considerada en el estudio. El dióxido de nitrógeno es un gas vinculado a la quema de combustibles fósiles, sobre todo en el transporte. Para ese contaminante, cumplir el valor recomendado de 10 microgramos evitaría alrededor de 1,1 millones de muertes anuales. Los investigadores advierten que las dos cifras no deben sumarse, porque se calcularon en escenarios separados.
Incluso alcanzar metas intermedias, menos exigentes que las guías definitivas, tendría un impacto enorme: unas 6,6 millones de muertes menos por las partículas finas y 435.000 por el dióxido de nitrógeno.

Corazón, pulmones y cerebro
El estudio también estimó cuántos casos de enfermedad podrían prevenirse cada año al reducir las partículas finas:
- 7,3 millones de casos de cardiopatía coronaria;
- 2,8 millones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica;
- 2,3 millones de accidentes cerebrovasculares;
- 1,1 millones de casos de demencia.
La inclusión de la demencia refleja la creciente evidencia que vincula la contaminación del aire con el deterioro cognitivo.

Un beneficio económico de billones
Más allá de las vidas, el aire limpio tiene un valor económico. Según el estudio, la reducción del riesgo de mortalidad por partículas finas equivale a unos 8,4 billones de dólares internacionales por año en bienestar social, alrededor del 10,7% del producto interno bruto combinado de los 136 países. A eso se suman ahorros directos en gastos médicos, como 11.800 millones de dólares por cardiopatía coronaria y 8.600 millones por demencia, además de decenas de miles de millones en ganancias de productividad laboral.
Para la coautora Haneen Khreis, también de Cambridge, cumplir las recomendaciones “no será sencillo”, ya que la calidad del aire en estos países empeoró con la urbanización, el crecimiento económico y el aumento del parque automotor. Los autores proponen mejorarla mediante políticas de transporte, energía y planificación urbana.

Un problema que no mejora
El estudio llega en un contexto poco alentador. Según datos difundidos por la OMS en julio, las concentraciones de partículas finas prácticamente no bajaron desde 2020. Unos 6.500 millones de personas están expuestas a niveles superiores a uno de los objetivos provisionales del organismo, y la exposición en los países de ingresos bajos y medios es 13 veces mayor que en los de ingresos altos.

La Argentina y América Latina
El trabajo no ofrece datos específicos para América Latina, pero el problema está presente en la región. En la Argentina, una investigación de la Universidad Nacional de Tucumán estimó que la contaminación atmosférica podría reducir hasta dos años y medio la esperanza de vida en esa provincia. Durante la zafra, los niveles allí llegan a ser siete veces superiores a los valores guía de la OMS por la quema de cañaverales y la actividad de los ingenios.
A esto se suman el tránsito en las grandes ciudades, las quemas agrícolas y los incendios forestales, cada vez más frecuentes. El mensaje del estudio es claro: reducir la contaminación no solo salva vidas, sino que también es una de las inversiones sanitarias y económicas más rentables para los países del Sur Global.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal Meteored, Agencia EuroNews, EurekAlert, Environment International, Universidad de Cambridge, Organización Mundial de la Salud

Cachalote y rorcual común, en peligro en el Mediterráneo

 


Piden declarar en peligro al cachalote y al rorcual común del Mediterráneo por choques con barcos


OceanCare y ClientEarth reclamaron al Gobierno español que eleve la categoría de amenaza de ambas especies, lo que obligaría a aprobar planes de recuperación y abriría la puerta a límites de velocidad obligatorios para los buques.

El rorcual común y el cachalote, dos de los cetáceos más grandes del planeta, atraviesan una situación crítica en el mar Mediterráneo. Las organizaciones OceanCare y ClientEarth presentaron una petición conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica de España para que ambas especies pasen de la categoría de vulnerables a en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Ese cambio obligaría al país a aprobar planes de recuperación.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ya considera en peligro a la subpoblación mediterránea del cachalote desde 2012 y a la del rorcual común desde 2021. Sin embargo, el catálogo español todavía las mantiene como vulnerables y, además, no distingue entre los ejemplares del Mediterráneo y los del Atlántico. Para las organizaciones, esa equiparación está injustificada ante el deterioro de las poblaciones mediterráneas.

Poblaciones en retroceso
Los números explican la preocupación. La población de rorcual común en el Mediterráneo pasó de unos 3.500 ejemplares en la década de 1990 a cerca de 1.800 entre 2018 y 2019, casi la mitad. En el caso del cachalote, las estimaciones van de 500 a 5.000 individuos, de los cuales solo entre 250 y 2.500 serían adultos en edad reproductiva.
Ambas especies arrastran el impacto de la caza comercial, que en aguas ibéricas se extendió desde la década de 1920 hasta la de 1980. Hoy, sin embargo, la principal amenaza es otra: las colisiones con barcos. A eso se suman el ruido submarino generado por el tráfico, que interfiere con la comunicación, la orientación y la búsqueda de alimento, y la contaminación por plásticos.

Diez nudos que hacen la diferencia
Los estudios muestran que la probabilidad de que un choque sea mortal es muy baja cuando los buques navegan a menos de 10 nudos. En 2023, la Organización Marítima Internacional declaró al Mediterráneo noroccidental Zona Marina Especialmente Sensible e incorporó una recomendación voluntaria para reducir la velocidad a entre 10 y 13 nudos. Pero un análisis encargado por OceanCare comparó el tráfico de 2023 y 2024 y comprobó que los barcos no cambiaron su comportamiento. Más del 80% de la distancia recorrida por los grandes mercantes se hizo a más de 10 nudos, y en el caso de los ferris, más del 90%.
Por eso, las organizaciones reclaman límites de velocidad obligatorios, que hoy no existen en aguas españolas, y descartan el desvío de las rutas como solución. “Desviar el tráfico marítimo no es una opción viable para mitigar el riesgo de colisión en el Mediterráneo noroccidental”, sostuvo Carlos Bravo, experto en política marina de OceanCare.

Una obligación legal pendiente
El Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS) instó a España en 2022 a actualizar su lista nacional. En 2025, tras una queja de OceanCare, concluyó que la demora era incompatible con el tratado y pidió iniciar la recatalogación. Después de ese reclamo, el ministerio previó incluir al cachalote mediterráneo entre las especies en peligro dentro de sus estrategias marinas, pero la medida sigue pendiente.
El cambio no es solo simbólico. Si las especies pasan a la categoría en peligro, la ley española de Patrimonio Natural y Biodiversidad obliga a aprobar un plan de recuperación en un plazo máximo de tres años, con la designación de hábitats críticos. Sin ese plan, advierten las entidades, no es posible establecer medidas de protección específicas ni delimitar las áreas clave para su supervivencia. “Esta clasificación activaría la obligación legal de España de adoptar un Plan de Recuperación para cada especie”, explicó Francesco Maletto, abogado de ClientEarth.

El corredor de migración
España cuenta con una herramienta clave: el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, un área marina protegida de más de 46.000 kilómetros cuadrados entre Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, que también tiene reconocimiento internacional. Sin medidas obligatorias sobre la navegación, advierten las organizaciones, esa protección queda incompleta.

Una lección para el Atlántico Sur
El caso tiene resonancia en la Argentina, donde el rorcual común y el cachalote también habitan el Mar Argentino. El país prohíbe la caza de cetáceos en sus aguas desde 2002 y declaró a la ballena franca austral Monumento Natural Nacional en 1984. Sin embargo, los proyectos de exportación de gas en el Golfo San Matías prevén más de 160 buques metaneros por año, y ese aumento del tránsito marítimo reabre el debate sobre las colisiones. La experiencia mediterránea muestra que las recomendaciones voluntarias no alcanzan y que la protección de los grandes cetáceos depende de reglas claras para la navegación.


País/Región
: Internacional
Fuentes Consultadas: El Periódico (España), Infobae (Argentina), OceanCare, ClientEarth, UICN

COP31 de Antalya: resumen del 8º día

 


La COP31 convoca un Diván de ministros para salvar un borrador rechazado por los países árabes y Rusia


La presidencia turca reunió a los ministros para que negocien cara a cara mientras crecen los rechazos al texto político, Panamá arremete contra la regla del consenso y el Fondo de Adaptación recibe apenas una sexta parte de su meta.

A tres días del cierre previsto, la COP31 apostó el miércoles 18 de noviembre de 2026 a una fórmula inspirada en la historia del país anfitrión para destrabar la negociación. La presidencia turca convocó a un “Diván”, el nombre del antiguo consejo de gobierno otomano, una reunión en la que los ministros debían hablar directamente entre sí, sin leer discursos, para identificar dónde hay terreno común en la decisión de portada, el texto político que la cumbre de Antalya, Turquía, aspira a aprobar el viernes 20.
El encuentro llegó en el peor momento de la negociación. El borrador presentado el lunes no fue recortado, la Unión Europea pidió cambios profundos y, según el Earth Negotiations Bulletin, el grupo de países árabes, encabezado por Arabia Saudita, y Rusia rechazaron el texto completo en una reunión de jefes de delegación.

El Diván: hablar en lugar de leer
La reunión, presidida por Murat Kurum, ministro turco de Medio Ambiente y presidente de la COP31, comenzó a las 17 horas locales con una pregunta guía: cómo puede la cumbre “enviar señales y plasmar un plan de acción claro” respetando las circunstancias nacionales de cada país. Los gobiernos fueron invitados a enviar a sus funcionarios de mayor rango, y algunos grupos observadores pudieron asistir. Australia, que conduce las negociaciones, ya había convocado el martes una conversación ministerial con el mismo objetivo.
La presidencia no aclaró si la nueva versión del texto se publicará antes o después del Diván, y se limitó a indicar que saldrá “lo antes posible”. Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático, había anticipado que habrá al menos un borrador más antes del viernes.

Un rechazo en bloque
Las objeciones al borrador ya no son solo de matiz. Según el boletín, la oposición del grupo árabe y Rusia coincide con la de los Países en Desarrollo Afines, un bloque que integran China, India y Arabia Saudita, que considera que el texto cruza sus líneas rojas en tres puntos: la meta de electrificación “35 para el 35”, la hoja de ruta para la transición fuera de los combustibles fósiles y el llamado a reducir con rapidez las emisiones de metano, un gas con un poder de calentamiento muy superior al del dióxido de carbono en el corto plazo. Ambos grupos rechazan, además, que las iniciativas voluntarias aparezcan en un resultado negociado. Azerbaiyán, aliado cercano de Turquía, también criticó el documento.
Un delegado de un país emergente, citado por la agencia AFP, describió el borrador como una “compilación de líneas rojas” y dudó de que sea posible acordar una decisión de portada en tres días. Según fuentes de esa misma agencia, Rusia y los países árabes ni siquiera quieren que la cumbre cierre con una decisión política.

“Burócratas y gorrones”: Panamá contra el consenso
La frustración tuvo su expresión más cruda en la rueda de prensa de Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá. “Es absolutamente descorazonador ver los niveles de hipocresía, inacción y anarquía de la COP”, afirmó. Navarro acusó a los países productores de hidrocarburos de bloquear cada paso necesario, calificó a parte de los delegados de “burócratas y gorrones”, y sostuvo que las COP están condenadas al fracaso mientras dependan del consenso, la regla que permite a un solo país bloquear cualquier decisión.
El debate no es nuevo. La Convención consulta a un panel de expertos sobre posibles reformas del proceso, y las consultas de la presidencia sobre ese tema irritaron a Rusia y a los Estados árabes. Pero abolir el consenso parece improbable: Arabia Saudita se opone, y el Grupo Africano también rechaza pasar a votaciones por mayoría. Su presidente, el ghanés Antwi-Boasiako Amoah, defendió en junio el poder de veto con el argumento de que los países son soberanos y tienen intereses nacionales distintos.

Fósiles: quién quiere qué
Las posiciones latinoamericanas mostraron la diversidad del bloque. Ana Gloria Guzmán, viceministra de Agua y Gobernanza Marina de Costa Rica, advirtió: “No podemos sustituir la ambición por flexibilidad cuando la ciencia claramente continúa urgiéndonos a actuar”. Fabio Arjona, ministro de Ambiente de Colombia, defendió en cambio el gas como combustible de transición, en línea con la intención de su gobierno de reactivar la producción. Monique Barbut, ministra francesa de Transición Ecológica, expresó la esperanza de alcanzar algún tipo de compromiso sobre los combustibles fósiles.
Wopke Hoekstra, comisario europeo de Acción Climática, sostuvo que una mayor electrificación limpia debe estar “en el corazón” de un eventual acuerdo y pidió cumplir los compromisos de París y Dubái, incluida la transición fuera de los fósiles. Admitió, sin embargo, que a mitad de la última semana es imposible saber dónde terminará la negociación. En defensa de la ciencia, y en alusión al bloqueo del calendario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), ironizó: “Nos llevó bastantes siglos reconocer que el mundo en realidad no es plano”. Según la agencia EFE, la Unión Europea mantiene reuniones con distintos grupos, entre ellos el que integran Argentina, Brasil y Uruguay, con China, con los pequeños Estados insulares y con Sudáfrica; con India el encuentro estaba previsto para el jueves, y con Arabia Saudita no había fecha.
Fuera del texto, más países se suman a la idea de planes nacionales para abandonar los fósiles. Dinamarca se convirtió el martes en el quinto país en presentar su hoja de ruta, después de Alemania, Francia, Países Bajos y Finlandia, y elevó su meta de reducción de emisiones para 2035 a al menos el 85 %. “La vida es mejor sin combustibles fósiles”, afirmó la ministra danesa de Clima y Energía, Samira Nawa. Portugal anunció su plan para el miércoles, Irlanda lo prevé para esta semana, y España, Luxemburgo y Brasil se comprometieron a presentarlo, este último el año próximo. Fuera de la ONU, unos 60 países coordinan sus transiciones en el llamado proceso de Santa Marta, que tendrá una conferencia en julio de 2027.

El dinero que no llega
La negociación financiera sigue sin señales positivas. En la sesión de compromisos del martes, el Fondo de Adaptación, que financia proyectos en los países más vulnerables, recibió apenas 50 millones de dólares, frente a una meta anual de 300 millones. Mafalda Duarte, directora ejecutiva del Fondo Verde para el Clima, reclamó a los países ricos que aumenten sus aportes para reponerlo.
El programa de trabajo sobre financiamiento climático también está en disputa: los países más pobres quieren extenderlo dos años con el objetivo de triplicar el financiamiento para la adaptación, mientras que la Unión Europea y Suiza prefieren que la decisión no diga nada al respecto. En los mercados de carbono, un borrador recoge el pedido de decenas de países de flexibilizar las reglas de integridad de los mecanismos de la ONU, algo que las organizaciones ambientales atribuyen al lobby de la industria.

Desarrollo social y el próximo balance
La agenda temática del día estuvo dedicada al desarrollo humano y social, con sesiones sobre alertas tempranas, adaptación comunitaria, empleo e inclusión. Por la tarde se realizó el lanzamiento ministerial del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, el proceso de evaluación del avance colectivo que concluirá en la COP33 de 2028, con una etapa técnica en 2027.
Entre los anuncios, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) informó que el Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral movilizó más de 30 millones de dólares en inversiones y aportes para 22 países en desarrollo, con proyectos en México, Belice, Guatemala y Honduras y mecanismos de crédito en Fiyi e Islas Salomón. También se anunciaron más de 20 millones de dólares para refrigeración sostenible frente al calor extremo.

Lo que viene
El resultado del Diván definirá el tono del nuevo borrador, que la presidencia deberá recortar para acercar a quienes lo consideran demasiado ambicioso sin perder a quienes lo ven como el mínimo aceptable. Con el cierre previsto para el viernes 20 y antecedentes de cumbres que se extendieron varios días, la pregunta es si la presidencia logrará un texto que todos puedan aceptar, o si la COP31 terminará sin decisión de portada, como pretenden algunos de los países que la rechazan.



País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE, AFP, Climate Home News, Earth Negotiations Bulletin (IISD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ONU Cambio Climático (CMNUCC)

La exposición a disruptores empieza antes de nacer

 


La OMS y el PNUMA alertan que la exposición a químicos que alteran hormonas comienza antes de nacer


El primer gran informe mundial sobre disruptores endocrinos desde 2012 confirma su presencia en la sangre del cordón umbilical y la leche materna, los vincula con múltiples enfermedades y estima costos sanitarios superiores a 1,1 billones de dólares al año.

La exposición a sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal puede comenzar antes del nacimiento y dejar efectos duraderos en la salud. Así lo advierte el informe Estado de la Ciencia sobre las Sustancias Químicas Disruptoras Endocrinas 2026, publicado el 17 de noviembre por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Es la primera gran revisión mundial sobre el tema desde la evaluación conjunta de 2012.
Los disruptores endocrinos no son una familia química única, sino un conjunto de sustancias que interfieren en el funcionamiento de las hormonas. Están presentes en plásticos y envases de alimentos, juguetes, dispositivos médicos, electrónicos, cosméticos, productos de cuidado personal y pesticidas. Entre los ejemplos más conocidos figuran el bisfenol A, los ftalatos y los bifenilos policlorados.

Desde el vientre materno
El informe reúne evidencia de que estas sustancias se han detectado en la sangre, en la leche materna y en la sangre del cordón umbilical. Eso significa que la exposición puede empezar durante el embarazo, en una etapa en la que el organismo está en plena formación y en la que pequeñas alteraciones hormonales pueden tener consecuencias a largo plazo.
Sheila Aggarwal Khan, directora de la División de Industria y Economía del PNUMA, advirtió que esos efectos “pueden ser duraderos y, en algunos casos, irreversibles”. Por su parte, Bruce Gordon, director en funciones del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Una Sola Salud de la OMS, subrayó la necesidad de que los productos de uso cotidiano sean seguros, “especialmente para las mujeres embarazadas”.

Una evidencia cada vez más sólida
Según la revisión, la evidencia que vincula estas sustancias con enfermedades es hoy más robusta que hace una década. Los efectos documentados alcanzan la fertilidad y el desarrollo reproductivo, el desarrollo cerebral y la función neurológica, la tiroides, el metabolismo, el sistema inmunológico y la salud cardiovascular. También se asocian con obesidad, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Además, aparecen nuevas áreas de preocupación, como la enfermedad hepática metabólica y posibles efectos renales, y la fauna silvestre también resulta afectada.
Laura Vandenberg, una de las autoras principales, sostuvo que en muchos casos “sabemos lo suficiente para actuar”, según la traducción de sus declaraciones. El informe estima que los costos sanitarios anuales asociados a la exposición superan los 1,1 billones de dólares en el mundo. Considera que es una cifra conservadora, porque no incluye la contaminación del agua potable, la pérdida de biodiversidad ni los efectos sobre la producción de alimentos.

350.000 sustancias, pocas evaluadas
Uno de los datos más inquietantes es la magnitud de lo desconocido. En el mundo hay más de 350.000 sustancias químicas y mezclas registradas, y solo una pequeña parte fue evaluada por su capacidad de alterar el sistema endocrino. Además, las personas no se exponen a una sola sustancia sino a combinaciones, por lo que los especialistas piden evaluar las mezclas y no solo cada compuesto por separado.
El documento describe las políticas actuales como fragmentadas e insuficientes. Sus recomendaciones son reforzar la investigación y la vigilancia, avanzar hacia marcos regulatorios que eliminen de forma progresiva las sustancias más preocupantes, fomentar alternativas más seguras y no postergar las medidas preventivas por las incertidumbres científicas. La industria química, en cambio, sostiene que los aditivos cumplen funciones de seguridad y durabilidad y que los marcos regulatorios existentes son suficientes.

El tratado sobre plásticos y el Sur Global
El informe llega en medio de las negociaciones por un tratado mundial contra la contaminación por plásticos, que se retomarán a comienzos del próximo año y en las que varios países buscan incluir controles sobre los químicos de los plásticos.
Para América Latina, el tema tiene especial relevancia. En la región, la exposición a pesticidas en zonas rurales y periurbanas, la gestión deficiente de residuos y la quema de plásticos multiplican las vías de contacto con estas sustancias, mientras que los sistemas de control suelen ser más débiles. En la Argentina, donde el uso de agroquímicos es intensivo, la discusión sobre los disruptores endocrinos se suma a los debates sobre las fumigaciones y la calidad del agua.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia Servimedia, Agencia Associated Press, Organización Mundial de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Consejo Estadounidense de Química.

La ballena franca del Atlántico Norte sigue en caída

 


Quedan solo unos 382 ejemplares de ballena franca del Atlántico Norte: la población volvió a caer


La nueva estimación presentada en Canadá muestra una baja del 1,8% pese a un récord de nacimientos, con los enredos en artes de pesca y las colisiones con barcos como principales amenazas para una especie en peligro crítico.

La ballena franca del Atlántico Norte, una de las especies de grandes cetáceos más amenazadas del planeta, volvió a perder ejemplares. La nueva estimación se presentó al inicio de la reunión anual del Consorcio de la Ballena Franca del Atlántico Norte, celebrada el 16 y 17 de noviembre en Halifax, Canadá. Según ese cálculo, a fines de 2025 quedaban unos 382 individuos vivos, frente a los 389 calculados para el año anterior, lo que representa una caída del 1,8%.
La cifra surge del trabajo conjunto del Centro Anderson Cabot para la Vida Oceánica del Acuario de Nueva Inglaterra y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). La especie, Eubalaena glacialis, está catalogada como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Un récord de nacimientos que no alcanzó
El descenso llega pese a una buena temporada reproductiva. En 2025 nacieron 24 crías, incluidas las de tres madres primerizas, y el número de hembras en edad reproductiva se mantuvo estable en 73. Aun así, las muertes y las lesiones graves superaron a los nacimientos. Para la bióloga Heather Pettis, del Acuario de Nueva Inglaterra, el retroceso resulta profundamente decepcionante, ya que la especie todavía no muestra un camino claro hacia la recuperación.
En lo que va de 2026 se registraron al menos dos muertes. Un macho de cuatro años apareció sin vida en Carolina del Norte, enredado en artes de pesca que fueron rastreadas hasta pesquerías canadienses de cangrejo de las nieves. Una hembra de tres años fue hallada muerta frente a Virginia, sin causa confirmada. También se documentaron ocho ballenas lesionadas, siete por enredos y una por el choque con una embarcación.

Redes de pesca y barcos, las principales amenazas
Desde 2017 rige en Estados Unidos y Canadá un Evento de Mortalidad Inusual para la especie. Según la NOAA, en ese período se contabilizaron 43 ballenas muertas, 41 con heridas graves y 92 lesionadas o en mal estado. Los científicos estiman que solo alrededor de un tercio de las muertes causadas por actividades humanas llegan a registrarse.
Los enredos en sogas y artes de pesca son la principal causa de muerte: más del 85% de las ballenas sufrió al menos un enredo, y cerca del 60%, varios. Las colisiones con embarcaciones son la segunda causa. Su color oscuro, la ausencia de aleta dorsal y su costumbre de nadar cerca de la superficie las hacen difíciles de detectar. Además, sus rutas migratorias atraviesan algunas de las costas con más tránsito marítimo del mundo.
La caza comercial la llevó al borde de la extinción a fines del siglo XIX, cuando quedaban menos de cien ejemplares de una población que pudo haber superado los 9.000. Está protegida desde 1935, pero las organizaciones conservacionistas advierten que hoy enfrenta nuevos riesgos regulatorios en Estados Unidos, con propuestas para frenar normas pesqueras y flexibilizar los límites de velocidad de las embarcaciones.

La prima del sur, en un año difícil
En el Atlántico Sur, la situación de su pariente cercana, la ballena franca austral, es muy distinta en escala, aunque no está libre de alertas. A diferencia de la especie del norte, la población que visita la Península Valdés se recuperó de manera sostenida en las últimas décadas, y la zona es una de sus principales áreas de cría.
Sin embargo, la temporada 2026 dejó señales de preocupación. El censo aéreo del Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESIMAR-CONICET registró en septiembre 1.375 ballenas, incluidas 409 crías, frente al récord de 2.110 de 2025. Los investigadores aclararon que la cifra está dentro de los valores esperables y que la diferencia puede deberse a la fecha del vuelo y a la distribución de los animales.
En octubre, además, se registraron al menos siete ballenas muertas en una semana en el Golfo Nuevo. El Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral investiga como hipótesis principal en los adultos episodios de marea roja, y también la presencia de una bacteria en las crías.
Mientras la ballena del norte depende de que se reduzcan los enredos y las colisiones, la del sur enfrenta amenazas emergentes vinculadas al calentamiento del mar y a la calidad del agua. En ambos hemisferios, el futuro de estas especies depende de cómo se gestionen las actividades humanas en sus zonas de alimentación y cría.


País/Región
: Internacional
Fuentes Consultadas: EcoNews, Noticias NQN, El Desconcierto, Consorcio de la Ballena Franca del Atlántico Norte, Acuario de Nueva Inglaterra (Centro Anderson Cabot), NOAA, UICN, CESIMAR-CONICET, Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral.

COP31 de Antalya: resumen del 7º día

 


La Unión Europea rechaza el primer borrador de la COP31 y abre la fase más difícil de la negociación


El bloque europeo pidió cambios profundos al texto político de la cumbre y descartó aportar dinero nuevo, mientras Brasil le reprochó falta de liderazgo y la disputa por el calendario del IPCC sigue sin resolverse.

La Unión Europea abrió el martes 17 de noviembre de 2026 el frente más inesperado de la COP31: rechazó el primer borrador de la decisión de portada, el texto político que la cumbre de Antalya, Turquía, debe aprobar el viernes 20. El bloque, que suele presentarse como uno de los motores de la ambición climática, calificó el documento como una “lista de la compra” y pidió cambios profundos, sobre todo en los capítulos de financiamiento. La reacción abrió la fase más difícil de la negociación y provocó un reproche directo de Brasil.
La jornada, dedicada a los océanos, la naturaleza y el uso de la tierra, también dejó la confirmación de que la disputa por el calendario de los informes científicos sigue sin resolverse, y algunos anuncios de financiamiento que, aunque modestos, fueron de los pocos aportes concretos de la semana.

“Una lista de la compra”
Wopke Hoekstra, comisario europeo de Acción Climática, fue el encargado de marcar la posición del bloque. Sostuvo que el borrador “tenía muchas de las características de una lista de la compra”, que reabre debates ya saldados y que podría volver inviable el proceso si no cambia de manera significativa. Darragh O’Brien, ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, país que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, explicó que el texto incorporó muchos elementos para contentar a todas las partes, en contra de la idea de que esta COP debía concentrarse en la implementación de lo ya acordado.
En los pasillos, funcionarios europeos que hablaron sin ser identificados fueron más gráficos: uno lo comparó con una carta de deseos navideña que, por intentar agradar a todos, no agrada a nadie, y otro reclamó una decisión de portada breve y precisa.

El dinero, el corazón del rechazo
La crítica europea apunta sobre todo al financiamiento. El borrador incluye varios elementos que los países desarrollados consideran inaceptables: una mesa redonda ministerial anual desde 2027 para revisar los incumplimientos de las naciones ricas en materia de financiamiento, la eliminación antes de fines de 2027 de las medidas comerciales unilaterales vinculadas con el clima, una referencia implícita al mecanismo europeo de ajuste en frontera por carbono, que grava las emisiones asociadas a importaciones como el acero o el cemento, y el pedido de que los países desarrollados alcancen la neutralidad de carbono en 2030, una meta que pocos podrían cumplir.
Un funcionario europeo calificó esas exigencias como tácticas y algunas como claramente inaceptables, y las atribuyó a un bloque que incluye a Arabia Saudita e India. O’Brien descartó cualquier aporte adicional: “No se trata de dinero nuevo y hemos sido muy claros al respecto”. La posición europea es que las negociaciones deben concentrarse en facilitar el acceso a los fondos ya comprometidos.
El bloque sí respaldó la meta de electrificación de la presidencia turca, que propone que la electricidad alcance el 35 % del consumo final de energía mundial en 2035. “Cuanto más, mejor; cuanto más rápido, mejor; cuanto más limpio, mejor”, resumió Hoekstra.

Brasil pide liderazgo a Europa
La respuesta más dura llegó de Brasil. João Paulo Capobianco, ministro de Medio Ambiente brasileño, sostuvo que la postura pública de Bruselas debilita la negociación justo cuando empieza su etapa decisiva. “Lo que no podemos tener en la Convención es falta de liderazgo”, advirtió. Capobianco recordó que la Unión Europea tiene un peso enorme en las conversaciones y criticó también a Estados Unidos por haberse retirado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El ministro presentó a su país como mediador frente a las reticencias de los productores del golfo Pérsico. Aseguró que Brasil no tiene líneas rojas, reconoció que es productor de petróleo y está encontrando nuevas reservas, pero destacó su apuesta por las renovables y los biocombustibles, y consideró posible alcanzar un acuerdo durante el fin de semana, es decir, con la cumbre ya extendida.
Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático y encargado de conducir las negociaciones, volvió a defender el texto como una buena base y anticipó que habrá al menos un borrador más antes del final de la semana.

La ciencia, todavía en suspenso
El calendario del séptimo informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sigue bloqueado. Decenas de países europeos, africanos y del Pacífico quieren que los próximos informes estén listos antes del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, que se realizará en la COP33 de 2028. Ilana Seid, presidenta de la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, fue tajante: cualquier demora, dijo, “es injustificable para nosotros”.
La delegación de Arabia Saudita, que junto con India y un pequeño grupo de países impulsa postergar ese informe hasta 2029, defendió su posición. Sostuvo que respalda calendarios que permitan una revisión científica adecuada, transparencia y una participación significativa, en especial de los países en desarrollo.
En el debate sobre los combustibles fósiles, el tono de los países vulnerables fue más resignado. Michael Joseph, ministro de Medio Ambiente de Antigua y Barbuda, dijo que le encantaría ver un compromiso de eliminación gradual, pero admitió que el consenso podría ser muy difícil. Tina Stege, enviada climática de las Islas Marshall, recordó que algunas islas ya dejaron de ser habitables con el calentamiento actual, de alrededor de 1,2 °C, y pidió sostener el límite de 1,5 °C. Una denuncia coordinada por unas 450 organizaciones señaló, además, que más de un centenar de delegados acreditados en la cumbre tienen vínculos con la industria de los combustibles fósiles.

Océanos y naturaleza
La agenda temática del día estuvo dedicada a los océanos y la naturaleza. Brasil y Francia lanzaron una coalición de 27 países para acelerar la acción climática oceánica, con financiamiento y asistencia técnica para las economías costeras. Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), el 95 % de las naciones costeras incluye soluciones oceánicas en sus planes climáticos, pero el 61 % depende de ayuda externa para aplicarlas, y nueve de cada diez proyectos en países de ingresos medios de América Latina, África subsahariana y Oceanía enfrentan dificultades para ponerse en marcha.
José Luis García Varas, responsable de mares y océanos de WWF España, pidió vías más claras y concretas para proteger los corales, las zonas polares y el mar Mediterráneo, que atraviesa un proceso de tropicalización, es decir, la llegada y expansión de especies y condiciones propias de aguas más cálidas. Richard Choularton, director de clima y resiliencia del Programa Mundial de Alimentos, reclamó prepararse para una nueva normalidad de inundaciones, sequías y tormentas, en momentos en que el Pacífico atraviesa un episodio de El Niño de gran intensidad. Marina Silva, exministra de Medio Ambiente de Brasil, exigió una remuneración justa por los servicios ecosistémicos que presta la Amazonía.

Algunos fondos nuevos
Entre los pocos anuncios financieros, España comprometió 45 millones de euros: 25 millones para el Fondo de Adaptación de la ONU, 15 millones para el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, que ayuda a los países a reconstruirse tras impactos extremos, y 5 millones para el Servicio de Financiamiento de Observaciones Sistemáticas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que busca cubrir la falta de datos meteorológicos básicos en los países más pobres. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, pidió acelerar la movilización de recursos sobre la base de los acuerdos alcanzados. “El futuro será verde o no será”, cerró.

Lo que viene
Con tres días por delante, la presidencia deberá reducir y reenfocar un texto que, según varios negociadores, es demasiado largo. Un funcionario latinoamericano lo resumió con una advertencia: el reloj corre. El segmento de alto nivel continuará el miércoles 18 con discursos de ministros, y se espera que la presidencia reúna a los ministros a mitad de semana para conocer sus posiciones sobre el borrador. La pregunta es si la nueva versión logrará acercar a la Unión Europea sin perder el apoyo de los países en desarrollo, que ven en el capítulo financiero la principal razón para aceptar el resto.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE, AFP, Instituto de Recursos Mundiales (WRI), WWF, de Alimentos (PMA), Organización Meteorológica Mundial (OMM), ONU Cambio Climático (CMNUCC)

Pará declara emergencia por incendios en la Amazonía

 


Pará declara la emergencia ambiental por la sequía y los incendios en la Amazonía brasileña

El estado que fue sede de la COP30 prohibió las quemas en 31 municipios y suspendió las autorizaciones para el uso del fuego durante 120 días, tras superar en noviembre los 5.000 focos de incendio.

El estado brasileño de Pará, que hace un año recibió al mundo en Belém como sede de la COP30, declaró la emergencia ambiental y climática en todo su territorio por la sequía severa y el aumento de los incendios forestales. La gobernadora Hana Ghassan Tuma firmó el decreto 5.767 el 11 de noviembre, y la norma está vigente desde el día siguiente. Regirá durante 120 días y podrá prorrogarse por un período igual.
La medida responde a un escenario que se agrava semana a semana. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), en lo que va de noviembre Pará ya registró algo más de 5.000 focos de incendio, casi la misma cantidad que en todo noviembre de 2025. Unos 700 de esos focos estuvieron activos en apenas 48 horas. Las autoridades atribuyen la situación a la falta prolongada de lluvias, potenciada por los efectos de El Niño.

Fuego prohibido en 31 municipios
El decreto suspende en todo el estado las autorizaciones para el uso del fuego. En 31 municipios considerados prioritarios, además, prohíbe las quemas para limpiar o preparar terrenos, renovar pasturas o eliminar residuos vegetales. Entre ellos figuran Santarém, Altamira, Itaituba, Óbidos, Monte Alegre, Novo Progresso y São Félix do Xingu, en el oeste y el sudoeste del estado, algunas de las zonas más afectadas por la expansión ganadera.
La norma prevé excepciones para las tareas de prevención y combate, las quemas prescritas autorizadas y la investigación científica. También quedan exceptuadas las prácticas de agricultura de subsistencia de pueblos indígenas, comunidades quilombolas y tradicionales y agricultores familiares. Quienes no la cumplan podrán recibir sanciones administrativas, civiles y penales.
El texto también habilita a la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad a reasignar brigadistas hacia las áreas con mayor necesidad. Ya se enviaron 35 brigadistas a la región de Santarém, y el organismo mantiene equipos en once áreas prioritarias, junto con el Cuerpo de Bomberos Militar y organismos federales. “Nuestra prioridad es proteger a la población y reducir los daños a los bosques”, afirmó el secretario Raul Protázio, según la traducción de sus declaraciones.

Una crisis que se veía venir
Antes del decreto estadual, varios municipios ya habían declarado sus propias emergencias. Altamira, la ciudad brasileña con más focos de incendio en lo que va de 2026, y Jacundá lo hicieron en octubre. Un relevamiento oficial del 21 de ese mes reconocía situaciones de emergencia por sequía o incendios en una decena de municipios paraenses. En la Reserva Extractivista Riozinho do Anfrísio, el fuego arrasó unas 4.000 hectáreas.
El cuadro se repite en buena parte de la Amazonía brasileña. En octubre, la región registró 18.907 focos de incendio, según el INPE. Fue un 140% más que en el mismo mes del año anterior y la cifra mensual más alta en dos años. Ese mismo mes, el humo de cientos de incendios llevó a cerrar escuelas en Manaos, capital del estado de Amazonas. Los especialistas advierten que el pico de la temporada podría llegar en diciembre.

El Niño y la deforestación, una combinación peligrosa
El Niño, que este año podría estar entre los más intensos registrados, provoca temperaturas más altas y menos lluvias en el norte de Sudamérica. Pero el fuego en la Amazonía no es un fenómeno natural: en su enorme mayoría lo provocan personas, para abrir o limpiar campos, y se descontrola cuando la vegetación está seca. La deforestación previa deja bosques fragmentados y más inflamables, lo que multiplica el riesgo.
El antecedente reciente es el de 2024, cuando la Amazonía sufrió una sequía histórica y un récord de incendios forestales. Aquel año, Pará también declaró la emergencia ambiental, con un aumento de los focos de 200% respecto de 2023, según informó entonces el gobierno estadual.

Un problema que cruza fronteras
Lo que ocurre en la Amazonía no queda allí. La selva funciona como una bomba de humedad que alimenta, a través de los llamados ríos voladores, buena parte de las lluvias del centro y el sur del continente, incluida la cuenca del Plata. Su degradación afecta el régimen hídrico de países como la Argentina, Paraguay y Uruguay, y el humo de los grandes incendios puede recorrer miles de kilómetros.
A un año de la COP30, donde Brasil se presentó como líder en la protección de los bosques tropicales, la emergencia en Pará vuelve a mostrar la distancia entre los compromisos internacionales y la realidad en el territorio.


País/Región: Brasil
Fuentes Consultadas: Perfil, Portal Amazônia, A Crítica, O Liberal

La IA falla ante preguntas complejas sobre el clima

 


La IA falla en consultas complejas sobre el cambio climático y su precisión cae al nivel del azar


Un estudio de la UNESCO y el University College London, presentado en la COP31, evaluó 33 modelos de inteligencia artificial y advirtió que aciertan con datos simples, pero fallan al combinar políticas climáticas y tienden a ceder ante la presión del usuario.

Los sistemas de inteligencia artificial responden bien preguntas simples sobre el cambio climático, pero su fiabilidad se desploma cuando las consultas se vuelven complejas. Así lo concluye un estudio de la UNESCO y el University College London (UCL), presentado el 16 de noviembre en la COP31, la cumbre climática de las Naciones Unidas que se celebra en Antalya, Turquía. En las tareas más exigentes, el rendimiento cayó al nivel de una respuesta elegida al azar.
El informe, titulado ¿Podemos confiar en la IA sobre la información climática?, evaluó 33 modelos de lenguaje lanzados entre abril de 2024 y julio de 2026 por empresas como OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Amazon, Meta y Mistral, entre otras. Su autora principal es Leona Verdadero, especialista de la UNESCO en políticas de inteligencia artificial.

Cómo se puso a prueba a la IA
Para evitar que los sistemas se limitaran a repetir respuestas memorizadas, los investigadores elaboraron preguntas inéditas basadas en el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Como referencia de control utilizaron En-ROADS, un simulador científico que permite calcular el efecto de distintas políticas energéticas y climáticas sobre el calentamiento global.
Las pruebas se hicieron en 13 idiomas y abarcaron tres tipos de tareas:
- responder hechos aislados;
- determinar si una evidencia respalda o refuta una afirmación;
- evaluar el efecto combinado de dos políticas climáticas aplicadas al mismo tiempo.

De la precisión al azar
Con hechos aislados, los modelos se mostraron precisos, pero la fiabilidad disminuyó a medida que aumentaba la complejidad. En la tarea de respaldar o refutar una afirmación, los mejores sistemas acertaron entre el 71% y el 77% de las veces. Cuando debieron analizar el efecto conjunto de dos políticas, la precisión media fue de apenas 33,8%, un resultado comparable al de elegir al azar.
En general, los modelos más grandes resultaron más fiables que los pequeños. Sin embargo, ninguno superó de manera consistente las pruebas más complejas, que son justamente las que se parecen a las decisiones reales de política climática.

La IA que le da la razón al usuario
Otro hallazgo preocupante es la llamada adulación. En conversaciones largas, los sistemas tendieron a abandonar la evidencia científica cuando el usuario la contradecía, y llegaron a cambiar de postura en temas que tienen respaldo científico sólido. Para los autores, ese comportamiento representa un riesgo en un contexto de creciente desinformación climática, ya que un modelo puede terminar reforzando las creencias erróneas de quien pregunta.

La brecha de los idiomas
El estudio también detectó desigualdades lingüísticas. Las respuestas en inglés alcanzaron una precisión del 88,6% y las del español, del 88,4%, mientras que en suajili cayeron al 78,3%. Los idiomas del sur de Asia, como el hindi, el bengalí y el urdu, también obtuvieron malos resultados. “Eso resulta muy alarmante”, advirtió Verdadero, según la versión en español de sus declaraciones, ya que muchas de las comunidades más expuestas a los impactos climáticos hablan esas lenguas.

Recomendaciones para gobiernos y usuarios
El informe recomienda a los responsables políticos y a los reguladores apoyarse en simuladores científicos estructurados para analizar escenarios complejos y mantener siempre la revisión humana. A los usuarios les aconseja formular preguntas neutrales, sin sugerir la respuesta, y exigir fuentes verificables.
El estudio se presentó en el marco de la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático, copresidida por Brasil, la ONU y la UNESCO, que en la COP31 lanzó una serie de prioridades de acción. Entre ellas, pide a las empresas de inteligencia artificial evaluar y publicar cómo sus sistemas afectan la calidad de la información climática, y divulgar su consumo de energía y sus huellas de carbono, agua y uso del suelo.
Para América Latina, donde el español obtuvo uno de los mejores desempeños, el desafío es otro. Muchas comunidades indígenas y rurales se comunican en lenguas que ni siquiera fueron evaluadas, lo que deja abierta la pregunta sobre la calidad de la información climática que reciben.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia SwissInfo, Agencia EFE, UNESCO, University College London, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, IPCC.

COP31 de Antalya: resumen del 6º día

 


El primer borrador de la COP31 pide acelerar la salida de los fósiles y triplicar la adaptación


La copresidencia australiana presentó un texto de 18 páginas que incluye la eliminación gradual del carbón, el petróleo y el gas, y una meta de al menos 120.000 millones de dólares anuales para adaptación, aunque nadie espera que sobreviva intacto hasta el viernes.

La COP31 entró el lunes 16 de noviembre de 2026 en su semana decisiva con el documento que todos esperaban: el primer borrador de la decisión de portada, el texto político con el que la cumbre de Antalya, Turquía, aspira a cerrar el viernes 20. Son 18 páginas y 144 párrafos que, por primera vez desde la COP28 de Dubái, ponen sobre la mesa la eliminación gradual de los combustibles fósiles, junto con una meta de al menos 120.000 millones de dólares anuales para la adaptación en 2035.
La ambición del texto sorprendió a delegados y analistas, pero nadie la toma como definitiva. El propio encargado de las negociaciones advirtió que no todas las partes estarán de acuerdo con su contenido, y varios bloques ya habían anticipado su rechazo a los puntos centrales antes de que el documento circulara.

Un borrador “con todo adentro”
El texto fue preparado por Australia, que conduce las negociaciones en el esquema de presidencia compartida con Turquía. Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático, lo presentó en rueda de prensa como una muy buena base para las conversaciones de los próximos días y explicó que los borradores suelen empezar siendo generales y se van ajustando en cada versión hacia el consenso. “Hay elementos en este borrador con los que no estarán de acuerdo todas las partes”, reconoció.
Los analistas leyeron la estrategia de la misma forma. Cosima Cassel, responsable del programa de diplomacia climática del centro de estudios E3G, describió el enfoque como incluir todo y dejar que los países peleen por las concesiones. Su colega Alden Meyer se mostró sorprendido por la amplitud del documento y lo definió como un experimento: no todo lo que figura hoy, advirtió, llegará al texto final.

Los combustibles fósiles, en el centro
El punto más llamativo es el energético. El borrador pide una acción acelerada para una transición justa y equitativa fuera de los combustibles fósiles, que incluya una transición inmediata en los sistemas energéticos, y reafirma el compromiso de la COP28. Pero contiene dos formulaciones alternativas: la de 2023, que habla de “transición” para dejar atrás el carbón, el petróleo y el gas, y otra más ambiciosa que pide “acelerar la eliminación gradual”. Las dos podrían caer en la negociación.
El texto también propone eliminar de forma progresiva los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, salvo los destinados a combatir la pobreza energética o a apoyar transiciones justas, y da la bienvenida a la hoja de ruta para la transición presentada por la presidencia brasileña de la COP30, a la que Arabia Saudita se opone.
Ana Toni, directora ejecutiva de la presidencia brasileña de la COP30, ilustró cuánto cambió la discusión: según dijo, en la cumbre de Glasgow, en 2021, hubo siete reuniones sobre combustibles fósiles, y en esta ya van 82. “Nadie nos puede impedir que hablemos de estos temas”, afirmó. Philip Nugent, representante de Irlanda, coincidió en que el tema se volvió dominante en esta edición. Irlanda y Tuvalu lideran una coalición de países que impulsa la salida de los fósiles.

Adaptación: la cifra que reclamaban los países en desarrollo
En financiamiento, el borrador recoge la principal demanda del Grupo Africano: triplicar los fondos para la adaptación hasta al menos 120.000 millones de dólares anuales en 2035, priorizando las donaciones sobre los préstamos. Pide a los países desarrollados una hoja de ruta con hitos para cumplir esa meta y encarga al Comité Permanente de Financiamiento de la Convención calcular un año de base, para que se considere en la COP32, en 2027. Propone, además, una hoja de ruta “de Antalya a Adís Abeba” para un financiamiento público previsible de la adaptación y de las pérdidas y daños, con nuevos aportes antes de fines de 2027.
El propio texto reconoce la magnitud de la brecha. Cita la estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), según la cual los países en desarrollo necesitarán unos 305.000 millones de dólares anuales para adaptarse hacia 2035, frente a un financiamiento público internacional de entre 28.000 y 32.000 millones en 2024. Aun triplicado, ese financiamiento cubriría como máximo el 29 % de las necesidades.
Harjeet Singh, coordinador global de la campaña Fill the Fund, consideró que la cifra, el plazo y la hoja de ruta reflejan reclamos clave de los países en desarrollo. Advirtió, sin embargo, que habrá que pelear para que se mantengan en la decisión final y para que el dinero llegue como donaciones.

El límite de 1,5 °C y la captura de carbono
El borrador reconoce que el calentamiento superará 1,5 °C y pide limitar la magnitud y la duración de ese rebasamiento, y volver por debajo del umbral lo antes posible en este siglo, un lenguaje que reclamaban la Unión Europea y las naciones insulares del Pacífico. Advierte que la plena aplicación de los compromisos nacionales actuales llevaría a un calentamiento de alrededor de 2,6 °C, por lo que pide reforzarlos antes del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, en 2028.
El texto también sostiene que hará falta la remoción de dióxido de carbono, es decir, retirar ese gas de la atmósfera para almacenarlo, junto con recortes profundos de emisiones, y propone salvaguardas para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Las organizaciones ambientales recibieron esos puntos con críticas. Bareesh Hasan Chowdhury, coordinador para Asia de Amigos de la Tierra Internacional, advirtió que esa redacción corre el riesgo de normalizar la superación de 1,5 °C y que el borrador no transmite la urgencia que enfrentan los países vulnerables.

La electrificación y las grietas que ya se conocían
La meta de electrificación de la presidencia turca también figura en el texto: insta a los países a contribuir a que la electricidad alcance el 35 % del consumo final de energía mundial en 2035, vinculada a renovables, eficiencia y redes, aunque “de manera determinada a nivel nacional”. El borrador deja constancia de las opiniones divergentes sobre esa propuesta.
Las resistencias son conocidas. El grupo árabe y los Países en Desarrollo Afines, bloque que integran India y China, rechazan incluir metas sectoriales nuevas en la decisión. India se opone a citar informes científicos ajenos al proceso de la Convención, como el del PNUMA sobre el rebasamiento. Y ese mismo grupo, junto con Rusia, Argentina y varios países africanos, objeta que la decisión mencione las consultas en curso sobre la reforma del proceso de negociación climática de la ONU, porque considera que no hay consenso sobre las propuestas.
Una fuente de la delegación saudí, que pidió no ser identificada, aseguró que su país reconoce el cambio climático como un desafío global y negó que esté bloqueando las conversaciones.

Europa baja las expectativas
Del lado de los países desarrollados, la señal fue de prudencia. Heike Henn, secretaria de Estado del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, sostuvo que incluir en la decisión la hoja de ruta sobre los fósiles y la meta de electrificación no es esencial. “No es para nosotros la vara definitiva del éxito”, dijo, y señaló que el lugar para nuevas metas cuantitativas es el Balance Mundial de 2028. La debilidad negociadora de los países ricos tiene una explicación: tienen poco financiamiento nuevo para ofrecer a cambio de compromisos de reducción de emisiones. Tatiana Oliveira, responsable de estrategia internacional de WWF Brasil, recordó que todavía no hay avances sobre cómo cumplirán sus obligaciones de financiamiento público.

Ciencia, tecnología e inteligencia artificial
El lunes fue también el día dedicado a la ciencia, la tecnología y la industria. La presidencia turca lanzó el Compromiso de Antalya sobre inteligencia artificial, una iniciativa voluntaria para aprovechar esa tecnología en la acción climática y gestionar su creciente demanda de energía. Kurum sostuvo que la industria y la tecnología deben formar parte de la solución climática, pero al cierre de la jornada solo nueve países lo habían firmado. La Unesco advirtió sobre la poca fiabilidad de la inteligencia artificial ante cuestiones complejas.
Entre los anuncios nacionales, España informó su intención de elevar la electrificación de su matriz energética del 26 % al 35 % en 2030, cinco años antes de la meta global. Canadá anunció un préstamo de hasta 560 millones de dólares canadienses en cuatro años para el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, el mecanismo impulsado por Brasil para pagar a los países que conservan sus selvas, que suma unos 8.200 millones de dólares y está a unos 1.800 millones de su meta inicial. En sentido opuesto, el nuevo gobierno de Colombia defenderá el gas natural como combustible de transición.

Lo que viene
Los países tienen hasta el viernes para negociar el borrador, y la presidencia convocará a los ministros a mitad de semana para conocer sus posiciones sobre el texto. El martes 17 y el miércoles 18 se celebrará además el segmento de alto nivel, con discursos de ministros. Bowen anticipó que el texto final no se parecerá exactamente a este. Como advirtió Cassel, la prueba será cuántos de sus elementos centrales sobreviven a la regla del consenso, en una cumbre cuyas antecesoras terminaron varios días después de lo previsto.


País/Región
: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE, AFP, Reuters, Climate Home News, The Business Standard, ONU Cambio Climático (CMNUCC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

América Latina destina menos del 1% al ambiente

 


Dieciséis años de recortes: América Latina destina menos del 1% de su presupuesto al ambiente


Una investigación sobre seis países de la región muestra carteras ambientales debilitadas, áreas protegidas sin fondos y pocos guardaparques, con la Argentina entre los casos más críticos.

América Latina alberga cerca del 40% de la biodiversidad del planeta, pero sus gobiernos destinan menos del 1% de sus presupuestos nacionales a proteger el ambiente. Así lo muestra una investigación periodística regional que analizó dieciséis años de cuentas públicas, entre 2011 y 2026, en México, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia. El trabajo encontró un patrón común de recortes, instituciones debilitadas y áreas protegidas con recursos insuficientes.
El relevamiento advierte que la caída de los fondos coincide con el aumento de presiones como la tala, la minería ilegal, los incendios, la deforestación y el avance del crimen organizado sobre los territorios. En la mayoría de los países, además, buena parte del dinero se destina a sueldos y gastos administrativos, y queda muy poco margen para el control y la conservación en terreno.

Argentina, en el piso de la región
El caso argentino es uno de los más críticos. En la última década, la cartera ambiental nunca superó el 0,24% del presupuesto nacional, con un promedio anual del 0,13%, y en 2025 cayó al 0,04%. La tendencia atravesó los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, aunque se profundizó en 2024, cuando el Ministerio de Ambiente fue reducido a subsecretaría. Exfuncionarios consultados describieron a la cartera como un estorbo frente a las grandes decisiones productivas.
Un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales confirma la magnitud del ajuste. Según ese informe, entre 2023 y 2026 el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente cayó cerca de un 80% en términos reales, y el de la Administración de Parques Nacionales, más del 30%. El Fondo de Bosques, que por ley debería recibir el equivalente al 0,3% del presupuesto nacional, ejecutó en 2025 unas 155 veces menos de lo que le correspondía. En las áreas protegidas, unos 580 guardaparques cubren cerca de 5 millones de hectáreas. Para el abogado Gonzalo Vergez, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el momento actual es “el más crítico de la historia ambiental”.

Ecuador y Bolivia, recortes profundos
En Ecuador, el presupuesto del Ministerio de Ambiente pasó de 147 millones de dólares en 2012 a 30 millones en 2025, casi una quinta parte. En 2026 recibió 14,6 millones, la cifra más baja desde 2011, tras su fusión con el área de energía. El país cuenta con 598 guardaparques en el territorio continental, cuando se necesitarían al menos 5.240. Su sistema de áreas protegidas recibe unos 7 millones de dólares al año, frente a los 24,5 millones que requiere.
Bolivia es el segundo país del mundo con mayor pérdida de bosque primario. En estos años, su presupuesto para ambiente nunca superó el 1% del presupuesto nacional y promedió el 0,56%. Su servicio de áreas protegidas pasó de representar el 10% del presupuesto de su ministerio en 2011 al 2,8% en 2026, mientras sus 23 áreas protegidas nacionales operan con déficit. Para Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, el interés estatal “solo queda en discursos”.

México, Perú y Colombia
En México, el presupuesto ambiental acumula catorce años de caída, con apenas dos recuperaciones temporales. La comisión encargada de las áreas naturales protegidas administra más de 98 millones de hectáreas con menos del 0,04% del presupuesto federal, y cada guardaparque debe vigilar en promedio unos 1.385 kilómetros cuadrados.
En Perú, el Ministerio del Ambiente y sus organismos recibieron en 2026 el 0,35% del gasto nacional, un 12% menos que el año anterior, y unos 900 guardaparques cuidan 77 áreas protegidas.
Colombia es la excepción parcial. Su presupuesto ambiental se cuadruplicó entre 2022 y 2024, pero se ejecutó poco: apenas el 25% hasta septiembre de este año. Su sistema de parques nacionales nunca superó el 0,06% del presupuesto general en el período analizado. En ese país, además, al menos 548 defensores ambientales fueron asesinados entre 2012 y 2025, según la organización Global Witness.

Una región que pierde capacidad de cuidar
Los datos dibujan una paradoja. La región es clave para la estabilidad climática y la biodiversidad del planeta, y alberga la mayor parte de la Amazonía y ecosistemas únicos como el Gran Chaco, los Andes y los manglares del Pacífico. Sin embargo, los Estados reducen su capacidad de control justo cuando las amenazas crecen.
Especialistas y organizaciones coinciden en que existen márgenes fiscales para revertir esta situación. En el caso argentino, el informe de la fundación advierte que los beneficios fiscales a la minería y los subsidios a los hidrocarburos superan ampliamente el presupuesto ambiental. Eso muestra que el problema no es solo la falta de recursos, sino las prioridades con que se asignan.


País/Región: América Latina 
Fuentes Consultadas: Mongabay Latam, Grupo Animal, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fundación Tierra, Global Witness.

Roundup: afectados pierden terreno en la Justicia

 


Roundup: la Corte Suprema y el acuerdo de Bayer dejan a los afectados con menos derechos en EE.UU.


Mientras la empresa ganó otro juicio en St. Louis, un fallo de la Corte Suprema y un pacto de 7.250 millones de dólares reducen las vías de reclamo de quienes atribuyen su cáncer al glifosato, incluso de quienes todavía no enfermaron.

Bayer sumó una nueva victoria en la batalla judicial por el herbicida Roundup en Estados Unidos, pero el centro del conflicto ya no está en los juicios por jurado. Lo que se discute ahora son las reglas que definen si los afectados pueden siquiera reclamar. La Corte Suprema ya limitó las demandas por falta de advertencias, y a eso se suma un acuerdo colectivo de 7.250 millones de dólares que, según sus críticos, podría dejar sin derecho a juicio a miles de personas que todavía no saben que están enfermas.
El 29 de octubre, un jurado de St. Louis, en Missouri, falló por unanimidad a favor de Monsanto, la empresa adquirida por Bayer. Las demandantes eran tres mujeres que atribuían su linfoma no Hodgkin al uso habitual de Roundup, en un juicio iniciado en 2020; una de ellas murió antes de que llegara a debate. El jurado rechazó los reclamos por defecto de diseño, fraude y negligencia. “Estamos satisfechos con el veredicto favorable a Monsanto”, señaló la compañía.

El freno de la Corte Suprema
La primera gran pérdida para los demandantes llegó el 25 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por siete votos contra dos el caso Monsanto contra Durnell. El tribunal estableció que la ley federal de pesticidas impide a los jurados estatales sancionar a una empresa por no advertir sobre un riesgo de cáncer que no figura en la etiqueta aprobada por la Agencia de Protección Ambiental.
En la práctica, quedó bloqueado el argumento central de miles de demandas: que la empresa ocultó el riesgo a los usuarios. Bayer sostiene que el criterio también debería impedir los reclamos por diseño defectuoso y negligencia, algo que los abogados de los afectados rechazan. Los tribunales todavía no unificaron esa interpretación. En Idaho, por ejemplo, un juez federal descartó el reclamo por falta de advertencia pero mantuvo los de diseño y negligencia, que irán a juicio en 2027.

Un acuerdo que alcanza a quienes aún no enfermaron
El segundo frente es el acuerdo colectivo con el que Bayer busca cerrar unas 65.000 demandas pendientes y, sobre todo, los reclamos que puedan surgir en el futuro. Fue propuesto en febrero y aprobado de manera preliminar en marzo por un tribunal estatal de St. Louis. Prevé pagos durante hasta 21 años e incluye a personas expuestas al herbicida que podrían desarrollar linfoma no Hodgkin más adelante. Bayer aclaró que la propuesta no implica reconocer responsabilidad.
El punto más cuestionado es que quienes no se excluyeron dentro del plazo fijado quedan obligados por sus términos, incluso si hoy no tienen síntomas ni diagnóstico. Eso significa renunciar a demandar individualmente y aceptar la compensación prevista por el programa. Un grupo de víctimas calificó los montos de “inconcebiblemente bajos”, según la traducción de su presentación. El acuerdo, en tanto, reserva 675 millones de dólares para honorarios de abogados.

Las objeciones de un juez federal
Las críticas no provienen solo de los afectados. Vince Chhabria, el juez federal de San Francisco que supervisa miles de casos por Roundup, expresó en mayo serias dudas sobre la validez del acuerdo para personas de otros estados. Calificó de extrañas sus reglas de exclusión y objetó que todos los usuarios del herbicida tuvieran que decidir en pocos meses si se sumaban, aunque no tuvieran cáncer. Otros objetores sostuvieron que el pacto vulnera el debido proceso porque podría alcanzar a millones de personas, incluidos niños.
Los abogados que diseñaron el acuerdo defendieron su legitimidad y calificaron esas impugnaciones como maniobras dilatorias. En agosto, un tribunal federal de apelaciones rechazó el intento de trasladar la discusión a la Justicia federal. La audiencia de aprobación definitiva se realizó el 14 de septiembre y el juez Timothy Boyer todavía no resolvió. Bayer espera una decisión antes de fin de año.

Ciencia en disputa, derechos en juego
El trasfondo científico sigue abierto. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato, principio activo de Roundup, como probablemente cancerígeno para los seres humanos. La agencia ambiental estadounidense y Bayer sostienen que no representa ese riesgo cuando se usa según las indicaciones.
El caso interpela a América Latina, donde el glifosato es la base del modelo de cultivos transgénicos. La Argentina es uno de los mayores consumidores del herbicida en el mundo por la expansión de la soja, y allí el debate sobre sus efectos en la salud también llega a los tribunales, impulsado por vecinos de pueblos fumigados. Lo que se decida en St. Louis mostrará hasta dónde un acuerdo económico puede reemplazar el derecho de cada persona a llevar su caso ante un juez.


País/Región: Estados Unidos
Fuentes Consultadas: Economía Sustentable, Claims Journal, DTN Progressive Farmer, The New Lede, Corte Suprema de Estados Unidos, Bayer, Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS).

La COP31 entra en su semana decisiva con grandes trabas

 


La COP31 arranca su semana decisiva con la adaptación, los fósiles y la ciencia sin resolver


Tras una primera semana que la ONU calificó de constructiva pero que no dejó decisiones de peso, los ministros asumen en Antalya las disputas sobre el dinero para adaptación, la transición energética y el papel de los informes científicos.

La COP31 empieza este lunes 16 de noviembre de 2026 su segunda y decisiva semana en Antalya, Turquía, con un balance que resume bien una frase repetida por delegados y observadores durante el fin de semana: el clima de las negociaciones es bueno, pero los acuerdos todavía no aparecen. Las conversaciones técnicas terminaron en la madrugada del domingo 15 sin resolver las disputas de fondo sobre el dinero, y los ministros heredan ahora una carga pesada: el financiamiento para la adaptación, el lugar de los combustibles fósiles en el texto final y una inesperada pelea por el papel de la ciencia.
El sábado, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad para exigir más ambición, y el domingo, día de descanso oficial, la presidencia turca usó una entrevista televisiva para defender su principal apuesta: la electrificación de la economía mundial.

El balance oficial: “constructivo”
Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, calificó como constructivo el avance de la primera semana. Destacó que la agenda se adoptó sin grandes demoras, lo que ayudó a fijar el tono, aunque dejó un mensaje para los días que vienen: “No hay éxito colectivo sin concesiones de todas las partes”. Pidió abordar con rapidez los asuntos más difíciles y evitar demoras tácticas, una advertencia que analistas vinculan con ciertos países petroleros, aunque Stiell no mencionó a ninguno. Según la ONU, casi 200 países negocian en Antalya 165 mandatos distintos.
Murat Kurum, ministro turco de Medio Ambiente y presidente de la COP31, sostuvo que las negociaciones avanzan según lo previsto y que las posiciones empiezan a converger, aunque admitió diferencias pendientes.
Delegados y observadores matizaron ese optimismo. Hasta el cierre de la semana técnica, la cumbre no había adoptado ninguna decisión formal, y la mayoría de los puntos de la agenda requieren todavía trabajo sustancial.

Lo que cerró y lo que quedó abierto
Los órganos técnicos de la Convención, que preparan las decisiones de la cumbre, cerraron sus sesiones con conclusiones en temas de menor peso político: las comunicaciones nacionales sobre adaptación, el apoyo a los informes de los países en desarrollo, los asuntos de los países menos adelantados, la investigación y observación sistemática del clima, y género y cambio climático.
Otros temas quedaron sin resolver. En agricultura, los países solo acordaron tomar una decisión en 2027, y muchos lamentaron la falta de un resultado sustantivo. El resto de los puntos pendientes pasó a los órganos de gobierno de la cumbre, donde intervendrán los ministros, o volverá a futuras sesiones técnicas.

La adaptación, el gran choque
El tema más disputado es el financiamiento para la adaptación, es decir, los fondos que necesitan los países en desarrollo para protegerse de los impactos climáticos que ya no pueden evitarse. El Grupo Africano de Negociadores reclama que se triplique desde unos 40.000 millones de dólares anuales hasta al menos 120.000 millones en 2035. El borrador sobre el objetivo global de adaptación incluye esa opción, junto con otra que abriría un proceso para revisar los elementos de la meta, una alternativa que los países africanos rechazan.
El fondo de la disputa es dónde se discute el tema. Los países desarrollados prefieren tratarlo dentro de las negociaciones generales de financiamiento; los países en desarrollo quieren anclarlo en el objetivo de adaptación, que lo vincula con metas concretas. Según un negociador citado de forma anónima, el cambio podría diluir el compromiso. El temor es que, una vez alcanzada la meta general de 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035, la triplicación quede absorbida en ella en lugar de funcionar como un objetivo propio. Pooja Dave, responsable de adaptación de la Red de Acción Climática, calificó la posición de la Unión Europea como una táctica dilatoria.
David Maynier, ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica, rescató al menos que el programa de trabajo sobre financiamiento climático “está en la agenda”. Pero ese programa sigue trabado: los países en desarrollo quieren que sirva para aplicar el artículo 9.1 del Acuerdo de París, que obliga a los países desarrollados a aportar fondos, mientras que estos prefieren que abarque todo el artículo 9, que incluye también aportes voluntarios de otras naciones, como China. Un alto funcionario europeo advirtió que no hay voluntad política para nuevos compromisos financieros.
La brecha es enorme. Según un análisis de la ONU de comienzos de noviembre, aun triplicado, ese financiamiento cubriría menos de un tercio de las necesidades de los países en desarrollo. Si el tema no se resuelve en Antalya, la discusión deberá recomenzar en la COP32, prevista en Adís Abeba en 2027.

Transición justa y mitigación
La transición justa, el conjunto de medidas para que el abandono de las actividades contaminantes no deje sin sustento a trabajadores y comunidades, también llega con tensiones. Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático y encargado de conducir las negociaciones, consideró completa la nota informal sobre el nuevo mecanismo aprobado en la COP30, pero la sociedad civil la critica por su alcance limitado: sin medios de implementación, advierten las organizaciones, sería una promesa vacía.
El programa de trabajo sobre mitigación, que busca acelerar la reducción de emisiones, llega con un texto lleno de corchetes, la forma en que se marcan los pasajes sin acuerdo. Hay opciones para extenderlo hasta 2030, 2031 o 2040, y la discusión principal es si debe ampliarse para alimentar el segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, en 2028.

La ciencia, bajo ataque y en defensa
La semana dejó también una disputa sobre la ciencia. En consultas a puerta cerrada, el grupo árabe, encabezado por Arabia Saudita, cuestionó el rigor del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre cómo limitar el rebasamiento de 1,5 °C, publicado en septiembre, por no haber sido revisado por pares. Los Países en Desarrollo Afines, bloque que integran India y China, pidieron que la decisión evite referencias a informes elaborados fuera del proceso de la Convención.
Los autores respondieron. Debra Roberts, científica sudafricana que copresidió el Grupo de Trabajo II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el último ciclo e integró el equipo coordinador del informe, explicó que se siguió el procedimiento habitual de una evaluación global, con revisores externos; la única diferencia con el IPCC es que los gobiernos no revisaron los resultados. El trabajo fue escrito por 44 expertos y revisado por otros 44 durante un año. Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics y uno de los revisores, fue tajante: “Los informes son atacados porque a algunos no les gustan las conclusiones”.
En paralelo sigue bloqueado el calendario del séptimo informe de evaluación del IPCC. La mayoría de los países quiere que esté listo para el Balance Mundial de noviembre de 2028, mientras que Arabia Saudita, India, China y Rusia piden más tiempo y proponen 2029. Jim Skea, presidente del IPCC, reconoció riesgos operativos y para la reputación del organismo, que celebrará una reunión en línea a comienzos de diciembre para intentar destrabar el tema.

Kurum: “un pájaro en la mano”
El domingo, en una entrevista con la cadena CNN International citada por la agencia estatal turca Anadolu, Kurum defendió la meta de electrificación de la presidencia, que propone que la electricidad alcance el 35 % del consumo final de energía mundial en 2035. La presentó como un objetivo concreto frente a la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles impulsada por Brasil, que comparó con un pájaro en el arbusto frente a uno en la mano. Sostuvo que los combustibles fósiles no seguirán siendo una fuente importante porque las renovables son más baratas, y que la transición ocurrirá de forma natural con el avance de la tecnología.
La postura choca con la de quienes reclaman que la cumbre retome el compromiso de la COP28 de transición fuera de los combustibles fósiles. Fanny Petitbon, experta en políticas de la organización 350.org, pidió a las presidencias no abandonar las propuestas polémicas ante la primera objeción y advirtió que conformarse con el mínimo común denominador sería un fracaso de liderazgo.

La calle y la contracumbre
El sábado, una marcha recorrió el centro de Antalya bajo la lluvia, con fuerte custodia policial y controles exhaustivos para quienes querían sumarse. Según la policía, participaron más de 7.000 personas, la mayor protesta desde el inicio de la cumbre, y no hubo incidentes. Los manifestantes criticaron que Turquía copresida la cumbre sin un plan propio para dejar el carbón. La Cumbre Climática de los Pueblos, la contracumbre de organizaciones sociales turcas y extranjeras, con unas 150 actividades hasta el miércoles, dedicó el domingo a los derechos de la naturaleza.

Lo que viene
La segunda semana avanzará en cuatro frentes paralelos: el trabajo de los ministros, las consultas de la presidencia, las consultas ministeriales sobre los temas políticos pendientes y las negociaciones técnicas. Se espera para este lunes el primer borrador de la decisión de portada, el texto político de la cumbre, elaborado a partir de las propuestas escritas que los países debían entregar el sábado. También el lunes comienzan conversaciones informales sobre el fondo de pérdidas y daños, y el martes 17 y el miércoles 18 se celebrará el segmento de alto nivel, con discursos de ministros.
Con cinco días por delante y el cierre previsto para el viernes 20, la pregunta es si el “ambiente constructivo” alcanzará para que los países hagan las concesiones que pidió Stiell, o si Antalya terminará, como advierten las organizaciones, con un acuerdo diluido al mínimo común denominador.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE, AFP, Anadolu, Climate Home News, Daily Maverick, ONU Cambio Climático (CMNUCC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

Blog del Foro Ambiental Córdoba

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