COP31 de Antalya: resumen del 6º día

 


El primer borrador de la COP31 pide acelerar la salida de los fósiles y triplicar la adaptación


La copresidencia australiana presentó un texto de 18 páginas que incluye la eliminación gradual del carbón, el petróleo y el gas, y una meta de al menos 120.000 millones de dólares anuales para adaptación, aunque nadie espera que sobreviva intacto hasta el viernes.

La COP31 entró el lunes 16 de noviembre de 2026 en su semana decisiva con el documento que todos esperaban: el primer borrador de la decisión de portada, el texto político con el que la cumbre de Antalya, Turquía, aspira a cerrar el viernes 20. Son 18 páginas y 144 párrafos que, por primera vez desde la COP28 de Dubái, ponen sobre la mesa la eliminación gradual de los combustibles fósiles, junto con una meta de al menos 120.000 millones de dólares anuales para la adaptación en 2035.
La ambición del texto sorprendió a delegados y analistas, pero nadie la toma como definitiva. El propio encargado de las negociaciones advirtió que no todas las partes estarán de acuerdo con su contenido, y varios bloques ya habían anticipado su rechazo a los puntos centrales antes de que el documento circulara.

Un borrador “con todo adentro”
El texto fue preparado por Australia, que conduce las negociaciones en el esquema de presidencia compartida con Turquía. Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático, lo presentó en rueda de prensa como una muy buena base para las conversaciones de los próximos días y explicó que los borradores suelen empezar siendo generales y se van ajustando en cada versión hacia el consenso. “Hay elementos en este borrador con los que no estarán de acuerdo todas las partes”, reconoció.
Los analistas leyeron la estrategia de la misma forma. Cosima Cassel, responsable del programa de diplomacia climática del centro de estudios E3G, describió el enfoque como incluir todo y dejar que los países peleen por las concesiones. Su colega Alden Meyer se mostró sorprendido por la amplitud del documento y lo definió como un experimento: no todo lo que figura hoy, advirtió, llegará al texto final.

Los combustibles fósiles, en el centro
El punto más llamativo es el energético. El borrador pide una acción acelerada para una transición justa y equitativa fuera de los combustibles fósiles, que incluya una transición inmediata en los sistemas energéticos, y reafirma el compromiso de la COP28. Pero contiene dos formulaciones alternativas: la de 2023, que habla de “transición” para dejar atrás el carbón, el petróleo y el gas, y otra más ambiciosa que pide “acelerar la eliminación gradual”. Las dos podrían caer en la negociación.
El texto también propone eliminar de forma progresiva los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, salvo los destinados a combatir la pobreza energética o a apoyar transiciones justas, y da la bienvenida a la hoja de ruta para la transición presentada por la presidencia brasileña de la COP30, a la que Arabia Saudita se opone.
Ana Toni, directora ejecutiva de la presidencia brasileña de la COP30, ilustró cuánto cambió la discusión: según dijo, en la cumbre de Glasgow, en 2021, hubo siete reuniones sobre combustibles fósiles, y en esta ya van 82. “Nadie nos puede impedir que hablemos de estos temas”, afirmó. Philip Nugent, representante de Irlanda, coincidió en que el tema se volvió dominante en esta edición. Irlanda y Tuvalu lideran una coalición de países que impulsa la salida de los fósiles.

Adaptación: la cifra que reclamaban los países en desarrollo
En financiamiento, el borrador recoge la principal demanda del Grupo Africano: triplicar los fondos para la adaptación hasta al menos 120.000 millones de dólares anuales en 2035, priorizando las donaciones sobre los préstamos. Pide a los países desarrollados una hoja de ruta con hitos para cumplir esa meta y encarga al Comité Permanente de Financiamiento de la Convención calcular un año de base, para que se considere en la COP32, en 2027. Propone, además, una hoja de ruta “de Antalya a Adís Abeba” para un financiamiento público previsible de la adaptación y de las pérdidas y daños, con nuevos aportes antes de fines de 2027.
El propio texto reconoce la magnitud de la brecha. Cita la estimación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), según la cual los países en desarrollo necesitarán unos 305.000 millones de dólares anuales para adaptarse hacia 2035, frente a un financiamiento público internacional de entre 28.000 y 32.000 millones en 2024. Aun triplicado, ese financiamiento cubriría como máximo el 29 % de las necesidades.
Harjeet Singh, coordinador global de la campaña Fill the Fund, consideró que la cifra, el plazo y la hoja de ruta reflejan reclamos clave de los países en desarrollo. Advirtió, sin embargo, que habrá que pelear para que se mantengan en la decisión final y para que el dinero llegue como donaciones.

El límite de 1,5 °C y la captura de carbono
El borrador reconoce que el calentamiento superará 1,5 °C y pide limitar la magnitud y la duración de ese rebasamiento, y volver por debajo del umbral lo antes posible en este siglo, un lenguaje que reclamaban la Unión Europea y las naciones insulares del Pacífico. Advierte que la plena aplicación de los compromisos nacionales actuales llevaría a un calentamiento de alrededor de 2,6 °C, por lo que pide reforzarlos antes del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, en 2028.
El texto también sostiene que hará falta la remoción de dióxido de carbono, es decir, retirar ese gas de la atmósfera para almacenarlo, junto con recortes profundos de emisiones, y propone salvaguardas para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Las organizaciones ambientales recibieron esos puntos con críticas. Bareesh Hasan Chowdhury, coordinador para Asia de Amigos de la Tierra Internacional, advirtió que esa redacción corre el riesgo de normalizar la superación de 1,5 °C y que el borrador no transmite la urgencia que enfrentan los países vulnerables.

La electrificación y las grietas que ya se conocían
La meta de electrificación de la presidencia turca también figura en el texto: insta a los países a contribuir a que la electricidad alcance el 35 % del consumo final de energía mundial en 2035, vinculada a renovables, eficiencia y redes, aunque “de manera determinada a nivel nacional”. El borrador deja constancia de las opiniones divergentes sobre esa propuesta.
Las resistencias son conocidas. El grupo árabe y los Países en Desarrollo Afines, bloque que integran India y China, rechazan incluir metas sectoriales nuevas en la decisión. India se opone a citar informes científicos ajenos al proceso de la Convención, como el del PNUMA sobre el rebasamiento. Y ese mismo grupo, junto con Rusia, Argentina y varios países africanos, objeta que la decisión mencione las consultas en curso sobre la reforma del proceso de negociación climática de la ONU, porque considera que no hay consenso sobre las propuestas.
Una fuente de la delegación saudí, que pidió no ser identificada, aseguró que su país reconoce el cambio climático como un desafío global y negó que esté bloqueando las conversaciones.

Europa baja las expectativas
Del lado de los países desarrollados, la señal fue de prudencia. Heike Henn, secretaria de Estado del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, sostuvo que incluir en la decisión la hoja de ruta sobre los fósiles y la meta de electrificación no es esencial. “No es para nosotros la vara definitiva del éxito”, dijo, y señaló que el lugar para nuevas metas cuantitativas es el Balance Mundial de 2028. La debilidad negociadora de los países ricos tiene una explicación: tienen poco financiamiento nuevo para ofrecer a cambio de compromisos de reducción de emisiones. Tatiana Oliveira, responsable de estrategia internacional de WWF Brasil, recordó que todavía no hay avances sobre cómo cumplirán sus obligaciones de financiamiento público.

Ciencia, tecnología e inteligencia artificial
El lunes fue también el día dedicado a la ciencia, la tecnología y la industria. La presidencia turca lanzó el Compromiso de Antalya sobre inteligencia artificial, una iniciativa voluntaria para aprovechar esa tecnología en la acción climática y gestionar su creciente demanda de energía. Kurum sostuvo que la industria y la tecnología deben formar parte de la solución climática, pero al cierre de la jornada solo nueve países lo habían firmado. La Unesco advirtió sobre la poca fiabilidad de la inteligencia artificial ante cuestiones complejas.
Entre los anuncios nacionales, España informó su intención de elevar la electrificación de su matriz energética del 26 % al 35 % en 2030, cinco años antes de la meta global. Canadá anunció un préstamo de hasta 560 millones de dólares canadienses en cuatro años para el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, el mecanismo impulsado por Brasil para pagar a los países que conservan sus selvas, que suma unos 8.200 millones de dólares y está a unos 1.800 millones de su meta inicial. En sentido opuesto, el nuevo gobierno de Colombia defenderá el gas natural como combustible de transición.

Lo que viene
Los países tienen hasta el viernes para negociar el borrador, y la presidencia convocará a los ministros a mitad de semana para conocer sus posiciones sobre el texto. El martes 17 y el miércoles 18 se celebrará además el segmento de alto nivel, con discursos de ministros. Bowen anticipó que el texto final no se parecerá exactamente a este. Como advirtió Cassel, la prueba será cuántos de sus elementos centrales sobreviven a la regla del consenso, en una cumbre cuyas antecesoras terminaron varios días después de lo previsto.


País/Región
: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE, AFP, Reuters, Climate Home News, The Business Standard, ONU Cambio Climático (CMNUCC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

América Latina destina menos del 1% al ambiente

 


Dieciséis años de recortes: América Latina destina menos del 1% de su presupuesto al ambiente


Una investigación sobre seis países de la región muestra carteras ambientales debilitadas, áreas protegidas sin fondos y pocos guardaparques, con la Argentina entre los casos más críticos.

América Latina alberga cerca del 40% de la biodiversidad del planeta, pero sus gobiernos destinan menos del 1% de sus presupuestos nacionales a proteger el ambiente. Así lo muestra una investigación periodística regional que analizó dieciséis años de cuentas públicas, entre 2011 y 2026, en México, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia. El trabajo encontró un patrón común de recortes, instituciones debilitadas y áreas protegidas con recursos insuficientes.
El relevamiento advierte que la caída de los fondos coincide con el aumento de presiones como la tala, la minería ilegal, los incendios, la deforestación y el avance del crimen organizado sobre los territorios. En la mayoría de los países, además, buena parte del dinero se destina a sueldos y gastos administrativos, y queda muy poco margen para el control y la conservación en terreno.

Argentina, en el piso de la región
El caso argentino es uno de los más críticos. En la última década, la cartera ambiental nunca superó el 0,24% del presupuesto nacional, con un promedio anual del 0,13%, y en 2025 cayó al 0,04%. La tendencia atravesó los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, aunque se profundizó en 2024, cuando el Ministerio de Ambiente fue reducido a subsecretaría. Exfuncionarios consultados describieron a la cartera como un estorbo frente a las grandes decisiones productivas.
Un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales confirma la magnitud del ajuste. Según ese informe, entre 2023 y 2026 el presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente cayó cerca de un 80% en términos reales, y el de la Administración de Parques Nacionales, más del 30%. El Fondo de Bosques, que por ley debería recibir el equivalente al 0,3% del presupuesto nacional, ejecutó en 2025 unas 155 veces menos de lo que le correspondía. En las áreas protegidas, unos 580 guardaparques cubren cerca de 5 millones de hectáreas. Para el abogado Gonzalo Vergez, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el momento actual es “el más crítico de la historia ambiental”.

Ecuador y Bolivia, recortes profundos
En Ecuador, el presupuesto del Ministerio de Ambiente pasó de 147 millones de dólares en 2012 a 30 millones en 2025, casi una quinta parte. En 2026 recibió 14,6 millones, la cifra más baja desde 2011, tras su fusión con el área de energía. El país cuenta con 598 guardaparques en el territorio continental, cuando se necesitarían al menos 5.240. Su sistema de áreas protegidas recibe unos 7 millones de dólares al año, frente a los 24,5 millones que requiere.
Bolivia es el segundo país del mundo con mayor pérdida de bosque primario. En estos años, su presupuesto para ambiente nunca superó el 1% del presupuesto nacional y promedió el 0,56%. Su servicio de áreas protegidas pasó de representar el 10% del presupuesto de su ministerio en 2011 al 2,8% en 2026, mientras sus 23 áreas protegidas nacionales operan con déficit. Para Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, el interés estatal “solo queda en discursos”.

México, Perú y Colombia
En México, el presupuesto ambiental acumula catorce años de caída, con apenas dos recuperaciones temporales. La comisión encargada de las áreas naturales protegidas administra más de 98 millones de hectáreas con menos del 0,04% del presupuesto federal, y cada guardaparque debe vigilar en promedio unos 1.385 kilómetros cuadrados.
En Perú, el Ministerio del Ambiente y sus organismos recibieron en 2026 el 0,35% del gasto nacional, un 12% menos que el año anterior, y unos 900 guardaparques cuidan 77 áreas protegidas.
Colombia es la excepción parcial. Su presupuesto ambiental se cuadruplicó entre 2022 y 2024, pero se ejecutó poco: apenas el 25% hasta septiembre de este año. Su sistema de parques nacionales nunca superó el 0,06% del presupuesto general en el período analizado. En ese país, además, al menos 548 defensores ambientales fueron asesinados entre 2012 y 2025, según la organización Global Witness.

Una región que pierde capacidad de cuidar
Los datos dibujan una paradoja. La región es clave para la estabilidad climática y la biodiversidad del planeta, y alberga la mayor parte de la Amazonía y ecosistemas únicos como el Gran Chaco, los Andes y los manglares del Pacífico. Sin embargo, los Estados reducen su capacidad de control justo cuando las amenazas crecen.
Especialistas y organizaciones coinciden en que existen márgenes fiscales para revertir esta situación. En el caso argentino, el informe de la fundación advierte que los beneficios fiscales a la minería y los subsidios a los hidrocarburos superan ampliamente el presupuesto ambiental. Eso muestra que el problema no es solo la falta de recursos, sino las prioridades con que se asignan.


País/Región: América Latina 
Fuentes Consultadas: Mongabay Latam, Grupo Animal, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Fundación Tierra, Global Witness.

Roundup: afectados pierden terreno en la Justicia

 


Roundup: la Corte Suprema y el acuerdo de Bayer dejan a los afectados con menos derechos en EE.UU.


Mientras la empresa ganó otro juicio en St. Louis, un fallo de la Corte Suprema y un pacto de 7.250 millones de dólares reducen las vías de reclamo de quienes atribuyen su cáncer al glifosato, incluso de quienes todavía no enfermaron.

Bayer sumó una nueva victoria en la batalla judicial por el herbicida Roundup en Estados Unidos, pero el centro del conflicto ya no está en los juicios por jurado. Lo que se discute ahora son las reglas que definen si los afectados pueden siquiera reclamar. La Corte Suprema ya limitó las demandas por falta de advertencias, y a eso se suma un acuerdo colectivo de 7.250 millones de dólares que, según sus críticos, podría dejar sin derecho a juicio a miles de personas que todavía no saben que están enfermas.
El 29 de octubre, un jurado de St. Louis, en Missouri, falló por unanimidad a favor de Monsanto, la empresa adquirida por Bayer. Las demandantes eran tres mujeres que atribuían su linfoma no Hodgkin al uso habitual de Roundup, en un juicio iniciado en 2020; una de ellas murió antes de que llegara a debate. El jurado rechazó los reclamos por defecto de diseño, fraude y negligencia. “Estamos satisfechos con el veredicto favorable a Monsanto”, señaló la compañía.

El freno de la Corte Suprema
La primera gran pérdida para los demandantes llegó el 25 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por siete votos contra dos el caso Monsanto contra Durnell. El tribunal estableció que la ley federal de pesticidas impide a los jurados estatales sancionar a una empresa por no advertir sobre un riesgo de cáncer que no figura en la etiqueta aprobada por la Agencia de Protección Ambiental.
En la práctica, quedó bloqueado el argumento central de miles de demandas: que la empresa ocultó el riesgo a los usuarios. Bayer sostiene que el criterio también debería impedir los reclamos por diseño defectuoso y negligencia, algo que los abogados de los afectados rechazan. Los tribunales todavía no unificaron esa interpretación. En Idaho, por ejemplo, un juez federal descartó el reclamo por falta de advertencia pero mantuvo los de diseño y negligencia, que irán a juicio en 2027.

Un acuerdo que alcanza a quienes aún no enfermaron
El segundo frente es el acuerdo colectivo con el que Bayer busca cerrar unas 65.000 demandas pendientes y, sobre todo, los reclamos que puedan surgir en el futuro. Fue propuesto en febrero y aprobado de manera preliminar en marzo por un tribunal estatal de St. Louis. Prevé pagos durante hasta 21 años e incluye a personas expuestas al herbicida que podrían desarrollar linfoma no Hodgkin más adelante. Bayer aclaró que la propuesta no implica reconocer responsabilidad.
El punto más cuestionado es que quienes no se excluyeron dentro del plazo fijado quedan obligados por sus términos, incluso si hoy no tienen síntomas ni diagnóstico. Eso significa renunciar a demandar individualmente y aceptar la compensación prevista por el programa. Un grupo de víctimas calificó los montos de “inconcebiblemente bajos”, según la traducción de su presentación. El acuerdo, en tanto, reserva 675 millones de dólares para honorarios de abogados.

Las objeciones de un juez federal
Las críticas no provienen solo de los afectados. Vince Chhabria, el juez federal de San Francisco que supervisa miles de casos por Roundup, expresó en mayo serias dudas sobre la validez del acuerdo para personas de otros estados. Calificó de extrañas sus reglas de exclusión y objetó que todos los usuarios del herbicida tuvieran que decidir en pocos meses si se sumaban, aunque no tuvieran cáncer. Otros objetores sostuvieron que el pacto vulnera el debido proceso porque podría alcanzar a millones de personas, incluidos niños.
Los abogados que diseñaron el acuerdo defendieron su legitimidad y calificaron esas impugnaciones como maniobras dilatorias. En agosto, un tribunal federal de apelaciones rechazó el intento de trasladar la discusión a la Justicia federal. La audiencia de aprobación definitiva se realizó el 14 de septiembre y el juez Timothy Boyer todavía no resolvió. Bayer espera una decisión antes de fin de año.

Ciencia en disputa, derechos en juego
El trasfondo científico sigue abierto. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato, principio activo de Roundup, como probablemente cancerígeno para los seres humanos. La agencia ambiental estadounidense y Bayer sostienen que no representa ese riesgo cuando se usa según las indicaciones.
El caso interpela a América Latina, donde el glifosato es la base del modelo de cultivos transgénicos. La Argentina es uno de los mayores consumidores del herbicida en el mundo por la expansión de la soja, y allí el debate sobre sus efectos en la salud también llega a los tribunales, impulsado por vecinos de pueblos fumigados. Lo que se decida en St. Louis mostrará hasta dónde un acuerdo económico puede reemplazar el derecho de cada persona a llevar su caso ante un juez.


País/Región: Estados Unidos
Fuentes Consultadas: Economía Sustentable, Claims Journal, DTN Progressive Farmer, The New Lede, Corte Suprema de Estados Unidos, Bayer, Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS).

La COP31 entra en su semana decisiva con grandes trabas

 


La COP31 arranca su semana decisiva con la adaptación, los fósiles y la ciencia sin resolver


Tras una primera semana que la ONU calificó de constructiva pero que no dejó decisiones de peso, los ministros asumen en Antalya las disputas sobre el dinero para adaptación, la transición energética y el papel de los informes científicos.

La COP31 empieza este lunes 16 de noviembre de 2026 su segunda y decisiva semana en Antalya, Turquía, con un balance que resume bien una frase repetida por delegados y observadores durante el fin de semana: el clima de las negociaciones es bueno, pero los acuerdos todavía no aparecen. Las conversaciones técnicas terminaron en la madrugada del domingo 15 sin resolver las disputas de fondo sobre el dinero, y los ministros heredan ahora una carga pesada: el financiamiento para la adaptación, el lugar de los combustibles fósiles en el texto final y una inesperada pelea por el papel de la ciencia.
El sábado, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad para exigir más ambición, y el domingo, día de descanso oficial, la presidencia turca usó una entrevista televisiva para defender su principal apuesta: la electrificación de la economía mundial.

El balance oficial: “constructivo”
Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, calificó como constructivo el avance de la primera semana. Destacó que la agenda se adoptó sin grandes demoras, lo que ayudó a fijar el tono, aunque dejó un mensaje para los días que vienen: “No hay éxito colectivo sin concesiones de todas las partes”. Pidió abordar con rapidez los asuntos más difíciles y evitar demoras tácticas, una advertencia que analistas vinculan con ciertos países petroleros, aunque Stiell no mencionó a ninguno. Según la ONU, casi 200 países negocian en Antalya 165 mandatos distintos.
Murat Kurum, ministro turco de Medio Ambiente y presidente de la COP31, sostuvo que las negociaciones avanzan según lo previsto y que las posiciones empiezan a converger, aunque admitió diferencias pendientes.
Delegados y observadores matizaron ese optimismo. Hasta el cierre de la semana técnica, la cumbre no había adoptado ninguna decisión formal, y la mayoría de los puntos de la agenda requieren todavía trabajo sustancial.

Lo que cerró y lo que quedó abierto
Los órganos técnicos de la Convención, que preparan las decisiones de la cumbre, cerraron sus sesiones con conclusiones en temas de menor peso político: las comunicaciones nacionales sobre adaptación, el apoyo a los informes de los países en desarrollo, los asuntos de los países menos adelantados, la investigación y observación sistemática del clima, y género y cambio climático.
Otros temas quedaron sin resolver. En agricultura, los países solo acordaron tomar una decisión en 2027, y muchos lamentaron la falta de un resultado sustantivo. El resto de los puntos pendientes pasó a los órganos de gobierno de la cumbre, donde intervendrán los ministros, o volverá a futuras sesiones técnicas.

La adaptación, el gran choque
El tema más disputado es el financiamiento para la adaptación, es decir, los fondos que necesitan los países en desarrollo para protegerse de los impactos climáticos que ya no pueden evitarse. El Grupo Africano de Negociadores reclama que se triplique desde unos 40.000 millones de dólares anuales hasta al menos 120.000 millones en 2035. El borrador sobre el objetivo global de adaptación incluye esa opción, junto con otra que abriría un proceso para revisar los elementos de la meta, una alternativa que los países africanos rechazan.
El fondo de la disputa es dónde se discute el tema. Los países desarrollados prefieren tratarlo dentro de las negociaciones generales de financiamiento; los países en desarrollo quieren anclarlo en el objetivo de adaptación, que lo vincula con metas concretas. Según un negociador citado de forma anónima, el cambio podría diluir el compromiso. El temor es que, una vez alcanzada la meta general de 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035, la triplicación quede absorbida en ella en lugar de funcionar como un objetivo propio. Pooja Dave, responsable de adaptación de la Red de Acción Climática, calificó la posición de la Unión Europea como una táctica dilatoria.
David Maynier, ministro de Medio Ambiente de Sudáfrica, rescató al menos que el programa de trabajo sobre financiamiento climático “está en la agenda”. Pero ese programa sigue trabado: los países en desarrollo quieren que sirva para aplicar el artículo 9.1 del Acuerdo de París, que obliga a los países desarrollados a aportar fondos, mientras que estos prefieren que abarque todo el artículo 9, que incluye también aportes voluntarios de otras naciones, como China. Un alto funcionario europeo advirtió que no hay voluntad política para nuevos compromisos financieros.
La brecha es enorme. Según un análisis de la ONU de comienzos de noviembre, aun triplicado, ese financiamiento cubriría menos de un tercio de las necesidades de los países en desarrollo. Si el tema no se resuelve en Antalya, la discusión deberá recomenzar en la COP32, prevista en Adís Abeba en 2027.

Transición justa y mitigación
La transición justa, el conjunto de medidas para que el abandono de las actividades contaminantes no deje sin sustento a trabajadores y comunidades, también llega con tensiones. Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático y encargado de conducir las negociaciones, consideró completa la nota informal sobre el nuevo mecanismo aprobado en la COP30, pero la sociedad civil la critica por su alcance limitado: sin medios de implementación, advierten las organizaciones, sería una promesa vacía.
El programa de trabajo sobre mitigación, que busca acelerar la reducción de emisiones, llega con un texto lleno de corchetes, la forma en que se marcan los pasajes sin acuerdo. Hay opciones para extenderlo hasta 2030, 2031 o 2040, y la discusión principal es si debe ampliarse para alimentar el segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, en 2028.

La ciencia, bajo ataque y en defensa
La semana dejó también una disputa sobre la ciencia. En consultas a puerta cerrada, el grupo árabe, encabezado por Arabia Saudita, cuestionó el rigor del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre cómo limitar el rebasamiento de 1,5 °C, publicado en septiembre, por no haber sido revisado por pares. Los Países en Desarrollo Afines, bloque que integran India y China, pidieron que la decisión evite referencias a informes elaborados fuera del proceso de la Convención.
Los autores respondieron. Debra Roberts, científica sudafricana que copresidió el Grupo de Trabajo II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el último ciclo e integró el equipo coordinador del informe, explicó que se siguió el procedimiento habitual de una evaluación global, con revisores externos; la única diferencia con el IPCC es que los gobiernos no revisaron los resultados. El trabajo fue escrito por 44 expertos y revisado por otros 44 durante un año. Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics y uno de los revisores, fue tajante: “Los informes son atacados porque a algunos no les gustan las conclusiones”.
En paralelo sigue bloqueado el calendario del séptimo informe de evaluación del IPCC. La mayoría de los países quiere que esté listo para el Balance Mundial de noviembre de 2028, mientras que Arabia Saudita, India, China y Rusia piden más tiempo y proponen 2029. Jim Skea, presidente del IPCC, reconoció riesgos operativos y para la reputación del organismo, que celebrará una reunión en línea a comienzos de diciembre para intentar destrabar el tema.

Kurum: “un pájaro en la mano”
El domingo, en una entrevista con la cadena CNN International citada por la agencia estatal turca Anadolu, Kurum defendió la meta de electrificación de la presidencia, que propone que la electricidad alcance el 35 % del consumo final de energía mundial en 2035. La presentó como un objetivo concreto frente a la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles impulsada por Brasil, que comparó con un pájaro en el arbusto frente a uno en la mano. Sostuvo que los combustibles fósiles no seguirán siendo una fuente importante porque las renovables son más baratas, y que la transición ocurrirá de forma natural con el avance de la tecnología.
La postura choca con la de quienes reclaman que la cumbre retome el compromiso de la COP28 de transición fuera de los combustibles fósiles. Fanny Petitbon, experta en políticas de la organización 350.org, pidió a las presidencias no abandonar las propuestas polémicas ante la primera objeción y advirtió que conformarse con el mínimo común denominador sería un fracaso de liderazgo.

La calle y la contracumbre
El sábado, una marcha recorrió el centro de Antalya bajo la lluvia, con fuerte custodia policial y controles exhaustivos para quienes querían sumarse. Según la policía, participaron más de 7.000 personas, la mayor protesta desde el inicio de la cumbre, y no hubo incidentes. Los manifestantes criticaron que Turquía copresida la cumbre sin un plan propio para dejar el carbón. La Cumbre Climática de los Pueblos, la contracumbre de organizaciones sociales turcas y extranjeras, con unas 150 actividades hasta el miércoles, dedicó el domingo a los derechos de la naturaleza.

Lo que viene
La segunda semana avanzará en cuatro frentes paralelos: el trabajo de los ministros, las consultas de la presidencia, las consultas ministeriales sobre los temas políticos pendientes y las negociaciones técnicas. Se espera para este lunes el primer borrador de la decisión de portada, el texto político de la cumbre, elaborado a partir de las propuestas escritas que los países debían entregar el sábado. También el lunes comienzan conversaciones informales sobre el fondo de pérdidas y daños, y el martes 17 y el miércoles 18 se celebrará el segmento de alto nivel, con discursos de ministros.
Con cinco días por delante y el cierre previsto para el viernes 20, la pregunta es si el “ambiente constructivo” alcanzará para que los países hagan las concesiones que pidió Stiell, o si Antalya terminará, como advierten las organizaciones, con un acuerdo diluido al mínimo común denominador.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE, AFP, Anadolu, Climate Home News, Daily Maverick, ONU Cambio Climático (CMNUCC), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

Noruega anula los permisos de tres yacimientos

 


El Supremo de Noruega anula los permisos de tres yacimientos por no evaluar su impacto climático


El máximo tribunal noruego falló por unanimidad que el Estado debió analizar las emisiones que genera la quema del petróleo antes de autorizar los desarrollos de Breidablikk, Tyrving e Yggdrasil en el mar del Norte.

El Tribunal Supremo de Noruega dictó un fallo que puede cambiar la forma en que uno de los mayores productores de hidrocarburos de Europa aprueba sus proyectos. El viernes 13 de noviembre, el alto tribunal declaró nulos los permisos de explotación de tres yacimientos petrolíferos del mar del Norte, Breidablikk, Tyrving e Yggdrasil, porque el Estado no evaluó correctamente su impacto climático antes de autorizarlos.
La sentencia fue unánime y la dictó un pleno ampliado de once jueces, una composición que solo se utiliza en casos de especial importancia. Con ella se confirmaron los fallos de dos instancias anteriores. Sin embargo, la producción no se verá afectada de inmediato. Las petroleras titulares de los derechos, Equinor y Aker BP, no fueron parte del juicio, así que conservan sus licencias mientras el Ministerio de Energía revisa nuevamente los casos.

El petróleo también contamina cuando se quema
El núcleo del fallo es una cuestión que el movimiento climático viene planteando desde hace años. Las evaluaciones de impacto ambiental de los tres yacimientos solo consideraron las emisiones generadas durante la fase de producción. Dejaron afuera las de combustión, es decir, las que se liberan a la atmósfera cuando ese petróleo y ese gas se queman en motores, centrales o industrias en cualquier parte del mundo. Esas emisiones, conocidas como de alcance 3, representan la inmensa mayoría de la huella climática de un yacimiento.
Según el Supremo, la directiva de proyectos de la Unión Europea, incorporada al derecho noruego a través del Espacio Económico Europeo, obliga a someter esas emisiones a un análisis de impacto ambiental antes de aprobar el plan de desarrollo y operación. El tribunal precisó que esa evaluación debe describir y analizar el impacto climático previsto, medido como contribución al calentamiento global. El Estado fue condenado, además, a pagar las costas del juicio, que superan los cinco millones de coronas, unos 470.000 euros.

Un litigio de tres años
La causa se originó en 2023, cuando las organizaciones Greenpeace Nordic y Natur og Ungdom (Naturaleza y Juventud) demandaron al Estado noruego. Desde entonces pasó por varias instancias:
En enero de 2024, el Tribunal de Distrito de Oslo les dio la razón y declaró inválidas las autorizaciones.
En 2025, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio emitió una opinión consultiva sobre la aplicación de la directiva.
En noviembre de 2025, el Tribunal de Apelación de Borgarting volvió a fallar contra el Estado, al considerar deficiente la evaluación complementaria que el ministerio había realizado en 2024.
El Gobierno apeló y el caso llegó al Supremo, que celebró la vista en agosto.

Lecturas opuestas sobre el alcance del fallo
La líder de Greenpeace en Noruega, Haldis Tjeldflaat Helle, calificó la sentencia de “histórica” y sostuvo que cambiará la política petrolera del país para siempre. A partir de ahora, afirmó, las autoridades estarán obligadas a considerar los daños climáticos del petróleo y el gas noruegos al evaluar nuevos proyectos.
El abogado del Estado, Fredrik Sejersted, puso el acento en otro punto: el Supremo fue claro en que los efectos jurídicos alcanzan solo al Estado y no a las compañías, de modo que los permisos siguen vigentes. Aun así, admitió que la decisión influirá en los futuros procesos de aprobación en la plataforma continental noruega. Breidablikk comenzó a producir en 2023, Tyrving en 2024 y Yggdrasil tiene previsto su inicio en 2027.

Por qué importa más allá de Noruega
Noruega es el principal exportador de petróleo y gas de Europa occidental y, al mismo tiempo, se presenta como un país líder en políticas climáticas. El fallo pone en evidencia esa contradicción y se suma a una tendencia judicial creciente. En 2024, la Corte Suprema del Reino Unido resolvió en el caso Finch que las emisiones de combustión deben evaluarse al autorizar nuevas extracciones. En julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva que subrayó las obligaciones climáticas de los Estados, incluidas las vinculadas con los combustibles fósiles.
Para América Latina, el precedente es relevante. Países como la Argentina, Brasil y Guyana impulsan nuevos desarrollos de petróleo y gas, desde Vaca Muerta y la exploración costa afuera hasta los proyectos de exportación de gas natural licuado. En sus evaluaciones ambientales, el debate sobre las emisiones de combustión todavía ocupa un lugar marginal. El fallo noruego muestra que la pregunta por el impacto climático completo de cada yacimiento ya no es solo una demanda ambientalista: es un estándar que empieza a exigirse en los tribunales.


País/Región: Noruega 
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde, Teknisk Ukeblad, Altinget, Tribunal Supremo de Noruega

El hielo de la Tierra ya superó su límite seguro, según Science

 


Las zonas heladas de la Tierra superaron su límite seguro y podrían ser el décimo límite planetario


Más de 30 científicos concluyen en Science que el hielo marino, la nieve y el permafrost ya salieron del rango que mantuvo estable al planeta durante los últimos 11.700 años, y proponen reconocer a la criosfera como un nuevo límite planetario.

El hielo de la Tierra, desde los grandes casquetes polares hasta la nieve que cubre cada invierno las llanuras del hemisferio norte, ya salió de la zona que los científicos consideran segura para la humanidad. Así lo concluye un estudio publicado el 12 de noviembre de 2026 en la revista Science. Lo firmó un equipo de más de 30 investigadores de una docena de países, liderado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, de la Universidad de Estocolmo. El trabajo propone además reconocer a la criosfera, el conjunto de las zonas heladas del planeta, como un décimo límite planetario.
Si esa propuesta se adoptara y se aceptara el diagnóstico, la humanidad habría sobrepasado ocho de los diez límites que definen un entorno estable para la civilización. Los autores aclaran, sin embargo, que es una propuesta científica y no una revisión oficial del marco.

Qué son los límites planetarios
El concepto de límites planetarios se presentó en 2009. Lo propuso un grupo de una veintena de científicos encabezado por Johan Rockström, entonces en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y Will Steffen, de la Universidad Nacional de Australia. El marco identifica nueve procesos que regulan la estabilidad del sistema terrestre y fija para cada uno un umbral de seguridad. La referencia son las condiciones del Holoceno, la época geológica de los últimos 11.700 años, cuyo clima relativamente estable permitió el desarrollo de la agricultura y de las civilizaciones.
Los nueve límites son:
- el cambio climático;
- la integridad de la biosfera;
- los cambios en el uso del suelo;
- el agua dulce;
- los flujos biogeoquímicos, es decir, la circulación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo;
- las nuevas entidades, como los plásticos y otras sustancias sintéticas;
- la acidificación de los océanos;
- el agotamiento de la capa de ozono estratosférico;
- la carga de aerosoles en la atmósfera.
El diagnóstico empeoró con cada actualización. En 2015 se consideraban superados cuatro límites. En 2023, un trabajo publicado en Science Advances sumó las nuevas entidades y el agua dulce. En 2025, la acidificación oceánica pasó a ser el séptimo límite superado. El último Chequeo de Salud Planetaria lo publicó el 21 de septiembre de 2026 el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), con más de 60 científicos. Confirmó que siete de los nueve límites están fuera del espacio seguro y que todos registran sus niveles de transgresión más altos. “El diagnóstico es inequívoco”, resumió Boris Sakschewski, investigador del PIK y autor principal de ese informe.
Solo dos límites siguen dentro de márgenes seguros: la capa de ozono y los aerosoles. Los dos mejoraron en la última década. Aun así, los autores advierten que el promedio global puede esconder niveles peligrosos de contaminación por partículas en regiones de Asia del Sur y del Este, África y América Latina. La recuperación de la capa de ozono suele citarse como prueba de que la acción política coordinada puede revertir el deterioro, porque se logró con la prohibición internacional de las sustancias que la destruían.

Por qué el hielo merece un límite propio
La criosfera incluye las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, los glaciares de montaña, las plataformas de hielo, el hielo marino, el permafrost (el suelo que está congelado de forma permanente) y la nieve estacional. Su deterioro podría contarse dentro del límite del cambio climático. Los autores sostienen que hacerlo dejaría de lado sus funciones propias en el ciclo del agua y en los ecosistemas.
Bo Su, autor principal del estudio, es investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo y de la Universidad Normal de Pekín. Explicó que la criosfera cumple un papel insustituible en la regulación de los ciclos de la energía, el agua, el carbono y el metano. Su deterioro acelera el aumento de la temperatura global, la subida del nivel del mar y la probabilidad de inundaciones y sequías extremas. Esos efectos alcanzan a comunidades de todo el planeta, no solo a las que viven cerca del hielo. Su describió a la criosfera como parte de los bienes comunes planetarios: sistemas compartidos cuya estabilidad garantiza condiciones habitables para todos.
El hielo funciona además como un regulador del calor. Las superficies blancas reflejan gran parte de la radiación solar, una propiedad que se llama albedo. Cuando el hielo marino retrocede en el Ártico y la Antártida en verano y otoño, deja al descubierto un océano más oscuro que absorbe más calor, y eso acelera el calentamiento. El deshielo del permafrost, por su parte, libera dióxido de carbono y metano acumulados durante milenios, lo que agrava el aumento de la temperatura.

Un espacio operativo seguro, ya superado
Para evaluar el estado de la criosfera, el equipo definió un espacio operativo seguro, con límites de precaución basados en las condiciones del Holoceno. Analizó cuatro indicadores:
- la superficie de hielo marino;
- la cobertura de nieve;
- la temperatura del permafrost;
- las capas de hielo terrestre, incluida la pérdida que el calentamiento acumulado ya dejó comprometida.

Un puntaje combinado resume el estado del conjunto.
“La criosfera ya superó su espacio operativo seguro”, afirmó Su. La Asociación del Programa Antártico Australiano difundió un resumen del estudio. Según ese resumen, el hielo marino, la cobertura de nieve y la temperatura del permafrost ya están fuera de ese espacio. La superficie de las capas de hielo terrestre, en cambio, seguiría dentro del rango seguro, aunque su pérdida puede empezar con mucha anticipación. Cerca del 90 % de ese hielo terrestre está en la Antártida. Los comunicados de las instituciones no detallan los valores numéricos de cada umbral, que figuran en el artículo científico.
Los datos de observación recientes muestran la tendencia. Según la Organización Meteorológica Mundial, los glaciares del mundo perdieron más de 400 gigatoneladas de hielo en 2025. Equivale a cerca de un milímetro de aumento del nivel del mar.
Andrew Mackintosh, investigador de la Universidad Monash y coautor del trabajo, explicó por qué estos cambios son tan difíciles de revertir: “Lo que hace distinto al hielo es que recuerda”. Las capas de hielo siguen cambiando durante siglos aunque la temperatura se estabilice, y el permafrost tarda milenios en formarse. Por eso, algunos cambios ya son inevitables. Albert Norström, investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo, aclaró sin embargo que “esto no significa que el futuro esté predeterminado”. Aunque no se puedan recuperar todas las partes de la criosfera en plazos humanos, todavía se pueden evitar pérdidas mucho mayores.

Qué proponen los autores
Según el estudio, para no alejarse más del espacio seguro hacen falta reducciones urgentes y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro. El carbono negro son las partículas de hollín que oscurecen la nieve y el hielo y aceleran su derretimiento. También piden limitar las perturbaciones humanas locales, como la expansión industrial y de infraestructura en las zonas heladas.
Su también fue consultado sobre las propuestas de geoingeniería para enfriar el Ártico, como el blanqueamiento de nubes marinas, que busca que las nubes de la región reflejen más luz solar. Respondió que esas propuestas exceden el alcance del estudio. Insistió en que lo más urgente es reducir las emisiones. Según Su, cualquier intervención regional debe evaluarse de forma sistemática: su eficacia, sus riesgos, quién la gobierna y sus aspectos éticos.
Johan Rockström, hoy director del PIK y coautor del trabajo, destacó que medir un espacio seguro para todos los sistemas de la criosfera es clave para evaluar riesgos y respaldar políticas que eviten daños irreversibles. John Pomeroy es catedrático de la Universidad de Saskatchewan y preside el comité de gestión de la Década de Acción de las Ciencias Criosféricas de la ONU. Para él, el estudio es una advertencia clara que deben escuchar los responsables políticos reunidos en la COP31.

Un debate abierto
Los investigadores insisten en que sumar la criosfera como décimo límite es, por ahora, una propuesta que la comunidad científica deberá debatir. Norström la planteó como una posibilidad, no como una decisión de cambiar el marco actual. El concepto mismo de límites planetarios también se discute. Sus umbrales son de precaución y se basan en juicios de expertos sobre el riesgo, no en puntos de no retorno medidos con precisión.
El estudio llega mientras se desarrolla la COP31 en Antalya, Turquía, y en plena Década de Acción de las Ciencias Criosféricas de la ONU, que va de 2025 a 2034. Su mensaje coincide con el de los informes recientes: aunque algunos daños ya son inevitables, cuánto se deteriore finalmente el hielo del planeta todavía depende de qué tan rápido se reduzcan las emisiones.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: El País, EFE Verde, Stockholm Resilience Centre (Universidad de Estocolmo), Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), EurekAlert! (AAAS), Australian Antarctic Program Partnership (AAPP), Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Documentos y descargas oficiales:

- The cryosphere beyond a planetary safe operating space, artículo científico, Science, 12 de noviembre de 2026, DOI 10.1126/science.aef5636 (acceso sujeto a la suscripción de la revista)
- Comunicado oficial del Stockholm Resilience Centre, en inglés
- Comunicado del estudio en EurekAlert!, en inglés
- Portal del Chequeo de Salud Planetaria (PIK), para buscar el informe completo 

COP31 de Antalya: resumen del 5º día

 


La COP31 cierra su primera semana con un menú de propuestas para el acuerdo y profundas divisiones


La copresidencia australiana publicó un primer resumen de lo que los países quieren en la decisión política de Antalya, que deja a la vista los choques por los combustibles fósiles, el dinero y hasta el papel de la ciencia.

La primera semana de la COP31 terminó el viernes 13 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía, con un documento que, por primera vez, permite ver qué podría contener el acuerdo político de la cumbre y, sobre todo, dónde están las grietas. La copresidencia australiana de las negociaciones publicó un “resumen de reflexiones” que reúne las propuestas planteadas por unas 200 delegaciones en las consultas del martes y el miércoles. No es un borrador de acuerdo: el propio texto aclara que no pretende reflejar consenso ni el peso o la frecuencia de cada posición expresada.
Aun así, el documento funciona como un mapa del terreno para la segunda semana. Deja a la vista que algunos países cuestionan la necesidad misma de que la cumbre cierre con un texto político.

Un menú, no un borrador
El objetivo de Australia, que conduce las negociaciones en un esquema de presidencia compartida con Turquía, es una decisión de portada: un texto general que resuma las orientaciones políticas de la cumbre, aprobado por consenso pero sin obligaciones jurídicas para los países. El resumen publicado el viernes es el primer paso hacia ese texto.
Gabrielle Swaby, analista sénior del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), lo describió así: “Lo que tenemos es un catálogo de las visiones y pedidos de las partes”. Diana Acconcia, directora de asuntos internacionales de la Comisión Europea y jefa de la delegación de la Unión Europea, consideró que el resumen refleja con fidelidad las posiciones expresadas y aclaró que es una base para nuevas consultas y no para empezar a negociar un acuerdo.

Lo que reúne el documento
Entre los elementos con mayor respaldo aparece la respuesta al rebasamiento de 1,5 °C, es decir, la etapa en la que el calentamiento superará ese umbral antes de, eventualmente, volver a bajar. La ONU considera que esa superación es inevitable, al menos de forma temporal. El texto propone limitar su magnitud y duración, mantener el pico de temperatura lo más bajo posible, regresar a 1,5 °C cuanto antes y profundizar el conocimiento científico sobre el fenómeno.
El documento también incluye la meta de electrificación de la presidencia turca, que propone que la electricidad alcance el 35 % del consumo final de energía mundial en 2035. Al menos 14 países ya respaldaron el compromiso voluntario. En materia de dinero, recoge el pedido a los países desarrollados de cumplir sus obligaciones, facilitar el acceso a los fondos y avanzar hacia los 300.000 millones de dólares anuales en 2035 acordados en Bakú. Suma además la propuesta de fijar un año de base e hitos intermedios para la triplicación del financiamiento para la adaptación, una de las principales demandas africanas, e instrumentos que no agraven el endeudamiento de los países en desarrollo. Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, pidió reformar el financiamiento para que los países vulnerables no queden atrapados en un círculo vicioso de deuda.

Lo que divide
La lista de temas en disputa es larga. El más sensible es el de los combustibles fósiles. El resumen recoge tanto la propuesta de abandonarlos gradualmente y eliminar sus subsidios, impulsada por la Unión Europea y las naciones insulares del Pacífico, como el reclamo opuesto de respetar las circunstancias nacionales, no imponer un único camino energético y no nombrar fuentes de energía concretas.
También figura la propuesta de dar la bienvenida a la hoja de ruta presentada por la presidencia brasileña de la COP30, que pide planes nacionales hacia 2028. Los países árabes se oponen a cualquier mención de esa hoja de ruta. En sentido inverso, los productores de petróleo y los Estados del Golfo promueven acelerar la captura, almacenamiento y remoción de carbono, tecnologías que retiran dióxido de carbono de las emisiones o de la atmósfera para almacenarlo bajo tierra.
Otros puntos discutidos son la reducción de las emisiones de metano del petróleo y el gas, incluido su venteo y quema, con una meta de intensidad cercana a cero que respaldan la Unión Europea y el Reino Unido; la propuesta de que los países desarrollados alcancen antes la neutralidad de carbono y luego pasen a emisiones netas negativas, que se espera que resistan; y la eliminación con plazos de las medidas comerciales climáticas unilaterales, una alusión al mecanismo europeo de ajuste en frontera por carbono.

La ciencia, también en discusión
El documento abrió un frente sobre la ciencia. Propone reconocer el papel central del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y muchos países quieren que su próximo gran informe esté listo antes de la cumbre de 2028, cuando se hará el segundo Balance Mundial del Acuerdo de París. Arabia Saudita, India y China sostienen, en cambio, que hace falta más tiempo para incorporar ciencia y datos de los países en desarrollo, y piden postergar ese informe hasta 2029.
Según la cobertura especializada, Arabia Saudita cuestionó además el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre el rebasamiento porque no fue revisado por pares, y el resumen recoge el pedido de excluir de la decisión la llamada “literatura gris”, es decir, los informes técnicos que no pasan por revistas científicas.

La legitimidad del ejercicio
Más allá del contenido, algunos grupos cuestionan el procedimiento. Alden Meyer, del centro de estudios E3G, señaló que Rusia y el grupo de países árabes sostienen que no existe un mandato para una decisión de portada, y que la copresidencia australiana deberá ser muy cautelosa ante esos cuestionamientos. Katrine Petersen, observadora de E3G, añadió que India y el G77 dieron señales de no querer metas firmes ni menciones a combustibles específicos.
Chris Bowen, ministro australiano de Cambio Climático y encargado de las negociaciones, defendió un enfoque pragmático. Describió su tarea como “conducir el consenso hacia el resultado más ambicioso que el consenso permita”. Sostuvo que la electrificación reduce emisiones incluso en redes dependientes de combustibles fósiles, y que algunos países no pueden esperar a tener un sistema 100 % renovable para electrificarse. Sobre la transición fuera de los fósiles, reconoció que hay buena disposición pero falta un largo camino.
Las organizaciones ambientales reclamaron más ambición. Jasper Inventor, jefe de la delegación de Greenpeace, afirmó que los ingredientes para avanzar están sobre la mesa y pidió evitar un acuerdo diluido al mínimo común denominador. Sara Pizzinato, de Greenpeace España, fue más directa: “No necesitamos otra COP que derive en el acuerdo más débil posible”.

Guterres y el día de las finanzas
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó una reducción “inmediata y drástica” de las emisiones de gases de efecto invernadero y sostuvo que la pregunta central está en manos de los Estados, en especial de los grandes emisores. También volvió a criticar la influencia desproporcionada del lobby fósil.
El viernes fue, además, el Día de las Finanzas y el Comercio, con la participación de la Organización Mundial del Comercio. Como al inicio de la cumbre se descartó incluir un punto específico sobre comercio en la agenda, sus impulsores ven en la decisión de portada un lugar alternativo para el tema.
En el plano de los anuncios, se informaron más de 480 millones de dólares en fondos filantrópicos para acelerar la reducción del metano y otros gases distintos del dióxido de carbono, en energía, agricultura y residuos. El Reino Unido sumó 25 millones de dólares para extender a siete países más un programa de apoyo a la reducción de estos contaminantes. Mia Mottley, primera ministra de Barbados, advirtió que “nadie puede razonablemente esperar que los agricultores carguen con el costo del ajuste”.

Las negociaciones técnicas y otras noticias
En los órganos técnicos, hacia el cierre de la semana había borradores para menos de la mitad de los 103 puntos de la agenda. Hay amplio apoyo para poner en marcha el mecanismo de transición justa aprobado en Belém y para extender el programa de trabajo sobre mitigación, aunque el grupo árabe rechaza la propuesta suiza de crear un comité permanente. El punto más conflictivo sigue siendo el artículo 9.1 del Acuerdo de París, que establece la obligación de los países desarrollados de aportar recursos financieros: el Grupo Africano reclama más fondos, el grupo árabe pide repartir la carga entre los países ricos y la Unión Europea rechaza la propuesta de informes anuales sobre su cumplimiento.
Fuera de la negociación, China descartó ser sede de la COP33 en 2028, que corresponde a la región de Asia-Pacífico, sin explicar sus razones, después de que India también desistiera en abril. No se espera una decisión sobre la sede en Antalya.

Lo que viene
Las delegaciones tienen plazo hasta el sábado por la noche para presentar sus propuestas por escrito, y se espera un primer borrador de la decisión de portada a comienzos de la semana próxima, posiblemente el lunes 16, cuatro días antes del cierre previsto. Con la llegada de los ministros, la pregunta es cuántos de los elementos del menú sobrevivirán a la regla del consenso, y si la cumbre logrará recuperar el compromiso de la COP28 de transición fuera de los combustibles fósiles, que las dos COP anteriores dejaron fuera de sus decisiones.


País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: EFE, AFP, Reuters, Climate Home News, ABC (Australia), Environmental and Energy Study Institute (EESI), Climate and Clean Air Coalition (PNUMA), Organización Mundial del Comercio (OMC)

Documentos y descargas oficiales:

- Programa del Día de las Finanzas y el Comercio, OMC (en inglés): 
- Manual para observadores de la COP31, CMNUCC (PDF, en inglés): 

Piden a la OMS bajar el límite de nitratos en el agua

 


Más de 80 organizaciones piden a la OMS reducir el límite de nitratos en el agua potable

La coalición, impulsada por Greenpeace, IPES-Food y la Organización Mundial de Médicos de Familia, sostiene que el valor de referencia fijado en 1958 no contempla la evidencia que vincula concentraciones menores con cáncer colorrectal, partos prematuros y defectos congénitos.

Más de 80 organizaciones internacionales de salud, ambiente y alimentación pidieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revise el límite de nitratos que considera seguro en el agua potable. El valor de referencia actual, de 50 miligramos por litro, fue fijado en 1958 con un objetivo específico: prevenir la metahemoglobinemia infantil, conocida como síndrome del bebé azul, una intoxicación que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno.
La carta abierta fue impulsada por Greenpeace Internacional, el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) y la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA), entre otras entidades, y se presentó el 3 de noviembre, en coincidencia con el Día Mundial de Una Sola Salud. En los días siguientes se sumaron nuevas adhesiones, como la de la organización española Ecologistas en Acción.

Un límite que no contempla los nuevos riesgos
Las organizaciones sostienen que la norma vigente no refleja la evidencia científica más reciente. Según la coalición, distintos estudios epidemiológicos publicados en este siglo vincularon la exposición prolongada a concentraciones de nitratos inferiores al límite actual con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, partos prematuros y defectos congénitos.
Por eso, pidieron que el Grupo de Elaboración de Directrices de la OMS dé prioridad a una evaluación completa de los nitratos en la próxima revisión de las guías de calidad del agua potable, que sirven de referencia a numerosos países para fijar sus propios límites. También reclamaron que esas directrices incorporen el enfoque de Una Sola Salud, que considera de manera conjunta la salud humana, la de los ecosistemas y los efectos a largo plazo, y no solo los umbrales toxicológicos.
“El agua debería dar vida, no amenazarla”, afirmó Amanda Larsson, responsable global de Agricultura de Greenpeace, en una frase traducida del inglés. Pratyush Kumar, del grupo de trabajo sobre práctica rural de WONCA, señaló que actualizar los límites permitiría a las familias de zonas agrícolas confiar en el agua que beben, y advirtió que las comunidades con menos recursos necesitarán apoyo internacional para garantizar su seguridad.

El antecedente de Dinamarca
La coalición puso como ejemplo a Dinamarca. Un panel de expertos encargado por el gobierno danés concluyó que las normas internacionales son insuficientes y recomendó reducir el límite nacional a 6 miligramos por litro, casi diez veces menos que el valor de la OMS. Tras las elecciones de 2026, el país se comprometió a revisar su normativa en línea con esa recomendación.

Macrogranjas y fertilizantes
Las organizaciones señalan como principales fuentes de contaminación a la ganadería intensiva y al uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos. El exceso de nitrógeno que no es aprovechado por los cultivos se filtra hacia las napas y los ríos, y además de afectar el agua potable degrada los suelos y los ecosistemas de agua dulce, y contribuye a la pérdida de biodiversidad.
En España, según Ecologistas en Acción, esta contaminación deja cada año a más de 260.000 personas sin agua potable y representa un riesgo vinculado al cáncer colorrectal en la mitad de los municipios del país. La organización la describió como “un problema estructural” y reclamó actuar sobre el origen, en especial sobre las macrogranjas. Para el copresidente de IPES-Food, Olivier De Schutter, actualizar las guías puede ir de la mano de una transición hacia la agroecología.

Qué pasa en la Argentina
En la Argentina, el Código Alimentario Argentino fija para el agua de bebida un máximo de 45 miligramos por litro de nitratos, un valor cercano al de la OMS. Diversos estudios de universidades e institutos científicos detectaron concentraciones elevadas de nitratos en acuíferos de la región pampeana, en zonas con agricultura intensiva, feedlots y deficiencias en los sistemas de saneamiento, como pozos ciegos que contaminan las napas.
El problema es especialmente sensible en las localidades rurales y periurbanas que dependen del agua subterránea sin tratamiento. Una eventual revisión de las guías de la OMS podría tener impacto en los países de la región que toman esos valores como referencia, y abrir el debate sobre la relación entre el modelo agroindustrial, el saneamiento y la calidad del agua que consume la población.
Hasta el momento, la OMS no respondió públicamente al pedido de las organizaciones.


Fecha de Publicación
: 14/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Portal EcoAvant; Agencia EuroNews; Agencia AFP

Crece el boicot al krill y la Antártida espera nuevas áreas

 


Crece el boicot al krill mientras la Antártida espera nuevas áreas marinas protegidas


Cadenas minoristas de Europa y Australia dejaron de vender productos de krill ante la falta de acuerdos para proteger el océano Austral, mientras crece la expectativa de aprobar en 2027 cinco nuevas áreas, entre ellas la propuesta argentino-chilena para la península Antártica.

Mientras la protección del océano Austral sigue trabada en las negociaciones internacionales, crece la presión desde los mercados. Cadenas minoristas de Europa y Australia dejaron de vender productos de krill, en respuesta a un boicot impulsado por organizaciones conservacionistas, y al mismo tiempo los defensores de la Antártida confían en que el año próximo puedan aprobarse cinco nuevas áreas marinas protegidas, entre ellas la propuesta argentino-chilena para la península Antártica.
Las áreas protegidas antárticas deben ser aprobadas por unanimidad por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), creada en 1982 e integrada por 27 miembros, incluida la Unión Europea, entre ellos la Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Desde su fundación solo se aprobaron dos: la de las islas Orcadas del Sur y la del mar de Ross, en 2016. La última reunión anual, que terminó a fines de octubre en Hobart, Australia, volvió a cerrar sin acuerdos sobre nuevas áreas ni medidas adicionales para la pesca de krill, aunque varios miembros pactaron un proceso de trabajo entre sesiones.

Un acuerdo que podría llegar en 2027
Para José María Figueres, expresidente de Costa Rica y presidente del movimiento Antarctica2030, esta vez hubo avances. A diferencia de 2025, cuando salió “muy decepcionado”, aseguró que las delegaciones llegaron con ánimo constructivo y que se sentaron las bases para un sistema de áreas protegidas. Según Figueres, el único país que se opuso fue Rusia, que no planteó una negativa frontal sino que pidió completar los estudios científicos. Si el acuerdo se concreta, la protección del océano Austral llegaría al 28% de su superficie.
Entre las cinco propuestas, Figueres destacó la de la península Antártica, conocida como Dominio 1, en la que la Argentina y Chile trabajan desde 2012 y que fue presentada formalmente en 2017, con el apoyo de Brasil y Uruguay. Es, a su juicio, la más urgente, porque cubre la zona que más rápido se calienta, la de mayor biodiversidad y la que concentra la mayor pesca de krill. Las otras abarcan dos áreas en el mar de Weddell, una en la Antártida Oriental y otra en el mar de los Cosmonautas, impulsada por China, lo que según Figueres supone un giro de 180 grados en la posición de ese país.
Las organizaciones ambientales fueron más críticas: la Coalición Antártica y del Océano Austral (ASOC) sostuvo que la reunión no dejó resultados significativos, y Pew Bertarelli Ocean Legacy recordó que se cumple el décimo año sin nuevas protecciones para el oeste de la península.

El boicot gana terreno
Ante la falta de avances, la presión se trasladó a los consumidores. En septiembre, durante la Semana del Clima de Nueva York, la oceanógrafa Sylvia Earle y una coalición de organizaciones lanzaron un boicot global a los productos de krill. La cadena británica Holland & Barrett dejó de venderlos en abril, alrededor del 94% de las farmacias alemanas anunció que hará lo mismo, y en Australia se sumaron los supermercados Coles y Woolworths. La organización Antarctic Wildlife Alliance pide ahora a los minoristas estadounidenses que tomen medidas similares.
El krill se utiliza sobre todo en suplementos de omega-3, alimento para mascotas y alimento para peces de criadero, y hasta el 70% de lo que se captura termina en la acuicultura del salmón. “Si se pierde el krill, se pierde la base de toda la red trófica del océano Austral”, advirtió Ally Kristan, bióloga marina y directora ejecutiva de Antarctic Wildlife Alliance, quien sostuvo que esta pesca no aporta de manera directa a la seguridad alimentaria humana.

Una pesca cada vez más concentrada
La biomasa de krill se estima entre 379 y 500 millones de toneladas, por lo que los especialistas no consideran que la especie esté sobreexplotada en términos globales. El problema es la concentración de las capturas. En 2026, la pesquería alcanzó el 12 de agosto su límite anual de 620.000 toneladas y cerró antes de lo previsto por segundo año consecutivo. En 2025, Noruega concentró el 52% de las capturas y China, el 37%.
Los científicos advierten que la pesca se acumula en zonas sensibles, como las áreas de alimentación de pingüinos, focas y ballenas alrededor de la península Antártica y las Orcadas del Sur, sobre todo desde que en 2024 expiró la medida que distribuía el esfuerzo pesquero entre cuatro zonas. La industria, por su parte, sostiene que es una de las pesquerías más reguladas del mundo.
Para la Argentina, que impulsa el Dominio 1 junto con Chile, la combinación de presión de los mercados y avances diplomáticos abre una oportunidad para concretar una protección largamente postergada.


País/Región
: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde; Agencia IPS; Mongabay; Antarctica2030; Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR); Antarctic Wildlife Alliance; Coalición Antártica y del Océano Austral (ASOC)

COP31 de Antalya: resumen del 4º día

 


Burnham, Venezuela y el Pacífico sin fondos marcaron el cierre de la cumbre de líderes de la COP31

En la segunda jornada de discursos en Antalya, el único líder del G7 presente presentó el cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, Venezuela defendió su derecho a desarrollar su petróleo y las islas del Pacífico salieron sin aportes nuevos para su fondo de resiliencia.

La cumbre de líderes de la COP31 terminó el jueves 12 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía, con una segunda jornada más corta y de tono distinto. Pasaron por el estrado unos 25 jefes de Estado y de gobierno, contra los cerca de 40 del miércoles. La atención se repartió entre tres temas:
- el discurso del primer ministro británico, Andy Burnham, el único líder del G7 presente;
- la defensa del petróleo venezolano;
- una decepción concreta para las islas del Pacífico, que salieron sin fondos nuevos del evento de compromisos para su fondo regional de resiliencia.
Al mismo tiempo, empezó a tomar forma la discusión que va a definir el final de la cumbre. Se trata de qué tipo de texto van a aprobar los países el 20 de noviembre y qué lugar van a tener en él las iniciativas de la presidencia.

Burnham: el clima como seguridad nacional
Burnham llegó a Antalya la noche del miércoles y presentó el cambio climático como una cuestión de seguridad nacional. “La crisis climática no es una amenaza lejana”, advirtió, y sostuvo que ya está destruyendo vidas y medios de subsistencia en todo el mundo. Reafirmó el compromiso británico de llegar a cero emisiones netas en 2050 y prometió una nueva etapa de liderazgo del Reino Unido.
Su principal anuncio fue un cargo nuevo: una enviada especial para la seguridad climática. Lo va a ocupar Madeleine Alessandri, expresidenta del Comité Conjunto de Inteligencia británico, que va a trabajar junto a la ministra de Clima, Katie White. Su función será identificar los riesgos climáticos como amenazas a la seguridad nacional y reforzar las alianzas internacionales en ese tema. Cosima Cassel, del centro de estudios E3G, lo describió como un avance importante y como el primer cargo de este tipo en el mundo.
Burnham habló ante una sala a medio llenar y no dio cifras de financiamiento climático. Las organizaciones ambientales británicas le reprocharon la distancia entre sus palabras y las políticas de su gobierno:
- la aprobación del yacimiento de gas Jackdaw, en el mar del Norte;
- la decisión todavía pendiente sobre el campo petrolero Rosebank;
- la posible reducción de las metas de venta de autos eléctricos;
- los recortes en los fondos para bombas de calor.
Asad Rehman, de Amigos de la Tierra, calificó los anuncios como un barniz de acción climática y reclamó financiamiento en forma de donaciones.

Venezuela defiende su petróleo
Uno de los discursos más seguidos fue el de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Rodríguez asumió después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en enero de 2026. En agosto, ambos países firmaron un acuerdo que le da a Washington el manejo de unos 65.000 millones de barriles de reservas venezolanas, alrededor del 20 % del total.
En Antalya, Rodríguez defendió el derecho soberano de su país a desarrollar su industria petrolera de manera responsable. “Creemos que no existe contradicción inevitable entre desarrollo energético y protección ambiental”, sostuvo. Su postura coincide con la que expresó el miércoles el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, que pidió que reducir emisiones no ponga en riesgo la seguridad energética. Al margen de la cumbre, Brasil y Venezuela acordaron que el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, visite Caracas antes de fin de año. También evaluaron ampliar las inversiones brasileñas en el petróleo venezolano.

Las voces de América Latina y Medio Oriente
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reclamó coherencia: “La naturaleza no se protege con promesas, sino con hechos”. Destacó que su país aporta cerca del 60 % del agua dulce de la Amazonía brasileña y de la Cuenca del Plata. También se reunió con Lula y con representantes de Barbados para hablar de financiamiento climático.
El presidente de Irak, Nizar Amidi, advirtió que la aceleración del cambio climático hizo perder más de la mitad de las tierras agrícolas de su país y obligó a unas 20.000 personas a dejar sus hogares. Pidió poner en marcha el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños. El primer ministro palestino, Mohammed Mustafa, recibió una larga ovación. Denunció la destrucción de infraestructura de agua y saneamiento y de tierras agrícolas en los territorios palestinos, y su impacto ambiental y sanitario.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ya había afirmado que los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones energéticas de su país liberaron alrededor de 1,5 millones de toneladas de dióxido de carbono. La cifra es del propio gobierno iraní y nadie la verificó de forma independiente.

El Pacífico, con las manos vacías
La noticia más concreta del día fue negativa. El Fondo de Resiliencia del Pacífico es un mecanismo regional que entrega pequeñas donaciones directamente a comunidades locales. Su evento de compromisos terminó sin aportes nuevos de los países participantes. El fondo funciona desde mayo y hasta ahora aprobó 14 proyectos de seguridad hídrica, restauración de costas, energía renovable y resiliencia comunitaria. Quiere reunir 500 millones de dólares para fin de año, pero tiene algo más de 200 millones.
Los países desarrollados se limitaron a repetir anuncios anteriores:
- Países Bajos: un millón de dólares.
- Reino Unido: 10 millones de libras.
- Canadá: 7,5 millones de dólares canadienses.
- Irlanda: 5,6 millones de euros.
La Fundación Minderoo anunció 5 millones de dólares. Los mayores aportantes acumulados son Australia, con 67 millones de dólares, y Arabia Saudita, con 50 millones. Sakiasi Ditoka, ministro de Asuntos Exteriores de Fiyi, dijo que todavía espera anuncios antes del cierre de la cumbre. “Aun si no, seguiremos adelante”, agregó. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, defendió el fondo porque conecta el financiamiento global con la acción local, y pidió a otros países que se sumen.

Lula, Thunberg y la sociedad civil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cerró su paso por Antalya con un acto multitudinario con organizaciones de la sociedad civil. Allí lo aplaudieron por haber bajado la deforestación de la Amazonía a su nivel más bajo en casi cuatro décadas. El miércoles, una fuerte afonía le había impedido dar dos discursos. La activista sueca Greta Thunberg, por su parte, pidió a Turquía un embargo energético contra Israel. Mencionó el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, que lleva petróleo de Azerbaiyán hasta el puerto turco de Ceyhan. Las autoridades turcas niegan que ese crudo vaya a Israel.
Entre los anuncios financieros, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo informó que prevé invertir 6.000 millones de dólares en cinco años en proyectos de transición energética en Turquía. Incluyen renovables, redes, almacenamiento y electrificación.

La pelea por el texto final
Detrás de los discursos asoma la discusión decisiva. En octubre, Turquía y Australia acordaron que la COP31 cierre con una “decisión de portada”. Es un texto general que resume los resultados de la cumbre, lo redacta la presidencia y se aprueba por consenso. Chris Bowen, ministro australiano encargado de las negociaciones, explicó entonces que no querían negociar una larga declaración política. La presidencia quiere que ese texto incluya sus dos propuestas principales:
- la meta de electrificación “35 para el 35”;
- la iniciativa BRIDGE, que no es un fondo nuevo sino una plataforma para conectar los proyectos climáticos de los países con fuentes de financiamiento y asistencia técnica.
Según la cobertura especializada, varias economías emergentes empezaron a cuestionar si hace falta esa decisión de portada. Eso anticipa un debate sobre el alcance del resultado final.

Lo que viene
Con el fin de la cumbre de líderes, el peso vuelve a las negociaciones técnicas. El viernes 13 se cierra la primera semana. Los órganos subsidiarios de la Convención tienen que entregar sus conclusiones o borradores sobre adaptación, financiamiento y transición justa, que después pasan a la fase ministerial. La pregunta es si los países van a llegar a la segunda semana con textos encaminados o con los desacuerdos de fondo intactos.


Fecha de Publicación: 13/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Agencia AFP, Agencia TRT Español, Climate Home News, Agencia EFE

Hablar de extinción preocupa más que de biodiversidad

 


Hablar de extinción preocupa más que hablar de pérdida de biodiversidad, según un estudio

Una investigación de la Universidad del Sur de California, basada en una encuesta a más de 7.000 adultos, mostró que el lenguaje simple y una breve explicación aumentan la preocupación por la naturaleza, mientras que sumar la palabra “crisis” no ayuda.

Las palabras que se usan para hablar de la crisis de la naturaleza importan, y mucho. Un estudio de la Universidad del Sur de California (USC), publicado en la revista científica npj Biodiversity, encontró que la expresión “extinción de plantas y animales” genera bastante más preocupación que el término técnico “pérdida de biodiversidad”, aunque ambos describan problemas relacionados. El trabajo ofrece pistas para científicos, periodistas y organizaciones que buscan comunicar mejor uno de los grandes desafíos ambientales del siglo.
La investigación fue encabezada por Wändi Bruine de Bruin, especialista en psicología de la decisión de la USC, junto con Allison Agsten, directora del Centro Annenberg de Periodismo y Comunicación Climática de esa universidad, entre otros autores. El artículo, titulado Public responses to biodiversity loss terminology and crisis framing, fue publicado en línea el 21 de octubre.

Una encuesta con más de 7.000 personas
Para el estudio, los investigadores invitaron a 10.000 adultos estadounidenses del panel Understanding America Study, cuyos integrantes son seleccionados al azar, y 7.338 completaron la encuesta entre julio y agosto de 2025. Cada participante vio una de seis frases que describían la pérdida de la naturaleza y debió indicar cuán familiar le resultaba, cuánto le preocupaba, qué urgencia sentía por actuar y cuánto apoyaba las políticas de protección de tierras y aguas.
Los resultados mostraron diferencias marcadas. La frase “extinción de plantas y animales” fue reconocida por el 82% de los encuestados, mientras que “pérdida de biodiversidad” solo resultó familiar para el 34%. Lo mismo ocurrió con la preocupación: el 84% se mostró inquieto ante la extinción, frente al 52% en el caso de la pérdida de biodiversidad. Entre quienes conocían el término que se les presentaba, alrededor del 90% manifestó preocupación, contra el 54% de quienes no lo conocían.

La palabra crisis no ayuda
Uno de los hallazgos más llamativos fue que sumar la palabra “crisis” no reforzó el mensaje. La expresión “crisis de extinción” resultó familiar solo para el 47% de los participantes y preocupó al 56%, cifras muy por debajo de las de la frase más simple sobre la extinción de plantas y animales. Un trabajo previo del mismo equipo, publicado en 2024 en la revista Climatic Change, había encontrado algo similar: los estadounidenses reconocían mejor “cambio climático” y “calentamiento global” que “crisis climática”.
En cambio, una explicación breve y en lenguaje sencillo marcó una gran diferencia. Cuando el término “pérdida de biodiversidad” fue acompañado por una aclaración sobre qué significa y por qué importa, la preocupación subió al 83%. Con contexto, la expresión “pérdida de la naturaleza” alcanzó el 90%, un nivel similar al de la frase sobre la extinción.
El apoyo a las políticas de protección de la naturaleza se mantuvo alto en todos los casos, entre el 84% y el 95%, sin importar qué palabras se usaran.

Una palabra con historia
El término biodiversidad fue acuñado en 1986 por el científico Walter Rosen como una forma abreviada de “diversidad biológica”, y desde entonces se volvió central en la ciencia y la política ambiental. Sin embargo, su comprensión entre el público sigue siendo limitada. Una encuesta de la Comisión Europea de 2019 mostró que solo el 41% de los europeos podía definirlo.
Los autores aclaran que los términos no son sinónimos. La extinción es la forma más extrema de la pérdida de biodiversidad, que también incluye la disminución de las poblaciones, la pérdida de variedad genética y la degradación de los ecosistemas. Por eso, no proponen abandonar el concepto, sino explicarlo mejor.

Recomendaciones para comunicar
Entre sus conclusiones, el estudio recomienda utilizar un lenguaje simple y familiar, reconocer que buena parte de la terminología científica funciona como jerga para el público, evitar el uso de la palabra crisis y acompañar los términos técnicos con una explicación breve sobre por qué la biodiversidad importa y qué causa su pérdida. Los investigadores advierten además que cambiar creencias suele ser más fácil que modificar conductas.
El desafío es enorme. Un informe respaldado por Naciones Unidas estimó que alrededor de un millón de especies podrían enfrentar la extinción en las próximas décadas. Aunque el estudio se realizó en Estados Unidos y en inglés, sus conclusiones ofrecen una referencia útil para América Latina, una de las regiones más biodiversas del planeta, donde comunicar con claridad qué está en juego es clave para sumar apoyo a la conservación.


Fecha de Publicación: 13/11/2026
País/Región: Internacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae; StudyFinds; Universidad del Sur de California (USC); Naciones Unidas (IPBES).

Blog del Foro Ambiental Córdoba

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