La ONU advierte en Nairobi que el mundo no avanza lo suficiente en biodiversidad

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: Agencia SWI
País/Región: Internacional


La 28ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA-28) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) comenzó este lunes en Nairobi para revisar el primer informe global de progreso sobre los objetivos de biodiversidad pactados en 2022, que tilda de «no suficientes» los esfuerzos actuales para cumplir las metas de 2030.
La pérdida de biodiversidad continúa a un ritmo «sin precedentes» y amenaza los sistemas naturales de los que depende «la vida en el planeta», afirmó la secretaria ejecutiva del CDB, Astrid Schomaker, en una rueda de prensa en la sede de las Naciones Unidas en Nairobi, donde se celebran las reuniones, en preparación de la COP17 del próximo octubre en Armenia.
El encuentro sirve para preparar la 17ª reunión de la Conferencia de las Partes del CDB o Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP17), que tendrá lugar el próximo octubre en Ereván, Armenia.
En 2022, las 196 partes (195 países y la Unión Europea) adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, considerado por la ONU como una especie de «Acuerdo de París para la naturaleza», con 23 objetivos que deben alcanzarse antes de 2030, recordó Schomaker.
El citado informe, llamado «Estado de la Acción por la Biodiversidad», analiza por primera vez el avance colectivo en la aplicación de ese marco.
«El informe muestra que el marco ha generado un compromiso mundial sin precedentes» pero «los esfuerzos y la ambición actuales no son suficientes» para alcanzar los objetivos fijados para 2030, dijo la secretaria ejecutiva del CDB.
Schomaker explicó que el mundo «no está bien encaminado» por dos motivos: la ambición colectiva «no suma» lo necesario para cumplir las metas y la aplicación de las medidas «no ocurre lo suficientemente rápido» ni involucra todavía a suficientes actores.
Uno de los mayores retos es incorporar la biodiversidad a la planificación económica y financiera, ya que, actualmente, «por cada dólar invertido en soluciones basadas en la naturaleza, se gastan treinta en actividades que la dañan», subrayó.
Así, alertó de que la brecha de financiación puede haber aumentado desde la adopción del marco, porque el gasto positivo ha crecido, pero también lo han hecho las subvenciones y actividades perjudiciales para la naturaleza.
Por su lado, el secretario del órgano de implementación del CDB, Asad Naqvi, advirtió de que el mundo está «retirando más» capital natural de sus cuentas de lo que puede reponer, por lo que «muy pronto necesitaremos tres planetas para alimentar nuestras necesidades actuales de producción y consumo».
Durante las reuniones de Nairobi, se debatirán cuestiones científicas y técnicas sobre biodiversidad marina y costera, áreas protegidas, gestión sostenible de la vida silvestre, biología sintética y el uso del conocimiento científico para tomar decisiones.
También hablarán sobre financiación, información digital de secuencias genéticas y la aplicación de los protocolos de Cartagena (2000) y Nagoya (2010), entre otros temas.
Las recomendaciones que salgan de Nairobi serán la base de las negociaciones políticas de la COP17, donde los países deberán decidir cómo acelerar la acción mundial para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad. 
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La CE retira el cuero e incluye el café soluble en la ley contra la deforestación

Fecha de Publicación: 16/07/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: Unión Europea


La Comisión Europea (CE) ha excluido productos como el cuero, los neumáticos recauchutados o la soja para siembra de la lista de productos afectados por la ley europea contra la deforestación, al tiempo que ha añadido otros como el café soluble o algunos derivados del aceite de soja.
En concreto, Bruselas ha adoptado una normativa que actualiza y simplifica la lista de productos cubiertos por esta ley, así como medidas sobre la presentación de declaraciones por parte de las empresas afectadas por la misma, que buscan «proporcionar mayor seguridad jurídica» de cara a su futura aplicación.
Alguna de las medidas ya fueron avanzadas en el paquete de simplificación legislativa que el Ejecutivo comunitario presentó a principios de mayo. Antes de entrar en vigor, los cambios serán consultados con el Parlamento Europeo y los Estados miembros y entrarán en vigor si nadie se opone.
Así, se excluyen del ámbito de aplicación del reglamento el cuero, las pieles de bovino, los neumáticos recauchutados, la soja para siembra, los artículos de caucho vulcanizado, las correas transportadoras y de transmisión y los asientos para aeronaves y vehículos de motor.
Por contra, se añaden a esa misma lista de productos el café soluble, determinados derivados del aceite de palma y las lenguas de bovino congeladas.
Bruselas ha aclarado, no obstante, que esta actualización «no altera la lista de materias primas» cubiertas por la ley, sino que se actualiza la lista de artículos derivados de estas.
“Con este paquete, proporcionamos la claridad y la previsibilidad que las empresas, los Estados miembros y nuestros socios internacionales necesitan para prepararse para la aplicación del reglamento de la UE sobre la deforestación a finales de 2026″, subrayó la comisaria de Medioambiente, Jessika Rosswal.
El reglamento contra la deforestación importada busca impedir que el consumo europeo, responsable de un 10 % de la deforestación mundial, siga contribuyendo a la destrucción de bosques en terceros países y también dentro de la UE pues la normativa es idéntica dentro del mercado comunitario.
Para ello, obliga a las empresas que introducen en el mercado comunitario cacao, café, soja, aceite de palma, madera, caucho o ganado a demostrar, mediante sistemas de trazabilidad y geolocalización, que no proceden de terrenos deforestados o degradados.
Desde su aprobación, sin embargo, el reglamento ha sido objeto de críticas por parte de empresas y de países productores -como Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Malasia o Indonesia- que alertaban de su complejidad y de los costes de cumplimiento y, en el ámbito político, ha sido criticada por las formaciones de ultraderecha y de centroderecha.
Todo ello llevó a Bruselas a introducir ya una serie de flexibilidades, como el aplazamiento de su entrada en aplicación hasta diciembre de 2026 para grandes empresas y junio de 2027 para pequeñas, así como la simplificación de las obligaciones para micro y pequeños operadores primarios. 
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Trump revierte la protección del hábitat de especies en peligro establecida hace 50 años

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: Estados Unidos


La Administración del presidente Donald Trump ha anunciado la revocación de una medida de protección clave para las especies en peligro de extinción, que había estado vigente desde hace 50 años, y expone sus hábitats a la tala y la minería, entre otras actividades comerciales.
El gobierno republicano ha derogado una parte fundamental de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) que protege a dicha fauna de la destrucción de su hábitat.
En concreto, la nueva norma anula la definición de lo que constituía un «daño», que incluía la modificación o degradación del hábitat «cuando se mata o lesiona a la fauna silvestre» al alterar significativamente patrones de comportamiento esenciales, como la reproducción, la alimentación o el refugio para estas especies.
La revocación permitirá actividades de desarrollo, tala, y minería, entre otros usos, en los hábitats de las especies en peligro de extinción.
La Administración Trump justificó la medida alegando que la norma era obsoleta y que buscaba agilizar la aprobación de proyectos.
«Durante años, las agencias federales abusaron de la ESA para obstaculizar el uso legítimo de la tierra y perjudicar a las familias y empresas estadounidenses», declaró el secretario del Interior, Doug Burgum.
Ambientalistas criticaron la medida del Ejecutivo y prometieron una batalla legal argumentando que infringe la ley.
“Que quede claro: la norma de la administración Trump carece de todo respaldo, ya sea científico, jurídico o público. Nos veremos con la administración Trump en los tribunales», dijo en un comunicado Kristen Boyles, abogada de Earthjustice.
La organización explicó que un factor clave en el éxito de la ESA a lo largo de las décadas ha sido su prohibición de destruir bosques, playas, ríos o humedales de los que dependen para sobrevivir las especies en peligro de extinción.
Subrayó, además, que en 1995 la Corte Suprema ratificó que la definición de «daño» incluía la destrucción del hábitat.
Earthjustice advirtió que la Casa Blanca ya ha intentado socavar la ESA al otorgar a la industria petrolera una exención total de la ley en el Golfo de México para explotación, que supone una amenaza para dos docenas de especies marinas, incluidas ballenas y tortugas marinas. 
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Trump indulta a seis condenados por infracciones relacionadas con emisiones contaminantes

Fecha de Publicación: 06/07/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: Estados Unidos


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este viernes a seis personas condenadas por infracciones de regulaciones federales sobre emisiones de gases contaminantes, en la víspera de cumplirse los 250 años de la Independencia del país.
«Es un gran honor para mí haber firmado indultos para seis personas que fueron perseguidas por la Administración Biden y que estaban en prisión, o a punto de ser enviadas allí, por ‘arreglar su auto'», publicó Trump en su red Truth Social.
El republicano, que suele criticar continuamente a su predecesor, el expresidente demócrata Joe Biden, insistió en que aunque esto pueda «sonar ridículo, sigue siendo un hecho y parte de la instrumentalización política y estupidez» que el país «tuvo que soportar durante cuatro largos años de ‘Dormilón’ Joe Biden».
«Los estoy liberando a todos, ahora mismo», concluyó. La Casa Blanca no ha publicado de momento una lista de los perdonados.
Según fuentes con conocimiento citadas por la cadena CBS, el mandatario también estaría evaluando posibles medidas de clemencia para figuras conocidas como el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, condenado a 50 meses de cárcel el pasado año por delitos relacionados con la prostitución.

Diésel
En 2025, Trump indultó al mecánico de Wyoming Troy Lake, quien cumplió siete meses de prisión por infringir las leyes federales de emisiones al desactivar los equipos de control de contaminación en motores diésel.
A principios de este año, el Departamento de Justicia instruyó a los fiscales federales desistir de todos los procesos e investigaciones pendientes contra personas en la misma situación que Lake.
Los abogados de algunos de los acusados ​habían argumentado que dichas infracciones no podían procesarse como delitos penales con base en la Ley de Aire Limpio, la principal legislación ambiental federal estadounidense para controlar y reducir la contaminación del aire, sino únicamente como infracciones de carácter civil.

EPA 
Este lunes, Trump instó a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. a restar prioridad a la aplicación de medidas civiles contra la manipulación de los dispositivos de control de emisiones.
El 70 % del país norteamericano enfrenta una actual ola de calor que ha dejado récords de temperaturas máximas en varias ciudades del noreste y amenazado con deslucir las celebraciones por los 250 años de la Independencia estadounidense, con cierres temporales de espacios y cancelaciones de eventos, desfiles y fuegos artificiales.
Un informe publicado este viernes por la red científica World Weather Attribution afirma que la intensidad combinada del calor y la humedad de esta semana en EE.UU. habrían sido «prácticamente imposible» sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles. 
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La Corte Suprema de EEUU falla a favor de Bayer en un litigio por un herbicida

Fecha de Publicación: 29/06/2026
Fuente: Agencia France 24
País/Región: Estados Unidos


La Corte Suprema de Estados Unidos falló el jueves a favor del gigante alemán de la agroquímica Bayer, que busca anular decenas de miles de demandas basadas en el supuesto riesgo de cáncer vinculado al herbicida Roundup, fabricado por su filial Monsanto. 
Siete de los nueve jueces del máximo tribunal estadounidense concluyeron que la determinación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos de que Roundup no es carcinógeno prevalece sobre las demandas en tribunales estatales que vinculan el producto con un diagnóstico de cáncer.
Las acciones de Bayer, que adquirió Monsanto en 2018, se dispararon un 18,7% en la Bolsa de Fráncfort.
Bayer, una multinacional con sede en la ciudad alemana de Leverkusen, celebró el fallo.
La decisión de la Corte Suprema estadounidense "debería contribuir de manera significativa a poner fin a los litigios relacionados con Roundup tras casi una década de batallas judiciales", declaró.
Bayer ya ha desembolsado más de 10.000 millones de dólares desde 2018 para cerrar demandas relacionadas con el glifosato, el principio activo del Roundup, y ha provisionado más de 8.000 millones para las que aún están en curso.
El caso llegó a la Corte Suprema luego de que un jurado de Misuri (centro de Estados Unidos) condenara a Monsanto en octubre de 2023 a pagar una indemnización de 1,25 millones de dólares a John Durnell.
Durnell había desarrollado una forma de cáncer que atribuía a su exposición al glifosato, uno de los componentes del Roundup. Reprochaba al fabricante no haber colocado una advertencia sanitaria sobre las consecuencias de su uso.
Este fallo en Misuri desencadenó un aluvión de demandas.
Pero Bayer, cuyo caso contó con el respaldo del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que debía estar protegida frente a demandas estatales.
Alegó que la EPA aprobó la venta de Roundup a consumidores y agricultores sin ninguna advertencia.
La Corte Suprema finalmente anuló las decisiones de las jurisdicciones inferiores.
La Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA, por sus siglas en inglés) "exige uniformidad y expresamente deja sin efecto los requisitos de etiquetado estatales", escribió el juez Brett Kavanaugh en la opinión mayoritaria, al revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Misuri.
En la opinión disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson afirmó sin embargo que la mayoría interpretó erróneamente "el alcance de la preeminencia de FIFRA".
"En última instancia, deja a Durnell sin un recurso frente a los importantes daños que ha sufrido", dijo.
La EPA no impone una advertencia relativa al cáncer para el Roundup, en la medida en que no considera el glifosato como cancerígeno.
Esta sustancia sigue siendo muy controvertida. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica como "probablemente cancerígena".
Brent Wisner, socio director del bufete Wisner Baum, quien ha litigado numerosos casos contra Monsanto, describió el fallo como un importante retroceso.
"Esta decisión es un golpe severo a la rendición de cuentas de las corporaciones", dijo Wisner, quien estimó que más de 60.000 casos estaban pendientes en los tribunales estadounidenses.
"Este no es el resultado que queríamos de la Corte Suprema, pero significa que hay más trabajo por hacer", concluyó Wisner.
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Fiscales brasileños demandan para prohibir el glifosato, uno de los herbicidas más vendidos

Fecha de Publicación: 27/05/2026
Fuente: Portal Bloomberg 
País/Región: Brasil


Una división especial de la fiscalía encargada de proteger los derechos de los trabajadores presentó una demanda para prohibir el registro de productos que contengan glifosato.
Los fiscales brasileños están demandando a la agencia sanitaria Anvisa y al gobierno federal para que prohíban el uso del herbicida de mayor venta, el glifosato, lo que supone un posible golpe para las empresas químicas de la mayor economía de América Latina.

Una división especial de la fiscalía encargada de proteger los derechos de los trabajadores presentó el viernes una demanda que busca prohibir el registro de productos que contengan glifosato y sus derivados. La demanda también busca prohibir la autorización para la producción, exportación, importación, venta y uso del ingrediente activo y sus compuestos, citando riesgos para la vida humana, la salud ocupacional y el medio ambiente laboral.
Una cancelación efectiva del registro del glifosato en Brasil afectaría a empresas como la alemana Bayer AG y otras que han utilizado el ingrediente activo en algunas formulaciones desde que expiró su patente en 2000.
Anvisa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La Procuraduría General de Brasil, que representa al gobierno federal en los tribunales, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La demanda brasileña se produce meses después de que la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology se retractara de un artículo publicado hace décadas en el que se afirmaba que el uso del glifosato no planteaba riesgos para la salud, después de que salieran a la luz “posibles conflictos de intereses de los autores”. El informe se refería específicamente al herbicida Roundup de Bayer, que suele utilizarse en la agricultura a gran escala y hasta hace poco en productos para el césped y la jardinería en Estados Unidos.
Los fiscales brasileños afirmaron que el estudio, ahora retirado, fue utilizado por organismos reguladores de todo el mundo como referencia para permitir el registro y la venta de glifosato. La demanda también cita estudios que demuestran que los residuos de la sustancia en el agua potable suponen una amenaza para la salud humana.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”.
“Es una cuestión de salud pública”, dijo el fiscal brasileño Leomar Daroncho en un comunicado. “La autoridad competente debe tomar medidas para reevaluar los riesgos cuando haya una alerta o advertencia contra el uso de pesticidas por parte de organizaciones internacionales responsables de la salud”.

La reacción del MAHA
La aplicación del herbicida ampliamente utilizado también ha surgido como un punto álgido en la política estadounidense, irritando a los partidarios del movimiento “Make America Healthy Again” de Robert F. Kennedy Jr. que están frustrados porque los abogados de la administración Trump están pidiendo al Tribunal Supremo que proteja a Bayer de la responsabilidad por un “fallo en la advertencia” sobre los efectos nocivos del glifosato.
Se han presentado un gran número de demandas en EE.UU. alegando que el uso de glifosato, incluido en los productos herbicidas de la marca Roundup fabricados por Bayer, puede causar cáncer linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple.
La empresa alemana cuenta con que el Tribunal Supremo reduzca esas demandas y ayude a encauzar el litigio, que dura ya una década y ha costado a la compañía más de US$10.000 millones. A finales de 2025, las provisiones y responsabilidades de Bayer por los litigios del glifosato ascendían a US$11.300 millones.
En divulgaciones públicas, Bayer afirma que no hay motivos para preocuparse por la seguridad en relación con los productos con glifosato.
En 2016, Bayer acordó adquirir la estadounidense Monsanto, la empresa que popularizó el uso del glifosato en la década de 1970. Con el tiempo, el ingrediente activo se convirtió en la sustancia más utilizada del mundo para el control de las malas hierbas. En 1996, Monsanto lanzó una soja modificada genéticamente diseñada para prosperar incluso cuando se rociaba con el herbicida. Posteriormente, las semillas de maíz, algodón y colza fueron modificadas con esta tecnología.
En 2023, los fiscales laborales brasileños solicitaron una orden judicial para prohibir el uso del ingrediente pesticida atrazina, pero no se tomó ninguna decisión definitiva.
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Brasil: proyectos legislativos amenazan la lucha contra la deforestación y la protección de la Amazonía

Fecha de Publicación: 25/05/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
País/Región: Brasil


La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto que prohíbe a las autoridades ambientales imponer sanciones basadas exclusivamente en imágenes satelitales. Esta medida, impulsada por parlamentarios vinculados al agronegocio, limita el trabajo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), que realiza cerca del 90% de la fiscalización de la deforestación con apoyo de tecnologías remotas.
El texto aún debe ser discutido en el Senado y, de aprobarse, pasará a sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobierno se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030.

Advertencias del Ministerio de Medioambiente
El ministro João Paulo Capobianco calificó la iniciativa como un “retroceso inimaginable”, advirtiendo que debilita la capacidad de las autoridades para combatir la deforestación. La votación se enmarca en una ofensiva legislativa del sector agropecuario que busca flexibilizar normas ambientales.

Otras iniciativas aprobadas
- Reducción del 40% de la Floresta Nacional do Jamanxim, en Pará, una reserva clave amenazada por intereses madereros y mineros.
- Proyecto que debilita la protección de campos nativos y formaciones no forestales, que abarcan 48 millones de hectáreas.

Importancia global de la Amazonía
La lucha contra la deforestación en Brasil es vital para el país y el planeta:
- Acción climática global: la selva amazónica es uno de los mayores sumideros de carbono del mundo. Su preservación evita emisiones masivas de gases de efecto invernadero.
- Regulación hídrica regional: los “ríos voladores” de la Amazonía alimentan los ciclos de lluvia en Sudamérica, esenciales para la agricultura y el abastecimiento urbano.
- Biodiversidad única: alberga cerca del 10% de las especies conocidas del planeta. La pérdida de hábitat amenaza con extinciones irreversibles.
- Protección de comunidades indígenas: más de 40 millones de personas, incluidas comunidades originarias, dependen de la selva para su cultura y subsistencia.
- Compromisos internacionales: Brasil debe cumplir metas de reducción de emisiones y avanzar hacia un modelo de bioeconomía sostenible.

Riesgos de retroceso
La aprobación de estas iniciativas legislativas refleja la tensión entre el desarrollo agropecuario y la conservación ambiental. Limitar el uso de imágenes satelitales y reducir áreas protegidas podría debilitar los compromisos internacionales de Brasil y afectar la credibilidad del país en foros climáticos globales.
La Amazonía brasileña es un pilar de la estabilidad climática mundial. Las decisiones legislativas que restringen la fiscalización ambiental y reducen áreas protegidas ponen en riesgo no solo la biodiversidad y las comunidades locales, sino también la capacidad del planeta para enfrentar el cambio climático.
La presión internacional y la movilización social serán claves para frenar este retroceso y garantizar que Brasil cumpla su meta de deforestación cero en 2030.
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La pequeña nación insular Vanuatu doblega a los gigantes fósiles en la ONU y logra un dictamen climático histórico

Fecha de Publicación: 22/05/2026
Fuente: Portal Climática 
País/Región: Internacional - Vanuatu


La Asamblea de la ONU, con los votos en contra de países como Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia, Israel e Irán, respalda el dictamen de hace un año de la Corte Internacional de Justicia que atribuye responsabilidad legal a los países que no frenen el uso de combustibles fósiles. 
Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico sur que se hunde, literalmente, bajo el peso de una crisis climática que no provocó, ha logrado que la Asamblea General de la ONU adoptase este miércoles noche una resolución histórica en la lucha contra los combustibles fósiles y el cambio climático.
El germen de este hito diplomático se remonta a julio de 2025, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió una opinión consultiva trascendental. En aquel dictamen, el máximo órgano judicial de la ONU determinó que los países tienen obligaciones ineludibles bajo el derecho internacional para proteger el sistema climático. El fallo estipulaba que no actuar con la urgencia y equidad necesarias frente a la emergencia climática, o no reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, constituye una violación directa de dichas obligaciones legales.
La resolución recién aprobada fue diseñada precisamente para «acoger» y cimentar aquel dictamen en el seno de Naciones Unidas, la fórmula multilateral empleada para dotar al texto de peso político y normativo. Horas antes de la votación, la expectación era máxima. Activistas y especialistas en derecho ambiental, como Sébastien Duyck, anticipaban el momento en redes sociales haciendo un llamado a la comunidad internacional para que votara a favor de la justicia climática, subrayando la importancia de construir un futuro mejor sobre el histórico fallo del Tribunal Internacional.
El resultado no decepcionó. El texto final, aprobado con 141 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, ha contado con «75 copatrocinadores», tal y como ha explicado a El País Lee-Anne Sackett, la enviada especial de justicia climática de Vanuatu. No obstante, es crucial señalar un matiz legal determinante:los dictámenes de la Asamblea General de la ONU no son jurídicamente vinculantes ni de obligado cumplimiento para los Estados. Sin embargo, su relevancia política y diplomática es innegable. Al hacer suyas las opiniones consultivas del Tribunal, el documento consagra un estándar normativo global que servirá como una herramienta clave para la sociedad civil en la creciente ola de litigios climáticos, dificultando enormemente que los Gobiernos puedan eludir sus responsabilidades climáticas en los tribunales nacionales e internacionales. 
Aun así, el camino hacia esta victoria estuvo plagado de obstáculos. La minúscula Vanuatu tuvo que enfrentarse en los pasillos de la ONU a una agresiva maquinaria de presión orquestada por los petroestados y por la Administración Trump. La Casa Blanca llegó al extremo de instar a otras naciones a presionar a Vanuatu para que retirara la resolución, argumentando abiertamente que el texto suponía una «gran amenaza para la industria estadounidense». Tammy Bruce, embajadora adjunta de EE. UU. ante la ONU, tildó el documento de «altamente problemático» para justificar su rechazo.  
Finalmente, Estados Unidos cumplió su amenaza y lideró el bloque del «no», acompañado de grandes emisores y productores de petróleo: Arabia Saudí, Rusia, Israel, Irán, Yemen, Liberia y Bielorrusia. Por su parte, Turquía (sede de la próxima cumbre del clima, la COP31), India, Catar y Nigeria optaron por la abstención.
«Celebro la aprobación de la resolución de la Asamblea General sobre la opinión consultiva de la CIJ sobre el cambio climático, una poderosa afirmación del derecho internacional, la justicia climática, la ciencia y la responsabilidad de los Estados de proteger a las personas de la creciente crisis climática», señalaba António Guterres, secretario general de la ONU, en una publicación en X.
Detrás de este triunfo diplomático late un fuerte componente generacional. La semilla de esta resolución no germinó en despachos gubernamentales, sino en la frustración de un grupo de estudiantes de Derecho (agrupados en la organización Pacific Islands Students Fighting Climate Change), quienes iniciaron la campaña hace años. Su director, Vishal Prasad, celebró el resultado de la votación como el compromiso definitivo para «hacer realidad» sus demandas. Horas antes, el embajador de Vanuatu ante la ONU, Odo Tevi, aterrizó el debate recordando que esto no es solo un pulso jurídico: «Debemos ser honestos sobre por qué importa esto. Importa porque el daño es real y ya está aquí, a lo largo de nuestras islas y costas, golpeando a comunidades que se enfrentan a sequías y cosechas fallidas».
Para las comunidades del Pacífico, esta resolución es mucho más que un texto diplomático: es una cuestión de pura supervivencia. Estos territorios insulares ya están sufriendo en primera persona los embates más devastadores del calentamiento global, desde la alarmante subida del nivel del mar hasta la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos. Han sido estas mismas comunidades las que han liderado la lucha para exigir una eliminación rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles. Además, la resolución aboga firmemente por el establecimiento de compensaciones económicas para aquellas naciones más expuestas al clima extremo y que menos han contribuido históricamente a la acumulación de gases de efecto invernadero.
La sociedad civil también ha celebrado el resultado de la votación como un punto de inflexión. Desde organizaciones como Greenpeace Internacional se ha destacado que este avance consolida la idea de que la inacción climática ya no es solo una negligencia moral, sino una infracción legal con todas las letras. Rebecca Newsom, líder política global de la organización ecologista, enfatizó que el máximo tribunal del mundo ha dejado claro que la acción climática es una obligación jurídica irrefutable, y el apoyo mayoritario en la Asamblea General demuestra un compromiso creciente de los Gobiernos para reflejar y acatar esa nueva realidad.
El gran desafío pendiente sigue siendo la financiación de esta transición energética sin precedentes. Organizaciones medioambientales y naciones en desarrollo insisten en que la inmensa factura de los daños climáticos no puede seguir recayendo sobre los hombros de los más vulnerables. La propuesta que cobra cada vez más fuerza, y que respalda la sociedad civil, es financiar la transición mediante la imposición de impuestos más altos a las grandes contaminadoras y empresas fósiles, además de exigir a los países del norte global que cumplan, de una vez por todas, con sus obligaciones internacionales en materia de financiación climática.

Más Información: 

Agencia EFE Verde - La «resolución de Vanuatu»: claves de una histórica victoria para el clima
La histórica resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU para afianzar las obligaciones jurídicas de los Estados frente al cambio climático supone una victoria diplomática para sus impulsores, Vanuatu y otras islas del Pacífico, en primera línea frente a la amenaza del aumento del nivel del mar.

Agencia France24 -  Los 'petroestados' intentan frenar un fallo climático histórico de la ONU
Las naciones insulares amenazadas por el mar se encuentran un paso más cerca de lograr justicia por los daños fósiles tras un histórico dictamen climático emitido por Naciones Unidas. 
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La UE descarta un nuevo aplazamiento de la ley contra la deforestación

Fecha de Publicación: 07/05/2026
Fuente: Agencia France24
País/Región: Unión Europea


La Unión Europea aseguró el lunes que su ley contra la deforestación entrará en vigor a finales de 2026, a pesar de la presión de la agroindustria y de algunos países para aplazar por tercera vez su implementación. 
Esta emblemática ley debe prohibir la comercialización en la UE de productos como el aceite de palma, el cacao, el café, la soja o la madera que procedan de tierras deforestadas después de 2020.
Sin embargo, la aplicación ya había sido aplazada en dos ocasiones, y oenegés del sector temían un desmantelamiento completo del proyecto.
No obstante, la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) mantuvo el calendario y cerró la puerta a una reapertura de discusiones sobre la ley, limitándose a unos pocos ajustes.
El cambio más delicado se refiere a la retirada del cuero de la lista de productos afectados por esta legislación.
Organizaciones medioambientales consideraron esta decisión "inaceptable".
Es "una brecha en la ley para satisfacer a poderosas marcas de moda", denunció la ONG Greenpeace, que estima que la "cadena de suministro del cuero es un motor de la destrucción de los bosques".
"Excluir el cuero, teniendo en cuenta que los productos de la ganadería representan alrededor del 13% de la deforestación importada, es un gran regalo a los contaminadores", afirmó también la eurodiputada ecologista Marie Toussaint.
La legisladora celebró, sin embargo, que la Comisión Europea "no haya cedido a los cantos de sirena de la derecha y la extrema derecha, que querían reabrir y debilitar el texto creando una supuesta categoría 'riesgo cero'".
Varios países europeos deseaban crear esta categoría, con el fin de excluir a sus empresas de las obligaciones previstas por la ley.
Sin embargo, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, ya había adelantado que no deseaba reabrir este debate.
"Ahora debemos trabajar todos por el éxito de la entrada en vigor de la ley de aquí a finales de 2026 y mantener presente su objetivo: reducir la deforestación a escala mundial", dijo este lunes.
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Organizaciones ambientales piden a la UE que mantenga el cuero en el Tratado de deforestación

Fecha de Publicación: 01/04/2026
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Unión Europea


Veintiséis organizaciones medioambientales han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar «encarecidamente» que el cuero bovino permanezca en el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR), en contra de lo que piden distintas asociaciones de la industria de la piel.
El EUDR obliga a las empresas a garantizar que siete materias primas (soja, cacao, café, palma, caucho, madera y ganado) y sus derivados no provengan de zonas deforestadas.
El cuero es un derivado del ganado y en 2024 las pieles representaron una cuarta parte del valor de los productos ganaderos cubiertos por el reglamento importados por la UE.
El pasado diciembre la aplicación del EUDR se pospuso al 30 de diciembre de 2026 y en el caso de las pymes al 30 de junio de 2027.

Una exclusión arbitraria
La carta de las ONG señala que «la exclusión arbitraria» del cuero del EUDR originaría «una incoherencia política significativa», puesto que la carne de una vaca criada en tierras deforestadas estaría prohibida, «mientras que el cuero de ese mismo animal podría venderse libremente en el mercado».
«La expansión de la ganadería es la principal causa de la deforestación impulsada por las materias primas», añade el escrito.
Los firmantes, entre los que figuran Human Rights Watch, Greenpeace, Climate Rights International o Rainforest Action Network, indican que «la mayor parte de la deforestación impulsada por la ganadería se produce a expensas de la selva amazónica» y aseguran que está documentada «la exposición de las cadenas de suministro de cuero de la UE a la deforestación, la delincuencia y las violaciones de los derechos humanos en la región, incluida la deforestación ilegal en territorios indígenas y áreas protegidas».
La carta pone el foco en el caso de Brasil, país que consume internamente el 80 % de la carne de vacuno que produce, pero que, en cambio, exporta alrededor del 80 % de las pieles que procesa.
«La influencia del mercado de la UE es especialmente importante en Brasil», con importaciones por unos 240 millones de euros (2024). Casi el 60 % se destina a Italia.

Un incentivo hacia prácticas sostenibles
Por ello, las asociaciones creen que mantener el cuero en el EUDR representa «un importante incentivo para que el sector ganadero brasileño realice la transición hacia prácticas más sostenibles».
«Los responsables de la formulación de políticas públicas en Brasil han señalado el EUDR como una motivación fundamental para la adopción de nuevas políticas de trazabilidad del ganado que aportarían más transparencia y responsabilidad al sector», añaden.
Aseguran, asimismo, que «la trazabilidad de las pieles bovinas es viable y ya se está llevando a cabo» y que las afirmaciones de la industria del cuero en sentido contrario «son simplemente falsas».

Asociaciones piden excluirlo
En abril de 2025 más de 25 asociaciones como la Confederación Europea del Calzado (CEC) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Curtidores Europeos (COTANCE) dirigieron un escrito a Von der Leyen para que el cuero se excluyera del EUDR para evitar costos adicionales a las empresas y porque, afirmaron, «no existe evidencia científica» de su relación con la deforestación.
En cambio, las ONG consideran que rastrear el cuero en las etapas finales de la cadena de suministro «es un proceso administrativo relativamente sencillo».
«La exclusión del cuero, aparentemente en respuesta a la presión de la industria, crearía un precedente peligroso, alentaría a otros sectores a solicitar exenciones similares y perjudicaría la reputación del EUDR como una normativa basada en hechos, justa y orientada a los datos (…). Solo incluyendo todos los productos bovinos de alto impacto podrá la UE cumplir su compromiso de poner fin a su contribución a la deforestación global», concluye la carta, remitida también a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la UE, y a varios comisarios.
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Deforestación global avanza mientras la UE debilita ley contra importaciones clave

Fecha de Publicación: 20/03/2026
Fuente: Portal Ecoticias
País/Región: Internacional - Unión Europea


Deforestación global avanza mientras la UE debilita ley contra importaciones. No es una contradicción menor. Es el reflejo de un momento crítico: justo cuando los bosques desaparecen más rápido que nunca, las reglas para protegerlos empiezan a tambalearse.
El dato es incómodo. Europa no solo observa el problema desde fuera. Lo alimenta. Y ahora, además, duda sobre cómo frenarlo.
La legislación europea, conocida como Reglamento contra la Deforestación Importada, tenía como objetivo garantizar que productos como soja, aceite de palma, cacao, café o madera no procedieran de zonas deforestadas.
Sin embargo, las modificaciones planteadas buscan simplificar su aplicación y reducir cargas administrativas para empresas y países exportadores, lo que, según los críticos, podría debilitar su eficacia.

Deforestación global avanza mientras la UE debilita ley contra importaciones
El planeta pierde millones de hectáreas cada año mientras Europa duda sobre la ley que puede frenar su papel en la destrucción de bosques.
Con motivo, el 21 de marzo, del Día Internacional de los Bosques, la Alianza Cero Deforestación, de la que forma parte SEO/BirdLife, hace un llamamiento a la UE para que no diluya más las obligaciones contenidas en el Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés).
Las entidades de la plataforma subrayan que el mercado europeo sigue vinculado a la destrucción de los bosques mediante la importación de materias primas de riesgo, y advierten de que cualquier intento de retrasar o debilitar el Reglamento supone un retroceso ambiental que, finalmente, erosiona también la economía europea.

Europa consume… y eso tiene consecuencias lejos de casa
Según datos recientes de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), durante la última década (2015-2025), el planeta ha perdido una media de 10,9 millones de hectáreas de bosque al año.
Las mayores tasas de deforestación se han producido en África y América del Sur, donde los bosques son sustituidos por cultivos (soja, cacao, café, aceite de palma) o pastos para el ganado destinados a los mercados internacionales.
La pérdida de bosques sigue siendo alarmante. Según el World Resources Institute, en 2024 la destrucción forestal se disparó a máximos históricos globales, impulsada por el aumento de los incendios. Solo la pérdida de bosques tropicales primarios alcanzó los 6,7 millones de hectáreas, casi el doble que en 2023 y un área casi del tamaño de Panamá, a un ritmo de 18 campos de fútbol por minuto.
Desde la Alianza Cero Deforestación se señala que «los datos de deforestación global no nos permiten celebrar el Día Internacional de los Bosques pensando solo en Europa. Lo que debe cesar es la demanda internacional de productos agrícolas y madereros procedentes de la deforestación que está impactando a los pueblos indígenas, la biodiversidad y el clima».
La UE es el segundo mayor importador de productos asociados a la deforestación del mundo a través de su consumo de materias primas que ponen en riesgo los bosques, como la soja y el aceite de palma.
En el caso de Brasil, aproximadamente el 20% de las exportaciones de soja y al menos el 17 % de las exportaciones de carne de vacuno hacia la UE podrían estar vinculadas con deforestación ilegal. Dentro de la UE, España destaca como uno de los países con mayor impacto, al haber sido el tercer mayor importador de productos vinculados a la deforestación durante el periodo 2005-2017.

La ley que podía cambiarlo todo ahora está en riesgo
La UE es el segundo mayor importador de productos asociados a la deforestación del mundo a través de su consumo de materias primas que ponen en riesgo los bosques, como la soja y el aceite de palma.
Para frenar esta complicidad del mercado europeo con la deforestación, la UE aprobó en 2023 el EUDR. La norma obligará a las empresas a demostrar que materias primas como soja, carne de vacuno, aceite de palma, cacao, café, madera o caucho no proceden de tierras deforestadas ni de procesos de degradación forestal posteriores a 2020.
«Dado que la Unión Europea es uno de los mayores impulsores globales de la deforestación tropical a través de sus importaciones agrícolas y ganaderas, esta regulación representa un paso importante para reducir esa responsabilidad y garantizar que el consumo europeo deje de destruir bosques y ecosistemas«, han declarado desde la Alianza Cero Deforestación.

Presiones políticas que no aparecen en los titulares
El reglamento está sometido a fuertes presiones políticas. Por un lado, el gobierno estadounidense ha estado presionando a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea para que debiliten el texto. Incluso un alto funcionario del Departamento de Agricultura de EE UU ha llegado a afirmar que la ley perjudicará la relación comercial entre la UE y EE UU.
La Casa Blanca alude a que EE UU representa un riesgo insignificante de deforestación, lo cual contrasta con los datos de la FAO: este país registró una pérdida neta anual de bosques de alrededor de 120.000 hectáreas entre 2015 y 2025, casi el doble del umbral de lo que propone revisar.
Sin embargo, esta presión podría deberse a que EE UU ha perdido una parte sustancial de su cuota de mercado de soja en China frente a Brasil, lo que convierte a la UE en un destino estratégicamente valioso para sus exportadores.
Por otro lado, la Comisión Europea y los gobiernos de la UE pretenden desregular normas ambientales cruciales de la UE.
Las organizaciones que forman parte de la Alianza Cero Deforestación advierten de que esta ofensiva no solo podría afectar a la lucha en defensa de los bosques y la biodiversidad. También a la capacidad de la UE para aprobar legislaciones medioambientales ambiciosas, así como para cumplir con sus obligaciones de mitigación del cambio climático en virtud de su propia Ley del Clima.

La sociedad civil aprieta cuando la política duda
La Casa Blanca alude a que EE UU representa un riesgo insignificante de deforestación, lo cual contrasta con los datos de la FAO: este país registró una pérdida neta anual de bosques de alrededor de 120.000 hectáreas entre 2015 y 2025, casi el doble del umbral de lo que propone revisar.
Ante este escenario, la sociedad civil europea se está movilizando con la campaña Hands Off the Nature («Quitad las manos de la naturaleza»), que busca detener la ofensiva de recortes a la legislación ambiental europea, destacar la importancia de los bosques, y reclamar la implementación inmediata del reglamento EUDR sin retrasos ni debilitamientos.
Para ello, se están recogiendo firmas de la ciudadanía europea a través de la página web de la campaña. Hasta la fecha se han recogido más de 350.000 firmas y se espera llegar al medio millón las próximas semanas.
La Alianza Cero Deforestación ha recalcado: «Las propuestas que impulsa la Comisión Europea de Von der Leyen con el PP europeo y la extrema derecha pueden provocar el mayor retroceso de la historia en la protección de la naturaleza y de la salud de la ciudadanía europea. En el contexto actual de crisis climática y de pérdida acelerada de biodiversidad, la UE no puede permitirse titubeos en la protección de los bosques: debe aplicar el EUDR y hacerlo sin concesiones».
La Alianza Cero Deforestación está formada por: Amigos de la Tierra, Carro de Combate, ClientEarth, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Greenpeace España, Justicia Alimentaria, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF España.
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Kast frena decenas de decretos de protección al ambiente en Chile

Fecha de Publicación: 19/03/2026
Fuente: Agencia AFP
País/Región: Chile


El nuevo gobierno de Chile de José Antonio Kast frenó 43 decretos de protección ambiental firmados por su antecesor, el mandatario izquierdista Gabriel Boric, y que estaban a la espera de entrar en vigencia, informó este martes el Ministerio del Medio Ambiente.
Entre las medidas detenidas figuran una norma para regular emisiones en centrales termoeléctricas, la creación de varios parques nacionales protegidos y la conservación de la ranita de Darwin, un pequeñísimo anfibio en peligro de extinción que habita en el sur de Chile y Argentina.
El ministerio retiró los decretos firmados entre 2023 y 2026 por el gobierno de Boric mientras aún estaban en revisión por la Contraloría, un paso previo a su entrada en vigor, según un documento difundido por la prensa y confirmado por la institución.
"Queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente", dijo Kast al ser consultado por la prensa sobre el retiro de los decretos.
La decisión se tomó el jueves, un día después de que el ultraderechista de 60 años asumiera la presidencia.
En una declaración pública, el Ministerio de Medio Ambiente explicó que se busca "asegurar" que los instrumentos "respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes" y que es "una práctica habitual al inicio de una nueva gestión".
"Entiendo que haya preocupación (...), pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo. Y esto apunta en esa línea", agregó Kast.
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Ecuador desafía orden judicial de cerrar operación petrolera en Yasuní

Fecha de Publicación: 18/03/2026
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Ecuador


Ecuador está incumpliendo disposiciones clave de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) destinada a proteger a los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, denunció este lunes 16 la organización Human Rights Watch (HRW).
Esos pueblos viven en aislamiento voluntario dentro del parque nacional Yasuní, en el este del país y el cual ha sido asiento de explotaciones petroleras, con de derrames de crudo en la cuenca del río Napo, un afluente del Amazonas.
La Corte IDH determinó que la extracción petrolera generó contaminación ambiental y aumentó los riesgos de contacto forzado con estos grupos, lo que podría exponerlos a enfermedades, desplazamiento, escasez de alimentos y conflictos por los recursos, en su sentencia del 14 de marzo de 2025.
El tribunal ordenó a Ecuador adoptar medidas para proteger a esos pueblos indígenas, incluyendo detener de inmediato las operaciones petroleras en una zona del parque conocida como Bloque 43.
El gobierno ecuatoriano ya estaba obligado a detener la producción petrolera en el Bloque 43 en virtud de una consulta popular nacional realizada en 2023.
A pesar de que el tribunal, cuyos fallos son inapelables y de obligado acatamiento, fijó como fecha límite marzo de 2026 para mejorar las medidas de protección y supervisión, el Gobierno ha obtenido pocos resultados.
El país, que produce unos 460 000 barriles (de 159 litros) de crudo al día, “sigue permitiendo la extracción en el Bloque 43, anteponiendo la producción petrolera por encima de los derechos de las comunidades indígenas”, dijo el especialista invitado de HRW, José Rodríguez Orúe.
Ecuador “debería adoptar medidas inmediatas para suspender la extracción petrolera en el Bloque 43 y cumplir plenamente con la sentencia de la Corte para respetar los derechos de los pueblos indígenas en el parque nacional”, subrayó Rodríguez Orúe.
Pese a la orden judicial, durante 2025 el gobierno permitió que continuara la producción petrolera en el Bloque 43 y no proporcionó información sobre las condiciones ambientales en zonas aledañas.
El gobierno tampoco cumplió con el plazo de septiembre de 2025 para establecer una comisión técnica ordenada por la Corte para monitorear los movimientos de las personas que viven en el área y determinar si debe ampliarse una zona protegida dentro del parque nacional para proteger el territorio tagaeri y taromenane.
En noviembre y diciembre de 2025, HRW entrevistó sobre el tema a 13 líderes y miembros de comunidades del pueblo indígena waorani, a un líder de una comunidad del pueblo indígena kichwa situada dentro del Bloque 43, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos y economistas.
Los tagaeri y taromenane, de carácter seminómada, viven en la Amazonia ecuatoriana, incluyendo una sección del parque nacional Yasuní. En 1999, Ecuador estableció la “Zona Intangible Tagaeri Taromenane”, un área núcleo del parque nacional donde toda actividad extractiva está prohibida.
Una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros separa las instalaciones petroleras y la zona intangible.
Las operaciones petroleras continuaron en otras áreas del parque, incluyendo el adyacente Bloque 43. Un informe gubernamental de 2024 reconoció que las operaciones petroleras allí “representaban una amenaza” para su supervivencia.
La Corte IDH ordenó al gobierno adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que la consulta popular (de 2023) se implemente efectivamente y que se prohíba la explotación petrolera en el Bloque 43”.
Defensores ambientales presentaron una acción de incumplimiento contra el gobierno en noviembre de 2025 por no cerrar el Bloque 43.
Datos de la empresa estatal Petroecuador mostraron que, salvo por un período en julio en el que la producción petrolera nacional cayó debido a daños en oleoductos, la producción del Bloque 43 se mantuvo constante durante todo 2025, con un promedio de 1,2 millones de barriles de petróleo extraídos cada mes.
Las autoridades no han brindado acceso público a la información sobre el monitoreo ambiental requerido desde abril de 2024. De conformidad con la legislación ecuatoriana, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica debe presentar estos informes a la Asamblea Nacional cada seis meses.
La capacidad de Ecuador para proteger a los pueblos tagaeri y taromenane se ha visto aún más debilitada por cambios que han menoscabado ministerios clave.
El presidente Daniel Noboa degradó el anterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a un viceministerio dentro de un nuevo Ministerio de Ambiente y Energía. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos también fue degradado a un viceministerio bajo el Ministerio de Gobierno.
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Funcionarios de EEUU presionan en España y en otros miembros de la UE para debilitar la Ley contra la deforestación

Fecha de Publicación: 10/03/2026
Fuente: Servimedia
País/Región: Estados Unidos - Unión Europea


Una delegación de funcionarios estadounidenses visita esta semana varias capitales de los países de la Unión Europea (UE), Madrid entre ellas este mismo lunes, para hacer 'lobby' contra la normativa del bloque comunitario sobre la deforestación, en un último intento por debilitar la norma, a pocas semanas de que la Comisión Europea decida si la endurece o no, según han informado a Euractiv cuatro fuentes cercanas a esos contactos.
La normativa europea exigirá a las empresas que a partir de diciembre de 2026 demuestren que determinados productos vendidos en la UE —entre ellos, el cacao, el café, la soja, el aceite de palma, el caucho, animales de ganadería y la madera— no han contribuido a la deforestación. La aplicación de la norma se ha retrasado en repetidas ocasiones.
Está previsto que funcionarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) visiten además de Madrid, Roma, Berlín, París y Bruselas.
Las reuniones comenzaron el lunes por la mañana en Madrid, donde una delegación estadounidense de ocho personas se reunió con María Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Biodiversidad de España, según informó un funcionario del Gobierno español a Euractiv.
Washington cargó duramente contra la norma europea por considerarla una barrera al comercio en un informe de la USTR, y ha presionado a Bruselas para que declare que Estados Unidos es un "riesgo insignificante" para la deforestación mundial, en una declaración conjunta acordada el verano pasado.
"La UE no debe comprometer sus prioridades sociales, medioambientales o económicas para satisfacer intereses externos", declaró a Euractiv Anke Schulmeister-Oldenhove, directora de protección de bosques de la ONG WWF en Bruselas, en respuesta a la medida estadounidense.
La polémica ley fue reabierta en diciembre, y las instituciones de la UE acordaron que la Comisión Europea tiene que presentar antes del próximo mes de abril medidas adicionales para "simplificarla". Sin embargo, Bruselas no se comprometió a realizar cambios sustanciales que requirieran la reapertura de las negociaciones entre las instituciones de la UE.
La Comisión Europea sugirió recientemente que los cambios podrían limitarse a ajustes técnicos en la lista de productos cubiertos por la normativa, entre ellos la inclusión del café instantáneo y el jabón a base de aceite de palma.
Washington lleva tiempo presionando para evitar una actualización de la evaluación comparativa de la UE sobre el riesgo de deforestación, que determina el número de controles y requisitos administrativos a los que se enfrentan los importadores cuando exportan esos productos a la UE.
La evaluación comparativa, que se basa en los datos forestales de las Naciones Unidas, clasificó a Estados Unidos como de "bajo riesgo".
En ese sentido, dos fuentes cercanas a las conversaciones explicaron a Euractiv que Washington ha pedido a los miembros de la UE y a la Comisión Europea que cambien la metodología utilizada para clasificar a los países para evitar una posible reclasificación de la categoría de riesgo más bajo a la 'estándar'.
La Comisión Europea no confirmó si se reuniría con sus homólogos estadounidenses esta semana en el momento de la publicación de este artículo.
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El Parlasur debatirá en Córdoba un proyecto con apoyo de más de 70 ONG para declarar al Mercosur libre de trofeos de caza

Fecha de Publicación: 09/03/2026
Fuente: Portal PrensaMercosur
País/Región: América del Sur


El próximo 9 de marzo, en el marco de las sesiones ordinarias del Parlamento del Mercosur (Parlasur), se tratará un proyecto impulsado por el parlamentario santacruceño Franco Metaza y elaborado por la ONG cordobesa Pumakawa. La propuesta busca declarar al Mercosur como “zona libre de tráfico de fauna y trofeos de caza”, y ya cuenta con el respaldo de más de 70 ONG sudamericanas agrupadas en el Observatorio de lo Silvestre.

Objetivos del proyecto
La iniciativa pretende que los países del bloque implementen políticas públicas para prohibir la comercialización de fauna silvestre y trofeos de caza (cabezas, cuernos, plumas, pieles). Aunque las leyes del Parlasur no son vinculantes, funcionan como recomendaciones que pueden ser adoptadas por los Estados miembros.
Este proyecto se enmarca en una tendencia global hacia la protección de la biodiversidad y la limitación de prácticas que generan impactos ecológicos, sociales y éticos.

Antecedentes en Argentina
En 2022, la Resolución 133/2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible prohibió la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies autóctonas.
También cerró la posibilidad de habilitar criaderos con fines cinegéticos, buscando frenar la explotación comercial de fauna nativa.

Impactos de la caza de trofeos
La caza de trofeos es cuestionada por:
- Impacto ambiental: elimina ejemplares adultos reproductores, debilitando la estructura genética de las poblaciones.
- Impacto social y ético: la mayoría de la población latinoamericana rechaza esta práctica. En Argentina, el 90 % de la sociedad se manifiesta en contra, con porcentajes aún mayores en especies amenazadas.
- Impacto cultural: campañas y muestras como Naturaleza Muerta. Trofeos de Caza visibilizan la violencia y dominación detrás de cada trofeo exhibido.
El 9 de marzo se discutirá la importancia de declarar el Mercosur libre de tráfico de trofeos de caza y fauna silvestre.

Crisis de biodiversidad en Sudamérica
Entre 1974 y 2024, las poblaciones de vida silvestre en América Latina y el Caribe disminuyeron un 95 %, la cifra más alta a nivel global.
- El tráfico de fauna silvestre es el cuarto negocio ilícito más lucrativo del mundo, con ganancias de hasta 20.000 millones de dólares anuales.
- Especies más afectadas: aves canoras, reptiles, primates y grandes mamíferos como el jaguar.
- Mortalidad extrema: el 90 % de los animales muere durante la captura y traslado.
- Países clave: Ecuador y Perú destacan en casos de caza furtiva y exportación ilegal.
- Destinos internacionales: España y Países Bajos figuran entre los principales importadores de aves ilegales desde Sudamérica.

Casos emblemáticos
- Jaguar (yaguareté): redes ilegales en Argentina y Bolivia cobraban hasta 50.000 dólares por ejemplar.
- Argentina como importador: ocupa el puesto 23 mundial en importación de trofeos de caza. Entre 2020 y 2025 ingresaron 456 trofeos, principalmente de elefante africano, león y cebra.
- Regulaciones locales: mientras provincias como Neuquén autorizaron la caza de pumas, aerolíneas como Aerolíneas Argentinas prohibieron transportar trofeos en sus vuelos.

Marco legal y sanciones
En Argentina, la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna establece penas de hasta 3 años de prisión por tráfico organizado. La propuesta del Parlasur busca extender este tipo de medidas a nivel regional, reforzando la cooperación entre países.
La declaración del Mercosur como zona libre de tráfico de fauna y trofeos de caza sería un paso histórico en la defensa de la biodiversidad sudamericana. Más allá de su carácter no vinculante, el proyecto refleja un mandato social y ético: terminar con prácticas que representan crueldad, desigualdad y degradación ecológica.
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Relatores de la ONU expresan su preocupación por reforma de la ley argentina de glaciares

Fecha de Publicación: 07/03/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: Argentina


Cuatro relatores de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el proyecto de ley en debate en Argentina que impulsa cambios en la ley de protección de glaciares aprobada en 2010 para permitir la minería en áreas cercanas a los campos de hielo.
«Quisiéramos expresar nuestra preocupación por el posible impacto que dicha iniciativa podría tener sobre el cambio climático y en el goce efectivo de los derechos humanos», señalaron en una misiva los relatores, expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La carta, dirigida al Gobierno de Javier Milei, lleva las firmas de Damilola Olawuyi (presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales) y Astrid Puentes Riaño (relatora especial sobre el derecho humano a un medioambiente limpio, sano y sostenible).
También de Albert Barume (relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas) y de Pedro Arrojo-Agudo (relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento).
En la misiva, los expertos indican que están en juego el derecho al agua, el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible y los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, «reconocidos en las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina».
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo de Milei, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
El Gobierno alegó que esta modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Entre otros puntos, los relatores de la ONU recuerdan el deber de proteger la biodiversidad establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual la Argentina es parte.
También cuestionan el desplazamiento desde un régimen de prohibiciones claras hacia un esquema de determinación caso por caso, así como la falta de participación social amplia y adecuada, conforme a los estándares internacionales, en el debate de la reforma, que ya fue aprobada por el Senado el pasado 26 de febrero y ahora debe ser tratada en la Cámara de Diputados.
El contenido de la misiva fue difundido este jueves por organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). 
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Los litigios sobre su herbicida con glisofato agravan las pérdidas de Bayer

Fecha de Publicación: 06/03/2026
Fuente: Agencia France24
País/Región: Internacional


El gigante alemán de agroquímica y farmacia Bayer registró en 2025 su tercera pérdida neta consecutiva, lastrado por los litigios relacionados con el glifosato en Estados Unidos, pero asegura que absorberá estos costos gracias a un amplio acuerdo financiero. 
El grupo anunció una pérdida de 3.620 millones de euros (4.200 millones de dólares), un 42% más que en 2024, en lo que son sus peores cifras desde 2020, año de la pandemia, según un comunicado publicado el miércoles.
"Estamos constatando avances en nuestro amplio plan de saneamiento, pero el camino todavía es largo", aseguró su CEO, Bill Anderson, en una rueda de prensa sobre los resultados.
El año pasado, preveía que 2025 sería "el más difícil en términos de desempeño financiero", debido a los gastos excepcionales de miles de millones de dólares vinculados a las demandas judiciales contra el Roundup, su herbicida con glifosato de su filial Monsanto acusado de ser cancerígeno.
Anderson confía en poder cerrar en 2026 el capítulo judicial gracias a un acuerdo de hasta 7.250 millones de dólares para cubrir las reclamaciones "actuales y futuras" sobre este herbicida, anunciado recientemente en Estados Unidos.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer considera el glifosato, uno de los ingredientes del Roundup, como un probable carcinógeno, pero Bayer afirma que los estudios científicos y las autorizaciones reglamentarias demuestran que el herbicida es seguro.
Desde la compra de la compañía estadounidense Monsanto en 2018, Bayer ha tenido que desembolsar más de 10.000 millones de dólares en procesos judiciales.
Bayer también apuesta por un giro judicial después de que la Corte Suprema estadounidense aceptara examinar el recurso del gigante alemán sobre la admisibilidad de las demandas. La decisión se hará pública de aquí a finales de junio.
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Tráfico de basura: lucrativo para algunos, tóxico para todos 

Fecha de Publicación: 27/02/2026
Fuente: ONU
País/Región: Internacional


Redes de crimen organizado y corporaciones están detrás del creciente negocio de la gestión ilegal de residuos en todo el mundo. Los traficantes mueven la basura por sofisticadas rutas intercontinentales para ganar millones de dólares y evadir así muchas de las sanciones. 
El comercio ilegal y el tráfico de residuos, muchos de ellos tóxicos, es un lucrativo negocio en todos los continentes para unos pocos debido a una regulación irregular, la astucia de los grupos delictivos y la corrupción. Su alto coste lo pagamos todos. 
En su nuevo informe “Delitos y trata de residuos”,  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica cinco categorías principales de tráfico ilegal: 
- basura electrónica
- plásticos
- vehículos
- metales 
- mezclas de residuos
Se trata de un comercio ilícito que “sigue siendo increíblemente difícil de detectar, investigar y procesar”, afirma Candice Welsch, directora de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la UNODC. “No se trata de un desafío abstracto, sino de uno con graves consecuencias para la salud pública, ya que impulsa la contaminación tóxica del agua potable, el océano, el suelo y más”.

Mayor impacto en los países más pobres
Las actividades de esta red mundial de tráfico de desechos afectan en mayor medida a los países con menos recursos. Los plásticos y residuos electrónicos con sustancias tóxicas se envían desde países ricos a regiones que tienen menos capacidad para gestionar este tipo de basura.
Para lograrlo, estas redes criminales y algunas corporaciones se apoyan en estructuras legales existentes y explotan las regulaciones más débiles. 
La ausencia de sanciones armonizadas a nivel mundial permite a los traficantes encontrar rutas alternativas, ya que traficar con los residuos resulta mucho más barato que cumplir con los estándares legales. Todas las regiones del mundo están involucradas en la exportación, importación o tráfico ilegal de residuos, explica este estudio de la ONU. 

Millones de toneladas de desechos 
El Banco Mundial estima que para 2050, cerca del 70 % de la población vivirá en ciudades donde la producción mundial de residuos sólidos alcanzará 3400 millones de toneladas, creciendo más rápido que la población. En los países de bajos ingresos, esta cantidad podría triplicarse, con más de la mitad de los desechos depositados al aire libre.
Actualmente, un tercio de los residuos no se gestiona de manera ambientalmente segura, y los datos sobre manejo ilegal siguen siendo escasos.  
Entre las prácticas detectadas en la eliminación y tratamiento ilícitos de residuos, el estudio de la ONU señala la mezcla con otros materiales, el almacenaje ilegal en almacenes, la quema, el uso como combustible, el enterramiento o la acción de arrojarlos en la naturaleza.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica en su informe que “mejorar la comunicación y los datos sobre rutas sospechosas, junto con sanciones armonizadas, es esencial para predecir, prevenir y detener estos flujos ilegales de residuos”, en un mundo donde el creciente negocio lucrativo del tráfico de residuos afecta cada vez más a la salud de las personas. 
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Menonitas serán llevados a juicio por deforestación en el Meta

Fecha de Publicación: 23/02/2026
Fuente: RCN Noticias
País/Región: Colombia


Doce ciudadanos de nacionalidad mexicana pertenecientes a la comunidad menonita serán llevados a juicio por la Fiscalía General de la Nación, acusados de deforestar extensas regiones en el este de Colombia.
El ente acusador sostiene que los extranjeros incurrieron en la "tala de bosque natural" sin contar "con los permisos y/o autorizaciones legales" en el municipio de Puerto Gaitán, del departamento del Meta, durante un periodo comprendido entre 2016 y 2021.
Este proceso judicial surge en medio de una creciente tensión en el departamento llanero, donde el grupo ultrarreligioso se ha enfrentado con comunidades indígenas, que reclaman dichas tierras como territorios ancestrales.

¿Cuándo llegaron los menonitas a Colombia?
La expansión de este grupo en territorio colombiano no es un fenómeno actual. Las primeras iglesias menonitas en el país se remontan a la década de los 50. Sin embargo, el grupo de extranjeros, reconocibles por sus overoles y sombreros de paja, arribó a la región del Meta en 2014 con el fin de adquirir predios para la agricultura a gran escala.
Su modelo, basado en los cultivos de soja y maíz a gran escala, ha generado una huella ambiental crítica; de hecho, registros de imágenes satelitales confirman una fuerte deforestación en Liviney, uno de sus asentamientos más prósperos. Estas prácticas de acumulación de tierras y eliminación de bosques nativos ya han provocado denuncias similares contra la comunidad en países como Perú y Bolivia.

Comunidades herméticas y tradicionalistas:
Los menonitas se caracterizan por ser grupos herméticos y autosuficientes que rechazan el mestizaje y el uso de energía eléctrica comercial. Aunque su origen histórico se sitúa en la Europa del siglo XVI y su llegada a México ocurrió a principios del siglo pasado, su reciente migración hacia zonas remotas de América Latina ha intensificado los conflictos socioambientales.
En el caso colombiano, el choque cultural y legal es profundo, ya que los acusados se comunican mayoritariamente en alemán —la lengua de sus ancestros— mientras transforman ecosistemas estratégicos en zonas de producción industrial, lo que les ha ganado una cita ante el tribunal.
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Primera revisión mundial del cumplimiento de las medidas a favor de biodiversidad

Fecha de Publicación: 19/02/2026
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Internacional


Representantes de gobiernos de todo el mundo comenzaron el lunes 16 en esta capital italiana una ronda crucial de negociaciones de la ONU sobre biodiversidad, en la que se puso en marcha la primera revisión mundial de cómo están actuando los países para proteger la naturaleza.
La sexta reunión del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE-6) del Convenio sobre la Diversidad Biológica se inauguró en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y congrega a negociadores gubernamentales, expertos técnicos y observadores de la sociedad civil de todo el mundo hasta el jueves 19.
Aunque algunos la consideran una reunión técnica, se espera que la sesión de cuatro días desempeñe un papel decisivo a la hora de determinar cómo se evaluarán los avances en los compromisos incluidos en el Marco Mundial de Kunming-Montreal sobre la Diversidad Biológica y si las promesas políticas pueden traducirse en medidas concretas y cuantificables sobre el terreno.
«Este es el momento de pasar de los compromisos a los resultados», afirmó la brasileña Clarissa Souza Della Nina,  presidenta del Órgano Subsidiario de Ejecución. «La tarea que tenemos ante nosotros es ayudar a los países a acelerar las medidas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad; añadió.

Un balance global para la naturaleza
Las negociaciones de Roma se producen dos años después de que los países completaran el primer Balance Mundial en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático, que confirmó que el mundo sigue muy lejos de alcanzar los objetivos climáticos.
Ahora comienza un ejercicio paralelo para la biodiversidad.
En el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), los gobiernos llevarán a cabo la primera revisión global de los progresos en la aplicación del Marco Mundial  Kunming-Montreal sobre Diversidad Biológica, adoptado al finalizar 2022 en Montreal.
El marco incluye 23 objetivos que abarcan la conservación, las finanzas, la equidad y la transformación económica, con el objetivo general de detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030.
El seguimiento de la biodiversidad es más complejo que el cálculo de las emisiones, pero, según los responsables del CDB, es urgentemente necesario.
«Ha llegado el momento de hacer las paces con la naturaleza… La aplicación del Marco Mundial de Kunming-Montreal sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París de forma sinérgica hará que la paz con la naturaleza esté al alcance de la mano», afirmó Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del CDB.

Por qué es importante Roma
La SBI-6, la sigla en inglés por el que también se conoce al OSE-6, desempeña un papel fundamental en la preparación de la próxima revisión mundial de la biodiversidad, ya que examina los progresos realizados en la aplicación, pone de relieve las deficiencias y propone formas de acelerar la acción.
Los negociadores presentarán los resultados directamente a la 17 Conferencia de las Partes (COP17) del CDB, que se celebrará en Ereván, la capital de Armenia, en octubre.
«Un año después de la conclusión de la COP16 aquí en Roma, debemos asegurarnos de que estas reuniones den lugar a avances reales. La presentación puntual de los informes nacionales es esencial para una revisión mundial sólida y creíble en la carrera hacia 2030», afirmó Schomaker.
La COP16 se celebró en la ciudad colombiana de Calí en octubre de 2024, pero debió ampliarse a un encuentro especial en Roma seis meses después, para determinar algunas de sus conclusiones.
Uno de los principales objetivos del OSE-6 es el análisis por parte de la Secretaría del CDB de las estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad presentados desde 2022.
Sin embargo, a pesar del impulso creciente, siguen existiendo importantes lagunas. Muchas estrategias aún no integran adecuadamente a los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres, los jóvenes o el sector privado. Los objetivos cruciales relacionados con la transformación económica y social, incluidos el consumo sostenible, la equidad y la distribución de beneficios, siguen sin recibir la atención que merecen.
Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), subrayó el 22 de enero lo que está en juego durante la presentación del informe Estado de las Finanzas para la Naturaleza 2026:
«El hecho de que las inversiones se destinen a la destrucción de la naturaleza o a su protección determinará si vivimos en junglas de asfalto vulnerables al clima o en ciudades verdes resistentes al clima», remarcó al destacar que las decisiones financieras y políticas que se tomen hoy determinarán la capacidad de los países para alcanzar los objetivos de biodiversidad.

Desafíos de género, finanzas y capacidad
Los delegados gubernamentales en la reunión de Roma también están revisando los avances del Plan de Acción de Género del CDB (2023-2030). Las primeras evaluaciones muestran que solo una cuarta parte de los países involucraron a grupos de mujeres en la elaboración de estrategias de biodiversidad, y solo 12 % tiene previsto hacerlo en el futuro.
«Garantizar la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres y otros titulares de derechos es fundamental para la rendición de cuentas, la inclusividad y la eficacia de las medidas en materia de biodiversidad, así como para alcanzar todos los objetivos del marco mundial», afirmó el Grupo de Mujeres del CDB en su presentación oficial.
Las finanzas siguen siendo otro punto importante de debate. Si bien se espera que las principales decisiones de financiación se tomen a finales de este año, las deliberaciones de Roma se basan en gran medida en nuevas investigaciones sobre la financiación de la biodiversidad, la deuda soberana y las conexiones entre la financiación del clima y la naturaleza.
«Si queremos movilizar la financiación y los recursos que la naturaleza necesita urgentemente, las empresas, las finanzas y los gobiernos deben afrontar la realidad de que las persistentes lagunas en materia de datos fiables, incentivos y capacidad institucional están frenando la adopción de medidas significativas», afirmó Matt Jones, copresidente de la Evaluación de la IPBES sobre las empresas y la biodiversidad 2026.
El representante del IPBES (la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas ) añadió que «a menos que se aborden estas barreras, muchos países y sectores seguirán teniendo dificultades para convertir los objetivos acordados en resultados».

Cuenta atrás para los informes nacionales
La reunión de Roma se celebra poco antes de que los países deban presentar sus séptimos informes nacionales en el marco del CDB, cuyo plazo vence el 28 de febrero.
Estas publicaciones nacionales servirán como fuente principal de información para la revisión mundial de la biodiversidad, junto con las estrategias y objetivos nacionales.
Sin embargo, muchos países siguen sin estar preparados para presentar sus informes a tiempo. El primer día, Brasil, uno de los actores más influyentes en la política mundial de biodiversidad, destacó la necesidad de flexibilidad.
«Garantizar la calidad, la coherencia y la validación interna de los datos y los indicadores requiere tiempo adicional», dijo el delegado de Brasil en la reunión.
En este contexto, añadió, «Brasil sugiere que las recomendaciones del OSE den prioridad a la orientación técnica, la flexibilidad operativa y el apoyo específico al fomento de la capacidad para permitir la presentación de informes de alta calidad, en lugar de centrarse únicamente en reforzar los plazos».

Una prueba de responsabilidad
Aunque es poco probable que el OSE-6 dé lugar a anuncios que acaparen los titulares, sí que determinará la forma en que se evaluarán las medidas globales en materia de biodiversidad durante la próxima década.
Para los pueblos indígenas y las comunidades locales, que custodian una parte significativa de la biodiversidad que queda en el mundo, la reunión supone una prueba crucial para determinar si los derechos, la participación y las realidades vividas se reflejarán de manera significativa en el proceso de evaluación global.
«Este proceso debe conducir a la rendición de cuentas, no solo a la documentación», subrayó Pirawan Wongnithisathaporn, responsable del Programa de Medioambiente del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, quien pidió medidas tangibles en lugar de limitarse a la presentación de informes.
La OSE-6 concluirá el jueves 19 y las negociaciones continuarán en el OSE-7 en agosto, mientras los gobiernos avanzan hacia la primera revisión mundial de la biodiversidad en la COP17, que acogerá Ereván del 19 al 30 de octubre.
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