Sojeros de Brasil criticaron el plan de Europa contra la deforestación

Fecha de Publicación: 30/11/2021
Fuente: El Observador (Uruguay)
País/Región: Brasil - Unión Europea


La propuesta de la Unión Europea (UE) de prohibir la importación de determinados productos que favorezcan la deforestación es un “proteccionismo disfrazado de preservación medioambiental”, afirmó esta semana la Asociación de Productores de Soja (Aprosoja) de Brasil, uno de los países líder en el mundo en exportación de este grano.
La propuesta de legislación, presentada por la Comisión Europea el 17 de noviembre, “es una afrenta a la soberanía nacional y coloca en la misma bolsa la transformación del uso del suelo permitida por ley y la deforestación ilegal, que ya es castigada según la legislación brasileña”, criticó en un comunicado la Aprosoja.
“La Unión Europea tiene que entender que ya no es más la metrópoli del mundo y que Brasil y el resto de los países de Sudamérica dejaron de ser sus colonias”, resaltó la asociación. Y añadió: “Si los europeos están preocupados con nuestras selvas, podrían aprovechar la calidad de sus tierras para replantar sus bosques e instituir, como aquí, la reserva legal y las áreas de protección permanentes dentro de las propiedades rurales”, en referencia a la obligación de preservar entre 20% y 80% de la vegetación nativa prevista en el código forestal brasileño.
Bruselas propuso prohibir la importación de madera y otros productos como soja, carne vacuna, aceite de palma, cacao y café que contribuyan con la deforestación, una iniciativa que las ONG medioambientalistas desearían ver ampliada a otros sectores.
El plan, que será debatido el próximo año por los miembros de la UE y por los eurodiputados, exigiría que las empresas interesadas en exportar demuestren que los productos están certificados como “libres de deforestación”.

Deforestación en la Amazonía
Las reglas podrían afectar a países como Brasil, en momentos en que la inquietud europea por la deforestación desenfrenada en la región amazónica está retrasando la adopción del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil divulgó nuevos datos que estiman que entre agosto de 2020 y julio de 2021 fueron deforestados 13.235 km² en la Amazonía brasileña, un aumento de 22% respecto a igual período anterior, y en los peores niveles en 15 años.  
El tercer aumento anual de la deforestación en este bioma bajo el gobierno de Jair Bolsonaro pone en entredicho la promesa del país de revertir esta tendencia y  de eliminar la deforestación ilegal para 2028, tal como se comprometió en la última conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio climático, la COP26.
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Las emisiones CO2 subieron un 18 % en la UE un año después del confinamiento

Fecha de Publicación: 30/11/2021
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Unión Europea


Las emisiones dióxido de carbono (CO2) en la Unión Europea se dispararon un 18 % en el segundo trimestre de 2021 respecto al mismo período de 2020, cuando la gran mayoría de países de la UE aplicaron confinamientos y cese de actividades para frenar al entonces recién llegado coronavirus.
En concreto, entre abril y junio de 2021 la UE liberó gases de efecto invernadero por 867 millones de toneladas de equivalentes de CO2, según datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.
Esa cifra, no obstante, se mantiene “por debajo de los niveles prepandémicos de cualquier trimestre” y sólo lo supera el segundo trimestre de 2020 durante la parálisis del brote inicial de covid.
“En el segundo trimestre de 2021, los sectores económicos responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero fueron el de la manufactura y la construcción (34 %), el suministro eléctrico (19 %), la agricultura (14 %), los servicios de transporte (8%) y otros transportes (8 %)”, indicó Eurostat en un comunicado.
Además, los hogares emitieron otro 12 % en concepto de su transporte y 6 % para aclimatación y otros fines.
“A pesar del efecto del repunte económico entre el segundo trimestre de 2020 y 2021, la tendencia a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE muestra una reducción constante”, precisó Eurostat.
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Dos días de protestas contra la contaminación en Serbia

Fecha de Publicación: 30/11/2021
Fuente: EuroNews
País/Región: Serbia


Fin de semana de protestas contra el cambio climático en Serbia. El domingo miles de manifestantes salieron a las calles de la capital para denunciar la elevada contaminación atmosférica producida por las centrales eléctricas de carbón, la falta de dispositivos adecuados de filtrado del aire en minas y fábricas, y el uso de coches viejos y combustibles contaminantes para la calefacción de los hogares.
Bojan Simisic, activista de la Eco Guard, señala: "El informe de la agencia europea de medio ambiente dice que la tasa de mortalidad en Serbia es la mayor de Europa. Belgrado es la ciudad más contaminada de Europa. Al menos 15 ciudades de Serbia están más contaminadas que la ciudad más contaminada de la UE. 15 000 personas han muerto a causa de la contaminación. Son 50 muertes al día, más que por COVID-19. Y no decimos ni hacemos nada al respecto".
El sábado, los manifestantes bloquearon carreteras y puentes para protestar contra una legislación que, según ellos, favorece a inversores extranjeros, concretamente a Río Tinto, que intenta desarrollar el gigantesco proyecto Jadar de extracción de litio en el país.Por su parte, Río Tinto afirma que el proyecto cumplirá las normas medioambientales más estrictas. Hubo varios enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
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Científicos latinoamericanos alertan sobre "punto de no retorno" de la Amazonia

Fecha de Publicación: 29/11/2021
Fuente: Agencia DW
País/Región: Amazonia


El Panel Científico por la Amazonia, compuesto por más de 200 científicos de los países amazónicos y del mundo, dio a conocer el resultado de una evaluación integral y holística del estado de la cuenca de la región.
Aproximadamente 17% de los bosques de la Amazonia se han convertido en lugares de otros usos de la tierra y al menos 17% han sido degradados. Son datos de la evaluación que han llevado a cabo durante más de un año más de 200 científicos de países amazónicos y del mundo que integran el Panel Científico por la Amazonia (PCA). Los expertos que han participado en este ejercicio de cooperación académica internacional voluntaria, que ha permitido elaborar la investigación más integral y holística del estado del llamado "pulmón del planeta", apuntaron que 366.300 kilómetros de bosques fueron degradados entre 1995 y 2017.
Estos resultados alertan de un futuro no muy lejano. "Si la deforestación total supera entre 20 y 25% de la superficie forestal, el proceso de conversión de la selva tropical en una sabana podría volverse irreversible, dado también por el marco del calentamiento global y el aumento de la vulnerabilidad al fuego", explicó a DW el brasileño Carlos Nobre, copresidente del PCA debido a su experiencia científica sobre la Amazonia.
Alcanzar dicho "punto de no retorno" tendría consecuencias fatales para la región como "el desequilibrio y rompimiento de los balances de agua, energía y carbono de la cuenca amazónica, el debilitamiento del transporte de humedad por los ríos aéreos y los chorros de vientos superficiales en Suramérica, la disminución del transporte de humedad hacia los Andes", entre otros, detalló a DW el colombiano Germán Poveda, integrante de la comité de dirección científica del panel y revisor del texto de la evaluación.
Esto pone en riesgo "el suministro de agua para ciudades como Bogotá, Quito, Lima y La Paz" y contribuye con el "deshielo y retroceso de los glaciares y los páramos tropicales", agregó. Además, afecta "la calidad del aire en Suramérica debido a los incendios forestales asociados con la deforestación y alteración del chorro superficial, amenazando el suministro de agua y la calidad del aire en la cuenca del río de La Plata".
“El reporte del PCA es un esfuerzo de la comunidad científica, incluyendo el conocimiento ancestral, para alertar a los gobiernos de los países amazónicos y al resto del mundo que es urgente detener la deforestación, por todas las implicaciones que impone”, también aseguró.

Un informe con conclusiones y recomendaciones
Por este motivo, además de ofrecer las tendencias actuales de este ecosistema vital para el planeta, el informe proporciona 34 recomendaciones “para revertir la trayectoria que la región ha estado enfrentando de 50 años de destrucción y degradación en la búsqueda de sustentabilidad”, puntualizó Nobre.
La primera de ellas es una moratoria inmediata de deforestación en las áreas que se están acercando a puntos de inflexión, así como alcanzar la cero deforestación y cero degradación en toda la región amazónica antes de 2030. Precisamente, esta última medida fue uno de los compromisos que alcanzaron un centenar de países, entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, en la pasada COP26 de Glasgow (Reino Unido), lugar donde también se presentaron los resultados de dicha evaluación. “Temo que ese anuncio sea parte del "greenwashing" que fueron a exhibir muchos gobiernos en la COP26 y que sólo es retórica vacía de hechos y realidades concretas para detener la deforestación al año 2030”, consideró Poveda.
Además de la erradicación de la deforestación, los expertos llaman a llevar a cabo políticas de reforestación y restauración de los bosques, así como la protección de los pueblos originarios y sus derechos. “Los pueblos indígenas representan un reservorio de conocimiento, prácticas y saberes de la Amazonia. La lucha por los derechos individuales y colectivos continúa y debe formar parte de las agendas de desarrollo de la región, mucho más si consideramos que los territorios indígenas representan cada vez más barreras socionaturales a la alta transformación que está experimentando el bioma amazónico”, recordó a DW el boliviano Daniel Larrea, coordinador del grupo Gentes de la Amazonia y autor de diversos capítulos de la evaluación.
Larrea recalcó la implicación de miembros de pueblos originarios de la región en el proceso de elaboración de la evaluación. “Contó con la participación y consulta de líderes indígenas reconocidos, principalmente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (Coica), que compartió su visión de la Amazonia, sus anhelos, recordándonos permanentemente su lucha histórica y los duros golpes que han experimentado en los últimos siglos y décadas”, puntualizó.
En este sentido, el informe también destaca la necesidad de trabajar con el conocimiento local de los pueblos originarios y el establecimiento de asociaciones colaborativas, así como la propuesta de “un nuevo modelo de desarrollo para la Amazonia, basado en la bioeconomía, que rompa la tensión permanente entre desarrollo económico y desarrollo sostenible”, recalcó Poveda.
“El gran valor del bosque está en su inmensa biodiversidad. Una hectárea de bosque alberga miles de especies de plantas y animales, y también microorganismos que deben permanecer en equilibrio ecológico para prevenir la aparición de pandemias zoonóticas, en lugar de una sola especie de pasto”, recordó Nobre.
“Es hora de que los tomadores de decisiones políticas escuchen la voz de la ciencia”, concluyó Poveda.
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Cambio climático empujó a 100 mil mexicanos fuera de su hogar

Fecha de Publicación: 29/11/2021
Fuente: El Sol de México
País/Región: México


Abandonan su hogar por desastres naturales como las sequías, frentes fríos, inundaciones y huracanes
Los efectos adversos del cambio climático provocaron que en lo que va del año poco más de 100 mil mexicanos migraran de sus lugares de origen siendo ésta la segunda causa de desplazamiento interno en el país, sólo después de la pobreza e incluso por encima de la violencia.
De acuerdo con cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por su sigla en inglés), durante 2020, un total de 101 mil personas en toda la República Mexicana se vieron obligadas a dejar sus hogares a causa de desastres naturales como inundaciones, ciclones, huracanes, frentes fríos, sequías e incendios y para este año se prevé que la cifra alcance 110 mil nuevos desplazados o también llamados migrantes ambientales.
Sólo en Tabasco, las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en noviembre del año pasado causaron el desplazamiento de unas tres mil 600 personas que ya no pudieron regresar a sus hogares, según IDMC.
Un mes antes, el huracán Delta de categoría 4 que azotó la Península de Yucatán y la costa sureste de Estados Unidos dejó al menos 39 mil desplazados, la mayoría en territorio mexicano.
Los peligros relacionados con el clima, en particular las tormentas y la sequía, representaron el año pasado la mayoría de los nuevos desplazamientos asociados con los desastres naturales, lo que provocó que México se colocara entre las naciones de América Latina con mayor desplazamiento interno a causas de este tipo de catástrofes, sólo después de Honduras que enfrentó en menos de un mes los huracanes Eta e Iota, los cuales dejaron más de cuatro millones de damnificados en un país de casi 10 millones de habitantes. Entre ellos, siete mil migrantes ambientales.
En su informe sobre cambio climático y desplazamiento, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alerta que el impacto de los desastres naturales y los efectos más graduales del calentamiento global, como retroceso de las aguas, el aumento del nivel del mar para las comunidades costeras, las sequías más prolongadas y más duras, o el crecimiento de zonas que sufren desertificación, pueden crear nuevas poblaciones desplazadas y plantear desafíos para las ya existentes.
“El cambio climático y los desastres con frecuencia exacerban las condiciones que crean desplazamiento forzado a través de las fronteras, lo que proporciona un impulso adicional para huir”, subraya el documento.
En el caso de México, Pablo Escribano, experto en cambio climático y desplazamiento interno de la Organización Internacional para las Migraciones, ve con seria preocupación la vulnerabilidad de los mexicanos a los impactos del cambio climático, sobre todo en zonas rurales de estados como Chiapas o Tabasco, agravados por procesos de deterioro social y aumento de la violencia.
“Vemos una situación bastante delicada en la que hay poblaciones muy vulnerables, sobre todo en zonas rurales y costeras, por lo que se espera haya un incremento en la migración ambiental con consecuencias graves como el desarrollo de procesos de urbanización no planificados”, subrayó en entrevista con El Sol de México.
Destacó, además, que nuestro país no ha logrado mapas de riesgo eficientes ni tampoco frenar la construcción de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. “La idea es que en un país como México, las autoridades eviten la construcción de asentamientos humanos en zonas de riesgo. Eso es un foco de atención bastante importante porque las poblaciones siguen construyendo en zonas muy vulnerables a los impactos del cambio climático, lo que representa un riesgo bastante alto de desplazamiento”, agregó.
Asimismo, advirtió que para las zonas de recepción de estos desplazados ambientales, como la Ciudad de México, también existen peligros ya que el acceso a servicios de salud o educación se ven disminuidos, ello además del riesgo de mayor violencia.
“Los estudios demuestran que las migraciones ambientales son primordialmente internas, pero hay partes de México en las que la sequía aumenta la migración hacia Estados Unidos, es decir durante la temporada de sequías, la gente de las zonas rurales que la padecen esas largas temporadas de secas migran más hacia Estados Unidos”, afirmó.
Este año, México padeció la sequía más severa desde 2011 que vació las presas de la mayor parte del país y dejó imágenes como la del lago de Cuitzeo, en Michoacán, convertido en un arenal. Además, una feroz temporada de lluvias dejó graves inundaciones en el Estado de México, Jalisco y Chihuahua, así como el desbordamiento del río Tula, en Hidalgo, dejando destrucción y decenas de muertos. Además, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, de enero a octubre pasado, 617 mil 142 hectáreas de bosques en el país se consumieron por el fuego, casi el doble que durante todo el año anterior.
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Crisis climática agrava desigualdades urbanas en América Latina

Fecha de Publicación: 29/11/2021
Fuente: Agencia IPS
País/Región: América Latina


La megalópolis brasileña de São Paulo registró 932 locales inundados el 10 de febrero de 2020. La ciudad mexicana de Tula de Allende quedó 48 horas bajo el agua en septiembre de 2021. En Lima, la capital de Perú, casi nunca llueve, pero sus ríos se desbordaron en 2017 y enlodaron varios municipios metropolitanos.
Las inundaciones azotan con creciente frecuencia a las grandes ciudades latinoamericanas, probablemente debido a los efectos del recalentamiento planetario y también a los factores locales, como las extensas áreas construidas de hormigón y el asfalto, que sustituyeron a la vegetación.
Los fenómenos climáticos extremos agravan la desigualdad “en una América Latina que tiene las sociedades más inequitativas del mundo”, reconoció el ingeniero Manuel Rodríguez, profesor emérito de la Universidad de los Andes y el primero de los ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (1993-1996).
“Los más pobres viven en los barrios informales, tugurios, en las zonas más vulnerables a los riesgos ambientales, no urbanizables, en las riberas o piedemontes”, donde los alcanzan de forma trágica las inundaciones y los derrumbes, explicó a IPS por teléfono desde Bogotá.
Eso es especialmente determinante en la región más urbana del mundo y donde uno de cada cinco latinoamericanos vive en ciudades.
Es así que, además de los 932 puntos de inundación notificados a los bomberos el 10 de febrero de 2020, São Paulo sufrió también 166 derrumbes que destruyeron muchas casas. No se informó de muertes en aquel día, pero en general las lluvias torrenciales dejan víctimas en la ciudad de 12 millones de habitantes, que suben 10 millones más, si se incluye su área metropolitana.
Con un relieve ondulado y muchos pequeños valles, la mayor ciudad brasileña tiene barrios que conviven con inundaciones en todos los veranos más lluviosos. Para eso contribuyen los cerca de 300 arroyos que cruzan el territorio, la mayoría cubiertos por avenidas y encerrados en canales que no logran encauzar el aguacero.
Buena parte de los 1,28 millones de habitantes de las “favelas” (barrios pobres y hacinados) paulistas, según el censo oficial de 2010, vive en las tierras bajas, en muchos casos a lo largo de arroyos, sin saneamiento, de cuyas crecidas son las primeras víctimas. Esa población pobre correspondía a 11 % del total en el municipio.
En Río de Janeiro también hay “favelas” ribereñas, pero son más conocidas las que ocupan las laderas o la cima de los cerros que separan las zonas de la ciudad y algunos barrios. El riesgo allí son los derrumbes, que ya mataron mucha gente.
En la segunda mayor ciudad brasileña, las favelas cuentan 1,39 millones de pobladores, 22 % de la población total, según el censo de 2010.
“La topografía permite que ellos vivan cerca del empleo” y se trata de elegir “entre el empleo formal o vivir donde es más barato adquirir una vivienda”, apuntó Carolina Guimarães, coordinadora de la Red Nuestra São Paulo, organización no gubernamental que busca promover una ciudad “justa, democrática y sostenible”.
Lima, que tiene 10 millones de habitantes, y otras ciudades de Perú y de Ecuador fueron víctimas de El Niño Costero, el fenómeno climático que calienta las aguas del océano Pacífico pero solo cerca de esos dos países, donde intensifica las lluvias.
Esos y otros países andinos también enfrentan la amenaza del deshielo de los glaciares que podrá quitar agua a la población de la Cordillera de los Andes, recordó Rodríguez. En el Caribe el verdugo son los huracanes que tienden a azotar con más frecuencia y ser más agresivos.
A más pobreza, más impactos
Además de que los fenómenos golpean más a los pobres en América Latina, en la región más desigual del mundo estos tienen menos recursos para superar las pérdidas impuestas por la crisis climática, añadió el especialista colombiano.
“Comprar un nuevo refrigerador y otros aparatos dañados por cada inundación les cuesta mucho más. La pobreza es causa, al conducirlos al desastre, y también consecuencia de los mismos desastres”, corroboró Guimarães, excoordinadora de Gestión del Conocimiento en ONU Hábitat, la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos.

La lógica es perversa.
El negocio inmobiliario encarece los mejores sitios, más seguros con infraestructura y servicios. Sobran las áreas de riesgo donde los pobres “construyen su vivienda con las propias manos”, sin el apoyo de una política pública que les asegure una vivienda con “acceso a la ciudad”, sostuvo a IPS por teléfono desde São Paulo.
“Hay una desigualdad espacial que resulta del modelo de expansión de las ciudades, con baja densidad, que empuja las familias de bajos ingresos a la periferia, dificulta el acceso a transportes públicos y exige desplazamientos por largo tiempo”, señaló Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) en México.
WRI México diseño el Índice de Desigualdad Urbana (IDU), una herramienta para la formulación de políticas públicas, que cubre inicialmente 74 zonas metropolitanas mexicanas. Mide el acceso de la población al empleo formal y servicios como educación, salud y transportes, además de alimentación y cultura.
Ese modelo de urbanización usual también induce el asentamiento precario en áreas de riesgo, “un patrón constante que se repite en Ciudad de México, cuyo oriente ocupa laderas, donde el agua escurre muy rápido y favorece deslizamientos”, destacó en entrevisa con IPS por videollamada desde la capital mexicana, que tiene nueve millones de habitantes, que se elevan cerca de 20 millones al sumar su zona metropolitana.
Esa precariedad “es un fenómeno generalizado en América Latina y el Caribe, donde 25 por ciento de la población urbana vive en asentamientos informales”, según Rodríguez. Empujado a la periferia, donde la tierra es más barata, pero no hay empleos ni servicios públicos, tampoco urbanización, los pobres prefieren los tugurios cerca del centro, observó.

Desigualdad al desnudo
“La pandemia de covid-19 desnudó las desigualdades”, destacó Lazó.
Como ejemplo detalló que “hubo más muertos en la periferia oriental de Ciudad de México, donde es mayor la desigualdad. Un factor es la distancia, cuesta cinco veces más tiempo para llegar al hospital desde la periferia que desde el centro, muchos desisten de llevar el enfermo”.
Además, sin agua para la higiene y el lavado de manos, es más intenso el contagio entre los pobres.
Hay también una relación de poder dispar entre las mismas ciudades. Tula de Allende, una ciudad de 115 000 habitantes a 70 kilómetros al norte de la capital mexicana, sufrió una gran inundación de dos días en septiembre de 2021, no solo por las lluvias.
Las autoridades hídricas de Ciudad de México descargaron en el río Tula un exceso de aguas pluviales y residuales que podrían inundar la capital y el área metropolitana, en desmedro de la ciudad río abajo, donde el desbordamiento fluvial desalojó más de 10 000 personas y dejó sin electricidad a un hospital, por lo que murieron 16 pacientes.
Se necesita concertación. Un nuevo modelo de gobernanza, con planificación y coordinación en un ámbito metropolitano puede ser el camino, apuntó Lazo.
En Río de Janeiro, Aruan Braga, coordinador de Políticas Urbanas del Observatorio de las Favelas evaluó para IPS que “construir una ciudad más equitativa y democrática exige incorporar en la planificación a los sectores populares, que sostienen la ciudad en la vida cotidiana”, pero sin derecho a participar en las decisiones.
Las favelas que trepan los cerros es la imagen más conocida de Río de Janeiro, pero es también numerosa la población vulnerable en tierras bajas e inundables. Un ejemplo es el Complejo de la Maré (Marea), con cerca de 130 000 habitantes en 16 favelas unidas.
En la orilla de la bahía de Guanabara y del canal de Cunha, contaminado como una especie de alcantarillado a cielo abierto, ese conglomerado sufre “inundaciones todos los años”, realzó Braga, un sociólogo con maestría en políticas de desarrollo, tras explicar que la Maré ocupa un gran terreno ganado a manglares y áreas inundables.
Recibió pobladores trasladados de otras favelas centrales o de barrios ricos y playeros, hace cinco décadas, en un movimiento de “expulsión” de las favelas que no cesa. Maré creció también por estar al lado de la Avenida Brasil, la principal ruta de acceso al centro de la ciudad y acoger en su territorio instalaciones industriales.

Nuevas políticas para nuevo modelo
Los cuatro entrevistados coincidieron que son necesarias políticas públicas, del Estado, para por lo menos abrir caminos a la reducción de las desigualdades urbanas en América Latina.
Lazo destacó mecanismos que controlen la “voracidad” del mercado, como la exigencia de que proyectos habitacionales privados destinen una parte de las viviendas en construcción al sector vulnerable.
“En Francia esa proporción es de 50 %”, destacó como un ejemplo.
Braga identifica una buena posibilidad de reducir el déficit habitacional en Río de Janeiro con la destinación a la vivienda social de los edificios públicos ociosos, que son numerosos porque la ciudad fue capital del país hasta 1960 y la desocupación de los inmuebles estatales se prolongó durante décadas.
Movimientos que buscan soluciones comunitarias, de “urbanismo social”, de agricultura urbana y movilización de la población por una ciudad más equitativa e inclusiva apuntan al futuro, según Guimarães.
Su Red Nuestra São Paulo hace estudios sobre la desigualdad que apuntaron una diferencia de hasta 22,6 años – 80,9 a 58,3 años –  en la expectativa de vida entre barrios pobres y ricos de la ciudad.
Bogotá está en proceso de ordenar su territorio y se habla de la “ciudad de 30 minutos”, siguiendo el ejemplo de París, que busca que nadie tenga que caminar más que 15 minutos para hacer todo lo que necesita, mencionó el colombiano Rodríguez como un nuevo modelo en América Latina.
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Un muerto y tres heridos en accidente en central nuclear de Ascó

Fecha de Publicación: 27/11/2021
Fuente: Agencia DW
País/Región: España


Un trabajador de la central nuclear de Ascó (Tarragona), en el norte de España, resultó muerto y otros tres heridos por una fuga de dióxido de carbono (CO2) que produjo este miércoles (24.11.2021) cuando realizaban labores de mantenimiento en las instalaciones.
Según fuentes de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, el accidente ocurrió a las 18:55 horas en una zona no vinculada a la actividad radiológica de la central, sino en otra zona donde unos operarios realizaban labores de mantenimiento del sistema contra incendios de las instalaciones.
Los tres heridos son de carácter leve y han sido trasladados al Hospital de Mora d'Ebre, informó el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que desplazó al lugar del accidente a cuatro dotaciones.
En la zona afectada por la fuga de CO2, que ocasionó la pérdida de oxígeno, se hallaban en el momento del accidente tres trabajadores del servicio de mantenimiento y un bombero interno de la central.
Siete dotaciones de los bomberos de la Generalitat fueron desplazadas al lugar del incidente y se ha abierto una investigación para establecer las causas del mismo.
Los Bomberos de la Generalitat destacaron que, junto con el personal de la planta, se restableció la seguridad del recinto.
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Somalia declara el “estado de emergencia humanitaria” por la sequía

Fecha de Publicación: 27/11/2021
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Somalia


El primer ministro de Somalia, Mohamed Hussein Roble, ha declarado el “estado de emergencia humanitaria” en el territorio nacional por la persistente sequía que golpea a este país y que afecta -según la ONU- a 2,6 millones de personas.
“He declarado el país en estado de emergencia humanitaria“, afirmó Roble en un vídeo emitido en su cuenta de la red social Twitter tras una reunión de su gabinete celebrada este martes en Mogadiscio para analizar el problema de la falta de agua.
“Hago un llamamiento a todos los somalíes, empresarios, líderes religiosos, la diáspora y la comunidad internacional para que realicen esfuerzos concertados a fin de contribuir significativamente a mitigar el sufrimiento de los afectados por la sequía”, señaló el primer ministro.
El mandatario enfatizó que el país “está en una situación desesperada debido a la gravedad de la sequía”.
El país del Cuerno de África está experimentando un empeoramiento de la sequía después de tres temporadas de lluvias fallidas consecutivas, y corre el riesgo de sufrir una cuarta temporada de escasez de precipitaciones en 2021, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
“Hasta el 23 de noviembre, alrededor de 2,6 millones de personas, cerca del 22 % de la población en 66 de los 74 distritos del país, se ven afectadas por la sequía y casi 113.000 personas están desplazadas por la sequía en todo el país”, afirmó la OCHA en su último boletín, emitido a última hora del martes.

Aumenta el riesgo de enfermedades
La falta de acceso a agua potable y salubre, junto a instalaciones deficientes de higiene y saneamiento, han aumentado el riesgo general de enfermedades transmitidas por el agua, con un aumento de casos sospechosos de diarrea acuosa aguda, cólera y sarampión, de acuerdo con la ONU.
Aparte de esa calamidad, Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó a este país sin Gobierno efectivo y en manos de grupos islamistas como Al Shabab y señores de la guerra.
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Pueblos originarios, la otra resistencia que busca frenar el 'fracking' ante la reforma de AMLO

Fecha de Publicación: 27/11/2021
Fuente: Agencia Sputnik
País/Región: México


Al menos una decena de organizaciones de pueblos originarios presentaron ante el gobierno federal una serie de puntos con los que buscan ser parte de la discusión alrededor de la reforma energética impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
"Los pueblos y organizaciones indígenas exigimos que se respete nuestro derecho a la libre determinación. Por eso, exigimos ser partícipes en el sector energético que durante décadas nos ha violentado, con el despojo de nuestros bienes naturales y nuestros territorios", dijo Mario Castillo Quintero, integrante de la Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio de Oaxaca.
Castillo señaló que en esta zona los pueblos han visto cómo los bienes naturales se han explotado para generar, almacenar y transmitir energía eléctrica. Dicho abuso no solo ha venido por de las empresas privadas, sino también de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y "sin ningún beneficio real para los pueblos", señala.
En el Istmo de Tehuantepec el recurso explotado es el viento el cual sirve para generar energía eléctrica, pero paradójicamente existen pueblos y comunidades originarias sin acceso al recurso, con suministro insuficiente o por el cual tienen que pagar altas tarifas.
Ante ello, más de una decena de comunidades han externado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su interés en formar parte de la discusión alrededor de la reforma energética, siendo el centro de su propuesta poner un alto al fracking, una técnica de fractura hidráulica para la extracción de petróleo y gas de esquisto. ¿Cómo se logra esto? Cambiando la Constitución.
Ofelio Julián Hernández, integrante de la Unión de cooperativas Tosepan Titaniske, explicó que aunque la reforma que impulsa el actual gobierno de México tiene como base una "confianza ciega" en la CFE, una institución que también ha ejercido violencia y criminalizado a quienes se oponen a sus proyectos. Un ejemplo, refirió, es la lucha de Cuetzalan, un poblado ubicado en el estado de Puebla, el cual luchó contra el ingreso del fracking sus territorios.

¿Qué proponen?
La propuesta de los pueblos originarios tiene cuatro puntos básicos:
1. Que la Reforma energética proteja y respete los derechos territoriales y colectivos para prevenir que continúe el despojo "por parte de empresas privadas de energías y de la Comisión Federal de Electricidad", amparándose en los derechos reconocidos en la Constitución mexicana y en el Convenio 169 de la OIT.
2. Que se prohíba el fracking en la Constitución mexicana, referido a la tecnología de fractura hidráulica de las capas del subsuelo, inyectando químicos disueltos en agua para extraer petróleo y gas de esquisto, o shale.
3. Que se reconozca el derecho de las comunidades antes mencionadas a tener mecanismos de generación de energía renovable propios. Que esto sea legalmente respaldado y que se reconozca el papel del Estado en el fomento de proyectos de autoabasto de electricidad y de venta de energía a la red pública, mismos que pueden funcionar como una fuente de financiamiento colectivo.
4. Que se explicite en la reforma constitucional que México reconoce el derecho humano a la energía eléctrica, la cual debe ser "suficiente, aceptable, asequible y de calidad".
"Los pueblos indígenas tenemos una relación muy estrecha con la naturaleza y la hemos utilizado de forma sostenible, pero los intereses privados y las acciones de los gobiernos están destruyendo la base de nuestra vida", dijo Feliciano Cervantes Alváñez, comunero de El Mayor Cucapá y Presidente del Concejo Estatal para el rescate de los pueblos indígenas de Baja California.
La propuesta indígena para la Reforma energética fue suscrita por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y el territorio, de Oaxaca; la Unión de Cooperativas Tosepan Titaniske, de Puebla; el Consejo Maseual Altépetl Tajpianij, de Puebla y Veracruz; la Coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas de la Huasteca Potosina; el Concejo estatal para el rescate de los pueblos indígenas de Baja California; Comuneros de Ciudad Ixtepec en defensa del territorio, de Oaxaca; el Consejo Maya del poniente Chikin´Já, de Yucatán; así como ejidatarios de las comunidades Sacalum, Ixil, San José Tibceh, Celestún y Kinchil, de Yucatán.
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Los refugiados climáticos son el gran pendiente en la discusión ambiental

Fecha de Publicación: 26/11/2021
Fuente: The Washington Post
País/Región: Internacional


La migración y el cambio climático son, junto con el feminismo, los tres grandes temas de la primera mitad del siglo XXI y tienen intersecciones entre sí. En años recientes, por ejemplo, se ha puesto sobre la mesa la importancia de las mujeres migrantes al insertarse al aparato productivo de sus países de destino, así como el papel de los liderazgos femeninos en la lucha de resistencia medioambiental en varios países. Sin embargo, la vinculación entre migración y cambio climático parece andar por una vía más lenta a pesar de que, de acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por su sigla en inglés), la migración forzada debido a los efectos de desastres naturales alcanzó los 30 millones de personas durante 2020.
Esta tarea de contabilizar la migración provocada por el cambio climático y sus efectos sobre el medio ambiente es complicada, en parte por los diversos factores que confluyen en este fenómeno. Con frecuencia los desastres provocados por el calentamiento global ocurren en países donde se carece de infraestructura, se vive en pobreza, bajo regímenes violentos o autoritarios, o existe algún conflicto bélico, de manera que no existe una única razón para que las personas abandonen su lugar de origen.
Un ejemplo reciente: el paso de los huracanes Eta y Iota por Centroamérica en 2020, que dejó un estimado de 1.5 millones de personas desplazadas en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Sin embargo, haciendo un cálculo general, la Organización de las Naciones Unidas estima que para el año 2050 la cifra de migrantes por razones ambientales podría alcanzar los 1,000 millones, ya sea en migraciones internas o internacionales, y temporales o permanentes. Esto significaría que, para entonces, una de cada 10 personas en el mundo se encontraría en esa situación.
A pesar de que tenemos más de una década hablando del cambio climático y sus consecuencias, la comunidad internacional ha sido tibia para tomar acciones que protejan a las comunidades que, desde ahora, han tenido que abandonar sus lugares de origen. Estos desplazamientos, detalla el IDMC en su reporte, se deben principalmente a inundaciones y huracanes. ¿Cómo es que podemos seguir hablando del cambio climático y sus consecuencias sin tomar acción para proteger a quienes ya las padecen?
La comunidad internacional dejó pasar una oportunidad durante la reunión de mandatarios en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebró en Glasgow, Escocia, las primeras dos semanas de noviembre: la de reconocer que cualquier acción para detener el cambio climático pasa por crear mecanismos de protección para quienes han tenido que dejar —o dejarán— sus lugares de origen al ver cómo se convierten en regiones hostiles debido a las sequías, los incendios, las inundaciones y los deslaves. Sus vidas quedan en vilo al perder sus medios de subsistencia. Estas personas tendrían que ser reconocidas como refugiados climáticos.
Desde hace siete décadas, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (conocida como de Ginebra) de 1951 compromete a la comunidad internacional a ofrecer protección a quienes deben salir de su país “debido a temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Esta normativa, creada en el contexto de la posguerra y el surgimiento de la Guerra Fría, ha sido refrendada con algunas variantes en 1969 y 1984, pero hasta la fecha existe un vacío normativo que niega a los migrantes y desplazados climáticos el derecho a la protección internacional bajo la figura del refugio.
Durante los últimos 15 años, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha eludido la inclusión del término “refugiado climático” en su normativa. La definición para quienes viven esta situación se limita a “personas desplazadas en contextos de desastres y cambio climático”. Para que alguien sea considerado un refugiado, según esta agencia, su situación tendría que atravesar también la de alguien que vive violencia, persecución, o alguna de las variables antes mencionadas.
Los casos de desplazados por el cambio climático se multiplican alrededor del mundo y ponen en evidencia la vulnerabilidad de quienes, con mucha frecuencia, son castigados por un daño que ellos no generaron. El calentamiento global distribuye sus consecuencias desigualmente y se manifiesta con mayor crudeza en los países más empobrecidos, que no han alcanzado el nivel de desarrollo de los países responsables de la deforestación, los derrames petroleros, o la mayor parte de las emisiones de CO2.
La imposibilidad de solicitar refugio o asilo en otro país provoca que quienes no cuentan con otro recurso más que migrar se vean atrapados en los patrones de violación de derechos humanos de la movilidad humana forzada. Muchos de estos migrantes ya forman parte de grupos vulnerables: mujeres, niñas y niños, personas mayores, personas indígenas o habitantes de regiones rurales cuya supervivencia dependía de los recursos naturales en su entorno. La falta de un estatus de protección también impide que les sea garantizado el principio de no devolución a su país de origen.
Pese a la Convención de Ginebra, las prácticas de las grandes potencias mundiales para otorgar refugio y asilo atraviesan por criterios económicos, ideológicos y políticos, y no por el tamiz de los derechos humanos. Los ejemplos son muchos: la negativa a otorgar asilo en España a personas perseguidas por su orientación sexual; la disminución de aprobaciones en Estados Unidos para personas que provienen de países musulmanes, en claro contraste con los de países cristianos; o el rechazo internacional para acoger a personas desplazadas por conflictos bélicos, como el de Siria, por temor a los atentados terroristas.
El derecho de millones de personas a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna, a la educación, reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos signada el siglo pasado por los mismos países que se reunieron en Glasgow, está siendo arrasado por incendios e inundaciones que difícilmente estaremos a tiempo de detener. Ante esta situación, lo menos que podemos hacer quienes aún creemos en estos derechos, es proteger a aquellos que ante el cambio climático lo están perdiendo todo.
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El 90 % de los médicos considera la contaminación una grave amenaza para la salud

Fecha de Publicación: 26/11/2021
Fuente: El Diario (España)
País/Región: España


El 90,8 por ciento de los médicos internistas españoles afirma que el cambio climático y la contaminación ambiental son "amenazas importantes para la salud" y no creen que la medidas que se han puesto en marcha para atajar el problema sean suficientes.
Estas son algunas de las conclusiones de un sondeo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que ha hecho público este martes coincidiendo con el 42 Congreso Nacional de la SEMI, que arrancará mañana, y en el que el medio ambiente tendrá un papel fundamental.
 Según los datos de este estudio, realizado en base a 557 profesionales de la salud, un 54 % de los profesionales encuestados admitió estar "preocupado" o "muy preocupado" por cómo estos factores ambientales pueden afectar a la salud de los pacientes, especialmente en los "crónicos complejos y frágiles".
Y es que la contaminación ambiental constituye "un importante factor de riesgo" para el desarrollo de enfermedades de respiratorias y cardíacas, según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
Según sus datos, hasta un 30 por ciento de los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares se relacionan con el factor ambiental.
Se calcula que 3,3 millones de muertes que ocurren cada año están relacionadas con la contaminación del aire.
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Los colegios Nueva Delhi abrirán tras 15 días cerrados por contaminación

Fecha de Publicación: 26/11/2021
Fuente: La Vanguardia (España)
País/Región: India


Las autoridades de Nueva Delhi anunciaron este miércoles la reapertura el próximo lunes de las escuelas y colegios de la capital india, cerrados desde el pasado 13 de noviembre debido a los alto niveles de contaminación del aire.
“Ahora la calidad del aire en Delhi está mejorando. Las escuelas, colegios e institutos educativos reabrirán a partir del lunes”, dijo el ministro regional para el Medioambiente, Gopal Rai, en una declaración a la prensa.
Las escuelas y centros educativos fueron cerrados inicialmente por una semana, y posteriormente la medida fue extendida hasta nuevo aviso, para evitar la exposición de los niños a la contaminación del aíre, que se mantuvo dentro de las categorías consideradas peligrosas durante unas dos semanas.

Teletrabajo en la ciudad
Las autoridades revirtieron hoy también la medida del teletrabajo para todos los trabajadores del gobierno de la ciudad, implementada para disminuir las emisiones de vehículos, que representan buena parte de los agentes contaminantes suspendidos en el aire.
El índice de calidad del aire (AQI) alcanzó la categoría de “peligroso” durante la primera semana de noviembre, por encima de los 400 AQI, y se mantuvo en ascenso durante días hasta rozar los 480 de la escala, cuyo nivel máximo de medición es de 500.
El deterioro alarmante de la calidad del aire de Nueva Delhi es habitual en esta época del año cuando coinciden una serie de factores como la llegada del invierno y la disminución de los vientos que impiden la dispersión de los agentes contaminantes.

Cóctel de aire tóxico
El aire tóxico de la ciudad es un cóctel de emisiones de vehículos, polvo de la construcción, partículas originadas de la quema de rastrojos en las zonas agrícolas y la quema constante de desechos sólidos de esta ciudad de 20 millones de habitantes.
Aunque el AQI de la ciudad ha comenzado a descender por debajo de la barrera de los 400 puntos, aún se mantiene en la categoría de “muy pobre”, considerada de riesgo para personas con enfermedades respiratorias, o capaz de causar problemas respiratorios tras una larga exposición.
A lo largo de dos semanas de audiencias, el Tribunal Supremo de la India ha hecho peticiones contundentes al Gobierno central y regional para que tome medidas inmediatas para controlar la crisis del aire, que se repite cada año.
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Alertan del impacto ambiental de la minería ‘verde’ de litio, cobre y grafito

Fecha de Publicación: 25/11/2021
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Internacional


El Atlas de Justicia Ambiental, coordinado por el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), MiningWatch Canadá y las comunidades afectadas de nueve países americanos, han publicado un informe que documenta algunos de los impactos sociales y ambientales de la denominada minería ‘verde’, de litio, cobre y grafito.
Esta minería, denominada ‘verde’ porque suministra materia prima para la industria de transición energética, afecta, entre otros, a Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, México, EE. UU. y Canadá.
El informe, que recoge 25 casos, documenta cómo la industria minera mundial se ha posicionado rápidamente como la solución a la crisis climática, con empresas y países compitiendo por proporcionar los 3.000 millones de toneladas de metales y minerales que, según algunas estimaciones, se necesitarán en los próximos 30 años para impulsar la transición energética.
El informe alerta de que esta minería “ya se está expandiendo rápidamente en ecosistemas frágiles y biodiversos” como la Amazonia y las selvas tropicales, las zonas glaciares, las salinas, las cordilleras y zonas húmedas, “zonas de vital importancia para el suministro de agua dulce, el mantenimiento de la vida y la regulación de nuestro clima mundial”.

“Convertir el origen de la crisis en la aparente solución”
“Esta fiebre por metales y minerales se está convirtiendo en una oportunidad financiera sin precedentes para las empresas mineras”, según el informe, que asegura que “el fuerte aumento en la presión extractiva de metales y minerales está profundizando en la crisis ambiental y social, convirtiendo uno de los orígenes de la crisis climática en un aparente pilar para su solución”.
El informe advierte que una transición energética que dependa en gran medida de la extracción de nuevos materiales “reforzará las injusticias y la insostenibilidad que han agravado la crisis climática en la que nos encontramos a nivel mundial”.
Según la investigadora del ICTA-UAB, Mariana Walter, “alrededor del 20 % de los 3.550 conflictos socioambientales documentados en el Atlas de Justicia Ambiental corresponden a conflictos por la extracción de metales y minerales en el mundo”.
“Se trata de la actividad más conflictiva documentada en el EJAtlas, y una transición energética basada en la extracción minera no hará más que expandir e intensificar estos conflictos, tanto en el Sur como en el Norte del mundo”, según la investigadora.
El Atlas de Justicia Ambiental documenta conflictos sociales en torno a temas ambientales y está coordinado por un grupo de investigadoras comprometidas desde el ICTA-UAB, en colaboración con activistas e investigadores de todo el mundo.
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Constatan impresionante deforestación en Amazonia peruana

Fecha de Publicación: 25/11/2021
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Perú


La deforestación en la Amazonia peruana, producida principalmente por la agricultura y la minería, causó la pérdida de más de 100 millones de toneladas métricas de carbono entre 2013 y 2020, cifra similar a los gases de efecto invernadero emitidos por 80 millones de vehículos de transporte de pasajeros en un solo año.
En contraste, las áreas protegidas y las tierras bajo custodia de las comunidades indígenas salvaguardaron en esa región de la selva tropical 3.200 millones de toneladas métricas de carbono en ese mismo lapso, almacenando respectivamente en su cobertura boscosa, el 56 y el 44 por ciento de ese elemento.
La información surge de una investigación liderada por el Proyecto Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), iniciativa de Conservación Amazónica en Perú y Amazon Conservation, en Washington, con el apoyo de otras organizaciones internacionales.
“Creo que lo más valioso del estudio es poner en evidencia el rol de los bosques tropicales y sobre todo la relevancia de mantener estas grandes unidades de conservación, como son las áreas Naturales Protegidas y las Reservas Territoriales Indígenas, para asegurar los reservorios de carbono”, dice a SciDev.Net Sidney Novoa, director de Sistemas de Información Geográfica y Tecnologías para la Conservación de la organización peruana.
Valiéndose de información disponible sobre perfiles de bosque en la Amazonia peruana en imágenes de alta resolución, con evaluaciones de campo relativas a la pérdida anual de bosques del Ministerio del Ambiente del Perú, sus autores crearon un modelo que posibilita transformar información satelital (Landsat) en biomasa por hectárea y luego en carbono.
“Desde MAAP monitoreamos la deforestación en tiempo real, e informamos a las autoridades de los casos más graves, como una estrategia para minimizar el daño”, dice a SciDev.Net Matt Finer, director de esa organización.
De acuerdo con el trabajo, en la AmazonIa peruana se liberan anualmente a la atmósfera –en promedio– 12 500 millones de toneladas métricas de carbono, cifra que entre 2019 y 2020 ascendió a 16 400 millones de toneladas.
“No me sorprende el aumento, pues el ritmo de deforestación en la Amazonia peruana ha venido creciendo constantemente desde 2001”, dice a SciDev.Net Marc Dourojeanni, profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria, La Molina.
Agrega que ese incremento se ha evidenciado también en la Amazonia brasileña. “En ambos casos ha tenido influencia la disminución de las medidas de control y represión debido a la pandemia”, afirma el experto, que no participó en el estudio de MAAP.
“En Brasil, y especialmente en Perú, la minería ilegal ha aumentado proporcionalmente más que los usos agropecuarios, y entre éstos últimos, es notoria la expansión de cultivos ilegales de coca, que ya cubren unas 70 000 hectáreas”, añade.
La investigación contabilizó 300 000 toneladas métricas de carbono emitidas a la atmósfera a causa de la deforestación de casi 2400 hectáreas de selva tropical en Tamshiyacu, Loreto, entre 2013 y 2016, realizada por la empresa United Cacao para instalar una plantación del cultivo a gran escala.
A pesar de que en 2014 el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) determinó la paralización de las actividades, la herida ambiental y social permanece abierta aún hoy, cuando la existencia de un fallo que condena a sus directivos, aún no se ha hecho efectivo, no obstante, los reclamos de organizaciones indígenas y la sociedad civil.
“La deforestación relacionada con el proyecto de cacao ha terminado, pero el negocio y las plantaciones siguen activos”, apunta Finer.
SciDev.Net solicitó por diferentes medios un comentario de United Cacao pero no obtuvo respuesta.
El informe también relevó la pérdida de 800.000 toneladas métricas de carbono por extracción de oro en la región Madre de Dios, al sur de la Amazonia peruana.
En relación con la protección de carbono, resalta el papel benefactor ambiental de áreas protegidas como el Parque Nacional de Yaguas, el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal de Amarakaeri y las áreas de conservación regional Ampiyacu-Apayacu y Maijuna Kichwa, en Loreto, cerca de la frontera con Colombia.
Los autores sostienen que el estudio podría subestimar la degradación natural de los bosques y la tala selectiva, con lo que la cifra total de emisiones de carbono por deforestación en el área podría ser aún más alta.
Dourojeanni coincide con esa aseveración y señala que falta contabilizar “las emisiones de carbono provocadas por la degradación del bosque (extracción de madera, contaminación petrolera y minera, caza y pesca, extracción de productos no madereros) y las pérdidas de carbono almacenado en el suelo, después de quedar descubierto por la deforestación o por la minería”.
A pesar de que el gobierno de Perú suscribió la declaración sobre los bosques y el uso de la Tierra en la 26 Conferencia de las Partes (COP26) celebrada recientemente en Glasgow, Dourojeanni considera que las medidas allí propuestas para toda la Amazonía son tímidas.
“Sin duda, éstas llegarán tarde para evitar el colapso anunciado por otros científicos e instituciones que se desencadenaría cuando la deforestación del bioma alcance un 20 por ciento de la extensión amazónica, lo que está muy cerca de ocurrir”, afirma.
Aunque cree que es posible restaurar en cierta medida el ecosistema amazónico destruido, considera que es mucho más barato preservar el bosque que aún existe, con especial atención a las áreas naturales protegidas.
Asimismo puntualiza que resulta indispensable usar bien y más intensamente la tierra ya deforestada, “tierra de la que en promedio se emplea sólo un 20 por ciento”.
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Habrá más recursos para fracking, pese a compromiso del Gobierno

Fecha de Publicación: 25/11/2021
Fuente: El Sol de México
País/Región: México


El compromiso 75 del Gobierno está rebasado por el trabajo en pozos no convencionales
El Gobierno federal destinará 31 mil 927 millones 325 mil 112 pesos para realizar fracturas hidráulicas (técnica conocida como fracking) en los procesos de exploración y extracción de petróleo y gas durante la primera mitad de la administración.
De acuerdo con la Alianza Mexicana Contra el Fracking esta cantidad es 83.6 por ciento superior a lo que invirtió en la segunda mitad del sexenio anterior. Situación que compromete el compromiso número 75 de 100 del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió desde campaña a no utilizar el fracking dentro de las actividades petroleras del Estado.
“No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”, se lee en la lista de sus compromisos presidenciales.
En los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, se destinaron 17 mil 386.1 millones de pesos para realizar estas actividades bajo los Proyectos de Aceite Terciario del Golfo y Aceite y Gas en Lutitas.
Tan sólo en el presupuesto para 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió al Congreso federal 15 mil 212.6 millones de pesos a estos mismos dos proyectos de extracción de hidrocarburos que requieren el también conocido fracking en yacimientos no convencionales.
Beatriz Olivera, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, señala que si bien siempre se han presentado subejercicios en los presupuestos asignados para fracking en el Gobierno federal, “nunca se ha ejercido tanto dinero en la exploración de Aceite y Gas en Lutitas como en 2020, inclusive, el ejercicio de recursos en este proyecto ha pasado de 443.1 millones de pesos en 2017, a poco más de 3 mil 346.9 millones para el 2020; es decir, un crecimiento de 655 por ciento”.
En el Congreso también se han registrado intentos para prohibir esta práctica en México, y hasta la fecha se tienen registrados seis proyectos de reforma con este fin, de las cuales una provino del partido en el poder, Morena, y una más del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Las demás iniciativas fueron presentadas por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, que ha presentado tres iniciativas para prohibir el uso de fracking en proceso extractivos y de exploración de petróleo.
Se tiene registrados 27 pozos no convencionales con recursos prospectivos por 64.2 mil millones de barriles de petróleo y 35.9 millones de barriles de aceite, según los últimos datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos entre enero y junio pasados.
Este fin de semana, la CNH también aprobó la perforación de 18 pozos petroleros en la cuenca de Tampico-Misantla que incluye prácticas de fracturas hidráulicas para su aprovechamiento.
El fracking es un proceso que consiste en la inyección de un fluido especial que es bombeado a una alta presión y a un alto régimen de bombeo, con la finalidad de producir fracturas en las formación que permitan la fácil liberación del hidrocarburo en zonas no convencionales.
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Las especies invasoras amenazan con extinguir la flora y fauna australianas para 2050

Fecha de Publicación: 24/11/2021
Fuente: 20 Minutos (España)
País/Región: Australia


Las especies invasoras como los conejos europeos, los gatos y cerdos salvajes, los sapos de caña, los zorros, así como los hongos y la hierba mala, amenazan con extinguir parte de la flora y la fauna únicas de Australia para el 2050, según un estudio publicado este martes.
El informe de la agencia científica gubernamental CSIRO (siglas en inglés) explicó que el cambio climático, el comercio internacional y los desplazamientos, así como los fenómenos meteorológicos extremos - que incluyen las inundaciones, los incendios y la sequía- han impulsado la propagación de las especies invasoras en el planeta.
El estudio titulado "Luchando contra las plagas y los depredadores: El camino de Australia hacia un futuro sin especies invasoras" precisó que estas especies invasoras están poniendo en peligro a más de 1.250 animales y plantas terrestres amenazadas de Australia, lo que equivale a ocho de cada diez de ellas.
Australia alberga especies únicas como los canguros, los koalas, los wombat, los emús y los demonios de Tasmania, entre otras.

El coste de los daños se cifra en más de 250 millones de euros
Desde la colonización británica de Australia en el siglo XIX, "las especies invasoras ya han contribuido a la extinción de 79 especies autóctonas australianas", afirmó en un comunicado Andreas Glanznig, coautor de este informe y director ejecutivo del Centro de Soluciones para Especies Invasoras de CSIRO.
Gran parte de la culpa de esta extinción la tienen 207 especies de malas hierbas, 57 animales invasores y tres patógenos, según este estudio, que cifra el coste de los daños causados por estas especies invasoras en las últimas seis décadas en al menos 281.385 millones de dólares (250.458 millones de euros).
Algunas de las mayores amenazas son los conejos europeos, que han infestado dos tercios de Australia, seguidos de los gatos salvajes, los cerdos, los zorros y los sapos de caña, según el informe, que recomienda que Australia se centre en soluciones innovadoras para los principales animales asilvestrados en los próximos 30 años.
Las especies invasoras también causan graves daños en el sector agrícola provocando un aumento en los precios de los alimentos y el forraje, de acuerdo al informe de CSIRO.
El informe subraya la necesidad de acelerar las tecnologías de bioseguridad emergentes y de desarrollar urgentemente nuevas técnicas para prevenir, erradicar y controlar las plagas invasoras en Australia, país en donde existen 2.700 especies de mala hierba y aparece una nueva cada 18 días.
"Una acción urgente, decisiva y coordinada es crucial para detener la propagación de las especies invasoras y proteger nuestros extraordinarios e insustituibles animales y plantas autóctonos, y Australia tiene un gran historial en este ámbito", remarcó el coautor del informe, Andy Sheppard, científico del CSIRO.
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Pueblos indígenas se oponen al mayor proyecto de fracking en Canadá

Fecha de Publicación: 24/11/2021
Fuente: Agencia CI
País/Región: Canadá


Este 18 de noviembre, mientras docenas de agentes de la Policía Montada canadiense fuertemente armados asaltaban el puesto de control de Gidimt’en en el km 44 de la carretera del Servicio Forestal de Morice, se activaron alertas en redes sociales por la situación: ese territorio indígena está en disputa histórica y ha sido objeto de litigio por la presencia de una empresa constructora de un gaseoducto.
Cinco personas siguen detenidas y están esperando audiencia para determinar las condiciones de su posible liberación en espera de juicio. La Fiscalía exige una prohibición de regreso a sus territorios ancestrales, condición a la cual se han negado las personas detenidas, considerando que se trataría de un destierro por parte de una corte colonial, cuya autoridad no reconocen en su territorio ancestral.
El pueblo Wet’suwet’en lleva años luchando contra la construcción de un gaseoducto por parte de Coastal Gas Link (CGL), empresa propiedad de TransCanada Energy. Desde 2010 se estableció en campamento de Unist'ot'en, que año tras año ha recibido visitas, de pueblos indígenas y personas aliadas de todo el mundo .
Sleydo’, una de las personas detenidas, declaró antes de ser llevado por las autoridades coloniales que “el pueblo Wet’suwet’en, bajo el Gobierno de sus jefes hereditarios, se interpone en el camino del mayor proyecto de fracking de la historia de Canadá. Nuestras medicinas, nuestras bayas, nuestros alimentos, los animales, nuestra agua, nuestra cultura y nuestros hogares están aquí desde tiempos inmemoriales. Nunca abandonaremos a nuestros hijos para que vivan en un mundo sin agua limpia. Mantenemos nuestras responsabilidades ancestrales. No habrá oleoductos en el territorio Wet’suwet’en”.
El 4 de enero del 2020 los jefes hereditarios -Tradicionales- de Wet’suwet’en, de los cinco clanes de la nación, emitieron y ejecutaron una notificación de desalojo contra el gaseoducto de Coastal Gaslink, basándose en el derecho propio y en la jurisdicción territorial adquirida.
En 2020 bloquearon las carreteras que conducen al territorio Gidimt’en y Unist’ot’en en una aplicación de la ley Wet’suwet’en, y se construyeron varios campamentos de apoyo a lo largo de la vía. La policía canadiense respondió con una serie de redadas militarizadas a gran escala. Dos jefes hereditarios Unist’ot’en, Tsake’ze Howilhkat y Tsake’ze Geltiy, fueron detenidos y expulsados de sus territorios, junto con la hija del jefe hereditario Woos y defensores de los territorios indígenas de las naciones gitxsan, mohawk, tlingit, dene, nlaka’pamux y cree. En total, se produjeron 28 detenciones.
Como respuesta, los pueblos indígenas realizaron decenas de bloqueos y protestas solidarias durante varias semanas en toda Canadá, con visibilidad internacional bajo el lema #ShutdownCanada (#ApagarCanadá, en español), bloqueando oficinas gubernamentales y legislaturas, cerrando carreteras, ferrocarriles y puertos. Así lo señala en su comunicado público la Convergencia de las luchas anticapitalistas, organización basada en el Este canadiense que convoca una marcha para el próximo 27 de noviembre.

Ocupación colonial
Las reivindicaciones territoriales en las fronteras del país conocido oficialmente como Canadá son complejas. Su Gobierno no ha firmado los tratados internacionales sobre derechos y reconocimientos de los pueblos indígenas, y la mayor parte de su territorio “nacional” es constituido por territorios que nunca fueron cedidos a la corona inglesa.
Canadá es un país miembro de la Mancomunidad de Naciones, cuya Jefa de Estado sigue siendo la Reina de Inglaterra. De hecho, el ente acusador que conocemos como Fiscalía en numerosos países, allá es la Corona. Ya que es la reina quien acusa a las personas.
Ese contexto jurídico, cuyo carácter colonial no ha sido transformado en siglos, explica las luchas actuales. Algunas autoridades hereditarias–tradicionales indígenas se niegan por completo a reconocer las entidades del Estado canadiense y la Corona inglesa, mientras otras lo consideran como entes externos con los cuales interactúan. Tal es el caso del fallo a favor del pueblo Wet’suwet’en en 1997.
Como lo explican los comunicados del punto de control de GIDIMT’EN, en 1997 el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó en el caso judicial Delgamuukw-Gisday’wa que el pueblo Wet’suwet’en, representado por sus líderes hereditarios, no había renunciado a los derechos y la titularidad de 22.000 kilómetros cuadrados del norte de Columbia Británica.
Basados en ese derecho, el pasado 14 de noviembre los jefes hereditarios hicieron efectiva la orden de desalojo dictada en el 2020. Y para hacerla valer, bloquearon las carreteras y ferrocariles, dando un plazo de 10 horas a los trabajadores de Coastal GasLink -CGL- para salir de su territorio.
Este 18 de noviembre, una nueva incursión de la policía canadiense llegó con la intensión de desconocer la orden de desalojo y proteger la empresa. Para ese fin, detuvo a 15 personas, incluidos dos ancianos wet’suwet’en, tres miembros haudenosaunee, tres observadores legales y un periodista.
Contradictoriamente, el Gobierno de Canadá afirma públicamente que lleva a cabo un proceso llamado de “reconciliación”. Su actual Primer Ministro, Justin Trudeau, pidió perdón oficialmente a los pueblos indígenas al inicio de su primer mandato. Sin embargo, sigue lidiando con un largo proceso de verdad y reparación.
Hace pocos meses fue noticia el escándalo por la confirmación del hallazgo de centenares de cuerpos de niños y niñas indígenas, quienes fueron secuestrados por pensionados católicos hasta la década de 1980.
Para Din? Ze’ Woos, una de las voceras wet’suwet’en detenidas, no hay “ninguna reconciliación en esto. Para nuestros hermanos y hermanas de todas las organizaciones indígenas, que esto sea una señal de que la reconciliación a sus ojos es realmente el Libro Blanco disfrazado”.
No parece ser la única incoherencia de esta política de aparente apertura, como lo han denunciados varios grupos ambientalistas tras la COP26. Trudeau declaró en ese encuentro que “limitaremos las emisiones del sector del petróleo y el gas hoy, y nos aseguraremos de que se reduzcan mañana al ritmo y la escala necesarios para alcanzar el nivel cero en 2050. No es una tarea fácil para un gran país productor de petróleo y gas”.
El actual ministro de Medio Ambiente, Steven Guilbeault, anterior director de campaña de GreenPeace en Canadá, también declaró que “estamos buscando el asesoramiento de los funcionarios de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá y de Recursos Naturales de Canadá, y tenemos la intención de colaborar con las provincias, los territorios, la sociedad civil, las organizaciones laborales, las organizaciones indígenas nacionales y los socios de la industria”.
Estas declaraciones poco coinciden con la criminalización de los liderazgos indígenas al expresar en la práctica su política contra megaproyectos extractivistas, cuyo efecto será inevitablemente la deforestación, los daños ambientales y emisiones de gases, que terminarán teniendo un efecto invernadero.
El Gran Jefe Stewart Phillip, Presidente de la Unión de Jefes Indígenas de la Columbia Británica, declaró que “estamos absolutamente indignados de que la Provincia de la Columbia Británica haya autorizado una incursión de estilo militar contra defensores pacíficos de la tierra para permitir que Coastal GasLink construya su gasoducto, mientras gran parte de la Provincia está sufriendo eventos relacionados con inundaciones catastróficas que ponen en peligro la vida”.
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Un estudio alerta de alta concentración de mercurio en pingüinos antárticos: "Es tóxico para la salud de los seres vivos"

Fecha de Publicación: 24/11/2021
Fuente: 20 Minutos (España)
País/Región: Antártida


Se trata del "tercer elemento más peligroso", ya que puede producir alteraciones "neurológicas e inmunológicas"
Las plumas de tres especies de pingüinos de la Antártida muestran altas concentraciones de mercurio, según un estudio publicado este lunes por un equipo en el que figuran investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).
Este equipo, que también ha incluido a científicos de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIS), el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad de Murcia, ha analizado el plumaje de varios individuos de las especies papúa (Pygoscelis papua), barbijo (Pygoscelis antarcticus) y de Adelia Pygoscelis adeliae), a partir de las muestras tomadas entre 2005 y 2007 en un área geográfica "amplia" en la península antártica.
Su conclusión, publicada por la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, es que este metal se está almacenando en los ecosistemas antárticos "especialmente en el pingüino barbijo de la isla Rey Jorge".
Al encontrarse en "la parte alta de la cadena trófica", este tipo de animales son "el modelo de estudio perfecto" para medir la concentración de mercurio, ha explicado uno de los investigadores del MNCN-CSIC, Andrés Barbosa.
Este metal es "es el tercer elemento más peligroso", según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, ya que se trata de un material "tóxico para la salud de los ecosistemas y de los seres vivos", puesto que produce "alteraciones neurológicas, inmunológicas y fisiológicas".
Esta investigación confirma que las regiones polares actúan como sumideros del mercurio procedente tanto del medio natural -por ejemplo, el que puede generar las actividades volcánicas- como de las actividades humanas -asociadas a la industria o la quema de combustibles fósiles, entre otras- y "un indicador directo de que este elemento está cada vez más presente" en el continente blanco.
Por ello Barbosa ha insistido en que resulta "esencial continuar analizando la presencia" del mercurio en la Antártida, cuya conservación ya de por sí "se está viendo comprometida por fenómenos como el cambio climático".
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