La lucha en El Salvador contra el saqueo de huevos de tortuga
Proteger los huevos de tortuga, la estrategia en El Salvador para conservar especies
Fecha de Publicación: 17/08/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: El Salvador
La salvadoreña Dora Martínez solía ganarse la vida vendiendo huevos de tortuga en las playas de El Salvador, hasta que comprendió la huella que su oficio dejaba en el ecosistema.
Decidió dar un giro absoluto: ahora es «viverista» y se dedica a la protección de las especies que anidan cada año en la orilla de su pueblo.
«Los cuidamos (a los huevos) para que la especie no se termine», dijo en una conversación con EFE y explicó que su trabajo implica «estar en la orilla de la playa toda la noche» esperando a que la tortuga aparezca para «ayudarle al momento que expulsa los huevos y luego traerlos aquí (al vivero)».
Martínez, al igual que los vecinos de la zona costera Barra de Santiago, al suroeste de El Salvador, se han convertido en los protectores de las especies de tortugas que llegan a anidar a una turística playa y cuyos huevos son cuidados y resguardados en un corral de incubación para evitar su comercialización y consumo, prácticas prohibidas en el país.
En concreto, Martínez es parte, desde el 2000, de la Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de Barra de Santiago (AMBAS), organización con la que ha trabajado para concienciar e involucrar a su comunidad.
«En el primer año realizando este trabajo sentía algo de miedo, pero con el tiempo me fui acostumbrando», comentó, antes de añadir que en el 2025 liberaron al agua aproximadamente 19.000 neonatos de tortugas marinas.
La Playa Dorada, de arena negra y cercana al Área Natural Protegida Barra de Santiago a casi 100 kilómetros de la capital San Salvador, ha sido durante años el espacio de anidación de tortugas de las especies baule -considerada la más grande de todas las tortugas marinas-, golfina y prieta.
El proceso de anidación ocurre principalmente en la noche, cuando la hembra sale del mar, cava un nido en la arena, deposita sus huevos para luego volver al océano.
En solitario, aguardando el proceso de incubación, los huevos de tortugas se enfrentan al acecho de diferentes depredadores, entre ellos los humanos. Años atrás en la zona de Barra de Santiago estos huevos eran comercializados por los habitantes, lo que representaba una fuente de ingresos que atentaba contra estas especies pero que era necesaria para la vida diaria.
No obstante, desde el 2009 en El Salvador el consumo de huevos, carne de tortuga y otros insumos derivados están prohibidos e incumplir la ley conlleva una multa de hasta 30.000 dólares o hasta cinco años de cárcel.
Las tortugas, importantes en los ecosistemas marinos
Las diferentes playas del Pacífico salvadoreño, entre ellas playa Dorada, acogen a cientos de tortugas entre agosto y noviembre de cada año, período de mayor afluencia de anidación.
El coordinador del vivero incubación, Ricardo García, destacó a EFE que «las tortugas marinas realizan un papel sumamente importante en los ecosistemas marinos, ya que son controladoras de otras especies que pueden ser perjudiciales para la especie humana, como las medusas».
Señaló que «hay un intercambio de nutrientes gracias a ellas» y el proceso de anidación que realizan «es beneficioso porque el calcio que contiene la cáscara de los huevos se integra de nuevo a la arena y esto es aprovechado por otras especies».
García aseguró que los procesos de concienciación y sensibilización impulsados «han permitido que las personas de la comunidad perciban que es mucho más beneficioso la conservación que el consumo y comercialización» de estos huevos.
Añadió que «muchas personas consumían estos huevos por las supuestas propiedades afrodisíacas, pero no es así. Los huevos pueden tener metales pesados dañinos para el cuerpo humano y son altos en colesterol, lo que puede ser perjudicial para la salud del ser humano».
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Minería en El Salvador. Las consecuencias a corto plazo
Desplazamientos forzados y crisis ambiental, el precio de reactivar la minería en El Salvador
Fecha de Publicación: 07/02/2025
Fuente: Página 12 (Argentina)
País/Región: El Salvador
El desplazamiento de comunidades y la profundización de una crisis hídrica son solo dos de las consecuencias a corto plazo que traería para El Salvador la reactivación de la minería metálica. La industria minera estuvo prohibida en el país centroamericano desde 2017 hasta el pasado 23 de diciembre, cuando el Congreso -donde el presidente Nayib Bukele tiene mayoría- revirtió dicha prohibición en una sesión plenaria exprés. Esta reactivación ocurre justo al mismo tiempo en que la Justicia profundiza la persecución contra los ambientalistas de las zonas donde la minería podría establecerse primero.
“La minería puede dejar a El Salvador como la superficie de la luna dentro de poco tiempo. La minería a nivel industrial desplaza a poblaciones, deja a gente sin sus lugares de origen. Realmente es una situación que nos hace cuestionar si será viable sostener la vida en un país”, advierte Andrés Mckinley, experto en agua y minería de la vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.
Mckinley estudia los efectos de la minería en América y África, y ejemplifica de forma básica los daños que esta industria traería para El Salvador: para lograr el oro equivalente a un anillo se necesitan procesar 20 toneladas de roca. Por lo tanto, en tres años, el suelo salvadoreño estaría lleno de cráteres parecidos a los de la luna.
Para volver a legalizar la minería, las y los diputados no realizaron ninguna consulta pública y el Gobierno dejó bajo reserva los supuestos estudios científicos realizados para justificar dicha actividad a escalas industriales. Para darse una idea, la extensión territorial de El Salvador es mucho menor a la de Uruguay.
Según Mckinley no solo su geografía hace inviable esta actividad a gran escala, sino que además la Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas considera a El Salvador uno de los países en América Latina con mayor deterioro ambiental por la destrucción de sus bosques nativos y sus suelos a causa de malas prácticas agrícolas.
En ese sentido, dice el especialista, hay estudios que establecen que en los últimos cinco años se ha agudizado la crisis hídrica por la baja disponibilidad de agua por personas en El Salvador: de 3 mil metros cúbicos pasó a 1,700 metros cúbicos anuales. Cualquier mina industrial necesita hasta seis millones de litros de agua diarios para funcionar.
Ni hablar de las secuelas químicas que la industria puede dejar, como las lagunas de cianuro que quedan como residuo de la actividad minera, tardan en disolverse y pueden llegar a los mantos acuíferos subterráneos. Mckinley destaca que basta con lo equivalente a un grano de arroz de cianuro para morir por envenenamiento.
Redes sociales versus ciencia
El 27 de noviembre, Bukele publicó en la red social X que El Salvador tenía “los depósitos de oro con mayor densidad por km2 en el mundo”, al tiempo de que trató de “absurdo” que fuese el único país a nivel mundial que hasta entonces prohibía la minería.
En menos de un mes, el Congreso revirtió esa prohibición y entonces cientos de personas y organizaciones comenzaron a organizarse para oponerse a la medida, como la manifestación masiva convocada el 19 de enero en la capital salvadoreña, San Salvador; y la actual recolección de firmas para expresar el rechazo a esta decisión inconsulta.
De acuerdo con la última encuesta presentada por la Universidad Francisco Gavidia, la decisión de permitir la minera coincide con la mayor caída de la imagen de Bukele en casi seis años como mandatario, de 8.4% al 7.7%.
Y es que el mandatario salvadoreño asegura, sin publicar estudios, que en un 4% del área potencial estudiada para la minería identificaron 50 millones de onzas de oro, pero que, en su totalidad, la reserva de oro del país equivale a 3 billones de dólares. Sin embargo, recientemente Steven Emerman, experto en hidrogeología y consultor internacional de minería, publicó un artículo en la página de la organización Heinrich-Böll-Stiftung en el que compara las reservas mundiales de oro y su valor económico, para concluir que las publicaciones de Bukele son “inconsistentes” respecto a datos globales.
Defensores ambientales en la mira
Días antes de la reactivación de la minería metálica en El Salvador, el 27 de noviembre una cámara penal revirtió el fallo por el que, en septiembre pasado, habían sido absueltos seis personas acusadas del asesinato de una mujer en 1989, en el marco de la guerra civil e interna salvadoreña (1980-1992). Cinco de los procesados son defensores ambientales de la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas, a casi 50 kilómetros de la capital y que es referente en la lucha antiminera. Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales consideran que la causa judicial se trata de una persecución por su trabajo de activistas.
Desde que estos defensores ambientales fueron detenidos, la comunidad Santa Marta señaló que el objetivo del Gobierno era la reactivación de la minería en El Salvador, algo que no muchos creyeron. Esto es lo que cuenta Peter Natarén, presidente de la Cooperativa Santa Marta y miembro de la Mesa Nacional contra la Minería, creada en 2003. Además, se trata de un proceso irregular reabierto en la administración del fiscal general Rodolfo Delgado, colocado en su cargo por los y las diputadas afines a Bukele sin un proceso constitucional.
Natarén señala que las detenciones de los ambientalistas hicieron más fuertes las sospechas de la reversión de la minería, ya que nunca habían escuchado a Bukele pronunciarse a favor del ambientalismo. Asimismo, agrega Natarén, los terrenos que vecinos de Cabañas habían adquirido a Pacific Rim -una minera canadiense que en 2016 perdió un arbitraje internacional contra El Salvador- fueron comprados por empresas supuestamente financiadas con fondos extranjeros y también, en 2022, a la zona llegaron representantes de la minera Titan Resources Limited -con sede en el país vecino de Honduras y Perú- a ofrecerles gratuitamente invernaderos y estanques de peces a algunos vecinos, sin dejar rastro del origen de lo fondos de esos proyectos.
Pero la alerta se activó cuando Bukele hizo públicas sus intenciones de volver a la minería a través de las redes sociales, porque en Cabañas la lucha contra la prohibición de esta industria conllevó al asesinato de cuatro ambientalistas. “Para ellos, los ambientalistas de Santa Marta son un peligro, porque pueden generar un movimiento de resistencia. Por eso los habrían capturado previamente”, sostiene Natarén.
Ahora el escenario para la lucha contra la minería es diferente. Si bien la exploración minera aún no comienza, diversas investigaciones periodísticas dan cuenta del desplazamiento de comunidades campesinas en el centro y en el oriente del país por la ejecución de otros proyectos públicos y privados bajo el aval del Gobierno.
Bukele fue reelecto en 2023, pese a que la Constitución prohíbe las reelecciones inmediatas de los mandatarios, y mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción en respuesta a la violencia pandilleril, una medida que se caracteriza por la militarización de los espacios públicos y que fue denunciada internacionalmente por la violación sistemática de derechos humanos.
Desde 2021 logró la cooptación del Estado, destituyendo por medio de un Congreso afín, al fiscal general y a la Sala de lo Constitucional de la Corte, para imponer a Delgado y otros funcionarios simpatizantes del Gobierno.
En este contexto y ante el descontento social, según Natarén, Bukele solo tiene dos posibilidades con la minería: hacer uso de la Fuerza Armada para avanzar con esta industria o retroceder si la sociedad civil presenta una demanda a la Corte, la cual también depende de él. “Es un tipo bastante egoísta, que no quiere escuchar a la iglesia, a las universidades ni a sus propios votantes. Miles que lo votaron no lo aprueban en este tema”, concluye Natarén.
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El Salvador. La Iglesia contra la reintroducción de la minería
Iglesia salvadoreña pide derogar recién aprobada ley que reintroduce minería
Fecha de Publicación: 28/12/2024
Fuente: La Nación (Argentina)
País/Región: El Salvador
La Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) pidió este martes al gobierno de Nayib Bukele y al Congreso que "reconsideren" su decisión de reintroducir la minería metálica en el país y "deroguen" una ley recién aprobada que lo permite.
"Pedimos a las autoridades que reconsideren su decisión y deroguen esta nueva Ley de la Minería, la cual producirá muchas víctimas (por la eventual contaminación)", señaló la Cedes en un comunicado difundido por la Arquidiócesis de San Salvador en su cuenta en la red X.
El lunes el Congreso aprobó la denominada Ley General de Minería Metálica que reintroduce esa industria en el país.
Según los 12 obispos que conforman la Conferencia Episcopal, la minería metálica "producirá muchas víctimas" por los "costos mortíferos" en el medio ambiente.
"Lamentamos que se haya aprobado la ley que permite la explotación minera en nuestro país, sin escuchar a la población", indicó la Cedes, esa normativa "contraviene la voluntad del pueblo".
Los críticos de la minería, entre ellos la Iglesia católica, temen que esa industria contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero presentada por Bukele y que abastece de agua al 70% de los habitantes de la capital y ciudades aledañas.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la jesuita Universidad Centroamericana publicada el lunes reveló que el 59,2% de los entrevistados considera que El Salvador no es "un país apropiado para hacer minería metálica".
Bukele aseguró recientemente que, según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes "al 380% del PIB".
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El Salvador vuelve a permitir la minería a pedido de Bukele
Congreso El Salvador aprueba ley que permite minería metálica tras años de prohibición
Fecha de Publicación: 26/12/2024
Fuente: Agencia Reuters
País/Región: El Salvador
El Congreso salvadoreño aprobó el lunes una ley que permite la minería metálica en el país centroamericano luego de siete años de prohibición, desatando una ola de críticas de ecologistas debido a los riesgos medioambientales.
Con 57 votos de los 60 posibles, los diputados de mayoría oficialista y sus aliados aprobaron la legislación impulsada por el presidente Nayib Bukele que permite la exploración, explotación, extracción y procesamiento de los recursos producto de la minería metálica del suelo y del subsuelo comprendido en el territorio, incluso marítimo.
"Sabemos que esta actividad va a generar empleos, va a generar desarrollo y va a llevar también dinero para invertir en políticas públicas", dijo en el pleno la diputada Elisa Rosales, del partido gobernante Nuevas Ideas (NI).
En la ley se establece que el Estado será el único habilitado para realizar todas las actividades mineras, se elimina todo lo concerniente al otorgamiento de las concesiones, licencias o permisos para el desarrollo de particulares y se prohíbe el uso de mercurio.
Además, se buscará declarar zonas no compatibles con la minería metálica como lugares forestales, áreas naturales protegidas, de recarga hídrica y urbanas.
El 27 de noviembre, el popular mandatario Nayib Bukele mencionó en X que, según estudios realizados, en solo el 4% del área potencial se identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas en más de 131,000 millones de dólares, equivalente al 380% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador.
Agregó que el potencial total podría superar los 3 billones de dólares, más del 8,800% del PIB.
Decenas de personas protestaban el lunes en las inmediaciones del Congreso contra la ley porque temen que los futuros proyectos puedan afectar a las comunidades y el ecosistema del país más pequeño de Centroamérica.
"Nos oponemos a la minería metálica porque se ha demostrado técnicamente y científicamente que la minería es inviable en el país", dijo a periodistas el ambientalista Luis González. "El nivel de contaminación que se generaría que en el agua, el suelo y la biodiversidad es inadmisible para la vida como la conocemos".
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El Salvador podría habilitar la minería
Bukele confirmó que impulsará la minería metálica, prohibida en El Salvador desde 2017
Fecha de Publicación: 04/12/2024
Fuente: Página 12 (Argentina)
País/Región: El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió la confianza de los salvadoreños en su Gobierno para permitir la minería metálica, prohibida desde 2017 por una ley que calificó de ser una "tontería".
"Lo vamos hacer bien y vamos, no a cuidar el medio ambiente, vamos a mejorar el medio ambiente", dijo el mandatario a preguntas de la prensa sobre una publicación suya en redes sociales, en la que afirmó la semana pasada que era "¡Absurdo!" que en su país estuviera prohibida esta actividad.
El mandatario agregó que "han confiado en nosotros en las otras reformas que hemos hecho, (...) confíen en nosotros en esto" y "si lo hacemos mal, nos castigan en las elecciones".
De acuerdo con Bukele, cuya partido Nuevas Ideas (NI) tiene los votos para derogar la prohibición de la minería en cualquier momento, en el territorio salvadoreño existirían, además de yacimientos de oro, metales de la cuarta y quinta "revolución industrial".
Dijo que en sus estudios han identificado cobalto, litio, níquel y "tierras raras que son utilizadas para la electrónica avanzada", además de platino, iridio, tantalio, titanio, galio y germanio, entre otros.
"Necesitamos hacer una explotación responsable de nuestros recursos naturales, como lo hacen todos los países del mundo", agregó Bukele, quien citó como ejemplos a Catar, Israel, Canadá y Suiza, y apuntó que "no hay un país que haya hecho una tontería así" de prohibir la minería.
La Iglesia, en contra
Estas declaraciones se dan después de que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, llamó a no derogar la ley que prohíbe la minería metálica porque generaría la muerte de "gran parte" de la población.
"Esperamos que nuestras autoridades recapaciten y no deroguen la ley que prohíbe la minería, protegiendo la vida y la salud de nuestro pueblo", dijo el principal jerarca de la Iglesia católica salvadoreña.
En El Salvador, la minería de metales está prohibida desde 2017, cuando el Congreso aprobó una ley por considerar que dicha práctica afectaría el bienestar de los salvadoreños por la contaminación que genera.
Diversas organizaciones han rechazado la publicación de Bukele y han advertido que esto pondría en peligro el principal afluente del país, el río Lempa, que abastece de agua al 50 % de la población.
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Ocho países de AL inician un plan por la basura marina
Ocho países de América Latina combatirán juntos la basura marina y la contaminación por plásticos
Fecha de Publicación: 09/06/2022
Fuente: ONU
País/Región: América Latina
El 80% de la basura marina proviene de fuentes terrestres, principalmente plásticos asociados a empaques de alimentos y bebidas. América Latina y el Caribe genera diariamente 17.000 toneladas de residuos plásticos. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia integran la iniciativa.
Con el objetivo de abordar de forma coordinada y global la problemática de la contaminación por plásticos, ocho países de América Latina se han unido para desarrollar conjuntamente el Plan de Acción de Basura Marina para el Pacífico Nordeste 2022-2026, mediante una propuesta eficaz y sostenible en el tiempo.
Los países que integran la iniciativa son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia.
Los océanos se han convertido en inmensos depósitos de desechos plásticos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 80% de la basura marina proviene de fuentes terrestres, principalmente por plásticos asociados a empaques de alimentos y bebidas.
La producción y el diseño de productos con alto contenido de plástico innecesario o de un solo uso, el consumo acelerado y un manejo ineficiente de los residuos son algunas de las causas de esta epidemia plástica, la cual produce impactos negativos en los ecosistemas, las economías y el bienestar humano.
El plan, elaborado conjuntamente por representantes de las autoridades nacionales pertinentes de los ocho países de esta subregión, con el apoyo de la agencia de la ONU, como parte de la labor de la Alianza Mundial sobre la Basura Marina, y la Fundación MarViva, analiza la situación actual de la basura marina en la región, identifica las brechas y oportunidades de mejora y genera recomendaciones en torno a la prevención, la reducción y la gestión adecuada de los residuos marinos.
“A pesar de que los océanos son esenciales para el equilibrio del planeta, los ecosistemas costeros son cada vez más vulnerables como consecuencia de las actividades humanas, principalmente las terrestres que son origen del 80% de la basura marina. Se trata de un problema global y, por lo tanto, la única forma de abordarlo es con soluciones coordinadas y de gran alcance”, destacó Jorge Jiménez, director general de Fundación MarViva.
Responsabilizar a los contaminadores
Aumentar la información, monitorear, fortalecer la vigilancia del cumplimiento de la normativa, sensibilizar a la población y responsabilizar al productor de sus propios residuos son algunas de las oportunidades prioritarias identificadas en el Plan.
“Este plan reúne los esfuerzos de múltiples actores para trabajar en favor de la prevención de la contaminación por plásticos, y la conservación de nuestros océanos, como recurso mundial esencial para asegurarles un futuro sostenible a las próximas generaciones, contribuyendo de forma integral a lograr los compromisos establecidos en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas”, manifestó Jacqueline Álvarez, representante regional del PNUMA en América Latina y el Caribe.
Precisamente, en esta región se generan diariamente 17.000 toneladas de residuos plásticos, de las cuales el 30 % aún se dispone en basureros a cielo abierto, afectando a más de 40 millones de personas.
Situación mundial de la basura marina
- El 15% de la basura marina flota en la superficie del mar, otro 15% se localiza en la columna de agua y el 70% permanece en el fondo marino
- El 80% de la basura marina proviene de fuentes terrestres, principalmente por plásticos asociados a empaques de alimentos y bebidas
- Los plásticos son la fracción más grande, dañina y persistente de la basura marina, representando al menos el 85% del total. El plástico de un solo uso, a su vez, puede constituir hasta el 70% del material encontrado en los mares
- Para el año 2050 habrá más plástico en el mar que peces
- Los microplásticos de origen secundario son partículas de plástico de menos de 5 mm de diámetro, que se encuentran en el medio ambiente producto de la degradación de plásticos de mayor tamaño. Otros microplásticos, de origen primario, se liberan directamente en el medio ambiente tras haber sido añadidos intencionadamente a ciertos productos, como cosméticos o textiles.
- Si la situacio´n actual continu´a, para el 2025 se pronostica que 1.303.186 toneladas de pla´stico estarán presentes en los espacios marinos de la regio´n del Paci´fico Nordeste
El Plan de Acción de Basura Marina para el Pacífico Nordeste 2022-2026 se lanza en el marco de la celebración del Día Mundial de los Océanos, que se conmemora cada 8 de junio para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas.
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El Salvador: sociedad sale a defender el agua
Fecha de Publicación: 25/07/2018
Fuente: TeleSur
País/Región: El Salvador
Líderes sociales presentaron en 2008 una propuesta ante la Asamblea Legislativa para exihir que el vital líquido sea administrado por la población común
Los movimientos sociales de El Salvador se unieron este jueves a la alianza contra la Privatización del Agua, para desplegar una movilización en la capital de esa nación centroamericana, para exigir el derecho al uso común del líquido vital.
Los representantes y voceros de las comunidades y organizaciones rechazaron el manejo del recurso natural, solo de parte de las empresas privadas fabricantes de bebidas gaseosas, de alimentos, de productos químicos y de limpieza.
Por su parte, los líderes de comunitarios sostienen que hace más de 10 años presentaron una propuesta de Ley General de Aguas, ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, con la que se exige que el vital líquido sea administrado únicamente por la población común.
Según los ciudadanos salvadoreños, se conoció que La comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa, retomó este 2018 la discusión de la ley integral del agua, la cual fue presentada en junio del 2017 por los partidos de Arrena, GANA, PCN, y PDC, con el fin de beneficiar solo y exclusivamente a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep) de ese país mezoamericano.
El Salvador alerta por fuerte sequía
"Ahora que la mayoría de diputadas y diputados responden a los intereses de la Derecha empresarial, quieren aprobar una ley privatizadora, que fue presentada hace apenas un año, sin importarles las necesidades y exigencias de las comunidades que ni siquiera cuentan con agua potable domiciliar", estimó un ciudadano.
"Aclaramos a esas diputadas y diputados de derecha, que no vamos a permitir que la empresa privada salga triunfante; que no vamos a consentir que se juegue con una necesidad tan vital para nuestras familias. Estamos dispuestas y dispuestos a defender nuestro territorio, como bien lo hicimos con la lucha anti minera, agregó.
Cabe destacar que el artículo 8 del Anteproyecto de la Ley General de Aguas estipula el derecho humano primario y fundamental que tiene la población al “agua limpia y suficiente, cercana y a un costo asequible para el uso personal y doméstico, así como a sistemas de saneamiento garantes de la salud de la población.
En Latinoamérica, El Salvador es el país con más aguas contaminadas y con mayor deforestación y la tala ilegal de Centroamérica, además de ser objeto la práctica de agrícola no sostenible, en torno al uso de los agrotóxicos, entre los cuales figura el Glisofato, ya prohibido en Europa.
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El Salvador: peligro de privatización del agua
Fecha de Publicación: 27/06/2018
Fuente: Agencia EFE
País/Región: El Salvador
Más de 800 sindicalistas de El Salvador protestaron por las calles de la capital para denunciar la "estrategia" con la que los empresarios y los partidos de derecha en el Congreso supuestamente buscan privatizar el agua.
“El pueblo salvadoreño no va a permitir que la derecha siga arremetiendo contra los más necesitados con el tema del agua”, dijo a periodistas Marielos de León, de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS). Señaló que, ante la presión de las organizaciones sociales, la Iglesia Católica y la estatal Universidad de El Salvador (UES), los diputados de 4 partidos de derecha han optado por un “juego de palabras” al asegurar que no privatizarán el agua y tratar de dejar el ente rector en manos de empresarios.
“Ese juego de palabras que tiene la derecha de decir que no nos va a privatizar el agua no lo creemos, porque los salvadoreños tenemos la amarga experiencia de las privatizaciones”, acotó la sindicalista.
Recordó que entre 1989 y 2004 tres presidentes que llegaron al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguraron que la privatización de la banca, las pensiones, las telecomunicaciones y la dolarización de la economía beneficiarían a los salvadoreños. Señaló que dichas privatizaciones y reformas dejaron “pensiones de hambre” a los jubilados, el dinero estatal usado para “sanear” la banca en manos privadas y problemas económicos por las “depresiones” del dólar.
“No queremos más privatizaciones, porque lo poco que nos queda es el recurso hídrico y no queremos que maten a los pobres de sed”, añadió la activista, quien fue una de las personas que encabezaron la marcha.
El secretario de Conflictos del Sindicato de Obreros y Trabajadores de ANDA (SOPTRA), Manuel Enríquez, dijo a Acan-Efe que la eventual privatización del agua y la creación de un nuevo ente rector de su uso dejaría sin empleo a 4.200 trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
“Todos estamos amenazados de quedarnos sin empleo si la derecha de este país logra su objetivo de privatizar el agua”, señaló Enríquez, y llamó a los diputados a desechar el estudio de una propuesta de Ley General de Aguas, presentada por la empresa privada, que establece la creación de un nuevo ente rector con “salarios de hambre, como es la costumbre de la empresa privada en este país”.
Los sindicalistas marcharon por las zonas cercanas a la sede del Congreso con la intención de acercarse los más posible, pero la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía cerró los principales accesos.
Rechazo a la privatización
Los más de 800 manifestantes vestían camisas con mensajes de rechazo a la privatización, también portaban mantas y pancartas, y gritaban consignas para llamar al resto de la sociedad a sumarse a la “lucha”.
Diversos sectores de la sociedad salvadoreña se han pronunciado en contra de una supuesta privatización del agua luego que diputados retomaran la discusión para aprobar una Ley General de Aguas.
Según el Órgano Legislativo, los parlamentarios han ratificado los primeros cinco artículos de la normativa que fueron aprobados por la pasada legislatura, los cuales tienen que ver con la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
El principal punto en discordia es la intención de los partidos de derecha de incluir a representantes de la empresa privada en el ANA con un número de votos que, según las organizaciones, le darían el dominio del organismo.
Los partidos señalados son Arena, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN), que poseen los votos necesarios para aprobar la normativa y para superar un eventual veto presidencial.
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El Salvador: alerta por posible derogación de ley contra minería
Fecha de Publicación: 18/04/2018
Fuente: Agencia AFP
País/Región: El Salvador
Organizaciones ambientalistas de El Salvador instaron este miércoles a prohibir constitucionalmente la minería metálica ante el temor de que el Congreso, que desde mayo estará controlado por la derecha, derogue una ley en ese sentido aprobada hace un año.
"Que la prohibición de la minería sea elevada a rango constitucional para garantizar la sustentabilidad ambiental de este país" es la principal demanda que plantearon siete organizaciones defensoras del medio ambiente en un comunicado.
El Salvador se convirtió el 29 de marzo de 2017 en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, lo cual incluye actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales en su territorio, de 20.742 km2 y 6,6 millones de habitantes.
En los comicios legislativos del pasado 4 de marzo, la izquierda que respaldaba la lucha contra la minería perdió la llave en el Congreso unicameral de 84 escaños al obtener solo 22 diputados. Desde el 1 de mayo y durante tres años la derecha tendrá la mayoría.
"Los cambios recientes en la coyuntura política del país podrían generar condiciones para la derogación de la ley contra la minería", advirtió Bernardo Belloso, del directorio de las organizaciones no gubernamentales antiminería.
La ley de prohibición minera podría ser derogada con mayoría simple de 43 votos en el Congreso y los partidos de derecha cuentan con los 56 votos necesarios para revocar un eventual veto presidencial.
"Vemos que la ley antiminería está en peligro, si todos los partidos de derecha están en la disposición de derogar la ley, lo más seguro es que tengamos explotación minera", sostuvo el ambientalista.
Las alarmas de las agrupaciones ambientalistas se encendieron a propósito de la promoción de la llamada "minería verde", que una de las compañías mineras inició luego de que partidos de derecha obtuvieron mayoría legislativa en las elecciones del 5 de marzo.
Durante sus sucesivos gobiernos entre 1989 y 2009, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) concedió permisos de exploración minera.
"La minería verde no existe, es una campaña para dar mala información a la población", aseguró Belloso.
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El Salvador se transforma en modelo a seguir antiminero
Fecha de Publicación: 04/04/2017
Fuente: IPS
País/Región: El Salvador
El más pequeño país de América Central, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo, aseguran activistas y pobladores.
“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo a IPS el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.
Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles 29 de marzo la ley, calificada de histórica, en que mediante 11 artículos prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.
Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la Asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición alcanzado la víspera por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, paso previo para la votación en plenaria.
He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó a IPS el jubilado César Augusto Jaco, del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.
Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, subrayó, frente a la Asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.
El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.
El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.
Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.
La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.
El informe “La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed”, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.
Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.
En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.
En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).
Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.
“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley a IPS.
La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todos con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria manera.
Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.
El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.
“La Iglesia Católica es un enorme poder en El Salvador, y su lucha junto a las comunidades no empieza este año, sino en 2007 cuando ya se posiciona, como Conferencia Episcopal, con su documento Cuidemos la Casa de Todos”, apuntó McKinley.
La ley es la culminación de años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron, sobre todo, a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora OceanaGold tras ser adquirida en 2013 por esta corporación australiana-canadiense.
La compañía demandó a El Salvador por 250 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, siglas en inglés), luego de que en 2008 el gobierno de entonces, de derechas, le negara el permiso de explotación.
Los dos gobiernos sucesivos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han mantenido desde el 2009 esa moratoria no declarada.
En octubre del 2016, el Ciadi resolvió a favor de El Salvador, y falló que la empresa debe además pagar ocho millones de dólares en costos procesales, lo que la empresa no cumplió hasta ahora.
Y en un nuevo revés, ese tribunal determinó el 28 de marzo que la corporación pague además los intereses, a una tasa de entre dos y cinco por ciento mensual, por la mora en saldar la deuda en que ha incurrido desde octubre.
Esos fallos contribuyeron, también, a generar un clima propicio para la prohibición.
“Venimos en plan de celebrar el triunfo de nuestra lucha, celebración continúa allá en las comunidades donde la gente ha estado en resistencia”, señaló a IPS la coordinadora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, Rina Navarrete.
Agregó que el logro obtenido es una reivindicación al trabajo de “los mártires caídos en esta lucha en contra de la corporación minera”, en alusión a Ramiro Rivera, Marcelo Rivera (sin vinculación con el anerior) y Dora Alicia Sorto, ambientalistas asesinados por sicarios entre junio y diciembre del 2009, en ese poblado de Cabañas.
Naverrete, una madre soltera de dos hijos, residente en el municipio de Llano de la Hacienda, en Cabañas, retomó el trabajo del asesinado Marcelo Rivera.
Los activistas fueron presuntamente acribillados por su liderazgo contra las actividades de la entonces Pacific Rim en esa zona, aunque eso no quedó confirmado por las autoridades judiciales.
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El Salvador: la iglesia lidera la lucha contra minería
Fecha de Publicación: 13/03/2017
Fuente: Terra
País/Región: El Salvador
"En verdad estamos bajo una amenaza de vida o muerte. Pudiéramos decir, usando la alegoría histórica, que estamos bajo la espada de Damocles si se autoriza a las trasnacionales explotar las minas en nuestro país".
Así de grave es la situación de El Salvador, según afirmó el arzobispo de la capital, monseñor José Luis Escobar Alas, antes de encabezar el jueves una marcha multitudinaria para presionar a los diputados de la Asamblea Legislativa a promulgar una ley para prohibir la minería metálica en este pequeño país de Centroamérica.
A la petición de Escobar se sumó el obispó auxiliar monseñor Gregorio Rosa Chávez, representantes de Caritas de El Salvador y los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), quienes encabezaron la marcha que partió desde un parque del centro histórico de la capital con dirección la Asamblea Legislativa. Una vez ahí, los manifestantes fueron recibidos por el presidente del Congreso unicameral, Guillermo Gallegos, y representantes de todos los partidos políticos, a los que les entregaron pliegos con 33.588 firmas de salvadoreños que apoyan la propuesta.
El prelado católico dijo que "este es un día histórico en el que queremos pedirle a El Salvador que se salve de la muerte, que se salve del cianuro, que se salve de esta grave agresión, de la explotación minera". Asimismo, explicó que en la explotación de la minería metálica las trasnacionales usan toneladas de cianuro que se mezcla con millones de litros de agua que, a su vez, perjudican los mantos acuíferos y el medio ambiente.
El rector de la UCA, padre Andreu Oliva, dijo al dirigirse a los diputados que "este tema de la minería es un tema clave, muy importante de cara a pensar un futuro para nuestro país. La minería metálica realmente es catastrófica en países con talad densidad de población como El Salvador".
Después de un largo litigio, El Salvador se adjudicó en octubre de 2016 una victoria legal contra la compañía OceanaGold, antes Pacific Rin, que demandó al Estado salvadoreño por negarle permisos de explotación minera. La empresa había solicitado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que ordenara a El Salvador pagar 250 millones de dólares por la pérdida de ganancias potenciales cuando el país no otorgó una licencia para la extracción de oro en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas y en otras regiones del país con potencial para la extracción de metales preciosos.
El CIADI desestimó todos los reclamos de la empresa minera y además la condenó al reembolso de 8 millones de dólares por los costos procesales.
A principios de 2000, la Dirección de Hidrocarburos del ministerio de Economía autorizó la exploración en la zona de El Dorado, pero cuando la compañía encontró yacimientos de oro y plata en el departamento de Cabañas, al noreste de la capital, las solicitudes para los permisos de explotación nunca fueron respondidas por las dependencias gubernamentales correspondientes.
El ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador realizó una evaluación ambiental de la minería metálica, que determinó que las condiciones del país no son adecuadas para el desarrollo de la actividad minera, ya que se comprometían los recursos naturales, en específico el agua.
No obstante, sigue abierta la posibilidad de que en el futuro se autorice la explotación de la minería metálica, ya que no hay ninguna ley que lo prohíba.
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El Salvador le gana a transnacional minera, pero...
Fecha de Publicación: 13/11/2016
Fuente: IPS
País/Región: El Salvador
Organizaciones ambientalistas no bajan la guardia en su lucha contra las operaciones de la corporación minera transnacional OceanaGold, que acaba de perder un litigio contra El Salvador pero que no da visos de renunciar al negocio extractivo en este país centroamericano.
“La amenaza aún no desaparece, ellos (OceanaGold) siguen con su esfuerzo por confundir a la gente sobre las supuestas ventajas de la minería”, dijo a IPS la activista Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta, una de las 11 organizaciones que conforman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
“Están arreciando el trabajo con la gente de la zona”, recalcó la integrante de la Mesa, que encabeza la lucha en El Salvador para que la actividad minera sea prohibida legalmente en el país, después que ya desde 2008 se paralizó el otorgamiento de nuevas concesiones.
El 14 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), que opera dentro del Banco Mundial, falló a favor de El Salvador en la demanda por 250 millones de dólares, que interpuso en 2009 la compañía minera Pacific Rim, adquirida en 2013 por la corporación australiana-canadiense OceanaGold.
Tras varios años de actividades exploratorias, el gobierno del entonces presidente Elías Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), le negó en 2008 el permiso de explotación de la mina El Dorado, ubicada en las cercanías del municipio de San Isidro, en el norteño departamento de Cabañas.
Los gobiernos posteriores, encabezados desde 2009 por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), mantuvieron la medida.
“El temor nuestro es que la empresa esté esperando las condiciones que le permitan seguir con su actividad”, añadió Morales, durante un viaje a San Salvador desde la localidad de Santa Marta, para encontrarse con otros miembros de la Mesa.
Esa comunidad de 3.500 familias, enclavada en las montañas del departamento de Cabañas, ha estado a la vanguardia en la lucha contra la industria extractiva metálica desde 2004.
La compañía “no ha renunciado y nunca va a renunciar (a su interés en seguir con sus operaciones), ven las ganancias que hay detrás”, afirmó a IPS el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, Bernardo Belloso.
Ya en 2008, el estudio El Lado Oscuro del Oro advertía sobre los impactos ambientales y sociales de la minería metálica en el país.
El reporte revelaba que desde 2006 se habían aprobado 29 proyectos exploratorios a 11 compañías extranjeras, que proyectaban extraer en total unos 12 millones de onzas de oro y 78 de plata.
Para ello utilizarían unos 22 millones de litros de agua, y se aplicarían unas 950 toneladas de cianuro, un tóxico considerado mortal. De haber prosperado esos planes, se habrían generado ganancias globales por unos 10.000 millones de dólares.
El Salvador muy complicado con el agua a largo plazo
Fecha de Publicación: 15/05/2016
Fuente: Terra
País/Región: El Salvador
La vida en El Salvador será inviable en 80 años por la crisis hídrica, que recientemente llevó al Gobierno a declarar una emergencia nacional, concluye un estudio realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) dado a conocer hoy.
“De acuerdo a los análisis científicos realizados por diferentes organizaciones internacionales y analizados en el presente estudio, si seguimos en esta lógica de deterioro, de degradación de los bienes hídricos en El Salvador, en 80 años la vida será inviable en el país”, sentenció el titular de la PDDH, David Morales.
El ombudsman salvadoreño señaló que el estudio da cuenta de que en 80 años “la disponibilidad per cápita de agua” se reducirá en un 83 % en esta nación, en la que unas 600.000 familias del área rural no tienen acceso al agua potable.
“El estudio estaría reflejando la progresiva degradación de nuestros mantos acuíferos, aguas subterráneas y el deterioro de nuestras cuencas, especialmente en el oriente del país”, detalló.
Por su parte, el experto que realizó el estudio, Julio Basagoitia, señaló que la disminución de la disponibilidad de agua no se debe solo a los efectos del cambio climático, sino también a la “eliminación de áreas boscosas, el avance urbanístico y una agricultura basada en monocultivos”.
Recomendaciones
“Las recomendaciones (del estudio) van giradas a que debemos de conservar nuestra cobertura arbórea” y “tener un giro en el paradigma urbanístico que tenemos”, señaló.
El experto expuso que en 2016 “se han roto récords históricos” de disminución de los caudales de los ríos principales.
Añadió que en el país centroamericano existe una “contaminación legal” del agua el vertido de aguas residuales a los ríos que afecta al menos el 89 % de las aguas superficiales.
“Hay acuíferos que ya exceden los estándares de poder ser potabilizados mediante métodos tradicionales, se tienen que usar tecnologías más desarrolladas”, sostuvo.
En este sentido, el procurador Morales acusó al Estado salvadoreño de ser “pasivo” ante esta situación.
“Estamos destruyendo la vida de nuestro pueblo, estamos destruyendo nuestra viabilidad como nación y me parece inaceptable la pasividad del Estado”, señaló el procurador.
Ley General de Aguas
Morales fue más especifico y responsabilizó al Congreso que desde 1996 debate la creación de la Ley General de Aguas y de establecer el acceso al agua como un derecho humano en la Constitución.
Para el defensor, la “intervención” del Estado en la crisis del agua es “urgente”.
El pasado 14 de abril el Gobierno salvadoreño decretó emergencia nacional por la escasez de agua, principalmente en la zona central, y puso a disposición de la autónoma Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) 3,5 millones de dólares para construir 4 nuevos pozos.
Por otra parte, la semana pasada, un ingenio azucarero derramó miles de galones de melaza de caña en el río Magdalena, en el occidental departamento de Santa Ana, lo que comprometió el abastecimiento de unas 400 familias y la muerte de la mayoría de los peces.
La contaminación generada por este derrame ha llegado hasta Guatemala.
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El Salvador en vilo por OceanaGold y el Banco Mundial
Fecha de Publicación: 02/10/2015
Fuente: BBC
País/Región: El Salvador
En una oficina en Washington, no falta mucho para que tres árbitros decidan, sin derecho a apelación, la demanda presentada por la compañía minera multinacional OceanaGold contra El Salvador.
En juego está, según el gobierno del país centroamericano, nada menos que la salud de sus habitantes.
Mientras que la minera insiste en la importancia de mantener la seguridad jurídica que los inversionistas esperan para defender sus intereses.
El caso tiene implicaciones también para el futuro de otras naciones en América Latina y el resto del mundo.
"Lo que está en juego es si una empresa internacional puede utilizar el sistema de arbitraje internacional para obligar a un Estado soberano a cambiar sus leyes. O si es el inversionista extranjero quien tiene que cumplir las leyes del país en que ha decidido invertir", le dijo a BBC Mundo Luis Parada, coordinador del equipo de abogados de la empresa estadounidense Foley Hoag que representa a El Salvador.
A lo que la minera argumenta que defiende derechos adquiridos de manera legítima.
Contaminación
OceanaGold, una minera canadiense-australiana, demanda a El Salvador por la decisión del país de no otorgarle una concesión para explotar oro.
El gobierno salvadoreño asegura que la explotación podría contaminar los escasos recursos acuíferos de que dispone la nación.
El reclamo inicial de la compañía fue por US$314 millones, una cifra luego reducida a US$250 millones.
El monto cercano es el equivalente al presupuesto de tres años de salud, educación y seguridad pública combinados, según dijo durante un viaje a Canadá para divulgar la posición salvadoreña Yanira Cortez, procuradora adjunta para la defensa del medio ambiente del país centroamericano.
"Tenemos el derecho a decidir sobre nuestros propios recursos naturales".
Ya tuvo lugar la audiencia final y se espera en cualquier momento una decisión del CIADI, el panel de arbitraje del Banco Mundial con sede en Washington.
Para Luis Parada, "lo que OceanaGold quiere en realidad es que El Salvador, ante la amenaza (de tener que pagar) les otorgue la concesión".
De Pacific Rim a OceanaGold
El reclamo tiene sus orígenes en 2004. En ese entonces, la empresa canadiense Pacific Rim, luego adquirida por OceanaGold, solicitó una concesión de explotación para una mina de oro, El Dorado, en el departamento norteño de Cabañas.
Pacific Rim pidió la concesión pocos días antes de que expiraran dos licencias de exploración que se le habían concedido.
Parada señala que El Salvador no otorgó la concesión de explotación porque Pacific Rim no cumplió tres requisitos de la Ley de Minería.
"Pacific Rim no era propietaria o tenía permiso de los dueños del área solicitada en concesión, no presentó un estudio de factibilidad y no presentó permiso ambiental", le dijo a BBC Mundo Parada, abogado oriundo de El Salvador.
Parada afirma que cuando el gobierno salvadoreño comunicó su decisión a la empresa, ésta intentó convencerlo de que cambiara la Ley de Minería e incluso "redactó un proyecto de una nueva ley en 2007, intentando que fuera aprobado en la Asamblea Legislativa".
"Cuando eso no fue posible Pacific Rim amenazó a El Salvador con un arbitraje internacional y cambió la nacionalidad a su subsidiaria Pac Rim Cayman de las Islas Cayman a Estados Unidos para acogerse al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, CAFTA en inglés", afirmó Parada.
"Y luego inició el arbitraje en 2009", aseguró.
"OceanaGold intervino en el arbitraje a partir de 2012, cuando adquirió el 20% de las acciones de Pacific Rim, comprando el 80% restante en 2013".
Sin jurisdicción
El Salvador logró que el tribunal de arbitraje del Banco Mundial decidiera que no tenía jurisdicción para decidir la controversia bajo CAFTA.
Pero el panel con sede en Washington sí se declaró competente bajo la Ley de Inversiones de El Salvador.
"Para El Salvador es mucho lo que está en riesgo en este caso", le dijo a BBC Mundo Jennifer Moore, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada, una ONG canadiense que monitorea el impacto de los proyectos mineros de Canadá en el mundo.
"Para OceanaGold, en cambio, es una apuesta relativamente barata", agregó Moore.
Los argumentos
El Salvador afirma que Pacific Rim no cumplió los requisitos de la Ley de Minería y que el país está en su derecho de implementar medidas diseñadas para proteger la salud y la vida de su población y el medio ambiente.
Según Parada, es algo crucial, "especialmente en un país tan pequeño como El Salvador (21.000 km cuadrados), con un gran estrés hídrico y que esencialmente depende un río principal, el Lempa, que cruza todo el territorio salvadoreño y que resultaría afectado con cualquier derrame de sustancias tóxicas en el sitio del proyecto de Pacific Rim".
En cuanto a los argumentos presentados por la minera internacional, Parada sostiene que "han cambiado a medida que ha avanzado el arbitraje".
"Primero dijeron que habían cumplido con todos los requisitos de ley, menos con el permiso ambiental, diciendo que no había sido otorgado por razones arbitrarias", aseguró el letrado.
"Pero al final, Pacific Rim/OceanaGold ha sostenido que tiene derecho automático a la concesión aún si no hubiese cumplido con los requisitos de ley, por el solo hecho de haber explorado y encontrado minerales", agregó.
El vocero de OceanaGold, Andrea Atell, señaló a la publicación canadiense The Catholic Register: "La licencia de exploración para el proyecto El Dorado, que fue concedida bajo la ley de minería y que fue apoyada por el hallazgo de valiosas reservas de oro por Pacific Rim, creó una obligación legal al gobierno salvadoreño de procesar la aplicación de una concesión de explotación".
"Pacific Rim invirtió decenas de millones de dólares. Pero creemos que la medida apropiada de los daños reclamados es el valor del mineral cuya explotación fue bloqueada", dijo este año a la BBC Timothy McCrum, abogado de Pacific Rim en la disputa.
Cuando la BBC cuestionó este argumento, señalando que la compañía pierde las "decenas de millones" que invirtió, y no la cifra mucho mayor de US$250 millones de oro que aún no ha sido explotado, McCrum señaló: "Es una cuestión que deberá resolver el panel de arbitraje"
OceanaGold asegura que cumplió los requisitos legales pero luego se vio perjudicada por la decisión del entonces presidente, Antonio Saca, a través de declaraciones de prensa, de introducir una "prohibición de facto", al suspender las concesiones de minería metálica por su riesgo, en respuesta a protestas y marchas populares.
McCrum le dijo a la BBC: "En marzo de 2008 el entonces presidente de El Salvador declaró a la prensa que no habría más minería metálica en el país. Fueron simplemente declaraciones de prensa sin ningún cambio en la ley".
"No es el único caso"
La lucha de El Salvador ante el riesgo de derrames tóxicos tuvo su origen en las propias comunidades de zonas que se verían afectadas por eventuales concesiones.
"Esa población se organizó en varias ONG que han contado con el apoyo de ONG internacionales y de muchos amigos y aliados internacionales que han acompañado al pueblo de El Salvador en esta lucha", señaló Parada.
Jennifer Moore le dijo a BBC Mundo que las comunidades en Cabañas "se educaron a sí mismas sobre los impactos negativos que las minas de oro pueden tener en las fuentes de agua".
"Sin duda, otros gobiernos están atentos a lo que suceda en este caso", asegura.
Cambio de ley
Tras la demanda de OceanaGold, El Salvador ya cambió su Ley de Inversiones en 2013, eliminando cualquier referencia a arbitraje internacional para decidir sobre controversias con inversionistas extranjeros.
Pero la vía del tribunal arbitral está incluida en cada vez más acuerdos y tratados internacionales de inversión. Es uno de los puntos más controvertidos en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, TTIP por sus siglas en inglés, que está siendo negociada actualmente.
Parada considera que entender qué está en riesgo en el caso contra El Salvador es vital para otros países, porque "está en juego su misma esencia como Estados que deben velar por la salud y la vida de sus habitantes".
"El hecho de que se esté ante la duda de cuál debe ser la prioridad en el arbitraje internacional, si la vida humana o las ganancias corporativas, debe hacer reflexionar a todos los Estados sobre la necesidad de hacer cambios sustantivos a los tratados que firman dando esos extensos poderes a estos tribunales arbitrales".
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Conocé al salvadoreño que intenta salvar al cocodrilo
Fecha de Publicación: 05/07/2015
Fuente: La Estrella (Panamá)
País/Región: El Salvador
Frente a un bosque de mangle, José Antonio Villeda, alimenta a un puñado de cocodrilos nacidos poco tiempo antes en el nido que les preparó.
Lleva seis años rescatando a los reptiles, amenazados con la extinción por la cacería furtiva en la costa oeste de El Salvador.
Con 53 años de edad y 36 como guardabosques, Villeda, de 1,8 m de estatura, piel blanca y ojos claros, vive la mayor parte de su vida entre los canales formados en los manglares vigilando la reserva natural de la Barra de Santiago, en la coste del Pacífico, a unos 110 km al oeste de San Salvador. "Analizamos que la población de cocodrilos no crecía porque antes de 1980 fueron duramente atacados por cazadores que buscaban las pieles, al grado que en la zona solo quedaban cinco ejemplares. Por eso desde 1990 comenzamos a monitorear sus sitios de anidación", relata Villeda a la AFP.
La tarea no fue fácil. La mayoría de los 350 ranchos de la zona tenían como trofeo un cocodrilo disecado, mientras los lugareños atenazados por la pobreza recogían moluscos, crustáceos y vigilaban la época de desove de los cocodrilos para consumir los huevos.
Hace seis años, con programas educativos entre los más de 26,000 habitantes de la reserva que abarca más de 2.234 hectáreas, Villeda se instruyó sobre la forma de reproducir los cocodrilos, mientras que la población comenzó a entregar los huevos de los anfibios. "Cuidar un nido con huevos es una gran responsabilidad, porque según sea la temperatura, así será el período para la eclosión, que bien puede llevar unos 85 días o se puede anticipar. Uno tiene que estar atento al llanto que emiten las crías porque ellos apenas abren el cascarón en la parte de la mandíbula y uno debe ayudarles a salir", explicó.
Una vez nacen los reptiles, Villeda, quien también tiene un restaurante, usa su dinero para comprar pescado y en forma paciente los alimenta: toma uno a uno en su mano, les abre la mandíbula de filosos dientes y con una improvisada espátula le da pequeñas porciones de pescado.
La alimentación la inicia desde el cuarto día posterior al nacimiento y los tiene un promedio de dos meses bajo su cuidado. "Lo gratificante es que hemos recuperado a la población de cocodrilos, una especie duramente cazada. De tener cinco ahora vemos más de 200", resume Villeda.
El canal de cocodrilos
Rodeado de gigantescos manglares, el canal El Zapatero combina el agua de mar y de ríos adyacentes para albergar a los cocodrilos y otras especies en extinción como la lora nuca amarrilla y la garza rosada, cuyas vistosas plumas eran codiciadas para adornar sombreros.
En un recorrido en lancha, periodistas de la AFP constataron cómo de las oscuras aguas de El Zapatero emerge la cabeza de cocodrilos para mostrar sus mandíbulas y abrir los párpados que dejan ver sus verdosos ojos.
El Zapatero, un centro de atracción turística, es el hábitat donde se liberan los pequeños reptiles que deben sortear el riesgo de ser carnada de los cocodrilos machos adultos que dominan la zona.
En las profundidades del canal, donde solo se escucha el canto de las aves, María Henríquez, de 34 años y 13 de trabajar como guardabosques, agarra con su mano el primer cocodrilo a liberar en el lodo que bordea las raíces de mangle. "Es algo emocionante, porque uno ayuda a la naturaleza para que siga manteniendo con vida a sus especies", confiesa Henríquez, la única mujer que trabaja en el grupo de seis guardabosques.
Impacto del cambio climático
El cambio climático se hace sentir en las fechas de anidación de los cocodrilos y también en el medio ambiente de la Barra de Santiago, que sufre el impacto de fuertes mareas que inundan y secan centenares de hectáreas de bosque salado. "El cambio ambiental nos ha trastocado la fecha de anidación. Hace cuatro años el desove era en febrero, (pero) desde hace dos años salen a depositar sus huevos en abril. Se ha trastornado el ambiente y muchas especies lo están padeciendo", exclama el protector de los cocodrilos.
El esfuerzo de Villeda es reconocido por la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que lo califica como "un ejemplo a seguir" en un país golpeado por fenómenos naturales y la presión causada por la pobreza, que afecta a 30% de los 6,3 millones de personas que viven en el escaso territorio 20.742km2. "Creemos que ese tipo de iniciativas (de Villeda) contribuyen a la conservación de nuestro ecosistema costero marino, amenazado por diversos riesgos", desctacó el técnico de la UNES, Gregorio Ramírez.
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El Salvador: deforestación seca cuatro ríos
Fecha de Publicación: 27/05/2015
Fuente: La Prensa Gráfica (El Salvador)
País/Región: El Salvador
El problema, según pobladores, se agrava con la instalación de tubos para sacar agua y por desinterés de la gente en cuidar los mantos acuíferos.
Las condiciones naturales de los ríos Guastena, Motochico, Chailaque y Chacahuaca llaman la atención de los habitantes del municipio de Concepción Quezaltepeque (Chalatenango), pues en los últimos dos años su caudal ha disminuido considerablemente, hasta el punto de quedar sin agua durante la época seca.
Esto genera preocupación en la zona, tanto en habitantes como autoridades locales, pues de dichos afluentes se abastece de agua potable Concepción Quezaltepeque, y de continuar la sequía, el próximo año la situación empeorará. “Si sigue el problema ya no vamos a tener agua para el otro año, ni habrá cultivos”, afirma Rubén Alvarado, habitante de Concepción Quezaltepeque.
Según pobladores, el problema empezó hace tres años, cuando el anterior gobierno municipal de Concepción Quezaltepeque otorgó permisos para talar árboles en las zonas aledañas y construir muros de contención, y también para cultivar.
“Hace unos tres o cuatro años había árboles grandes en los cerros y ayudaban mucho para mantener el agua, pero ahora los han cortado y hasta riegan pesticidas. Eso se realizó en el período pasado”, dijo Miguel Funes, el alcalde.
Los ríos que casi desaparecen en la época seca nacen en las áreas boscosas del municipio y de La Montañona, área natural protegida. Dichos afluentes tienen un recorrido de 25 kilómetros, aproximadamente, y desembocan en el embalse del Cerrón Grande, el espejo de agua más importante y extenso del país.
A finales de 2014 fueron talados árboles y quemaron las zonas del macizo montañoso, lo que afectó a más del 70 % de los cerros del municipio. Según contó el actual alcalde, nunca hubo en ese entonces un pronunciamiento de la comuna para frenar o denunciar dicho problema.
“La montaña sin árboles hace que haya más calor y menos agua, y nosotros como nuevo concejo vamos a rescatar las zonas y tomar medidas para que el fenómeno ya no siga afectando”, agregó el jefe municipal.
Algunos pobladores del cantón Llano Grande aseguran que, para agravar el impacto de la deforestación, en la parte alta del río Guastena los agricultores de la zona han instalado tubos que transportan agua en grandes cantidades hasta los terrenos cercanos donde hay cultivos.
Afirman también que otra cantidad de agua que se saca sirve para llenar piscinas en centros recreativos del sector. “Considero que parte del problema de que no haya agua se debe a que han puesto tubos para halar agua, por eso cuando el río llega al pueblo ya no lleva agua y solo se ven piedras”, externó un poblador del cantón Llano Grande.
Funes manifestó que regularán las instalaciones de mangueras y tubos en el cauce del río, con el fin de evitar una mayor disminución de agua.
Juan Escobar, promotor cultural y presidente del Comité de Desarrollo Ambiental de Concepción Quezaltepeque, señaló que los agricultores no tendrían necesidad de instalar tubos en los ríos para sacar agua en grandes cantidades si las áreas boscosas estuvieran forestadas, pues el agua naturalmente mantendría húmedos los terrenos con cultivos y el ganado tendría suficiente recurso en los ríos.
Otro factor que incide en la sequía es el proceso de urbanización en el municipio, que avanzó considerablemente en los últimos años. El alcalde de Concepción Quezaltepeque dice que desconoce sobre los permisos que el anterior concejo municipal otorgó a dueños de terrenos para construir caminos y viviendas, pero afirmó que está comprometido a verificar cada proyecto que será ejecutado y otros en ejecución.
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El Salvador apuesta a su biodiversidad ante la degradación
Fecha de Publicación: 05/11/2014
Fuente: Tierra America
País/Región: El Salvador
Carlos Menjívar, un lanchero que desde hace 20 años transporta personas en este pueblo costero del occidente de El Salvador, rodeado de mar, manglares y estero, sufre los efectos de la degradación ambiental de la zona.
El azolvamiento del principal canal que conecta con el pueblo, ha afectado sus ingresos, porque la mezcla de taponamiento y acumulación de sedimentos le hizo perder profundidad y en ocasiones se vuelve innavegable.
“Antes, ese canal era hondo, pero ahora no, en el fondo está todo el lodo que baja de arriba, las zonas altas… hay veces que no podemos trabajar”, dijo Menjívar a Tierramérica, a un costado de su barca Princesa, anclada en el embarcadero del pueblo.
A Barra de Santiago, con 3.000 habitantes y a unos 98 kilómetros al oeste de San Salvador, se puede llegar en vehículo por un camino de tierra, pero algunos turistas prefieren hacerlo en lancha a través del estero, rodeado de un exuberante bosque de mangle.
Pero pese a su belleza exterior, el manglar corre el riesgo de secarse en algunos tramos, porque el azolvamiento impide la necesaria irrigación de agua salobre.
En el humedal de Barra de Santiago, de 20 kilómetros cuadrados de extensión, existen 256 especies de animales, buena parte de ellos en peligro de extinción, explicó José Antonio Villedas, jefe de los guardaparques del lugar.
Los efectos económicos también golpean ya a los pobladores de Barra, “pues 99 por ciento de los hombres se dedican a la pesca”, dijo a Tierramérica, si bien también crece desde hace dos años el turismo ecológico, vinculado al humedal.
“La pérdida de profundidad del estero ha afectado la pesca y la extracción de moluscos, porque estamos perdiendo el ecosistema”, señaló Villedas.
La sedimentación del estero es uno de los problemas ambientales que enfrenta esta región costera, a su vez conectada con la degradación del ecosistema que se produce en la zona norte del departamento de Ahuachapán en que se ubica, donde la erosión y el avance de la agricultura no sostenible terminan afectándolo.
Por eso, organizaciones locales y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) iniciaron un plan con el que pretenden atajar el problema integralmente.
El Programa de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP) busca restablecer ecosistemas, como bosques y humedales, y preservar la biodiversidad, dentro de lo que sus promotores definen como “un ambicioso esfuerzo nacional para adaptarse al cambio climático”, cuyos impactos son cada vez más notorios en este pequeño país de 6,2 millones de habitantes.
Un ejemplo de las alteraciones climáticas se produjo este año. En julio, en plena estación de lluvias, El Salvador soportó una aguda sequía que causó pérdidas por 70 millones de dólares en la agricultura, según estimaciones oficiales, sobre todo en la producción de maíz y frijol, básicos en la dieta salvadoreña.
Sin embargo, en octubre, el problema ya no fue la falta de agua, sino el exceso. Precipitaciones moderadas, pero constantes, produjeron inundaciones y derrumbes en varias regiones del país, y dejaron un saldo de tres muertos y el desplazamiento de los residentes de varias comunidades.
El enfoque del PREP es atender la problemática por regiones y actualmente se concentra en la llamada Microrregión Ahuachapán Sur, un área de 592 kilómetros cuadrados ycon 98.000 habitantes.
La zona comprende cuatro municipios del departamento: San Francisco Menéndez, Guaymango, San Pedro Puxtla y Jujutla, al que pertenece Barra de Santiago.
Eso permite atender los problemas ambientales de la costa, pero conectándolos con lo que sucede en las tierras del norte de Ahuachapán.
Mucha de la contaminación en los manglares proviene del uso extensivo de agroquímicos en los cultivos de maíz y frijol, en las zonas medias, y en los cafetales, de las altas.
El uso inadecuado de los suelos dedicados a la agricultura produce la erosión que arrastra los contaminantes a los ríos, los que a su vez los llevan hacia la costa.
“En el manglar de Barra desembocan 12 ríos, y toda esa contaminación nos viene a dar a nosotros en la parte baja”, señaló Villedas.
Pero las comunidades no se han quedado de brazos cruzados. Desde hace varios años trabajan allí organizaciones comunitarias que buscan crear conciencia entre la población sobre la importancia de preservar el ambiente y ya manejan proyectos de conservación.
Rosa Lobato, directora de la Asociación de Desarrollo de las Mujeres de Barra de Santiago (Ambas), explicó a Tierramérica que actualmente trabajan con un programa del MARN para el aprovechamiento sostenible del mangle para madera, que obliga a que por cada unidad extraída se planten 200 árboles de esa especie.
También se ocupan de la conservación de la tortuga marina y han montado cinco criaderos de cangrejo azul.
“Tratamos de concientizar a la gente sobre la importancia de no atentar contra nuestro entorno natural”, dijo la lideresa.
Barra de Santiago se convirtió en julio en el séptimo sitio Ramsar de El Salvador y el primero costero, dentro de la Convención Internacional sobre Humedales de Importancia Internacional, en un reconocimiento que compromete a las autoridades a intensificar su conservación.
Esos esfuerzos se integran con los ejecutados en el cercano Parque Nacional El Imposible, uno de los bosques tropicales más importantes de este país centroamericano.
El Imposible, de 50 kilómetros cuadrados, conserva la mayor diversidad de flora y fauna de El Salvador, según la fundación ecológica Salvanatura. Alberga 500 especies de mariposas, 13 de peces, 19 de lagartijas y 244 de serpientes. También 984 de plantas, 400 de árboles, 279 de aves y 100 de mamíferos.
En las zonas de altura intermedia de Ahuachapán se desarrollan en forma piloto pequeñas parcelas agrícolas con un enfoque de producción ambientalmente amigable, que no involucre la quema de la tierra, el método tradicional de los campesinos de preparar la tierra para la siembra.
Asimismo, se está aprovechando el rastrojo, los restos de tallos y hojas que quedan después de las cosechas, para evitar la erosión de los suelos, evitando que el sedimento baje hasta la costa.
En las zonas altas, donde predominan los cultivos de café, también hay esfuerzos para que las fincas utilicen la menor cantidad de agroquímicos posibles hasta que paulatinamente los dejen de utilizar por completo.
“Está claro que no podemos seguir haciendo las cosas igual… ya no podemos seguir cargando con esta degradación ambiental y con el impacto que estamos teniendo del cambio climático”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, a los medios que la que la acompañaron en una recorrida por la zona, entre ellos Tierramérica.
El PREP tendrá una duración de tres años y cuenta con dos millones de dólares de financiamiento de la Agencia Alemana de Cooperación.
En la microrregión del departamento de Ahuachapán, que es parte del proyecto, se pretende restaurar unos 280 kilómetros cuadrados de bosques y humedales en los tres años, pero la meta a largo plazo es alcanzar 10.000 kilómetros cuadrados.
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Campesinos salvadoreños apuestan a la agricultura sustentable
Fecha de Publicación: 09/09/2014
Fuente: IPS
País/Región: El Salvador
Campesinos de una de las zonas costeras más frágiles de El Salvador impulsan un modelo de crecimiento económico sostenible, que respete el ambiente y ofrezca educación y seguridad a la población, como claves para el despegue de la región.
El plan lo lleva adelante desde hace 14 años la Asociación Mangle, en la zona sur del oriental departamento de Usulután conocida como el Bajo Lempa, e involucra a unas 86 comunidades agrícolas y pesqueras asentadas en la bahía de Jiquilisco.
En la zona viven 147.549 personas, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Hemos trabajado con diferentes actores, grupos locales, comités de jóvenes, comité ambiental, guardaparques para sacar adelante esta plataforma de desarrollo económico del territorio”, explicó a Tierramérica la presidenta de la asociación, Carmen Argueta.
El crecimiento económico con enfoque social, la educación y la seguridad son los tres ejes establecidos por el presidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén para su gestión, en el poder desde junio.
Precisamente son los tres elementos con que las comunidades del Bajo Lempa han impulsado su plan de desarrollo sostenible.
“Coincidimos con el plan quinquenal propuesto por el gobierno y queremos hacerle ver que a nosotros nos ha funcionado, la gente puede ver los resultados”, dijo Argueta.
Añadió que esperan tener financiamiento del gobierno para algunos proyectos.
El respeto y el cuidado de los recursos naturales es clave para el impulso de este modelo, añadió esta campesina, que lleva sobre sus hombros décadas de trabajo organizativo en las comunidades.
La zona de la bahía abarca 635 kilómetros cuadrados y es uno de los principales ecosistemas del país, hábitat de la mayoría de las aves marino-costeras y lugar de anidación de cuatro de las siete especies de tortugas marinas existentes, entre ellas la carey (Eretmochelys imbricata), en peligro de extinción.
El área, salpicada de manglares, es reconocida desde octubre de 2005 como sitio de Ramsar de la Convención Internacional sobre Humedales de Importancia Internacional. El Estado salvadoreño también la ha catalogado como zona natural protegida y reserva de biósfera.
Además, es una de las zonas más propensas a sufrir inundaciones durante la estación de las lluvias (mayo-octubre), lo que destruye periódicamente sus cultivos e infraestructuras y ocasiona pérdidas humanas.
Para impulsar el desarrollo económico, algunas comunidades aportaron a la diversificación agrícola y dejaron atrás el monocultivo.
En algunas parcelas, las familias siembran piña y mango, no solo para el autoconsumo, sino también para generar ingresos, así sean modestos, a la economía familiar.
Paralelamente, conscientes de la protección del ambiente, se desarrollaron proyectos de abonos orgánicos para que poco a poco se vaya dejando la dependencia de insumos químicos.
El Centro de Producción Romero, ubicado en el caserío del Zamorán, en el municipio de Jiquilisco, se produce abono orgánico tipo Bocashi, elaborado a base de cáscaras de huevos, ceniza y otros materiales que son una alternativa viable y barata a los abonos químicos.
También existe ya el Banco de Semilla Xinachtli, palabra en lengua náuhatl que significa semilla. Allí se conservan y resguardan desde 2007 semillas de granos básicos, de hortalizas y de especies forestales y medicinales. Hay además una escuela agrícola, que promueve técnicas de producción agrícola amigables con el medio ambiente.
Una de las apuestas más rentables para los campesinos aglutinados en seis cooperativas agrícolas es la producción de semillas de maíz certificadas, que desde 2011 el gobierno adquiere cada año para distribuirlas a 400.000 agricultores, como parte del Plan de Agricultura Familiar.
Así, comunidades rurales pobres ingresaron al negocio de semillas, un sector monopolizado durante años por compañías privadas. Se calcula que 15.000 campesinos trabajan en el rubro.
“Por primera vez los campesinos, que somos gente pobre, estamos produciendo semillas mejoradas, antes el negocio era solo para las empresas ricas”, dijo a Tierramérica el miembro de una cooperativa de Jiquilisco, Héctor Antonio Mijango, mientras entresacaba de la tierra brotes de maíz, para ayudar a prosperar los más fuertes.
La pobreza afecta a 34,5 por ciento de los 6,2 millones de salvadoreños, pero en el área rural sube a 43,3 por ciento, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2013, de la Dirección General de Estadística y Censos.
“Lo de la semilla es una fuente importante de empleo y de ingresos para las familias de la zona”, señaló a Tierramérica el presidente de la Cooperativa Nancuchiname, Manuel Antonio Durán.
Con una extensión de 8,3 kilómetros cuadrados, la cooperativa produjo 460.000 kilógramos de semillas mejoradas en la cosecha 2013-2014.
La producción acuícola es otro rubro importante en el Bajo Lempa, sobre todo de camarón.
“Se busca pasar de la producción artesanal de camarón a una semi intensiva, siempre respetando el ambiente”, comentó a Tierramérica el alcalde de Jiquilisco, David Barahona, uno de los más involucrados en el plan de desarrollo sostenible de la zona.
Desde hace semanas, el país experimenta una pronunciada sequía y, según cálculos oficiales, se perdieron ya unas 400.000 toneladas de maíz.
Pero la producción de semillas certificadas en el Bajo Lempa no ha sufrido el impacto, debido a que cuenta con sistemas de riego.
En educación, los dirigentes comunitarios establecieron acuerdos con centros de enseñanza, como la Universidad Nacional de El Salvador, y consiguieron becas para jóvenes de la zona. Algunos culminaron sus estudios superiores y volvieron ya al Bajo Lempa a trabajar en la zona.
“Son jóvenes que no estuvieron vinculados a la violencia que vive el país, porque hemos trabajado mucho en la prevención, con programas deportivos, por ejemplo”, señaló Argueta.
Todo ese esfuerzo impulsado en el Bajo Lempa, que inicialmente comprendió los seis municipios de la zona, ahora se busca extender a toda la región y ponerlo en práctica en la llamada Cuenca Hidrográfica del Río Lempa, constituido por 14 municipios.
La ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl, visitó en agosto algunas comunidades del Bajo Lempa para constatar de primera mano el trabajo que las comunidades y organizaciones están desarrollando allí.
“No podemos llegar con propuestas si no conocemos antes qué hay en el territorio, en qué trabajan los actores locales, como se están organizando para hacer sus planteamientos y agendas”, dijo la ministra a Tierramérica.
El nivel de organización en la zona “es impresionante” y un modelo que puede replicarse en otras zonas del país, aseguró Pohl.
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