Hallan alarmantes niveles de contaminación por mercurio en pueblos indígenas de Bolivia

Fecha de Publicación: 03/08/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
País/Región: Bolivia


Análisis realizados sobre muestras de cabello de habitantes de comunidades indígenas en Bolivia confirmaron una elevada y peligrosa exposición al mercurio. Las poblaciones más afectadas se concentran en las cuencas de los ríos Beni, Mamoré y Madre de Dios, donde el metal pesado sobrepasa por varias veces los niveles máximos considerados aceptables por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Especialistas del Centro de Comunicación e Información de Bolivia señalaron que la principal vía de ingreso del contaminante al organismo es el consumo cotidiano de pescado, base fundamental de la dieta de estas comunidades.

Minería de oro y la cadena trófica
La presencia del metal en los cauces de agua responde a los vertidos directos y sin tratamiento producidos por las cooperativas mineras dedicadas a la extracción de oro.
Una vez liberado en los ríos, el mercurio es transformado por microorganismos en metilmercurio, un compuesto orgánico altamente tóxico que se acumula en los tejidos vegetales y animales:
- Bioacumulación: Los peces carnívoros registran las mayores concentraciones del metal al alimentarse de especies más pequeñas.
- Afectación humana: Al consumir estos peces de forma continua, la población indígena absorbe dosis elevadas de metilmercurio.
A pesar de que universidades estatales bolivianas desarrollaron alternativas técnicas para sustituir el uso de mercurio en la minería y aumentar la eficiencia en la recuperación de oro, las cooperativas mineras rechazan su implementación debido a los costos de inversión inicial y a su fuerte influencia política en la región.

Consecuencias severas para la salud y el ecosistema
El mercurio es una neurotoxina persistente que no se degrada en el ambiente. Sus efectos sobre el cuerpo humano y la fauna son devastadores:
- Daño neurológico e infantil: La exposición al metilmercurio durante el embarazo altera el desarrollo cerebral del feto, provocando secuelas cognitivas permanentes, problemas de memoria, habla y trastornos motores similares a la enfermedad de Minamata.
- Afección sistémica: En adultos, ataca el sistema nervioso central, los riñones y el sistema inmune.
- Impacto en la biodiversidad: En las aves y especies acuáticas, causa alteraciones endocrinas, problemas reproductivos y malformaciones embrionarias.
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Nace VISTA, la herramienta que revela el asedio y la deforestación en tierras indígenas de Bolivia

Fecha de Publicación: 01/07/2026
Fuente: El País (Bolivia)
País/Región: Bolivia


Para la mayoría de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, el bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es la “casa grande” donde conviven la comunidad, los ríos, los animales, los seres espirituales y la memoria de sus antepasados. Para ellos, conservar los bosques es conservar la vida. Sin embargo, los datos analizados por Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— muestran que ahora esa “casa grande” está bajo asedio.
En apenas dos décadas (2003-2023) se deforestaron más de 186 500 hectáreas de bosque en los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica boliviana, una superficie casi tres veces mayor que la ciudad de Madrid. De esa cantidad, solo el 10% contó con la autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el 90 % restante —168 670 hectáreas— ocurrió al margen de la ley.  
Para Rivelino Segundo, capitán grande de Isoso —el territorio indígena con la mayor superficie de desmonte ilegal, más de 43 000 hectáreas—, la deforestación que avanza sobre los territorios ancestrales está directamente relacionada con los avasallamientos y la expansión de la frontera agrícola. A su juicio, quienes ocupan ilegalmente estas tierras buscan convertir el bosque en áreas de producción. “No somos nosotros los que desmontamos. Son los avasalladores. [En Isoso], lo hacen para sembrar soja a gran escala. Nosotros, como pueblo guaraní, convivimos con la naturaleza”.
Este y otros hallazgos son el resultado de un año de investigación en el que la alianza periodística, apoyada por geógrafos, analizó miles de datos filtrados desde la ABT y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.
De esa investigación nace VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada.
La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

La frontera de lo ilegal
Entre 1986 y 2024, según los registros de GeoFAN, portal geoespacial de datos desarrollado por la FAN, los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica acumularon la pérdida de aproximadamente 257 000 hectáreas de bosque. La cifra equivale al 3.4 % de toda la superficie deforestada en Bolivia durante ese periodo, estimada en 7.6 millones de hectáreas.
Para comprender cuánto de esa transformación ocurrió dentro del marco legal, Amazonía Traficada accedió, a través de una filtración de la ABT, a una base de datos inédita sobre autorizaciones de desmonte emitidas entre 2003 y 2023. Los registros muestran que, durante esas dos décadas, la institución otorgó alrededor de 9400 resoluciones administrativas con las que autorizó el desmonte de casi 80 000 hectáreas de bosque en 41 territorios indígenas.
Sin embargo, solo una fracción de esa superficie autorizada para desmonte perdió bosque.  Al cruzar la información de la filtración de la ABT con datos satelitales de deforestación, la investigación identificó que, de las 80 000 hectáreas autorizadas, alrededor de 17 900 hectáreas de bosque fueron efectivamente taladas.
La diferencia entre lo permitido y lo que realmente ocurrió en el territorio revela una realidad más compleja. Que solo se haya desmontado una fracción de la superficie autorizada no significa que la deforestación haya sido menor. Por el contrario, la mayor parte de la pérdida de bosque sucedió fuera de las áreas autorizadas. Entre 2003 y 2023, la pérdida de bosque registrada en áreas sin permiso alcanzó las 168 670 hectáreas.
En otras palabras, por cada hectárea de bosque talado dentro de áreas autorizadas, se desmontaron más de nueve hectáreas fuera de ellas. El 90 % de la pérdida de bosque en los territorios indígenas amazónicos ocurrió al margen de los mecanismos de control estatal.
Amazonía Traficada solicitó información y una entrevista a la Dirección Nacional de la ABT para conocer su evaluación sobre estos hallazgos. Al cierre de esta investigación, la institución informó que el requerimiento continuaba en “revisión y coordinación administrativa interna”, por lo que no emitió una respuesta dentro del plazo previsto.
La presión que enfrentan los territorios indígenas amazónicos forma parte de una tendencia más amplia. El informe del World Resources Institute muestra que Bolivia, en 2025, volvió a ocupar el segundo lugar mundial en pérdida de bosque primario, solo por detrás de Brasil.
La pérdida de bosque en la Amazonía indígena no solo ocurre como resultado de los desmontes. El fuego también ha dejado una huella profunda sobre estos territorios. Datos analizados para esta investigación muestran que, entre 2001 y 2024, las quemas e incendios forestales afectaron 23.8 millones de hectáreas en Bolivia. De esa superficie, 4.1 millones de hectáreas —el 17 % del total nacional— se localizaron dentro de territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana.

¿Cómo se llegó a esta situación?
Para comprenderlo es necesario retroceder varias décadas y revisar la historia de las demandas de los pueblos indígenas amazónicos por el reconocimiento y la defensa de sus territorios ancestrales.
La última década del siglo pasado fue clave en la conquista del reconocimiento de los territorios indígenas. Los años 1990 y 1996 marcaron hitos decisivos de ese proceso. En esos dos años los pueblos indígenas dejaron atrás los bosques, ríos y sabanas que conforman su hogar amazónico para recorrer cientos de kilómetros hasta la sede del Gobierno, en La Paz.
En ambas oportunidades —las primeras, aunque no las únicas— caminaron durante más de 30 días para hacer visible una demanda histórica. No pedían nuevas tierras; exigían que el Estado boliviano reconociera los territorios que ellos habitaban desde antes de la constitución de la República en 1825.
La presión de la marcha de 1996 contribuyó a la aprobación de la Ley INRA, que sentó las bases para el saneamiento y la titulación de los territorios indígenas. Sin embargo, tres décadas después de ese hito histórico, el reconocimiento territorial quedó lejos de completarse. Así lo demuestran investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
Los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica, en conjunto, pidieron el reconocimiento legal de alrededor de 22.7 millones de hectáreas, pero el INRA tituló 11.7 millones de hectáreas, apenas el 52 % de la superficie solicitada. Más de 11 millones de hectáreas quedaron fuera de la titulación.
Mientras gran parte de esta demanda seguía sin resolverse, el Estado continuó adjudicando tierras a terceros en áreas colindantes a los territorios indígenas. Se trataba de privados y comunidades de colonizadores, como se conoce en Bolivia a los campesinos, generalmente de zonas andinas, que migraron al oriente boliviano para dedicarse a la agricultura y expandir la frontera agrícola. El equipo de Amazonía Traficada tuvo acceso, a través de una filtración del INRA, a resoluciones de asentamientos (inicio del proceso de dotación de tierras) emitidas durante una década por esta institución.
El análisis de esa información revela que, entre 2009 y 2019, el INRA adjudicó aproximadamente 318 500 hectáreas para el establecimiento de 236 comunidades en áreas adyacentes a 19 territorios indígenas titulados. Las principales beneficiarias fueron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), afines al partido político que estuvo en el poder entre 2006 y 2025.

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Ecuador desafía orden judicial de cerrar operación petrolera en Yasuní

Fecha de Publicación: 18/03/2026
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Ecuador


Ecuador está incumpliendo disposiciones clave de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) destinada a proteger a los pueblos indígenas tagaeri y taromenane, denunció este lunes 16 la organización Human Rights Watch (HRW).
Esos pueblos viven en aislamiento voluntario dentro del parque nacional Yasuní, en el este del país y el cual ha sido asiento de explotaciones petroleras, con de derrames de crudo en la cuenca del río Napo, un afluente del Amazonas.
La Corte IDH determinó que la extracción petrolera generó contaminación ambiental y aumentó los riesgos de contacto forzado con estos grupos, lo que podría exponerlos a enfermedades, desplazamiento, escasez de alimentos y conflictos por los recursos, en su sentencia del 14 de marzo de 2025.
El tribunal ordenó a Ecuador adoptar medidas para proteger a esos pueblos indígenas, incluyendo detener de inmediato las operaciones petroleras en una zona del parque conocida como Bloque 43.
El gobierno ecuatoriano ya estaba obligado a detener la producción petrolera en el Bloque 43 en virtud de una consulta popular nacional realizada en 2023.
A pesar de que el tribunal, cuyos fallos son inapelables y de obligado acatamiento, fijó como fecha límite marzo de 2026 para mejorar las medidas de protección y supervisión, el Gobierno ha obtenido pocos resultados.
El país, que produce unos 460 000 barriles (de 159 litros) de crudo al día, “sigue permitiendo la extracción en el Bloque 43, anteponiendo la producción petrolera por encima de los derechos de las comunidades indígenas”, dijo el especialista invitado de HRW, José Rodríguez Orúe.
Ecuador “debería adoptar medidas inmediatas para suspender la extracción petrolera en el Bloque 43 y cumplir plenamente con la sentencia de la Corte para respetar los derechos de los pueblos indígenas en el parque nacional”, subrayó Rodríguez Orúe.
Pese a la orden judicial, durante 2025 el gobierno permitió que continuara la producción petrolera en el Bloque 43 y no proporcionó información sobre las condiciones ambientales en zonas aledañas.
El gobierno tampoco cumplió con el plazo de septiembre de 2025 para establecer una comisión técnica ordenada por la Corte para monitorear los movimientos de las personas que viven en el área y determinar si debe ampliarse una zona protegida dentro del parque nacional para proteger el territorio tagaeri y taromenane.
En noviembre y diciembre de 2025, HRW entrevistó sobre el tema a 13 líderes y miembros de comunidades del pueblo indígena waorani, a un líder de una comunidad del pueblo indígena kichwa situada dentro del Bloque 43, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos y economistas.
Los tagaeri y taromenane, de carácter seminómada, viven en la Amazonia ecuatoriana, incluyendo una sección del parque nacional Yasuní. En 1999, Ecuador estableció la “Zona Intangible Tagaeri Taromenane”, un área núcleo del parque nacional donde toda actividad extractiva está prohibida.
Una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros separa las instalaciones petroleras y la zona intangible.
Las operaciones petroleras continuaron en otras áreas del parque, incluyendo el adyacente Bloque 43. Un informe gubernamental de 2024 reconoció que las operaciones petroleras allí “representaban una amenaza” para su supervivencia.
La Corte IDH ordenó al gobierno adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesarias para asegurar que la consulta popular (de 2023) se implemente efectivamente y que se prohíba la explotación petrolera en el Bloque 43”.
Defensores ambientales presentaron una acción de incumplimiento contra el gobierno en noviembre de 2025 por no cerrar el Bloque 43.
Datos de la empresa estatal Petroecuador mostraron que, salvo por un período en julio en el que la producción petrolera nacional cayó debido a daños en oleoductos, la producción del Bloque 43 se mantuvo constante durante todo 2025, con un promedio de 1,2 millones de barriles de petróleo extraídos cada mes.
Las autoridades no han brindado acceso público a la información sobre el monitoreo ambiental requerido desde abril de 2024. De conformidad con la legislación ecuatoriana, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica debe presentar estos informes a la Asamblea Nacional cada seis meses.
La capacidad de Ecuador para proteger a los pueblos tagaeri y taromenane se ha visto aún más debilitada por cambios que han menoscabado ministerios clave.
El presidente Daniel Noboa degradó el anterior Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a un viceministerio dentro de un nuevo Ministerio de Ambiente y Energía. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos también fue degradado a un viceministerio bajo el Ministerio de Gobierno.
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Groenlandia, donde naturaleza y población se lo pondrán difícil a la explotación minera y marítima

Fecha de Publicación: 27/01/2026
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: Groenlandia


Estados Unidos ha llevado a primer plano el interés estratégico de Groenlandia por los recursos mineros que se cree que alberga, fundamentales para la transición energética y digital, y su ubicación geográfica, clave para el desarrollo de nuevas rutas marítimas a medida que avanza el deshielo del Ártico.
Sin embargo, según los expertos consultados por EFEverde, la propia naturaleza de la isla y del mar que la rodea, con el hielo como protagonista, pone difícil su explotación minera y marítima.
Tampoco lo podrán fácil sus habitantes, en un 80 % inuit, población indígena de Groenlandia con un gran arraigo al medio y cuya oposición mantiene paralizados varios proyectos mineros en Groenlandia, actualmente territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca.
Tanto la apertura de nuevas rutas marítimas como la explotación minera afectarían sin duda al medio de vida de la población, gran parte de la cual vive de la pesca y de la caza,  al tiempo que podrían en riesgo ecosistemas y especies emblemáticas y, lo más preocupante, podrían acelerar cambios climáticos a nivel global, con especial incidencia en Europa.

Sus tesoros on y off shore
Según informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, se estima que la isla contiene el 2% de las reservas mundiales de tierras raras (1,5 millones de toneladas),  cifra similar a la de Estados Unidos, la mitad que la de Rusia (4 %) y muy alejada de países como China (48 %), Brasil (23 %), han explicado Paula Adánez, investigadora de Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).
Otros yacimientos de materias primas críticas de importancia conocidos son: metales preciosos (oro y platinoides) y molibdeno. También hay potencial en grafito, según la misma fuente, que ha apuntado que con menor importancia, pero también de interés, hay níquel, hierro, cobre, wolframio, antimonio, plomo o zinc.
También se estima que guarda elevadas reservas de gas y petróleo, según diversas estimaciones internacionales.
Sin embargo, tanto las exploración y producción de petróleo y gas, como la minería de uranio y tierras raras, están prohibidas o muy limitadas en el país desde 2021 por motivos medioambientales.
En cuanto a las rutas marítimas, el interés de Estados Unidos estaría en controlar el Paso del Noroeste (bordea Norteamérica conectando Atlántico y Pacífico a través de los estrechos canadienses e incluyendo rutas comerciales por Groenlandia), según Ksenija Hanaček, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB).
Las otras dos que pasan por la zona son la Ruta del Mar del Norte, bajo control de Rusia y más avanza, debido a que el hielo es menos grueso que en la del Paso del Nordeste; y la Ruta Transpolar, que iría por el Polo Norte y sería la más corta, eso sí, si en el futuro pierde hielo.
Plazos y licencia social

¿Cuáles son las posibilidades reales de explotación?
Respecto a la explotación los yacimientos, Groenlandia se enfrenta a retos muy parecidos a los de otras regiones frías y remotas como Siberia, el norte de Finlandia y Suecia (Laponia,Círculo Polar Ártico). Se necesita una infraestructura muy distinta de lo habitual, lo que encarece la explotación y obliga a estimar el beneficio que se pueda sacar de los materiales explotados, ha apuntado Adánez.
La evaluación de impacto ambiental también debería tener en cuenta circunstancias que no son las ideales a la hora de montar una explotación minera, por ejemplo, la existencia de permafrost (suelo congelado) que puede hacer deslizar estructuras en caso de descongelación, o los residuos mineros, muchas veces acompañados de agua, supondrían un problema adicional si se congelan y descongelan con cambios de volumen, química, etc., según la también investigadora del IGME Virginia Rodríguez .
«Groenlandia presenta, debido a su singularidad, una gran fragilidad intrínseca y elementos naturales únicos o muy escasos en el planeta y, por tanto, se encuentran bajo condiciones estrictas de protección. Estas características deben ser concienzudamente evaluadas con anterioridad a la actividad extractiva», ha advertido.

Hielo y caos
«No veo tan claro el tema de aprovechamiento de recursos mineros. La isla tiene un 20 % sin hielo, pero la logística allí es muy complicada. Cuando se retira un glaciar, deja un terreno que es un caos, con permafrost congelado por debajo que no deja marchar al agua, lleno de lagunas, rocas, grabas, etc», ha añadido el experto en la región Marc Oliva.
Profesor de la Facultad de Geografía de la Universidad de Barcelona Oliva lleva desde 2018 investigando en Groenlandia y antes lo hizo en el Ártico. Según los datos que maneja, la tasa de retroceso de glaciares es de entre 10 a 40 metros por año.
En su opinión, estos datos indican que Estados Unidos no estaría pensando en una explotación minera a corto plazo, si no en tener la «sartén por el mango» para cuando se pueda y que no lo tengan rivales como, por ejemplo, China, que ya ha intentado la minería en la isla.
No obstante, mientras en tierra firme la cosa se complica por el hielo, el «acceso» sería más rápido off shore (mar), en la plataforma continental (está bajo el agua), donde el mar congelado ha experimentado un retroceso significativo en las últimas décadas.
«Evolucionamos hacia un Ártico más cálido y por tanto, con menos hielo», lo que hará más fácil abrir rutas comerciales para acortar tiempos de viaje.
Entre las especies que se verían afectadas por minas y rutas, focas, narvales, osos polares, buey almizclero, renos, etc, según Oliva, que ha subrayado que lo más preocupante serían los efectos que una mayor actividad podrían tener en el clima mundial.

Regulador climático
La isla, ubicada entre el Atlántico Norte y el Ártico, juega un papel fundamental en lo que a lo que regulación climática respecta, sobre todo en Europa.
En su interior, el hielo llega a espesores de 3.000 metros, lo que se traduce en cantidades ingentes de agua dulce que, de llegar al mar por el deshielo, produciría grandes cambios como la subida del nivel del mar en 7,4 metros, al que, eso sí, «no veremos nosotros ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos».
No obstante, ha insistido, se trata de una zona muy sensible al clima, en la que un grado de diferencia puede hacer que pasemos de ganar hielo a perderlo, lo que acabaría afectando a la Corriente Circular del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés).
Esta corriente transporta aguas cálidas desde la zona del Caribe hasta el norte de Europa, y hace que, ahora, los europeos tengamos inviernos benignos.
«Si le inyectamos agua dulce, bajará la salinidad del Atlántico Norte, si esto ocurre, habrá menos contraste entre las altas latitudes y el Ecuador, y sin contraste, la corriente puede disminuir o, incluso, colapsar, provocando el enfriamiento de Europa, sobre todo en invierno», con temperaturas que podrían caer 30 grados en Noruega y 10 en Madrid.
«Existe consenso científico en que la corriente se está debilitando y puede colapsar. En lo que no hay consenso es en cuando pasará, si a mediados o a finales de siglo», ha apuntado Oliva.

Licencia administrativa vs social
Algo sobre lo que tampoco se habla es que cuando hablamos de desarrollar una minería, hablamos de proyectos que pueden llevar entre mínimo 10 y 20 años, por lo que expandir la frontera minera en Groenlandia es algo que sucedería en décadas», ha apuntado la investigadora Ramón y Cajal Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona, Mariana Walter.
Aunque se quieran acelerar los trámites administrativos (licencias, informes ambientales, etc), siempre habrá que hacer estudios de exploración y explotación, perforaciones, informes de viabilidad económica, etc,
Además, deberán contar con lo que ahora se conoce como «licencia social», es decir, que la población de la zona lo apoye, pues la oposición eleva mucho plazos y costes.
Para Hanaček,  también es clave la oposición que despierta este tipo de proyectos entre la población de la isla, donde actualmente sólo operan dos minas, una de feldespato y otra de rubí y zafiro rosa, mientras grandes proyectos permanecen paralizados o retrasados.
Así, según datos recabados por EJAtlas (Atlas Global de Justicia Ambiental, plataforma interactiva que cataloga y visibiliza conflictos socioambientales), en Groenlandia hay abiertos varios conflictos en los que están jugando un fuerte rol partidos vinculados a los inuit y que buscan parar proyectos por sus riesgos ambientales, ha apuntado Walter.

El poder indígena
«Las comunidades indígenas suelen ser más sensibles a los impactos en sus territorios, porque es donde pescan, cazan, recolectan plantas medicinales, realizan sus practicas culturales…», ha añadido tras recordar que la minería es la que actividad que genera más conflictos a nivel global por su alto impacto ambiental y transforma territorios de forma irreversible aunque se haga de la mejor manera posible.
En virtud del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la Organización Mundial del Trabajo, ratificado por Dinamarca en 1996, la población inuit es reconocida como sujeto de derechos colectivos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Esto implica que, por ejemplo, deba ser consultada por Dinamarca cada vez que se adoptan medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente o pongan en riesgo su uso tradicional de los recursos naturales. No obstante, el convenio de la OIT decae en caso de seguridad nacional o internacional, ha puntualizado Hanaček.
Como ocurre habitualmente, la minería tendría consecuencias sociales y ambientales: provocaría el desplazamiento de poblaciones, generaría contaminación y acumulación de desechos con gran afectación en los ecosistemas y también impactaría en el medio la construcción de todas la infraestructura necesaria para transportar lo extraído.
«Costaría mucho sacarlo de allí», pero todo dependerá del deshielo, que hasta hace poco se pensaba que empezaría en 50 años, mientras ahora se teme que será en la próxima década, ha señalado la experta.
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Pueblos indígenas en 2025: la violencia no da tregua en Latinoamérica

Fecha de Publicación: 09/12/2025
Fuente: Portal Mongabay
País/Región: América Latina


El año que culminó puso a prueba la resistencia de los pueblos indígenas de América Latina. A pesar de las profundas carencias estructurales, sus comunidades se mantuvieron firmes frente a un alarmante aumento de la violencia contra sus territorios y liderazgos. Mientras los intereses económicos y criminales intensificaban su presión, los pueblos siguieron siendo un faro, no solo en la defensa de sus tierras y culturas, sino también en la protección de los ecosistemas que sostienen a toda la región.
Minería, petróleo, agricultura y ganadería extensivas, crimen organizado, megaproyectos. A lo largo de 2025, Mongabay Latam documentó cómo estas y otras industrias —legales e ilícitas— han penetrado y se han expandido en los territorios indígenas, agudizando los conflictos socioambientales y poniendo en riesgo tanto a las comunidades como a la biodiversidad.
Sin embargo, este año también conocimos numerosas iniciativas capaces de inspirar y devolvernos la esperanza: mujeres indígenas que utilizan tecnología para monitorear los bosques; comunidades que lideran el descubrimiento de nuevas especies; jóvenes que luchan por salvar un humedal al borde de la desaparición. Cada una de estas acciones refleja el compromiso de los pueblos indígenas con la protección del planeta.
Estas historias forman parte del recuento del trabajo periodístico que Mongabay Latam desarrolló durante 2025, un año en el que —una vez más— los pueblos indígenas comparten valiosas lecciones sobre resistencia, cuidado de la naturaleza y la urgencia de vivir en armonía con la tierra, señalando caminos concretos para generar cambios positivos.

Defensores y territorios marcados por la violencia
Cada año, los patrones de violencia se repiten en los territorios indígenas a nivel Latinoamérica. En 2025 no hubo tregua. Países como Colombia, Guatemala, México y Perú siguieron presentes en las listas de diversas organizaciones que documentan asesinatos, desapariciones y agresiones contra las comunidades indígenas y sus defensores.
Durante el año, Mongabay Latam analizó varios reportes que así lo confirman. Las cifras varían de acuerdo a las fuentes, pero uno de los reportes más ponderados es el de Global Witness, que documenta estos crímenes desde hace más de una década. La organización reveló en su informe más reciente que en el 82 % de los casos registrados en 2024 la violencia se concentró de forma desproporcionada en Latinoamérica: los defensores indígenas y campesinos fueron los más afectados, con 45 casos por cada grupo. Solo en Colombia, el país más violento, 19 víctimas pertenecían a comunidades indígenas.
Las propias Naciones Unidas, a través de su Relatoría Especial, advirtieron un agravamiento de la violencia, la criminalización y la exclusión contra los defensores climáticos y del territorio en toda la región. Aunque los desafíos y amenazas son generalizados, las poblaciones indígenas —junto con mujeres y periodistas— enfrentan riesgos especialmente altos.

Colombia
Así sucedió con Aurelio Araujo Hernández, cuyo asesinato tuvo gran resonancia en Colombia. El líder indígena y coordinador del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, fue interceptado el 3 de junio por hombres armados, quienes le cerraron el paso y lo asesinaron junto a sus escoltas. Luego, los incineraron en su vehículo.
Otra región fronteriza se convirtió en el escenario de duros combates entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC: Catatumbo, en Norte de Santander. En esta zona de Colombia que colinda con Venezuela, los desplazamientos, confinamientos y asesinatos se dispararon a inicios de 2025, cuando campesinos, indígenas y líderes sociales quedaron en medio de la disputa entre dos grupos armados por el control de un corredor clave para el narcotráfico, además de rico en recursos naturales, minerales y cultivos de coca.
Aún frente a riesgos tan altos, las comunidades no se quedaron inmóviles. Un especial de Mongabay Latam mostró cómo las guardias indígenas en Colombia se han convertido en una barrera de protección para su territorio en regiones como la Amazonía. A través de la organización y el trabajo colectivo, estas guardias no armadas combinan sus conocimientos tradicionales con herramientas tecnológicas de monitoreo —como GPS e imágenes satelitales— para generar datos que las entidades del Estado puedan usar y así frenar el asedio a sus territorios.
También en Colombia, las mujeres indígenas defensoras del territorio enfrentan una doble victimización: por su rol como líderes y por su condición de género. En la Amazonía y la Orinoquía colombiana, continúan siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en defensa del territorio, como evidencian las historias de cuatro defensoras documentadas en Putumayo, Caquetá y Meta en este especial periodístico.
“Cuando se ataca a una lideresa indígena, se ataca y se corta un saber y se acentúan problemas estructurales”, resalta Viviana Gómez, integrante del Comité Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).

México
En México la situación no fue distinta. Los asesinatos de defensores ambientales y del territorio aumentaron un 25 % en 2024, según el informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Es la segunda cifra más alta en 10 años de documentación. El reporte señala que las principales víctimas —43 casos, casi la mitad de los casos totales— fueron personas de comunidades indígenas o agrarias.
Recién comenzaba 2025 cuando la desaparición del comisario ejidal Arnoldo Nicolás Romero alarmó a la comunidad de San Juan Gichicovi, en Oaxaca, uno de los estados atravesados por el Tren Interoceánico y catalogado por varias organizaciones como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos. Este megaproyecto, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico en la parte más angosta de México, se ha convertido en una amenaza diaria para defensores indígenas, quienes ahora enfrentan detenciones y procesos penales. Romero, quien había sido un opositor al megaproyecto, fue reportado como desaparecido desde el 17 de enero, pero cuatro días después su cuerpo fue encontrado en un camino local, herido por un arma de fuego.
“Hemos notado muchas amenazas en contra de quienes estamos más visibles en la defensa del territorio en el Istmo de Tehuantepec”, menciona Juana Inés Ramírez Villegas, defensora mixe (ayuuk) e integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), organización que ha acompañado a opositores al Tren Interoceánico. “Hay amenazas por parte del Gobierno del estado de Oaxaca, como por parte de la Marina, y del crimen organizado”, advierte Ramírez quien, junto con dos compañeros de Ucizoni y otros 23 defensores comunitarios, enfrenta procesos judiciales por ataques a las vías de comunicación y por el delito de invasión al derecho de vía, tras el desalojo violento de un campamento pacífico contra el tren en construcción. La criminalización es la agresión más frecuente contra defensores, según documenta también el informe de CEMDA.

Perú y Ecuador
En abril, el ataque a integrantes del Comité de Control y Vigilancia Forestal Comunitario de la comunidad nativa kakataibo Mariscal Cáceres, ocurrido mientras recorrían su territorio para verificar el estado de sus bosques, encendió las alarmas de organizaciones que apoyan a defensores ambientales en Perú. El hecho evidenció las demoras del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, al que la comunidad había pedido protección sin respuesta desde 2021. Según el Ministerio de Justicia, entre abril de 2021 y abril de 2025, el Mecanismo registró 706 personas defensoras y 64 familiares vinculados a 505 situaciones de riesgo, ante el tráfico ilícito de drogas, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
El paro nacional convocado en septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para protestar en contra de la eliminación del subsidio al diésel y del aumento de las fronteras petrolera y minera, detonó una movilización contra las medidas extractivistas del Gobierno de Daniel Noboa, que concluyó con decenas de heridos, varias detenciones y muertes violentas. En la movilización encabezada por poblaciones indígenas y campesinas, las comunidades de Azuay protestaron para exigir la revocación de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, mientras que siete nacionalidades indígenas de Pastaza pidieron paralizar la ronda de licitación petrolera de los campos Suroriente y Subandino. Durante las protestas, las comunidades denunciaron al Estado por abusos, represión e incluso el bloqueo de cuentas bancarias de líderes sociales y organizaciones ambientales.

Bolivia
El 11 de febrero fue asesinado el poblador indígena leco Francisco Marupa en el interior del Parque Nacional Madidi, en Bolivia. Este crimen contra el defensor del territorio y la biodiversidad levantó una ola de críticas contra el Estado, su política extractivista y su falta de presencia en áreas protegidas, como en el caso de Madidi, donde las comunidades cercanas son atravesadas por el avance de la minería ilegal, la explotación de madera y el tráfico de tierras.
En este país, cada ocho días se registran casos contra defensores ambientales que sufren vulneraciones en sus derechos, según un estudio elaborado por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). Este documento muestra que solo entre enero y abril de 2025 se registraron 14 casos de violaciones a los derechos de los defensores, de los cuales el 79 % está vinculado a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Además, nueve de estos 14 casos se dieron en el interior de áreas protegidas, como el caso de Marupa.

Chile
La familia de una defensora mapuche recorrió las avenidas de Belém do Pará, en Brasil, durante la cumbre climática o COP30. Durante una marcha, Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil, portaba una manta con una frase: “¿Dónde está Julia Chuñil?”. Su madre desapareció hace más de un año en la región chilena de Los Ríos, caracterizada por la presencia de bosques templados lluviosos de la selva valdiviana, considerados uno de los mayores tesoros en biodiversidad de Chile y con un gran valor cultural para el pueblo mapuche.
La presencia de San Martín Chuñil en la marcha por la acción y la justicia climática, ocurrida en el marco de las protestas de pueblos indígenas en la COP30, tuvo como propósito visibilizar la lucha de su madre y exigir su reaparición con vida. “Andamos difundiendo el tema de mi madre porque no queremos que quede impune, no queremos que quede como una persona más desaparecida”, dijo San Martín Chuñil a Mongabay Latam mientras recibía saludos de asistentes a la marcha que reconocían la ilustración de Chuñil junto a su perro, Cholito, con quien desapareció tras salir a buscar a un par de sus animales extraviados.
La defensora, de 73 años, buscaba proteger antiguos bosques como presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil, hasta su desaparición ocurrida el 8 de noviembre de 2024, un año en que las agresiones físicas contra defensores ambientales se triplicaron en Chile.
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Ecuador avanza en legalizar tierras indígenas para frenar la deforestación de la Amazonía

Fecha de Publicación: 03/12/2025
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: Ecuador


Ecuador demostró en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) que el financiamiento climático recibido para combatir la deforestación puede emplearse también en la legalización de tierras, como ocurrió con 19.000 hectáreas de un bosque protector donde residen comunidades shuar, uno de los pueblos indígenas más numerosos de la Amazonía ecuatoriana.
“Ese fue uno de los resultados que la ministra llevó a la COP para respaldar la adhesión al compromiso intergubernamental sobre tenencia de tierra”, explicó a EFE la subsecretaria de cambio climático del Ministerio de Ambiente y Energía, Jessica Gallegos, durante un acto donde se presentaron los resultados de Plan de Acción REDD+ nacional, destinado a reducir la deforestación.

Pago por resultados
La legalización de estas tierras se hizo a través del proyecto de Pago por Resultados (PPR), ejecutado en Ecuador por los ministerios de Ambiente y Energía y de Agricultura y Ganadería con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la financiación del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).
En la COP30, que se llevó a cabo este noviembre en Brasil, Ecuador también presentó su segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que establece las reducciones previstas de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas.
Este fue un “hito importante” porque quiere decir que se cumplieron los plazos establecidos por Naciones Unidas durante la primera NDC, señaló Gallegos.
Ecuador aprovechó la ocasión para reunirse con sus principales cooperantes en términos climáticos, Noruega y Reino Unido, y mostrarles los resultados de sus inversiones que, hoy día, han permitido que el país andino acceda a nuevos mecanismos como la Coalición LEAF (Reduciendo Emisiones a través de la Aceleración del Financiamiento Forestal), centrada en detener la deforestación tropical para 2030.
“Mantuvimos articulaciones con el Fondo Verde para el Clima (GCF) para explorar nuevos mecanismos y presentar un portafolio atractivo para futuras cooperaciones”, continuó Gallegos.
Los logros de los proyectos Plan de Acción REDD+, PPR y toda la política climática nacional permitieron generar confianza entre los donantes, matizó la subsecretaria.

Financiación e hidrocarburos
Por otro lado, Ecuador solicitó una movilización más ágil de los recursos, ya que existen “muchos estándares” que dificultan el acceso de muchos países a estos recursos.
“Los mecanismos tienen que ser más efectivos. Cuanto más robustos sean, más difícil es acceder a la financiación, que es finita. Llamamos a que se reduzcan los costos de transacciones cuando se movilizan los fondos”.
Por último, Gallegos explicó, en la misma línea que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, que Ecuador depende en gran medida de los combustibles fósiles y que la transición hacia las energías verdes no será en un período corto de tiempo, sino a largo plazo.
“El objetivo es dejar de depender progresivamente de los hidrocarburos mediante inversión en tecnología, mejora de la matriz productiva y desarrollo de alternativas», apostilló.
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Las tierras indígenas de la Amazonia reducen la propagación de hasta 27 enfermedades

Fecha de Publicación: 15/09/2025
Fuente: El País (España)
País/Región: Amazonia 


Un estudio realizado en ocho países confirma que los bosques sanos y protegidos por estas comunidades benefician la salud humana
El efecto positivo que tienen los territorios indígenas amazónicos sobre la biodiversidad y el cambio climático está sobre diagnóstico. En la mayor selva tropical del mundo, donde habitan 2,7 millones de indígenas, se retienen alrededor de 100.000 millones de toneladas de carbono, el equivalente a más de diez años de emisiones globales de combustibles fósiles. Allí está un cuarto de la biodiversidad del planeta. “Lo que queríamos conocer, era qué relación tenían estos territorios indígenas y sus bosques con la salud humana”, comenta a América Futura la doctora brasileña Paula Prist, investigadora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y una de las autoras del primerestudio regional que da luces sobre el tema.
En la Amazonia, los municipios más cercanos a bosques saludables en tierras indígenas tienen un menor riesgo de aumento de casos de enfermedades relacionadas con los incendios o transmitidas por animales e insectos. Esa es la conclusión a la que llega el análisis publicado en la revista científica Communications Earth and Environment. Prist examinó datos de entre 2001 y 2019 de ocho países amazónicos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y Guyana Francesa), vinculados a 30 millones de casos de 21 enfermedades relacionadas con incendios y seis transmitidas por vectores y concluyó que “los bosques indígenas del Amazonas traen beneficios a la salud de millones”.
El estudio, recuerda, es una continuación de una investigación que realizaron hace un par de años y que tuvo una motivación clara: Jair Bolsonaro, el entonces presidente de Brasil que buscaba abrir los territorios indígenas para que pudieran ser explotados. “Esto bajo el argumento de que no eran útiles”. Para demostrarle que no tenía razón, calcularon cuáles eran sus contribuciones, tanto en salud, como económicas. Al proteger los territorios indígenas del Amazonas brasileño, se pueden evitar más de 15 millones de casos respiratorios y cardiovasculares cada año, con un ahorro de aproximadamente 2.000 millones de dólares solo en gastos sanitarios, según sus conclusiones.
El ejercicio lo repitieron, pero esta vez a escala regional, sumándole las afecciones transmitidas por vectores y con resultados más engorrosos de interpretar. La capacidad que los bosques en territorios indígenas tienen de mitigar las enfermedades es compleja y depende de la estructura del paisaje local. En el caso de las enfermedades asociadas a los incendios, como pulmonares y respiratorias, las tierras indígenas que están en municipios con alta cobertura forestal sí pueden mitigar la incidencia de los efectos de las partículas de menos de 2,5 micrómetros que se liberan con el fuego. Mientras, para la segunda categoría —que incluye malaria, chagas, hantavirus, fiebre maculosa y leishmaniasis, tanto cutánea como visceral— si hay bosques que cubren más del 40% del municipio, tanto fuera como dentro de los territorios indígenas, los efectos negativos pueden ser reducidos.
La fragmentación de los bosques, además, surgió como un punto relevante. Cuanto más fraccionada o cortada este la selva, hay más bordes expuestos a otras condiciones. Allí, en ese espacio límite entre el bosque y otros suelos, se crea un microclima, usualmente más cálido, que atrae a mosquitos y otras especies que transmiten enfermedades. En los bordes, igualmente, los árboles pierden humedad, por lo que son más propensos a incendiarse, y se da pie a un escenario lógico: los humanos entran en mayor contacto con ese degradado ecosistema.
Que sean relaciones complejas —y no tan fuertes como las encontradas en Brasil— no lleva a que Prist vea como frágil la relación positiva entre territorios indígenas y salud humana. “Cuando analizamos las tierras que no estaban tituladas legalmente o que no recibían recursos para su protección, su impacto en la salud fue negativo”, aclara la bióloga. Además, advierte que este segundo trabajo implicó un desafío monumental en cuanto a la recolección de datos: no en todos los países son públicos, no en todos es una información que, si se solicita, cede el Gobierno y, en algunos, ni siquiera existe. En el documento, explican que Guyana fue el único país para el que no se dispone de datos sobre enfermedades, lo que representa el 3 % del bioma amazónico. “En total, logramos datos temporales sobre enfermedades de 1.733 municipios de ocho países, lo que representa el 74,3% de toda la Amazonia”, afirma.
Prist también recuerda que el que han hecho no es un trabajo exhaustivo. Los beneficios de los territorios indígenas y sus bosques sobre la salud humana van más lejos. ¿Qué pasaría si se incluyera un análisis de cómo el cambio climático —mitigado hasta cierto punto por la Amazonia— detona dolores de cabeza, golpes de calor, fatiga o deshidratación? La fórmula puede ir más lejos e incluir lo que pasa con la salud humana tras los desastres climáticos intensificados por el aumento de la temperatura o por las inundaciones favorecidas por la pérdida de árboles.
“Hay unos efectos perjudiciales que no se han contabilizado y se están subestimando”, asegura. “Desde hace tiempo sabemos que la selva tropical alberga plantas y animales medicinales que han curado innumerables enfermedades”, agrega. Esa suerte de carácter de farmacia y de medicina preventiva que tienen los bosques, es algo que no se puede olvidar. 
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“Amazonía libre de petróleo”, el reclamo indígena en vísperas de la V Cumbre Amazónica de la OTCA

Fecha de Publicación: 23/08/2025
Fuente: Agencia EFE Verde
País/Región: Amazonas


Organizaciones indígenas de Ecuador, Brasil y Colombia reclaman que se deje el petróleo bajo tierra en territorios como el Yasuní (Ecuador) y , de cara a la próxima Cumbre Amazónica de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebrará este viernes en Bogotá, se declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y explotación de combustibles fósiles.
La cumbre tendrá lugar tras el Encuentro Regional Amazónico, una semana de ponencias y mesas redondas de representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, sociedad civil, científicos y académicos, donde se exigieron compromisos reales frente a la crisis socioambiental de la región.
Asimismo, la nacionalidad Waorani, en colaboración con varias organizaciones, piden, en una carta pública, reconocer al caso del Yasuní «como ejemplo de los obstáculos estructurales a la transición energética justa, que requieren respuestas multilaterales y mecanismos de seguimiento” en el balance de cuentas de la Declaración de Belém, firmada por la OTCA en 2023.

El caso Yasuní y el incumplimiento de la consulta popular
El lema “dejar el combustible fósil bajo tierra” surgió con la consulta popular de 2023 en Ecuador, cuando el “sí” a detener la explotación del Bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní ganó, obligando al cierre de operaciones con el plazo máximo de un año.
Sin embargo, el gobierno creó un plan de cinco años para el desmantelamiento, el cual «tampoco se está cumpliendo, ya que en dos años tan solo han cerrado 10 de los 247 pozos activos», denuncia la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). Según el Plan de Cierre entregado por el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT a la Corte Constitucional en agosto de 2024, se debían cerrar al menos 10 pozos ese mismo año, y 48 pozos por año a partir de 2025.
Para Juan Bay, Presidente de la NAWE, “los presidentes amazónicos no están escuchando a los pueblos indígenas que habitamos y protegemos la Amazonía desde tiempos ancestrales. El pueblo waorani ha dado un paso muy importante en la salida de combustibles fósiles en el Yasuní, hemos marcado un hito histórico, pero el Estado no cumple”, señala en su discurso en el Encuentro Regional Amazónico.
Además, en medio de una polémica ley de Áreas de Protección en Ecuador, que separa la gestión de estas zonas del Ministerio de Ambiente y ha sido criticada por ecologistas ante una posible privatización y militarización allí.

Demandas rumbo a la COP30
Oscar Daza, secretario general de la OPIAC recuerda que la actividad petrolera en el Yasuní está en zonas donde hay acuerdos de aislamiento con los Tagaeri y Taromenane. Por eso, pide que se prioricen los cierres en sus territorios y se cree una comisión para dejar el petróleo.
Tal transición energética “debe ser liderada por los ciudadanos, y mejorar los derechos de vida de las poblaciones”, afirma Elcio Manchineri, coordinador general de la COIAB, ya que “la Amazonía no puede seguir siendo una zona de sacrificio”.
Además, porque «el desarrollo no es contrario a la vida, lo que pedimos son planes que la respeten”, declara Camilo Huanomi, Dirigente de Territorio de la CONFENIAE en su participación en el Encuentro Regional Amazónico. Asimismo, enfatiza en la colaboración «porque las problemáticas de la Amazonía tiene consecuencias sobre otros países de la región, no sólo Ecuador».
Por ejemplo, en Perú, se propuso la exploración en el Bloque 64 (Loreto) bajo tierras de las naciones de las naciones Chapra, Wampis y Achuar, pero no consiguieron formalizar una licitación. En Colombia, el 28 % de la Amazonía (14 millones de hectáreas) está concesionada a bloques petroleros y gasíferos, concentrados principalmente en Putumayo, donde 250 pozos activos representan el 70 % de la producción amazónica de hidrocarburos, según el informe reciente de Earth Insight y OPIAC.
Así, el reclamo central de los líderes indígenas es que la OTCA declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y explotación de combustibles fósiles.
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Comunidades indígenas rechazan el retorno de Barrick Gold: “Pascua Lama 2.0” en la mira

Fecha de Publicación: 08/05/2025
Fuente: Clarín (Chile)
País/Región: Chile


A cinco años de la histórica sentencia que ordenó el cierre definitivo del proyecto Pascua Lama, las comunidades indígenas del valle del Huasco vuelven a alzar la voz. Barrick Gold, la gigante minera canadiense, ha regresado al mismo territorio protegido, esta vez con un nuevo proyecto de exploración llamado El Alto, despertando el rechazo frontal de las comunidades diaguitas.
La empresa ha comenzado a «solicitar la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental) para instalar 43 plataformas de perforación» para su nuevo proyecto de exploración «El Alto». La comunidad Diaguita Wicaikocua ha confirmado que se está utilizando maquinaria pesada en las proximidades de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza.
La comunidad indígena Diaguita Patay Co denunció que la compañía ha solicitado al Servicio de Evaluación Ambiental la aprobación para instalar 43 plataformas de perforación en la zona. La Diaguita Wicaikocua, otra organización local, confirmó que ya hay maquinaria pesada operando cerca de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, pilares fundamentales del ecosistema y de la agricultura del valle.
“No se trata de un nuevo proyecto, sino de una estrategia reciclada, encubierta y oportunista, que pretende burlar la sentencia judicial que ordenó el cierre definitivo del proyecto anterior por daño ambiental irreparable”, afirmó Sebastián Cruz, presidente de Diaguita Patay Co.
Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca fue categórico: “Lo que estamos viendo aquí es un Pascua Lama 2.0, que ocupa parte de las mismas concesiones mineras que el proyecto original”.

Un pasado que no se cierra
El 17 de septiembre de 2020, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó el cierre total de Pascua Lama, multando a Barrick Gold con más de 12 millones de dólares canadienses por graves infracciones ambientales. Aunque la mina nunca llegó a operar comercialmente, las obras de construcción dejaron un impacto irreversible en los glaciares del sector, que son la principal fuente de agua dulce para el valle del Huasco.
La resistencia indígena y ambiental lleva más de dos décadas en esta región. Las comunidades sostienen que los daños siguen presentes y acusan a Barrick de no cumplir con un plan real de cierre y restauración ambiental. “Un proyecto que ha sido sancionado y cerrado, que no ha cumplido con el plan de restauración ni con el cierre de las operaciones clausuradas, no se le debe permitir evaluar un nuevo proyecto hoy”, sostuvo Cuenca.

Demandas internacionales y presión a inversionistas
Las heridas de Pascua Lama no solo son ambientales. El proyecto ha desencadenado demandas colectivas en Estados Unidos y Canadá, donde se acusa a Barrick de haber engañado a inversores sobre el cumplimiento de las normativas ambientales e hídricas. Mientras en Estados Unidos la empresa resolvió el caso en 2016 pagando 140 millones de dólares, los procesos en Quebec y Ontario siguen abiertos.
Frente al avance de El Alto, las comunidades han presentado denuncias formales ante la Superintendencia de Medio Ambiente y la Dirección General de Aguas, exigiendo investigación, sanciones y protección efectiva de los glaciares.
Sebastián Cruz llamó directamente a los inversionistas: “Pedimos a los inversionistas que tomen responsabilidad ética. Están respaldando una iniciativa que vulnera derechos, afecta territorios ancestrales y se emplaza en una zona protegida por la justicia ambiental chilena”.
Desde Canadá, Viviana Herrera, de MiningWatch, advirtió: “El Alto se encuentra en la misma zona y representa los mismos errores y abusos que la fallida mina Pascua Lama. Nos unimos a las comunidades locales para instar a Barrick a que detenga sus actividades y priorice el cierre definitivo”.

Una lucha que no se detiene
Las comunidades indígenas del valle del Huasco han dejado claro que no permitirán un nuevo ciclo de devastación ambiental en su territorio. En vísperas de la Junta General de Accionistas de Barrick, los ojos de las organizaciones sociales, ambientales e indígenas están puestos sobre la compañía, en un capítulo más de una historia marcada por la resistencia y la defensa del agua y la vida.
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Guterres advierte sobre amenaza minera en territorios indígenas

Fecha de Publicación: 24/04/2025
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Internacional


El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió sobre el trágico impacto de la minería ilegal que ha avanzado en los territorios indígenas de los países en desarrollo, al instalar este lunes el 24º período de sesiones del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas.
Citó como ejemplo “la contaminación por mercurio causada por la minería ilegal, que está perjudicando a los pueblos indígenas de todo el mundo, incluso en Brasil, envenenando sus suministros de agua y alimentos”.
Se trata de “una amenaza inminente y creciente, vinculada a la carrera por los minerales esenciales para la transición energética global”, y Guterres expuso que “a medida que aumenta la demanda surgen más casos de despojo, exclusión y marginación de los grupos que habitan estas zonas”.
Enfatizó que “se pisotean los derechos de los pueblos indígenas y se pone en riesgo su salud”, en un contexto en el que esta población es excluida de los beneficios que merece, dijo al millar de participantes congregados en el foro.
También destacó que “en todas partes, los pueblos indígenas están en la primera línea del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, a pesar de no haber hecho nada para crear estas crisis y haber hecho todo para tratar de prevenirlas”.
Por el contrario, sufren todavía sufren marginación, discriminación, desempleo, desventajas económicas y violencia y, además, “con demasiada frecuencia se les excluye de las decisiones que afectan directamente a las tierras y territorios que habitan, lo que amenaza directamente su forma de vida y su seguridad alimentaria”.
Mencionó como propuestas, para fortalecer el papel de los pueblos indígenas, fortalecer el Foro Permanente, el reconocimiento de los países al liderazgo y los derechos indígenas, y aumentar el financiamiento para estas poblaciones.
Asimismo, implementar las recomendaciones del Panel sobre Minerales Críticos para la Transición Energética, que busca crear confianza para una transición hacia fuentes de energía renovables y la expansión de la electromovilidad, con el manejo de minerales clave como litio, cobre, cobalto, grafito y níquel, entre otros.
Para el secretario general los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas son “modelos pioneros de conservación y utilización sostenible”.
Más aún, “son ejemplos del compromiso de vivir en armonía con la Madre Tierra y con el bienestar y los derechos de las generaciones futuras”.
Insistió, en su mensaje al principal foro internacional de pueblos indígenas, en que “el mundo tiene mucho que aprender de la sabiduría y los enfoques de este grupo, que prioriza la salud de los ecosistemas por encima de las ganancias económicas a corto plazo”.
El foro, cuyos trabajos se extenderán hasta el 2 de mayo, examinará junto con el tema de la minería y los minerales requeridos para una transición energética justa, documentos sobre los efectos de la colonización y los conflictos armados en los derechos de los pueblos indígenas, con el imperativo de la consolidación de la paz.
También se hará una evaluación de las estructuras institucionales para mejorar la salud y el bienestar de los pueblos indígenas en todo el mundo, y de documentos sobre la arquitectura financiera internacional y los derechos de esos pueblos.
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Brasil defenderá en la COP30 del clima financiación para los pueblos indígenas por su servicio al medio ambiente

Fecha de Publicación: 01/03/2025
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Internacional - Brasil


Brasil defenderá en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Brasil el próximo noviembre, que los países ricos financien a los pueblos indígenas por su servicio al medio ambiente, afirmó la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara.
En una entrevista con EFE, Guajajara hizo hincapié en la importancia de garantizar la protección de los territorios indígenas y la remuneración a estos pueblos por «los servicios ambientales que han desempeñado durante siglos».
«Nuestro principal mensaje (en la COP30) será la protección de los territorios indígenas, que garantizan el equilibrio climático en todo el mundo. Es urgente cuidar a quienes cuidan la vida del planeta», dijo.

Financiación como «reparación histórica»
En ese sentido, abogó que las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas cuenten con financiación internacional, sobre todo por parte de los países más ricos.
Según Guajajara, es fundamental que estos pueblos tengan «acceso directo» a los fondos globales dedicados a la lucha contra el cambio climático y a la conservación de la biodiversidad, pero salvaguardando el «respeto a la autonomía indígena» para el desarrollo de sus comunidades y pueblos.
«Ya se hace tarde para esta reparación histórica por el pasado de violencias coloniales y por la continua explotación extractivista en los países en desarrollo. Es una cuenta que no cierra. Aquellos que más protegen el medio ambiente y más conservan la biodiversidad reciben menos del 1 % del financiamiento ambiental», sostuvo.

La COP de los indígenas
La COP30 se celebrará en la ciudad de Belém, en el corazón de la Amazonía brasileña. Para la ministra, por ser la primera cumbre climática en esta selva, la COP30 no puede ser “solo un evento” y «es necesario que tenga un rostro indígena».
Por ello, Brasil, buscará lograr la «mayor y mejor» participación indígena de la historia de las COP, buscando «que cada indígena de Brasil y del mundo pueda contribuir de alguna forma» a las discusiones.
«La COP30 necesita avanzar en esto. Tendremos la mayor participación indígena de la historia. Necesitamos que también sea la mejor, con más legados para las organizaciones y las políticas indígenas en el mundo», apuntó Guajajara.
La participación de los pueblos nativos en la COP se canalizará a través de la Comisión Internacional Indígena, una instancia de «diálogo prioritario» entre la presidencia del evento y los pueblos originarios de todo el mundo.
Asimismo, el Ministerio está en diálogo con el movimiento indígena brasileño para desarrollar estrategias con miras a que ellos puedan presentar sus demandas con sus propias voces y para que estén “representados en su diversidad”.
El Gobierno brasileño también ha lanzado el programa Kuntari Katu, una especie de formación «diplomática» para jóvenes indígenas, con el propósito de que aprendan estrategias para influir en las negociaciones internacionales.

La Amazonía, bajo el foco internacional
La COP también será una «oportunidad» para que la comunidad internacional conozca la realidad de la Amazonía, la mayor selva del planeta, que comparten ocho países de Suramérica, y «para que los cerca de 190 líderes globales que estarán presentes se sensibilicen», subrayó la ministra.
«Y no hay manera de transmitir la realidad de la Amazonía sin los pueblos indígenas, los ribereños y demás comunidades tradicionales”, argumentó.
Guajajara recordó que en la Amazonía brasileña existen 450 tierras indígenas protegidas y viven cerca de 870.000 indígenas, la mitad de los que hay en el país.
«Son, como mínimo, 8.000 años de historia de estos pueblos en este entorno, viviendo, aprendiendo, cultivando y cuidando de sus ciclos naturales. Este bioma y sus pueblos tienen un papel fundamental para el equilibrio ambiental y climático del planeta y para la continuidad de esta biodiversidad», concluyó.
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El gigante minero Vale es demandado en Brasil por contaminación metálica en pueblos indígenas

Fecha de Publicación: 28/02/2025
Fuente: Agencia The Associated Press
País/Región: Brasil


El Ministerio Público federal de Brasil ha demandado al gigante minero Vale, al gobierno brasileño y al estado amazónico de Pará por la contaminación con metales pesados en los cuerpos de los indígenas xikrin.
La demanda civil, presentada el viernes y divulgada esta semana, alega contaminación por la explotación de níquel de Vale en el yacimiento de Onca-Puma, y que el río Catete transporta contaminantes de la mina al territorio indígena. En 2022, la empresa y los xikrin llegaron a un acuerdo de indemnización mensual, pero no cubría los problemas de salud, según la querella.
Un estudio de la Universidad Federal de Pará, realizado a principios del año pasado en aldeas del territorio indígena xikrin do Cateté, encontró niveles peligrosamente altos de metales pesados, incluyendo plomo, mercurio y níquel, en el cabello de prácticamente todas las 720 personas encuestadas. Temiendo la contaminación en el agua del río, los xikrin están utilizando agua embotellada para sus hijos y comprando pescado en los mercados municipales.
En un caso extremo, una mujer de 19 años tenía niveles de níquel un 2.326% por encima del límite seguro, según el estudio. Si no se trata, la intoxicación por metales pesados puede llevar a daños cerebrales y falla orgánica.
El Ministerio Público, responsable de proteger los derechos indígenas, está exigiendo que Vale establezca un programa permanente de monitoreo de salud para la comunidad. También solicita al estado de Pará, que otorgó la licencia ambiental, y al gobierno federal, que supervisa las políticas de salud pública indígena, que proporcionen apoyo técnico y administrativo y aseguren una adecuada supervisión ambiental.
“La situación de los xikrin do Cateté es una verdadera tragedia humanitaria y requiere una respuesta urgente del poder judicial brasileño. La inacción solo aumentaría el sufrimiento de la comunidad indígena, que enfrenta a diario la contaminación en su propio entorno”, afirma la demanda.
En una respuesta por escrito, la agencia ambiental de Pará dijo que firmó un acuerdo con Vale en 2024 “para mitigar los impactos socioambientales de las actividades de la mina de níquel Onca-Puma”.
Vale y el Ministerio de Salud de Brasil no han respondido de momento a los mensajes de The Associated Press que solicitaban comentarios.
En noviembre, la capital de Pará, Belém, será sede de la conferencia climática de las Naciones Unidas conocida como COP30. Vale está construyendo uno de los proyectos de infraestructura más grandes para la conferencia, el Parque da Cidade, o Parque de la Ciudad, de aproximadamente 50 hectáreas (123 acres).
La empresa minera fue responsable de dos de los desastres ambientales más devastadores de Brasil, en 2015 y 2019, cuando colapsaron represas de relaves en el estado de Minas Gerais. Los desastres causaron la muerte de 291 personas y contaminaron cientos de kilómetros (millas) de vías fluviales.
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Indígenas exigen fin de la explotación petrolera en la Amazonia

Fecha de Publicación: 22/02/2025
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Amazonas


Organizaciones indígenas de nueve países, “el G9 de la Amazonia Indígena”, lanzaron una ofensiva de reclamo para poner fin a la explotación petrolera en la cuenca amazónica, de cara a la conferencia mundial sobre el cambio climático que se realizará este año con Brasil como anfitrión.
En su declaración emitida en esta ciudad a orillas del Amazonas, los movimientos indígenas asientan que “el discurso de utilizar los recursos petroleros de la Amazonia para financiar la transición energética no es solo falso, es escandalosamente cínico”.
“Ignora la gravedad de la crisis climática y la devastación causada por la extracción de combustibles fósiles, que son, de hecho, los mayores contribuyentes a la crisis climática global”, agrega el texto de los nueve agrupamientos indígenas.
Para ese G9 “la transición energética debe hacerse de manera justa e inmediata, respetando y protegiendo a las poblaciones que ya están pagando el precio más alto por esta destrucción criminal”.
De seguidas, demandan el reconocimiento de las organizaciones indígenas, para que sean copresidentas de la 30 Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se realizará el próximo noviembre en la ciudad de Belem, noreste de Brasil.
El encuentro de Manaus fue organizado por la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), y reunió a líderes de federaciones indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
De cara a la cumbre de Belem, el G9 demanda que se incluya la demarcación y protección de los territorios indígenas como política climática en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que deben hacer los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera.
Asimismo, mecanismos financieros para la asignación directa, sin intermediarios, de recursos destinados a combatir el cambio climático en sus territorios tradicionales.
La propuesta apunta a cambiar el escenario actual, donde menos de uno por ciento de los recursos transferidos por los gobiernos de los países desarrollados a los países en desarrollo para combatir el cambio climático llegan directamente a las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.
“Ya no aceptaremos intermediarios que no respeten nuestras autoridades  y autogobiernos, ni nuestros conocimientos, sistemas de conocimiento y formas de vida”, dice la declaración.
Agrega que “el futuro de la humanidad depende de la autonomía y liderazgo de los pueblos indígenas, y exigimos que esto se refleje en políticas y prácticas de financiamiento”.
La coordinadora general de Coiab, Toya Manchineri, destacó que el financiamiento directo a las organizaciones indígenas es fundamental para la efectividad de la protección territorial.
“La demarcación y titulación de territorios son fundamentales para combatir la crisis climática, pero sin un financiamiento adecuado para los pueblos indígenas, no podemos implementar iniciativas en los territorios que fortalezcan la economía comunitaria, nuestros aportes, identidad y organizaciones”, dijo Manchineri.
La crítica decidida a la exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca llega después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendiera la exploración petrolera en el área de Foz do Amazonas (FZA-M-59), frente a la costa de su norteño estado de Amapá.
El encuentro de Manaus considera que el proyecto presenta riesgos de impactos socioambientales para los pueblos indígenas de la región, como deforestación, contaminación de ríos, apropiación e invasión de tierras e inseguridad alimentaria.
Además, afirma que el proyecto irrespeta el derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que Brasil es signatario.
La Amazonia “es una región que está en crisis, y si no se protege, dejará de ser parte de la solución a la crisis climática y se convertirá en una bomba de carbono a punto de explotar”, asentó a modo de cierre la declaración.
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COP16 cumple con indígenas y secuenciación digital, pero fracasa en financiamiento

Fecha de Publicación: 05/11/2024
Fuente: Agencia IPS
País/Región: Internacional


El telón de la 16 Conferencia de las Partes (COP16) sobre biodiversidd cayó el sábado 3 sin clausura formal y el logro histórico del reconocimiento de los pueblos indígenas como asesores permanentes y con voz propia del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y el estruendoso fracaso de un acuerdo sobre financiamiento.
En las complicadas negociaciones entre países ricos del Norte industrial y en desarrollo del Sur global cumbre, en la cumbre en la ciudad colombiana de Cali, que se desarrolló desde el 21 de ocrubre,  también se logró la aprobación de un fondo sobre beneficios derivados de datos genéticos de la naturaleza.
Una cesión de los países ricos que no compensó el gran fracaso de la cumbre: el establecimiento de una financiación que asegurase la hora de ruta trazada hace dos años de garantizar la conservación de 30 % de la naturaleza terrestre y marítima para 2030.
Tampoco se logró establecer un sistema de seguimiento que garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos en la ciudad canadiense de Montreal en diciembre de 2022, donde se aprobó el Marco MundialKunming-Montreal de Biodiversidad,
Eso sí, se abrió finalmente la puerta para que los pueblos indígenas y las comunidades locales tengan una participación formal en el plan mundial para detener la destrucciión de la biodiversidad, una exigencia de los considerados grandes conservacionistas de los hábitats donde viven.

Un momento decisivo
La noche del sábado, después de horas de negociaciones de última hora en varias reuniones a puerta cerrada entre las partes, los delegados acordaron crear un órgano subsidiario permanente en virtud del artículo 8j del Marco Mundia.
Ese órgano permitirá a las comunidades indígenas y locales la participación directa en la aplicación de ese Marco Mundial. Representó un triunfo de miles de activistas indígenas llegados hasta Cali, que logró derrumbar con el apoyo del país anfitrión la oposición de gobiernos tan diversos como los de Indonesia y Rusia.
Además, por primera vez en la historia de una COP del CDB, los pobladores afrodescendientes de Colombia fueron reconocidos por su papel en la conservación de los ecosistemas, los que les permitirá sumarse a los pueblos indígenas y comunidades locales del país en las negociaciones sobre biodiversidad.
«Este es un momento decisivo en la historia de los acuerdos multilaterales sobre  ambiente», afirmó Jennifer Corpuz, lideresa del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), una organización paraguas de pueblos indígenas y comunidades locales de siete regiones del mundo organizada en el CDB.
Corpuz, que había encabezado las negociaciones del FIIB sobre el artículo 8J durante toda la COP, afirmó además que el establecimiento del Órgano Subsidiario Permanente sobre el artículo 8J permitiría establecer asociaciones sólidas entre los gobiernos, los pueblos indígenas y las comunidades locales y los financiadores.
Además, proporcionaría una plataforma de alto nivel para seguir poniendo de relieve las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la protección del planeta y compartir experiencias.
Hasta ahora, los debates relacionados con los pueblos indígenas y las comunidades locales se celebraban en el marco de un Grupo de Trabajo de composición abierta. Las decisiones de este grupo no eran vinculantes y no existía un mandato sobre la frecuencia con la que debe reunirse. Ahora ese grupo se disolverá.
Corpuz reveló que lo más probable es que Colombia acoja la primera reunión del órgano subsidiario, prevista para dentro de un año, en torno a octubre o noviembre de 2025.

Esperanzas por el nuevo Fondo DSI
En la COP16, también se llegó a un acuerdo sobre un nuevo marco multilateral para la Información de Secuenciación Digital (DSI, en inglés).
El marco, que se conocerá como el CaliFund, canalizará la financiación y abordará cómo los beneficios derivados del uso de datos genéticos, especialmente en empresas farmacéuticas, biotecnológicas y agrícolas, deben compartirse con los países, las comunidades indígenas y las partes interesadas que proporcionan estos recursos.
El texto aprobado al respecto incluye un lenguaje contundente, como que las empresas deben pagar en lugar de ser alentadas a hacerlo, y especifica que 50 % del dinero que llegue al fondo DSI irá directamente a los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Sin embargo, no se tomó ninguna decisión sobre el porcentaje exacto de los beneficios que tendrán que pagar las empresas ni sobre quiénes serían las otras partes interesadas con derecho a acceder al fondo.

Género: Una herramienta gratuita para medir el progreso
La integración de la perspectiva de género -en la que se centra el artículo 23 del Marco Mundial- no figuraba en la agenda de la COP16, y las Partes no tenían mandato para debatir sus planes sobre su aplicación.
Sin embargo, Women4Biodiversity-el grupo que representa a todas las oenegés que trabajan en biodiversidad y mujeres- anunció el 31 de octubre que había desarrollado conjuntamente con el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación un indicador para que los países lo adopten y utilicen para aplicar el artñiculo 23 del Marco Mundial.
Mrinalini Rai, responsable de Women4Biodiversity, explicó que el indicador incluye un cuestionario con respuestas de opción múltiple.
Las preguntas se organizan en torno a los tres resultados esperados del Plan de Acción de Género y la redacción se corresponde estrechamente con las acciones indicativas del Plan de Acción de Género. Cada respuesta corresponde a una categoría que representa el nivel de progreso. Las respuestas se agregan y resumen como una medida cuantitativa (índice) para proporcionar una medida del progreso a lo largo del tiempo.
Todos los países que firmaron el Marco Mundial tienen que informar sobre el progreso de su implementación en 2026, cuando tendrá lugar el Balance Mundial sobre la Biodiversidad.
El indicador podría ayudar especialmente a las Partes a prepararse para ese informe, ya que se ha desarrollado para realizar un seguimiento e informar sobre sus acciones para garantizar la aplicación sensible al género del Marco Mundial.
«Nos ha llevado mucho tiempo e invertido muchos esfuerzos codesarrollar esta metodología. También hemos mantenido amplias consultas con varios países y 19 de ellos realizaron una prueba del indicador. Después compartieron sus comentarios y revisamos el indicador en función de ellos. Así pues, se trata de una herramienta probada que cualquier país puede utilizar»» afirmó Rai.

Financiación y seguimiento
Aunque durante la COP se prometieron un par de nuevas contribuciones financieras al Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad, 51,7 millones de dólares por parte de donantes privados y 163 millones de dólares por 12 países donantes, el objetivo de recaudar 20 000 millones de dólares de aquí a un año se mantuvo como una meta inacesible.
Los países ricos, comandados por la Unión Europea (UE) y los del Sur se enfrentaron sobre esa financiación. Los delegados de países en desarrollo demandaban que se alcanzasen los 20 000 millones de dólares en 2025 y que exigiera responsabilidades a los donantes.
Argumentaban que esto era crucial para ellos, ya que la mayoría de los países del Sur global no podrían empezar a aplicar sus planes de acción sobre biodiversidad sin dinero.
Sin embargo, los delegados de la UE se opusieron con vehemencia, pues no querían que el documento oficial incluyera ningún texto relacionado con la rendición de cuentas.
La división Norte-Sur también se hizo patente cuando los países africanos se quejaron de que sus preocupaciones y voces estaban siendo dejadas de lado en la cuestión crucial del marco de seguimiento.
Hablando en nombre de la Unión Africana, el delegado de Namibia se quejó de que la COP no había consultado a las partes africanas a la hora de desarrollar indicadores para la aplicación del Marco Mundial.
«Nos gustaría dejar constancia de que a lo largo de los grupos de contacto y más allá, hemos señalado nuestra voluntad de entablar debates y encontrar convergencias; sin embargo, África no fue informada ni invitada al debate sobre un compromiso que se presentó y que nunca tuvo en cuenta la postura del grupo africano con sus 55 países», aseguró.
La negociación quedó paralizada cuando la presidencia de la COP16 constató que las posiciones eran imposibles de conciliar, pese a su presentación de diferentes propuestas que la UE y otros países como Suiza y Canadá rechazaron.
Melissa Wright, de Bloomberg Philanthropies, que previamente se había comprometido a donar 20 millones de dólares para conservar la biodiversidad marina, dijo que «es profundamente preocupante que no se haya alcanzado un consenso sobre cuestiones clave, incluida la financiación. El tiempo corre».
Sin embargo, Susana Muhamad, la ministra colombiana de Medio Ambiente y presidenta de la COP16, calificó la cumbre como un éxito.
«La COP16 ha sido un acontecimiento transformador», dijo Muhamad al tiempo que admitía que «los desacuerdos sobre la estrategia financiera y el marco de seguimiento seguían siendo un reto para el futuro».
Esto deja algunos retos para el Convenio y sus compromisos, «y es hora de empezar a abordarlos, pero el debate allí siempre estuvo muy polarizado y sigue estándolo», reconoció.
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