EE.UU. subastó el fondo marino de Samoa para minería

 


EE.UU. subastó 12,7 millones de hectáreas del Pacífico para minería en aguas profundas en Samoa


La primera venta de arrendamientos mineros submarinos del país tuvo una sola oferente y se realizó días después de que una jueza federal concluyera que el proceso violó la ley de especies en peligro, con el rechazo del gobierno de Samoa Americana.

Estados Unidos realizó el jueves 19 de noviembre su primera subasta de arrendamientos para minería en aguas profundas, frente a las costas de Samoa Americana, en el Pacífico Sur. La venta abarcó dos áreas que suman unos 31,5 millones de acres, cerca de 12,7 millones de hectáreas de lecho marino. Se concretó pese a que, tres días antes, una jueza federal había concluido que el proceso violó la Ley de Especies en Peligro.
Según la Administración de Minerales Marinos del Departamento del Interior, se presentó una única oferente, la empresa Wetstone US Ventures, que obtuvo de forma provisional los dos arrendamientos. Las ofertas totalizaron 6 millones de dólares, 3 millones por área, que es el precio mínimo fijado por el Gobierno.
El secretario del Interior, Doug Burgum, calificó la subasta como “un paso histórico para la seguridad energética y mineral de Estados Unidos”, según la traducción de sus palabras. La subasta se realizó en Thousand Oaks, California, y responde a una directiva presidencial del año pasado para explotar los minerales del fondo oceánico frente a la creciente competencia de China por estos recursos.

Qué habilita la subasta
Las dos áreas se ubican entre 150 y 240 millas al este de Pago Pago, la capital del territorio, a profundidades de entre unos 1.400 y 6.100 metros. Los arrendamientos tienen un plazo inicial de 20 años y prevén regalías del 2% durante los primeros cinco años de producción comercial, que luego subirán al 5%.
La adjudicación no autoriza por sí sola la extracción. Permite actividades preliminares, como el mapeo del fondo marino, y la presentación de planes de exploración, pruebas y explotación comercial. Esos planes deberán atravesar revisiones ambientales y nuevas aprobaciones. El Gobierno avanza además con propuestas similares cerca de las Islas Marianas del Norte y en aguas federales de Alaska y Virginia.

Un fallo judicial que no frenó la venta
El lunes 16 de noviembre, la jueza federal de Hawái Jill Otake, designada por Trump, falló a favor de una demanda que Earthjustice había presentado en agosto. Concluyó que el Servicio Nacional de Pesca Marina solo había considerado los efectos de las tareas preliminares, pero no las consecuencias posteriores, y que el Gobierno «ni siquiera intentó considerar» los posibles daños a especies en peligro. La magistrada advirtió que cualquier oferente quedaba notificado de esa situación. Aun así, el Departamento del Interior realizó la subasta.
Los demandantes advierten que la actividad pone en riesgo a especies amenazadas como las ballenas azul, de aleta y sei y el cachalote, cinco poblaciones de tortugas marinas y cinco especies de coral. Earthjustice calificó la venta como ilegal y anunció que pedirá su anulación.

El rechazo de Samoa Americana
El gobierno de Samoa Americana se opone a la iniciativa. Su gobernador, Pulaali’i Nikolao Pula, afirmó en septiembre que por el momento no apoya la extracción comercial de minerales del fondo marino. En 2024, el territorio prohibió la minería submarina dentro de sus aguas territoriales, pero la subasta abarca la plataforma continental exterior, que está bajo jurisdicción federal.
La agencia recibió más de 76.000 comentarios públicos, en su mayoría contrarios. Las áreas licitadas se encuentran en la misma región que el Monumento Marino Nacional Atolón Rose. Mientras se desarrollaba la subasta, miembros de comunidades del Pacífico y activistas de Greenpeace protestaron cerca del lugar con cantos tradicionales y oraciones. “No es simplemente un lecho marino en un mapa. Es nuestro hogar”, afirmó Sabrina Suluai-Mahuka, fundadora de la organización juvenil samoana Finafinau.

Un ecosistema poco conocido
La minería en aguas profundas apunta a extraer nódulos polimetálicos y otros depósitos ricos en metales del lecho oceánico. Los científicos advierten que esos ambientes albergan especies de crecimiento muy lento, muchas todavía no descritas, y que los daños podrían ser irreversibles. Según un informe citado por Earthjustice, su impacto sobre la biodiversidad podría ser hasta 25 veces mayor que el de la minería terrestre.

Un desafío al consenso internacional
La decisión estadounidense avanza por fuera de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el organismo de las Naciones Unidas que regula la minería en aguas internacionales y que todavía no aprobó un reglamento de explotación. Estados Unidos no ratificó la Convención sobre el Derecho del Mar.
Más de treinta países, entre ellos varios latinoamericanos como Chile, Costa Rica y Panamá, reclaman una moratoria o una pausa precautoria hasta contar con suficiente conocimiento científico. Para los océanos del sur global, el precedente abre una pregunta de fondo: si la carrera por los minerales críticos terminará imponiéndose sobre la protección de los ecosistemas más desconocidos del planeta.


País/Región: Estados Unidos - Samoa
Fuentes Consultadas: Agencia EFE Verde,Agencia  EuroNews, Agencia Associated Press, Departamento del Interior de EE.UU. 

Blog del Foro Ambiental Córdoba

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