Ecuador: campesinos que se oponen a la minería en Las Naves enfrentan más de 50 causas penales

Los opositores al proyecto de oro, cobre y plata Curipamba-El Domo, en la provincia de Bolívar, enfrentan juicios, condenas y amenazas, mientras una ley restringe a las organizaciones que cuestionan proyectos mineros.

En el cantón Las Naves, en la provincia ecuatoriana de Bolívar, oponerse a la minería puede terminar en un tribunal. Desde 2021, los campesinos que rechazan el proyecto de oro, cobre y plata Curipamba-El Domo enfrentan más de 50 procesos de investigación penal, según una investigación de Mongabay Latam, en un territorio que, de acuerdo con los pobladores, además fue militarizado.
El proyecto es operado por Curimining SA, filial de las empresas canadienses Silvercorp Metals y Salazar Resources, y en él participa el Consorcio Nobis, vinculado a la familia del presidente Daniel Noboa. Las concesiones mineras en la zona abarcan más de 30.000 hectáreas otorgadas desde 2003.

Defender el agua, ante la Justicia
Uno de los casos más conocidos es el de los dirigentes campesinos Fausto Arechua, Wilfrido Escobar y Gilberto Talahua, acusados de violación de propiedad privada. Arechua había sido condenado en primera instancia, pero en diciembre de 2025 un tribunal de apelación declaró inocentes a los tres por falta de pruebas, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). La Fiscalía y los acusadores particulares recurrieron esa decisión ante la Corte Nacional de Justicia, que todavía debe resolver.
En otro proceso, en febrero de 2026, un tribunal penal de Quevedo condenó a cuatro años de prisión a los defensores Piedad Guaranda, María Ortega y Wilfrido Escobar. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, 32 defensores enfrentan causas penales en las provincias de Bolívar y Los Ríos. “Defender el agua, los territorios y la naturaleza es un derecho, no es un delito”, señalaron en un pronunciamiento conjunto difundido por la organización Front Line Defenders.
Arechua relató además haber recibido amenazas de muerte y contó que, para resguardarse, cambia de ropa al subirse al transporte público para no ser reconocido.

Una consulta cuestionada
El conflicto se remonta a la consulta ambiental realizada entre junio y diciembre de 2023, bajo el Decreto 754 del entonces presidente Guillermo Lasso y con resguardo policial. Los campesinos cuestionan su legitimidad. Pese a ello, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorgó en enero de 2024 la licencia ambiental de explotación.
Casi 500 campesinos, acompañados por la CEDHU, presentaron una acción de protección para revocar la licencia y las autorizaciones de uso de agua, pero la Justicia la rechazó a fines de octubre. Desde la empresa, el vocero jurídico Daniel González sostuvo que “el proceso de consulta ambiental se realizó bajo los estándares exigidos por el Estado ecuatoriano”.

Menos espacio para las organizaciones
El caso se inscribe en un contexto de restricciones para la sociedad civil. La Ley de Transparencia Social, vigente desde agosto de 2025, y su reglamento prohíben a las organizaciones sin fines de lucro intervenir, directa o indirectamente, en actividades destinadas a obstaculizar proyectos mineros legalmente autorizados. Quienes incumplan pueden sufrir la suspensión de su personería jurídica por cuatro años, y la norma impide usar donaciones o fondos extranjeros para financiar acciones contra la minería. Según la normativa, el objetivo es transparentar el financiamiento de las organizaciones y mitigar riesgos de lavado de activos, corrupción y vínculos con actividades ilícitas, incluida la minería ilegal.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, en cambio, advierten que este tipo de normas, sumadas a los procesos penales, desalientan la participación de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.

Una región de riesgo
Ecuador es parte del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y a prevenir y sancionar las amenazas en su contra. Para las organizaciones que acompañan a los campesinos, en cambio, Las Naves es un ejemplo de cómo la vía judicial se utiliza para presionar a las comunidades que se oponen a proyectos extractivos.
Mientras la Corte Nacional de Justicia define la situación de los dirigentes y el proyecto minero avanza, los campesinos de Las Naves insisten en que su reclamo es por el agua y por el futuro de sus tierras.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
País/Región: Ecuador
Fuentes Consultadas: Portal EcoNews; Mongabay Latam; Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Front Line Defenders