Advierten que una ley de Santa Cruz, Bolivia, habilitaría desmontes en riberas protegidas

Un exfuncionario de la Gobernación cruceña denuncia que la Ley Departamental 316 reemplazó una prohibición de desmonte por un uso limitado en las riberas de los ríos Piraí, Grande y Yapacaní y en el cordón ecológico, y que la ley que debía corregirla no cambió nada.

Un exfuncionario de la Gobernación de Santa Cruz, en Bolivia, advirtió que la Ley Departamental 316 abrió la puerta a desmontes en zonas que deberían permanecer protegidas, como las riberas de los ríos Piraí, Grande y Yapacaní y el cordón ecológico que rodea a la capital cruceña. La denuncia fue formulada por el ingeniero Luis Alberto Castro, ex secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del departamento, quien sostiene que una ley posterior, presentada como corrección, no modificó en los hechos el contenido cuestionado.
El planteo se refiere a una de las regiones más castigadas por la pérdida de bosques en América del Sur. Bolivia fue en 2025, por segundo año consecutivo, el segundo país del mundo con mayor pérdida de bosque tropical primario, según el informe anual del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch, y Santa Cruz concentra gran parte de la expansión agropecuaria del país.

De una prohibición a un uso limitado
La Ley 316 regula el uso del suelo en el departamento, incluidas las restricciones para intervenir terrenos cercanos a ríos y otras áreas ambientalmente sensibles. Según Castro, la norma incorporó estudios de aptitud de suelos y reemplazó una prohibición expresa de desmonte por una condición de uso limitado en las llamadas tierras de uso restringido, una de las seis categorías del Plan de Uso del Suelo (PLUS) departamental.
En la práctica, explicó el exfuncionario, ese cambio permitiría justificar desmontes mediante estudios técnicos, incluso en sectores que debían conservar su cobertura forestal. De acuerdo con su interpretación, esas tierras deberían mantener franjas boscosas de entre uno y cinco kilómetros en sus márgenes, según sus características. “Donde dice prohibido, bajo ningún concepto se puede cambiar”, sostuvo. Castro también advirtió que la ley podría contradecir normas de mayor jerarquía que fijan las categorías de uso del suelo.

Una corrección que no corrigió
Tras alrededor de un año de gestiones, que según Castro impulsó junto con la entonces presidenta de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa Departamental, Katia Quiroga, se aprobó la Ley 393, presentada como una corrección de la 316. Sin embargo, el exfuncionario afirma que la enmienda solo aparece en la exposición de motivos y que el articulado se mantiene sin cambios.
Castro señaló además que en el cordón ecológico de la ciudad ya se registraron desmontes de entre 40 y 50 hectáreas, y anunció que buscará apoyo técnico para cuantificar con imágenes satelitales la superficie afectada. También cuestionó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el organismo nacional encargado de controlar los desmontes, por no actuar con firmeza, y planteó que existe una confusión de competencias, ya que la ABT fiscaliza, pero el ordenamiento del uso del suelo corresponde a los gobiernos autónomos.
El exsecretario dijo que no recibió respuestas satisfactorias de la Asamblea Legislativa Departamental, del Comité pro Santa Cruz ni de otras instituciones, y que por eso decidió hacer pública la denuncia. Hasta el momento, ni la Gobernación, ni la Asamblea ni la ABT se pronunciaron públicamente sobre sus señalamientos.

Ríos sin bosque, ciudades más expuestas
La preocupación no es nueva. En 2024, un diagnóstico del Gobierno Departamental presentado en un foro metropolitano reveló que el río Piraí había perdido el 62,65% de su bosque ribereño en el área de Santa Cruz de la Sierra y Porongo, con 1.948 de sus 3.109 hectáreas de cobertura arbórea desmontadas, mientras que el río Grande había perdido el 34,65%, unas 4.412 hectáreas. Según ese informe, la situación violaba tanto la Ley Forestal, que protege las servidumbres ecológicas de los ríos, como el PLUS.
Los bosques ribereños funcionan como una barrera natural frente a las crecidas, porque estabilizan las orillas y reducen la velocidad del agua. Por eso, Castro advirtió que debilitar su protección aumentaría el riesgo de inundaciones, en un contexto de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Ese mismo año, una crecida del Piraí y la rotura de un dique en el río Grande pusieron en evidencia la vulnerabilidad de la región.
El caso cruceño muestra una tensión que se repite en distintos países de la región, donde los cambios en las normas de ordenamiento territorial pueden debilitar, por vía administrativa, protecciones ambientales que parecían consolidadas.


Fecha de Publicación: 10/11/2026
País/Región: Bolivia
Fuentes Consultadas: Prensa Mercosur; Asuntos Centrales; Diario Los Tiempos