Global Witness confirma que la región encabeza por año consecutivo los índices globales de violencia mortal contra activistas e indígenas

Estudios sobre derechos humanos, ecología política y criminalidad ambiental analizan los factores de impunidad y acaparamiento de tierras detrás de las cifras de homicidios.


Un informe global publicado por la organización internacional Global Witness revela que América Latina se consolida de manera alarmante como la región más mortífera del planeta para la defensa del medio ambiente y la tierra, al concentrar el 85% de los homicidios registrados a nivel mundial durante el año 2025. El análisis sistemático de los crímenes documenta que los líderes comunitarios, guardabosques e integrantes de pueblos originarios representan la abrumadora mayoría de las víctimas. Las disputas territoriales asociadas a la tala ilegal, la minería no regulada, el acaparamiento de tierras para la agroindustria y el crimen organizado transnacional emergen como los principales impulsores de esta violencia dirigida contra quienes resguardan biomas estratégicos como la Amazonía, el Gran Chaco y los bosques mesoamericanos.

Dinámicas territoriales, impunidad y acaparamiento de suelo
La violencia letal contra los defensores de la tierra no constituye un fenómeno aislado, sino el resultado de asimetrías de poder en zonas de frontera extractiva. La ausencia o debilidad de la presencia estatal en áreas de alta biodiversidad fomenta la conformación de economías ilícitas que operan mediante la coacción armada y el desplazamiento forzado. En estos contextos, el acaparamiento de suelos (land grabbing) para la expansión no planificada de monocultivos o megaproyectos de infraestructura elimina la cobertura forestal nativa y destruye la conectividad de los ecosistemas. La impunidad casi sistemática en la investigación de estos homicidios —asociada a fallas procesales en las fiscalías locales— perpetúa un ciclo de amenazas, criminalización de la protesta y hostigamiento directo sobre las familias y comunidades que resisten el avance del extractivismo violento.
Vectores de riesgo prioritarios identificados en las geografías críticas:
- Fronteras agrícolas no reguladas: Expansión de actividades extractivas sobre territorios indígenas sin titulación legal.
- Presencia de crimen organizado: Alianzas entre grupos armados ilegales y sectores fácticos para el control de recursos naturales.
- Impunidad judicial: Escasa tasa de procesamiento y condena de los autores intelectuales de las agresiones y homicidios.

Evaluaciones institucionales y la urgencia del Acuerdo de Escazú
Informes elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratifican la gravedad de los hallazgos y enfatizan la obligación de los Estados latinoamericanos de ratificar e implementar de forma efectiva el Acuerdo de Escazú. Este tratado regional pionero impone a los gobiernos la exigencia de garantizar entornos seguros para las personas y organizaciones que defienden los derechos ambientales, asegurando el acceso a la justicia, la protección de testigos y la transparencia informativa en las decisiones sobre proyectos que afecten sus territorios.

Protección efectiva para los custodios de la biodiversidad
Frenar la escalada de violencia en América Latina exige una transformación estructural en las garantías de seguridad para las comunidades rurales e indígenas. Fortalecer los mecanismos de titulación comunitaria de tierras, garantizar el consentimiento previo, libre e informado y erradicar la impunidad judicial resultan condiciones indispensables para proteger la vida de quienes custodian los recursos naturales frente a las presiones del mercado global.


Fecha de Publicación: 18/09/2026
País/Región: Internacional - América Latina 
Fuentes originales consultadas: El País (España), Global Witness, ACNUDH
.