Minería metálica: rechazo creciente
11:09 | 
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Eco Sitio |
Minería metálica: El rechazo ciudadano creciente
Fecha de Publicación: 13/02/2008
Fuente: Diario Colatino (El Salvador)
País/Región: El Salvador
A pesar de la mentirosa campaña de la “minería verde” y la poca presencia en la agenda periodística de algunos medios, la explotación minera es rechazada por cada vez más sectores de la población salvadoreña.
La amenaza de los venenos, metales pesados y drenaje ácido que genera –y que causará daños graves al agua, la salud humana y las actividades económicas– ya es parte de la conciencia nacional.
Así lo demuestra un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), realizado a finales de diciembre de 2007 en la zona norte del país, donde se ubican los 29 proyectos de extracción de oro y plata.
El sondeo revela que el 62.5% de la gente considera al país inapropiado para realizar minería metálica, debido a la pequeñez del territorio (43.4%) y a la contaminación del agua que causan las minas (24.3%).
Según la encuesta, el 55.9% de la población sostiene que el principal impacto de la minería son sus efectos contaminantes.
El 68.9% rechaza la apertura de más proyectos de este tipo en su municipio porque afectaría mucho su forma de vida (43.1%) o la de sus hijos y nietos (52.7%).
El 56.8% considera que las actividades extractivas perjudicarían la agricultura y el 59.2% cree que dañarían la ganadería.
La investigación indica que el 54.5% de la gente no desea trabajar en una mina y que el 67.6% no dejaría su ocupación actual para emplearse en la industria extractiva.
A la pregunta de ¿qué tanto considera que los proyectos mineros contribuirían al desarrollo económico de los municipios?, el 42% respondió que nada, el 25.6% contestó que poco y sólo el 12% consideró que contribuirían mucho al desarrollo.
Del porcentaje de pobladores que ha escuchado la propagada de la “minería verde”, el 82.9% está en desacuerdo con el contenido de sus mensajes.
Esto significa que la gente no cree los discursos difundidos por las compañías mineras y, menos, sus promesas de generar empleo y desarrollo.
Al contrario, el 84.9% está de acuerdo con la afirmación “Las empresas mineras dañan el medio ambiente”.
Otro estudio que evidencia el rechazo a la explotación minera es el realizado por el Centro de Investigación de la Opinión Pública de la UTEC (CIOPS), el cual indagó la percepción ciudadana sobre el derecho humano al agua en sus tres componentes: cantidad, acceso y calidad.
Según el sondeo, la gente cree que los efectos de la minería son la segunda causa de contaminación del agua, después de la industria.
Esta conciencia colectiva crece debido a la movilización de las comunidades más afectadas y a la mayor visibilización de los daños que la minería –realizada durante los años treinta, cincuenta y setenta– provocó en varios municipios de Morazán, San Miguel y La Unión.
Tal como lo revela un estudio reciente del Instituto de Vulcanología de la UES, citado el pasado fin de semana por un periódico matutino.
Esta investigación señala que las cantidades de mercurio, cadmio y otros metales pesados existentes en los ríos de esa zona, son más de 70 veces superiores a los niveles permitidos.
Esto está causando la muerte por insuficiencia renal y otras enfermedades a muchos pobladores que usan el agua envenenada para su consumo y para actividades productivas. Algo peor sucederá en la zona norte, si los 29 proyectos mineros se ejecutan.
A este rechazo social en ascenso responde la postura de la Conferencia Episcopal en contra de la minería de oro y plata, ratificada estos días por el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle.
Y a estas evidencias científicas obedece la posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, quien ha llamado la atención sobre los peligros de la extracción de metales preciosos.
Si los diputados de ARENA, PCN y PDC respondieran al sentir ciudadano, respaldarían el proyecto de ley presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería y no la propuesta de los abogados de Pacific Rim y del Grupo Poma.
Las necesidades económicas, sociales y ambientales de la población, deberían estar por encima del posible financiamiento electoral ofrecido por Pacific Rim a los diputados que promueven la minería.
Fecha de Publicación: 13/02/2008
Fuente: Diario Colatino (El Salvador)
País/Región: El Salvador
A pesar de la mentirosa campaña de la “minería verde” y la poca presencia en la agenda periodística de algunos medios, la explotación minera es rechazada por cada vez más sectores de la población salvadoreña.
La amenaza de los venenos, metales pesados y drenaje ácido que genera –y que causará daños graves al agua, la salud humana y las actividades económicas– ya es parte de la conciencia nacional.
Así lo demuestra un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), realizado a finales de diciembre de 2007 en la zona norte del país, donde se ubican los 29 proyectos de extracción de oro y plata.
El sondeo revela que el 62.5% de la gente considera al país inapropiado para realizar minería metálica, debido a la pequeñez del territorio (43.4%) y a la contaminación del agua que causan las minas (24.3%).
Según la encuesta, el 55.9% de la población sostiene que el principal impacto de la minería son sus efectos contaminantes.
El 68.9% rechaza la apertura de más proyectos de este tipo en su municipio porque afectaría mucho su forma de vida (43.1%) o la de sus hijos y nietos (52.7%).
El 56.8% considera que las actividades extractivas perjudicarían la agricultura y el 59.2% cree que dañarían la ganadería.
La investigación indica que el 54.5% de la gente no desea trabajar en una mina y que el 67.6% no dejaría su ocupación actual para emplearse en la industria extractiva.
A la pregunta de ¿qué tanto considera que los proyectos mineros contribuirían al desarrollo económico de los municipios?, el 42% respondió que nada, el 25.6% contestó que poco y sólo el 12% consideró que contribuirían mucho al desarrollo.
Del porcentaje de pobladores que ha escuchado la propagada de la “minería verde”, el 82.9% está en desacuerdo con el contenido de sus mensajes.
Esto significa que la gente no cree los discursos difundidos por las compañías mineras y, menos, sus promesas de generar empleo y desarrollo.
Al contrario, el 84.9% está de acuerdo con la afirmación “Las empresas mineras dañan el medio ambiente”.
Otro estudio que evidencia el rechazo a la explotación minera es el realizado por el Centro de Investigación de la Opinión Pública de la UTEC (CIOPS), el cual indagó la percepción ciudadana sobre el derecho humano al agua en sus tres componentes: cantidad, acceso y calidad.
Según el sondeo, la gente cree que los efectos de la minería son la segunda causa de contaminación del agua, después de la industria.
Esta conciencia colectiva crece debido a la movilización de las comunidades más afectadas y a la mayor visibilización de los daños que la minería –realizada durante los años treinta, cincuenta y setenta– provocó en varios municipios de Morazán, San Miguel y La Unión.
Tal como lo revela un estudio reciente del Instituto de Vulcanología de la UES, citado el pasado fin de semana por un periódico matutino.
Esta investigación señala que las cantidades de mercurio, cadmio y otros metales pesados existentes en los ríos de esa zona, son más de 70 veces superiores a los niveles permitidos.
Esto está causando la muerte por insuficiencia renal y otras enfermedades a muchos pobladores que usan el agua envenenada para su consumo y para actividades productivas. Algo peor sucederá en la zona norte, si los 29 proyectos mineros se ejecutan.
A este rechazo social en ascenso responde la postura de la Conferencia Episcopal en contra de la minería de oro y plata, ratificada estos días por el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle.
Y a estas evidencias científicas obedece la posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, quien ha llamado la atención sobre los peligros de la extracción de metales preciosos.
Si los diputados de ARENA, PCN y PDC respondieran al sentir ciudadano, respaldarían el proyecto de ley presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería y no la propuesta de los abogados de Pacific Rim y del Grupo Poma.
Las necesidades económicas, sociales y ambientales de la población, deberían estar por encima del posible financiamiento electoral ofrecido por Pacific Rim a los diputados que promueven la minería.
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