Ley de Deforestación Cero es un mito
16:35 | 
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Ley de Deforestación Cero es un mito
Fecha de Publicación: 23/02/2008
Fuente: ABC
País/Región: Paraguay
Un nuevo caso de destrucción ilegal de monte fue intervenido por la Fiscalía de Medio Ambiente en la jurisdicción de Puerto Adela, departamento de Canindeyú, donde se constató una devastación de 80 hectáreas aproximadamente. La propiedad pertenece aun brasileño que no vive en el país, quien será imputado por violación de las leyes 716 y 3139 de Deforestación Cero, anunció el fiscal interviniente.
Según los primeros datos levantados por el fiscal de medio ambiente, José Zarza, la propiedad donde se produjo el desmonte pertenece a Sydney Guimaraes, un terrateniente brasileño que no reside en el país. Su finca donde se practicó el desmonte sería de unas 1.700 hectáreas y está ubicada en la zona conocida como “12 Acres”, detrás de la estancia “Santa Mariana”, entre las comunidades de Guadalupe y Puerto Adela, en el distrito de Salto del Guairá.
El desmonte, a 50 kilómetros al sur de la Ruta X, fue descubierto de manera fortuita días atrás. En la víspera, con una orden judicial en mano, el fiscal Zarza ingresó a la propiedad donde se constató la inmensa devastación. Incluso un sector del desmonte estaba en pleno proceso de quemado.
Interventores de la fiscalía y el SFN recorren y observan un sector devastado y luego incendiado en la zona de Puerto Adela, jurisdicción de Salto del Guairá.
El procedimiento fue acompañado por un técnico del Servicio Forestal Nacional (SFN), quien realizó un levantamiento topográfico del lugar, mediante el empleo de GPS, a fin de disponer de las coordenadas del sitio.
El fiscal interviniente señaló que en primer lugar solicitará una imagen satelital del lugar, para dimensionar con exactitud el área destruida y determinar la época exacta en que se hizo el desmonte. Asimismo, solicitará a la Secretaría del Ambiente (Seam) y al Servicio Forestal Nacional (SFN) un pormenorizado informe acerca de la situación de la heredad intervenida.
Zarza explicó que de buenas a primeras se estaría ante un hecho de violación de la ley 716/05 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”, y la ley 3139/2006 “De deforestación cero”.
Según los primeros datos, el propietario de la finca intervenida buscaría justificar los delitos que se le imputan con la presentación de un “Plan de uso de la tierra”, supuestamente aprobada por el SFN antes de la vigencia de la primera ley de Deforestación Cero. Incluso, un abogado ya se habría presentado ante el fiscal interviniente como representante legal del brasileño, pero sin presentar ningún poder.
El desmonte habría sido realizado por los hermanos Ricardi de La Paloma, en el mes de enero, hasta los primeros días de febrero. Según registros de la Policía de La Paloma, el pasado 4 de febrero salieron de esa región dos topadoras de dicho grupo con todo el equipamiento necesario para la deforestación. Los hermanos Ricardi cuentan con una empresa dedicada al desmonte y la explotación forestal, y son considerados los mayores depredadores del Canindeyú. Garantizan su impunidad comprando a los funcionarios estatales y con la protección política de un poderoso caudillo de la zona.
Fecha de Publicación: 23/02/2008
Fuente: ABC
País/Región: Paraguay
Un nuevo caso de destrucción ilegal de monte fue intervenido por la Fiscalía de Medio Ambiente en la jurisdicción de Puerto Adela, departamento de Canindeyú, donde se constató una devastación de 80 hectáreas aproximadamente. La propiedad pertenece aun brasileño que no vive en el país, quien será imputado por violación de las leyes 716 y 3139 de Deforestación Cero, anunció el fiscal interviniente.
Según los primeros datos levantados por el fiscal de medio ambiente, José Zarza, la propiedad donde se produjo el desmonte pertenece a Sydney Guimaraes, un terrateniente brasileño que no reside en el país. Su finca donde se practicó el desmonte sería de unas 1.700 hectáreas y está ubicada en la zona conocida como “12 Acres”, detrás de la estancia “Santa Mariana”, entre las comunidades de Guadalupe y Puerto Adela, en el distrito de Salto del Guairá.
El desmonte, a 50 kilómetros al sur de la Ruta X, fue descubierto de manera fortuita días atrás. En la víspera, con una orden judicial en mano, el fiscal Zarza ingresó a la propiedad donde se constató la inmensa devastación. Incluso un sector del desmonte estaba en pleno proceso de quemado.
Interventores de la fiscalía y el SFN recorren y observan un sector devastado y luego incendiado en la zona de Puerto Adela, jurisdicción de Salto del Guairá.
El procedimiento fue acompañado por un técnico del Servicio Forestal Nacional (SFN), quien realizó un levantamiento topográfico del lugar, mediante el empleo de GPS, a fin de disponer de las coordenadas del sitio.
El fiscal interviniente señaló que en primer lugar solicitará una imagen satelital del lugar, para dimensionar con exactitud el área destruida y determinar la época exacta en que se hizo el desmonte. Asimismo, solicitará a la Secretaría del Ambiente (Seam) y al Servicio Forestal Nacional (SFN) un pormenorizado informe acerca de la situación de la heredad intervenida.
Zarza explicó que de buenas a primeras se estaría ante un hecho de violación de la ley 716/05 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”, y la ley 3139/2006 “De deforestación cero”.
Según los primeros datos, el propietario de la finca intervenida buscaría justificar los delitos que se le imputan con la presentación de un “Plan de uso de la tierra”, supuestamente aprobada por el SFN antes de la vigencia de la primera ley de Deforestación Cero. Incluso, un abogado ya se habría presentado ante el fiscal interviniente como representante legal del brasileño, pero sin presentar ningún poder.
El desmonte habría sido realizado por los hermanos Ricardi de La Paloma, en el mes de enero, hasta los primeros días de febrero. Según registros de la Policía de La Paloma, el pasado 4 de febrero salieron de esa región dos topadoras de dicho grupo con todo el equipamiento necesario para la deforestación. Los hermanos Ricardi cuentan con una empresa dedicada al desmonte y la explotación forestal, y son considerados los mayores depredadores del Canindeyú. Garantizan su impunidad comprando a los funcionarios estatales y con la protección política de un poderoso caudillo de la zona.
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