Paraguay, una fiscalía ambiental sin condenas
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Fiscalía no tiene un solo condenado por deforestación, principal flagelo ambiental
Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: ABC (Paraguay)
País/Región: Paraguay
La Fiscalía Ambiental nunca consiguió la condena de ni un solo responsable real de los desmontes de grandes extensiones de tierra, tanto de la región Occidental como la Oriental, en donde rige incluso la ley de deforestación cero. Igualmente deja impunes contaminaciones de arroyos por industrias y otros atentados contra el ambiente. Solo persigue hechos bagatelarios. Los investigados con poder económicos son blanqueados.
En la propiedad de Ulises Rodríguez Teixeira, ubicada entre los distritos de Capitán Bado y Santa Rosa del Aguaray de los Departamentos de Amambay y San Pedro respectivamente, se había detectado una sistemática deforestación desde el año 2008 hasta la fecha, en plena vigencia de la ley “deforestación cero” (que castiga hasta con 8 años de penitenciaría). La finca cuenta con 21.795 hectáreas de superficie total, en la cual se verificó una modificación o conversión de unas 13.369 hectáreas de manera ilegal.
Sin embargo, hace poco operó la extinción de la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento definitivo en la causa “Ulises Rodríguez Teixeira sobre transgresión a la Ley 716/96, en Santa Rosa del Aguaray”. La impunidad de Rodríguez Teixeira fue por clara negligencia de la fiscalía, que el 20 de diciembre del 2011 solicitó el sobreseimiento provisional y luego no instó a la reapertura de la causa en cinco años. Una vergüenza.
Por otro lado, también se blanqueó una deforestación en la colonia Nueva Esperanza, Canindeyú, cometida de manera sistemática por la firma Armisticio SRL. En la causa se confirmó la deforestación de unas 2.000 hectáreas de bosque nativo hasta el 2013.
Sin embargo, los presuntos responsables fueron beneficiados ilegal e injustamente, con una suspensión de procedimiento a prueba, que no implicaba la recomposición del daño causado como requiere la Constitución Nacional en su artículo 8. Gracias a ello, los infractores se encuentran usando la tierra producto del desmonte ilegal, con plena y absoluta complicidad de la fiscalía, que fue funcional al momento de blanquear el grave crimen ambiental.
Otras causas
El Ministerio Público igualmente blanqueó otros delitos ambientales. Por ejemplo, el caso del frigorífico Frigomerc, que contaminaría con efluentes industriales el arroyo Mburicaó y la Bahía de Asunción. La causa se encuentra paralizada en la Fiscalía, desde el año 2015. Nunca se imputó a ningún responsable.
Depósito de ANDE
El depósito irregular y precario de la ANDE, en San Lorenzo, que alberga grandes cantidades de material altamente cancerígeno, en transformadores en desuso que contienen PCB (policloruro bifenilos), el aceite refrigerante para transformadores, con marca comercial Askarel, fue denunciado en reiteradas ocasiones por los vecinos. Incluso se registró en el lugar un incendio en el 2015.
Los grandes interese corporativos y políticos minaron el actuar del Ministerio Público, que ha obviado los grandes temas de contaminación y deterioro ambiental, para volcar su vista y acciones a las minucias, a aquellos hechos carentes de entidad objetiva y subjetiva. Los resultados no compensan el esfuerzo institucional y tampoco sirven de ejemplo para evitar nuevos atentados a la norma penal, sino más bien invita, a violarla, ya que no se castiga a nadie.
El Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, debe asumir esta deuda con la ciudadanía, con las generaciones futuras, teniendo en cuenta que los delitos ambientales son de efectos transfronterizos.
Díaz Verón había realizado cambios en la Unidad Ambiental del Ministerio Público. Sustituyó al fiscal adjunto Ricardo Merlo por Jorge Sosa, durante cuya gestión se dieron varios blanqueos de crímenes contra el ambiente.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales cuenta con una infraestructura considerable, con una Dirección “Técnico-científica”, la Dirección Especializada en Delitos Ambientales, que tiene aproximadamente 20 técnicos y peritos ambientales; más de 20 unidades fiscales, que a su vez disponen como mínimo de un fiscal y 4 funcionarios por unidad.
Sosa está a cargo de la Unidad Ambiental desde el 2004.
¿Cuantos deforestadores están presos, atendiendo que todos los días se tumban millones de árboles ilegalmente en Paraguay? ¿Cuántos mataderos y frigoríficos que contaminan arroyos y ríos se han cerrado o sus directivos condenados? Ojalá que las autoridades del Ministerio Público pueden tener respuestas a estas preguntas.
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Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: ABC (Paraguay)
País/Región: Paraguay
La Fiscalía Ambiental nunca consiguió la condena de ni un solo responsable real de los desmontes de grandes extensiones de tierra, tanto de la región Occidental como la Oriental, en donde rige incluso la ley de deforestación cero. Igualmente deja impunes contaminaciones de arroyos por industrias y otros atentados contra el ambiente. Solo persigue hechos bagatelarios. Los investigados con poder económicos son blanqueados.
En la propiedad de Ulises Rodríguez Teixeira, ubicada entre los distritos de Capitán Bado y Santa Rosa del Aguaray de los Departamentos de Amambay y San Pedro respectivamente, se había detectado una sistemática deforestación desde el año 2008 hasta la fecha, en plena vigencia de la ley “deforestación cero” (que castiga hasta con 8 años de penitenciaría). La finca cuenta con 21.795 hectáreas de superficie total, en la cual se verificó una modificación o conversión de unas 13.369 hectáreas de manera ilegal.
Sin embargo, hace poco operó la extinción de la acción penal y en consecuencia el sobreseimiento definitivo en la causa “Ulises Rodríguez Teixeira sobre transgresión a la Ley 716/96, en Santa Rosa del Aguaray”. La impunidad de Rodríguez Teixeira fue por clara negligencia de la fiscalía, que el 20 de diciembre del 2011 solicitó el sobreseimiento provisional y luego no instó a la reapertura de la causa en cinco años. Una vergüenza.
Por otro lado, también se blanqueó una deforestación en la colonia Nueva Esperanza, Canindeyú, cometida de manera sistemática por la firma Armisticio SRL. En la causa se confirmó la deforestación de unas 2.000 hectáreas de bosque nativo hasta el 2013.
Sin embargo, los presuntos responsables fueron beneficiados ilegal e injustamente, con una suspensión de procedimiento a prueba, que no implicaba la recomposición del daño causado como requiere la Constitución Nacional en su artículo 8. Gracias a ello, los infractores se encuentran usando la tierra producto del desmonte ilegal, con plena y absoluta complicidad de la fiscalía, que fue funcional al momento de blanquear el grave crimen ambiental.
Otras causas
El Ministerio Público igualmente blanqueó otros delitos ambientales. Por ejemplo, el caso del frigorífico Frigomerc, que contaminaría con efluentes industriales el arroyo Mburicaó y la Bahía de Asunción. La causa se encuentra paralizada en la Fiscalía, desde el año 2015. Nunca se imputó a ningún responsable.
Depósito de ANDE
El depósito irregular y precario de la ANDE, en San Lorenzo, que alberga grandes cantidades de material altamente cancerígeno, en transformadores en desuso que contienen PCB (policloruro bifenilos), el aceite refrigerante para transformadores, con marca comercial Askarel, fue denunciado en reiteradas ocasiones por los vecinos. Incluso se registró en el lugar un incendio en el 2015.
Los grandes interese corporativos y políticos minaron el actuar del Ministerio Público, que ha obviado los grandes temas de contaminación y deterioro ambiental, para volcar su vista y acciones a las minucias, a aquellos hechos carentes de entidad objetiva y subjetiva. Los resultados no compensan el esfuerzo institucional y tampoco sirven de ejemplo para evitar nuevos atentados a la norma penal, sino más bien invita, a violarla, ya que no se castiga a nadie.
El Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, debe asumir esta deuda con la ciudadanía, con las generaciones futuras, teniendo en cuenta que los delitos ambientales son de efectos transfronterizos.
Díaz Verón había realizado cambios en la Unidad Ambiental del Ministerio Público. Sustituyó al fiscal adjunto Ricardo Merlo por Jorge Sosa, durante cuya gestión se dieron varios blanqueos de crímenes contra el ambiente.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales cuenta con una infraestructura considerable, con una Dirección “Técnico-científica”, la Dirección Especializada en Delitos Ambientales, que tiene aproximadamente 20 técnicos y peritos ambientales; más de 20 unidades fiscales, que a su vez disponen como mínimo de un fiscal y 4 funcionarios por unidad.
Sosa está a cargo de la Unidad Ambiental desde el 2004.
¿Cuantos deforestadores están presos, atendiendo que todos los días se tumban millones de árboles ilegalmente en Paraguay? ¿Cuántos mataderos y frigoríficos que contaminan arroyos y ríos se han cerrado o sus directivos condenados? Ojalá que las autoridades del Ministerio Público pueden tener respuestas a estas preguntas.
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