Nativos siguen esperando la consulta por Belo Monte
8:04 | 
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Eco Sitio |
Belo Monte: acción de consulta a los pueblos indígenas se arrastra hace ocho años en la Justicia
Fecha de Publicación: 10/07/2014
Fuente: Adital
País/Región: Brasil
Organizaciones de la sociedad civil protocolizaron el pasado martes, 1 de julio, una petición judicial de apoyo técnico al Supremo Tribunal Federal (STF) y una carta solicitando sean sometidas a juicio las acciones sobre grandes represas hidroeléctricas en la Amazonia. La petición judicial, conocida como amicus curiae "(amigo del de la corte"), presenta nuevos argumentos para apoyar al STF en el juicio de una demanda que cuestiona la ausencia de consulta previa al los indígenas afectados por la hidroeléctrica de Belo Monte, estado de Pará. El documento fue preparado por el Instituto Socioambiental (ISA), Asociación Indígena Yudjá Mïratu de Volta Grande do Xingú (AYMÏX), Consejo Indigenista Misionero (Cimi), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) y por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
El Ministerio Público Federal (MPF) introdujo en 2006, una demanda contra la autorización del Congreso para la construcción de la planta, por no haberse realizado las consultas con los pueblos indígenas potencialmente afectados. A pesar de que el Tribunal Regional Federal ya juzgó a favor del MPF, una decisión provisional obtenida a través del mecanismo legal llamado "suspensión por seguridad", permite la continuación de las obras. Las organizaciones trabajaron unidas para traer ante el STF, argumentación documentada contra la decisión provisional.
Argumentos judiciales contra la construcción han sido sistemáticamente bloqueados, por la 'suspensión por seguridad', recurso ampliamente utilizado durante la dictadura militar. A través de este instrumento, el Ejecutivo puede solicitar que sean anuladas las decisiones del poder judicial, sin evaluarlas, alegando la posibilidad de lesiones graves al orden, la salud, la seguridad y la economía públicas.
Según la petición, el irrespeto al derecho de los indígenas a la consulta libre, previa e informada es la causa, por ejemplo, del actual deterioro de los indicadores de salud indígena de la región y del aumento de la invasión de tierras indígenas desde el comienzo de la construcción de la planta.
Carta al Presidente del STF
El mismo día, el Movimiento Xingú Vive y otras organizaciones socio-ambientales publicaron una carta solicitando una audiencia urgente con el ministro del STF Ricardo Lewandowski, quien asumirá la Presidencia del Tribunal en las próximas semanas. Las organizaciones pedirán a Lewandowski que ponga en agenda el caso, que se arrastra en el judicial desde hace ocho año. Para los autores de la carta, la omisión del STF, está creando, en este y en otros casos, una "jurisprudencia al revés" en materia de derechos humanos y responsabilidad social y ambiental.
La carta cita la derogación de las áreas protegidas a través de una medida provisional [cautelar] para permitir la construcción de represas hidroeléctricas en el río Tapajós, como ejemplo de la violación, ante la cual el poder judicial está siendo "complaciente". La carta también critica la emisión de licencias ambientales sin el consentimiento de la Funai y el uso indiscriminado de la "Suspensión por Seguridad”.
La carta, presentada en la oficina del Ministro Lewandowski, afirma que fueron presentadas varias solicitudes de audiencia con el Ministro Joaquim Barbosa desde que asumió la Presidencia de la STF en 2012, y que ninguna fue respondida. "Ni siquiera hubo acuse de recibo de nuestra correspondencia, lo que entendemos como una deuda que la Presidencia de este Tribunal aún tiene con nosotros”, dice el documento.
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Fecha de Publicación: 10/07/2014
Fuente: Adital
País/Región: Brasil
Organizaciones de la sociedad civil protocolizaron el pasado martes, 1 de julio, una petición judicial de apoyo técnico al Supremo Tribunal Federal (STF) y una carta solicitando sean sometidas a juicio las acciones sobre grandes represas hidroeléctricas en la Amazonia. La petición judicial, conocida como amicus curiae "(amigo del de la corte"), presenta nuevos argumentos para apoyar al STF en el juicio de una demanda que cuestiona la ausencia de consulta previa al los indígenas afectados por la hidroeléctrica de Belo Monte, estado de Pará. El documento fue preparado por el Instituto Socioambiental (ISA), Asociación Indígena Yudjá Mïratu de Volta Grande do Xingú (AYMÏX), Consejo Indigenista Misionero (Cimi), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida) y por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
El Ministerio Público Federal (MPF) introdujo en 2006, una demanda contra la autorización del Congreso para la construcción de la planta, por no haberse realizado las consultas con los pueblos indígenas potencialmente afectados. A pesar de que el Tribunal Regional Federal ya juzgó a favor del MPF, una decisión provisional obtenida a través del mecanismo legal llamado "suspensión por seguridad", permite la continuación de las obras. Las organizaciones trabajaron unidas para traer ante el STF, argumentación documentada contra la decisión provisional.
Argumentos judiciales contra la construcción han sido sistemáticamente bloqueados, por la 'suspensión por seguridad', recurso ampliamente utilizado durante la dictadura militar. A través de este instrumento, el Ejecutivo puede solicitar que sean anuladas las decisiones del poder judicial, sin evaluarlas, alegando la posibilidad de lesiones graves al orden, la salud, la seguridad y la economía públicas.
Según la petición, el irrespeto al derecho de los indígenas a la consulta libre, previa e informada es la causa, por ejemplo, del actual deterioro de los indicadores de salud indígena de la región y del aumento de la invasión de tierras indígenas desde el comienzo de la construcción de la planta.
Carta al Presidente del STF
El mismo día, el Movimiento Xingú Vive y otras organizaciones socio-ambientales publicaron una carta solicitando una audiencia urgente con el ministro del STF Ricardo Lewandowski, quien asumirá la Presidencia del Tribunal en las próximas semanas. Las organizaciones pedirán a Lewandowski que ponga en agenda el caso, que se arrastra en el judicial desde hace ocho año. Para los autores de la carta, la omisión del STF, está creando, en este y en otros casos, una "jurisprudencia al revés" en materia de derechos humanos y responsabilidad social y ambiental.
La carta cita la derogación de las áreas protegidas a través de una medida provisional [cautelar] para permitir la construcción de represas hidroeléctricas en el río Tapajós, como ejemplo de la violación, ante la cual el poder judicial está siendo "complaciente". La carta también critica la emisión de licencias ambientales sin el consentimiento de la Funai y el uso indiscriminado de la "Suspensión por Seguridad”.
La carta, presentada en la oficina del Ministro Lewandowski, afirma que fueron presentadas varias solicitudes de audiencia con el Ministro Joaquim Barbosa desde que asumió la Presidencia de la STF en 2012, y que ninguna fue respondida. "Ni siquiera hubo acuse de recibo de nuestra correspondencia, lo que entendemos como una deuda que la Presidencia de este Tribunal aún tiene con nosotros”, dice el documento.
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Etiquetas:
Amazonia,
Brasil,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
pueblos originarios,
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