Energía nuclear: oscura y peligrosa
18:06 | 
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Energía nuclear: oscura y peligrosa
Fecha de Publicación: 02/05/2008
Fuente: El Periódico (España)
País/Región: España
El escape al medioambiente de material altamente radiactivo provocado por la central nuclear de Ascó-1 no es solo una nueva demostración de la política oscurantista y secretista de la industria nuclear y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sino que también es una prueba más de la inaceptable peligrosidad de la energía atómica.
Aunque este accidente radiactivo ocurrió en noviembre del 2007, la opinión pública solo fue informada varios meses después, gracias a que Greenpeace lo denunció el 5 de abril (tras ser alertada por algunos trabajadores). Obviamente, el suceso era conocido desde mucho antes por la central nuclear, y también, al menos con cierta anterioridad, por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo oficial supuestamente responsable de asegurar nuestra protección radiológica. A pesar de conocerlo de antemano, ambos, informativamente hablando, actuaron a remolque de Greenpeace, cuya denuncia pública les obligó a salir de su lamentable mutismo y a reconocer la existencia del escape.
Aun así, la primera reacción del CSN fue la de alinearse con la central nuclear de Ascó y, haciendo un análisis simplista y falto de rigor de la situación, tratar de minimizar la importancia del escape y negar que hubiera impacto radiológico alguno ("El CSN descarta riesgo radiológico en Tarragona", comunicado de prensa del CSN del 7 de abril). Y lo hizo a pesar de no conocer en detalle la verdadera causa del accidente, (sigue sin explicarse de forma convincente por qué escapó radiactividad por el sistema de ventilación normal de la central), ni la cantidad real de radiactividad liberada (que aún no se conoce con exactitud). Tras varios días de escándalo, el CSN por fin marcó distancia con la central, y el 14 de abril reconoció abiertamente que esta había actuado de forma negligente al ocultar información y aportar datos falsos sobre la cantidad de radiactividad liberada y al realizar un control inadecuado del material radiactivo. Y, de descartar inicialmente cualquier impacto radiológico, el CSN pasó luego a tener que obligar a hacer análisis radiológicos, primero a 800 personas, luego a 1.600... ¿Para qué, si el CSN decía que descartaba el riesgo radio- lógico? Greenpeace exige una investigación exhaustiva de todo lo ocurrido, que se diga la verdad sobre la radiactividad liberada, un análisis riguroso del potencial impacto radiológico a la población, y que se depuren responsabilidades.
En realidad, el secretismo es algo consustancial a la industria nuclear. La industria nuclear, que se presenta a sí misma como segura, no puede reconocer al tiempo la intrínseca peligrosidad de su tecnología. Hacerlo sería lo honesto, pero no les facilitaría vender centrales nucleares. Cuando la prioridad es superar el declive mundial en el número de encargos de reactores, la industria nuclear es capaz de negar hasta la existencia de catástrofes como la ocurrida en el accidente de Chernóbil en 1986, cuyo coste en vidas humanas se cifra ya en más de 200.000, según estudios recientes, entre ellos de la Academia de Ciencias Rusa.
La energía nuclear, además de peligrosa y sucia (no olvidemos el problema no resuelto de los residuos radiactivos, cuya peligrosidad permanece durante cientos de miles de años), ha demostrado no ser competitiva. Por ello, los propietarios de centrales nucleares tratan de maximizar beneficios a costa de reducir los márgenes de seguridad, lo que redunda inevitablemente en un aumento del riesgo de sufrir un accidente grave.
La posibilidad de sufrir tal accidente se ha incrementado en los últimos años, según análisis de especialistas en la materia, debido a la confluencia de una serie de factores que afectan negativamente a la seguridad. Principalmente el acusado envejecimiento de los reactores, los fallos propios de una tecnología intrínsecamente peligrosa y la cada vez menor cultura de seguridad de los operadores como consecuencia de la falta de competitividad de la energía nuclear en un mercado eléctrico liberalizado.
En el parque nuclear español se conjugan todos esos factores. La cultura de seguridad brilla por su ausencia, como ha demostrado el escape de Ascó-1. La media de edad de todas las centrales españolas es de casi 25 años (su vida útil técnica) y todas presentan, en mayor o menor medida, problemas de envejecimiento. En especial, la central de Santa María de Garoña, la más antigua en funcionamiento (fue inaugurada por Franco en 1971), sufre graves problemas de agrietamiento por corrosión en diversos componentes de la vasija del reactor, fundamentales para la seguridad.
El Gobierno socialista de Zapatero debe cumplir su compromiso de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su aportación energética por "ener- gías limpias, seguras y menos costosas", como reza su programa electoral a las elecciones generales del 2008. La viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica sostenible, basado al 100% en energías renovables, es un hecho ya comprobado científicamente. Zapatero solo tiene que decidirse entre respetar la palabra dada a los ciudadanos o sucumbir a las presiones del lobi nuclear.
Fecha de Publicación: 02/05/2008
Fuente: El Periódico (España)
País/Región: España
El escape al medioambiente de material altamente radiactivo provocado por la central nuclear de Ascó-1 no es solo una nueva demostración de la política oscurantista y secretista de la industria nuclear y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sino que también es una prueba más de la inaceptable peligrosidad de la energía atómica.
Aunque este accidente radiactivo ocurrió en noviembre del 2007, la opinión pública solo fue informada varios meses después, gracias a que Greenpeace lo denunció el 5 de abril (tras ser alertada por algunos trabajadores). Obviamente, el suceso era conocido desde mucho antes por la central nuclear, y también, al menos con cierta anterioridad, por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo oficial supuestamente responsable de asegurar nuestra protección radiológica. A pesar de conocerlo de antemano, ambos, informativamente hablando, actuaron a remolque de Greenpeace, cuya denuncia pública les obligó a salir de su lamentable mutismo y a reconocer la existencia del escape.
Aun así, la primera reacción del CSN fue la de alinearse con la central nuclear de Ascó y, haciendo un análisis simplista y falto de rigor de la situación, tratar de minimizar la importancia del escape y negar que hubiera impacto radiológico alguno ("El CSN descarta riesgo radiológico en Tarragona", comunicado de prensa del CSN del 7 de abril). Y lo hizo a pesar de no conocer en detalle la verdadera causa del accidente, (sigue sin explicarse de forma convincente por qué escapó radiactividad por el sistema de ventilación normal de la central), ni la cantidad real de radiactividad liberada (que aún no se conoce con exactitud). Tras varios días de escándalo, el CSN por fin marcó distancia con la central, y el 14 de abril reconoció abiertamente que esta había actuado de forma negligente al ocultar información y aportar datos falsos sobre la cantidad de radiactividad liberada y al realizar un control inadecuado del material radiactivo. Y, de descartar inicialmente cualquier impacto radiológico, el CSN pasó luego a tener que obligar a hacer análisis radiológicos, primero a 800 personas, luego a 1.600... ¿Para qué, si el CSN decía que descartaba el riesgo radio- lógico? Greenpeace exige una investigación exhaustiva de todo lo ocurrido, que se diga la verdad sobre la radiactividad liberada, un análisis riguroso del potencial impacto radiológico a la población, y que se depuren responsabilidades.
En realidad, el secretismo es algo consustancial a la industria nuclear. La industria nuclear, que se presenta a sí misma como segura, no puede reconocer al tiempo la intrínseca peligrosidad de su tecnología. Hacerlo sería lo honesto, pero no les facilitaría vender centrales nucleares. Cuando la prioridad es superar el declive mundial en el número de encargos de reactores, la industria nuclear es capaz de negar hasta la existencia de catástrofes como la ocurrida en el accidente de Chernóbil en 1986, cuyo coste en vidas humanas se cifra ya en más de 200.000, según estudios recientes, entre ellos de la Academia de Ciencias Rusa.
La energía nuclear, además de peligrosa y sucia (no olvidemos el problema no resuelto de los residuos radiactivos, cuya peligrosidad permanece durante cientos de miles de años), ha demostrado no ser competitiva. Por ello, los propietarios de centrales nucleares tratan de maximizar beneficios a costa de reducir los márgenes de seguridad, lo que redunda inevitablemente en un aumento del riesgo de sufrir un accidente grave.
La posibilidad de sufrir tal accidente se ha incrementado en los últimos años, según análisis de especialistas en la materia, debido a la confluencia de una serie de factores que afectan negativamente a la seguridad. Principalmente el acusado envejecimiento de los reactores, los fallos propios de una tecnología intrínsecamente peligrosa y la cada vez menor cultura de seguridad de los operadores como consecuencia de la falta de competitividad de la energía nuclear en un mercado eléctrico liberalizado.
En el parque nuclear español se conjugan todos esos factores. La cultura de seguridad brilla por su ausencia, como ha demostrado el escape de Ascó-1. La media de edad de todas las centrales españolas es de casi 25 años (su vida útil técnica) y todas presentan, en mayor o menor medida, problemas de envejecimiento. En especial, la central de Santa María de Garoña, la más antigua en funcionamiento (fue inaugurada por Franco en 1971), sufre graves problemas de agrietamiento por corrosión en diversos componentes de la vasija del reactor, fundamentales para la seguridad.
El Gobierno socialista de Zapatero debe cumplir su compromiso de cerrar las centrales nucleares de forma progresiva y sustituir su aportación energética por "ener- gías limpias, seguras y menos costosas", como reza su programa electoral a las elecciones generales del 2008. La viabilidad técnica y económica de un sistema de generación eléctrica sostenible, basado al 100% en energías renovables, es un hecho ya comprobado científicamente. Zapatero solo tiene que decidirse entre respetar la palabra dada a los ciudadanos o sucumbir a las presiones del lobi nuclear.
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