El Tratado de Alta Mar, en el aire a un año de su aprobación con sólo dos ratificaciones

Fecha de Publicación: 06/03/2024
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Internacional


El Tratado de Alta Mar, que persigue proteger las aguas marinas que no están bajo la jurisdicción de ningún país (dos tercios de los océanos) y que supone el mayor hábitat del planeta, continúa en el aire un año después de su aprobación pues sólo lo han ratificado por ahora dos de los 193 miembros de Naciones Unidas.
El acuerdo, alcanzado el 4 de marzo de 2023 tras años de negociaciones y adoptado formalmente por la Asamblea de la ONU en junio, pone al mundo en el camino para cumplir con el objetivo de proteger, al menos, el 30 % de los océanos para 2030 previsto en el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal.
La alta mar comprende las aguas situadas a más de 200 millas marinas de la costa y, compartidas por todos los países, están gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara.

Al menos 60 ratificaciones para entrar en vigor
El tratado, que formará parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ha sido firmado por ahora por 87 países, entre ellos España, pero sólo lo han ratificado dos, Chile, en febrero de este año, y Palau, un mes antes.
Así, aún está lejos de poder entrar en vigor, pues para ello hace falta que, al menos, lo ratifiquen 60 estados (entraría en vigor a los 120 días de la ratificación número 60).
En este contexto, High Seas Alliance ha urgido a los líderes mundiales a redoblar sus esfuerzos en la protección de los océanos del mundo ratificando "rápidamente" el Tratado de Alta Mar para que pueda entrar en vigor en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará en Niza (Francia) en 2025.
"El tiempo no está de nuestra parte. La temperatura récord del océano registrada en 2023 nos advierte de la necesidad de que los líderes mundiales conviertan rápidamente sus palabras en leyes para que podamos salvar nuestro océano mundial compartido", ha advertido la directora de High Seas Alliance, Rebecca Hubbard.
La alta mar cubre la mitad del planeta, alberga la mayor riqueza de biodiversidad del mundo y desempeña un papel esencial en la regulación del clima al absorber cerca del 30 % del CO2 producido por los seres humanos cada año, han subrayado desde la organización ecologista.
Esta vasta zona oceánica alberga algunos de los ecosistemas más importantes y amenazados de la Tierra, con sólo el 1,5 % totalmente protegida.

Mayor acuerdo ambiental desde París
"Únicamente dos países han ratificado el tratado, que solo podrá entrar en vigor si lo hacen al menos 60 gobiernos antes de junio de 2025", han advertido desde Greenpace, que han subrayado que se trata del acuerdo ambiental multilateral más importante desde el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Para Greenpeace, su aprobación fue una señal de que, en un mundo dividido, "la protección de la naturaleza aún goza de cierta prioridad sobre las rivalidades políticas y los beneficios empresariales" pero para que realmente sea eficaz en la protección de uno océanos cada vez más amenazados por la sobrepesca, la contaminación o la minería submarina, debe ser ratificado "antes de que se acabe el tiempo".
Conocido como Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), sólo podrá entrar en vigor en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de junio de 2025 siempre que lo ratifiquen formalmente, al menos, 60 naciones para que se convierta en ley internacional, han subrayado desde la organización ecologista.
La firma del tratado, vía por la un país expresa el interés de ratificarlo, estará abierta hasta el 20 de septiembre de 2025. Transcurrido este plazo, los estados podrán hacerse parte adhiriéndose al mismo (lo que tiene el mismo estatus legal que la ratificación).
La ratificación implica que los países aceptan formalmente el nuevo derecho internacional y el proceso para hacerlo varía según la nación. En algunas, se hace vía decreto, mientras que en otros, como sería en este caso en España, es necesaria su aprobación por el Parlamento.
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