México: río Tijuana contaminado, ahora en tribunales de EEUU
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La contaminación del río Tijuana llega a los tribunales de EU
Fecha de Publicación: 05/04/2018
Fuente: Proceso (México)
País/Región: Estados Unidos - México
Una demanda interpuesta en Estados Unidos pone en evidencia el fracaso de los organismos transfronterizos para prevenir y combatir la contaminación por residuos líquidos que invade el río Tijuana, compartido por México y su vecino del norte.
El documento fue presentado el pasado 2 de marzo ante la Corte del Distrito Sur de California y alega que los vertidos contaminantes se han vuelto “rutinarios”.
“Desechos humanos, volúmenes enormes de sedimento, residuos industriales, pesticidas, grandes cantidades de basura y otros contaminantes nefastos” de las instalaciones erigidas para prevenir la polución inundan el río Tijuana, su estuario, el océano Pacífico y la línea de playa de Imperial Beach, del lado estadunidense.
En 1889, Estados Unidos y México instauraron la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para abordar los asuntos derivados de los acuerdos transfronterizos signados. En 1999, la sección estadunidense de la comisión (USIBWC, por siglas en inglés) construyó la Planta de Tratamiento de Agua South Bay, operada por Veolia Water North America West y que maneja diariamente 25 millones de galones provenientes de México.
Pero las políticas aplicadas por el organismo y la infraestructura existente del lado mexicano no han bastado para frenar la contaminación.
En su querella, de 77 páginas y marcada con el código 3:18-cv-00457,
Imperial Beach, Chula Vista y el Distrito Unido del Puerto de San Diego recordaron que han mantenido conversaciones por años con la comisión para abordar el problema, sin que éstas hayan fructificado.
Desde 1993, San Diego ha declarado estados de emergencia debido a los residuos líquidos que llegan a sus cuerpos de agua desde el sur. Por su parte, Imperial Beach señala que sus playas permanecieron clausuradas más de la mitad del año 2015 y más de 160 días en 2016 y 2017 a causa de la contaminación.
El Consejo Estatal para el Control de los Recursos Hídricos de California ha documentado más de 300 descargas desde agosto de 2015 que totalizan 311 millones 761 mil 470 galones derramados. Este año se han registrado ocho sucesos que suman 3 millones 22 mil galones vertidos.
Las descargas contienen varios componentes nocivos para la salud humana y el ambiente, como aldrin, lindano, DDT, heptacloro, benceno, clorobenceno, tolueno y fenol.
“El área fronteriza tiene las playas más contaminadas de América del Norte y posiblemente del mundo. Hay un derrame de aguas negras cada tres días. Es una plaga de contaminación, que incluye desechos tóxicos de la industria, es algo muy serio. No entendemos por qué el gobierno mexicano ha permitido que Tijuana sea la ciudad costera que permite estos derrames continuos”, declaró a Apro Serge Dedina, director ejecutivo de la estadunidense Wildcoast.
El también alcalde de la ciudad de Imperial Beach señaló que “hay mucha inversión en megaproyectos habitacionales en Tijuana. Están conectando esos proyectos a un sistema de saneamiento que está colapsando y del otro lado de la frontera lo estamos pagando. No han tenido interés en el sistema de saneamiento de Tijuana”.
Debido a la polución generada por Tijuana, que ensucia el río homónimo y que termina en ciudades fronterizas estadunidenses, Imperial Beach, Chula Vista y el Distrito Unido del Puerto de San Diego se querellaron contra la USIBWC y Veolia Water North America West por fallar en abordar las descargas.
Las tres urbes argumentan violaciones a las leyes de Agua Limpia y de Control y Conservación de los Recursos.
En septiembre último, los acusadores enviaron una misiva dirigida a Edward Drusina, titular de la USIBWC, y Steve Smullen, gerente regional de Veolia Water North America West, en la que anunciaron su intención de demandarlos. Fue un intento para que ambos atendieran el reclamo.
“A menos que USIBWC y Veolia lleguen a un acuerdo vinculante para detener todas las descargas ilegales y para remediar completa y prontamente todas las violaciones actuales e inminentes”, el proceso judicial procederá, cita la carta de 30 páginas.
Esa previsión llevó a la comisión a iniciar la enésima ronda de debates en cuya sesión del 12 de diciembre último el Consejo de Agua de la región le pidió su compromiso de construir varios proyectos prioritarios para resolver el flujo contaminante hacia el valle del río Tijuana.
Estos proyectos, recurrentes en las sesiones entre las partes para abordar la problemática, quedaron materializados en un memorando del 26 de enero de 2018 y que se refieren a un canal de interceptación de contaminación en el río, conectado a la planta de tratamiento de los acusados; instalaciones mejoradas de captura y control de residuos líquidos, y un programa operativo de monitoreo y evaluación de la calidad del agua.
Pero el 1 de marzo la USIBWC rechazó cualquier responsabilidad de financiar o construir los proyectos citados, según se desprende de la demanda.
El crecimiento urbano e industrial, a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, tiene un impacto directo sobre los niveles de contaminación del caudal.
El chorro que colmó el canal
Un suceso que agravó el entorno fue el flujo de al menos 28 millones de galones de aguas negras del 1 al 4 de febrero de 2017, luego que lluvias intensas colapsaron el recolector Oriente en Tijuana el 1 de enero de ese mismo año
El desastre tensó aún más las relaciones entre las ciudades afectadas y las autoridades. Para esclarecer el vertido y distender los ánimos, el Grupo Técnico Binacional del Grupo de Trabajo de Calidad del Agua de la comisión preparó el Informe sobre el derrame de aguas residuales hacia el río Tijuana.
El reporte, de 56 páginas, indicó que los residuos líquidos fueron redirigidos deliberadamente al río Tijuana durante esos cuatro días por carecer de equipo de bombeo para mandar las aguas servidas a la planta de tratamiento.
Funcionarios mexicanos dijeron que no notificaron inmediatamente del derrame a sus contrapartes estadunidenses, porque su prioridad era reparar la tubería rota y optaron por esperar hasta que la infraestructura dañada estuviese arreglada, según el documento
El grupo experto recomendó equipo necesario para enfrentar situaciones de emergencia, comunicación, evaluación de infraestructura y mejor recolección de datos
Por su parte, el documento Investigación respecto al colapso del Colector Oriente y descarga de aguas residuales al río Tijuana, del 9 de marzo de 2017 y elaborado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, exhibió una infraestructura rebasada por la generación de aguas negras.
Ese reporte cita cuatro colectores y subcolectores colapsados, así como 14 colectores y 21 subcolectores de concreto bajo reincidencia de colapso.
Para Dedina, la prioridad de ambos países se centra en los traslados de agua de los ríos compartidos estipulados en los acuerdos bilaterales firmados.
“Ambos gobiernos tienen la misma culpa, porque lo han permitido durante años. Si quisiera, podrían resolver el problema mañana. Creo que nuestra demanda seguirá adelante, porque los daños son enormes”, recalcó Dedina, quien asegura haberse enfermado varias veces por surfear en aguas contaminadas.
Si bien la demanda no alude directamente a México, le achaca tácitamente responsabilidad en el conflicto.
“Plantas de recolección de residuos líquidos pobremente construidas y mantenidas, regulación laxa y prácticas de prevención de contaminación de calidad inferior contribuyen, entre otros factores, a la polución de la sección mexicana del río y en los drenajes”, cita la querella.
Por ello, México podría resultar perjudicado por la disputa alrededor de la querella.
“Si México es hallado culpable de no aplicar su Ley de Aguas Nacionales, puede ser declarado de incumplir con el capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El quebranto de ese anexo puede ser sujeto de los mismos mecanismos de resolución de diferencias que aplican para otras disputas dentro del tratado”, escribió en agosto último Josh Klein, pasante legal del estadunidense Centro sobre Seguridad Hídrica y Cooperación, en el blog de esa organización.
Además, la querella podría volver como un bumerán a las ciudades acusadoras. Cuando el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona demandó a la USIBWC en mayo de 2012 por descargas internacionales similares que no eran procesadas por la Planta de Tratamiento Internacional de Nogales, el órgano bilateral se querelló a su vez en contra de la ciudad de Nogales (Arizona), por ser la propietaria de la instalación.
Wildcoast evalúa interponer una denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo surgido del TLCAN para tratar cuestiones ambientales trilaterales. Asimismo, analiza presentar una demanda de acción colectiva en tribunales mexicanos por la contaminación del río.
Las autoridades de las ciudades afectadas buscan que las cortes de Estados Unidos obliguen a las demandadas a respetar las leyes de Agua Limpia y de Control y Conservación de los Recursos.
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Fecha de Publicación: 05/04/2018
Fuente: Proceso (México)
País/Región: Estados Unidos - México
Una demanda interpuesta en Estados Unidos pone en evidencia el fracaso de los organismos transfronterizos para prevenir y combatir la contaminación por residuos líquidos que invade el río Tijuana, compartido por México y su vecino del norte.
El documento fue presentado el pasado 2 de marzo ante la Corte del Distrito Sur de California y alega que los vertidos contaminantes se han vuelto “rutinarios”.
“Desechos humanos, volúmenes enormes de sedimento, residuos industriales, pesticidas, grandes cantidades de basura y otros contaminantes nefastos” de las instalaciones erigidas para prevenir la polución inundan el río Tijuana, su estuario, el océano Pacífico y la línea de playa de Imperial Beach, del lado estadunidense.
En 1889, Estados Unidos y México instauraron la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para abordar los asuntos derivados de los acuerdos transfronterizos signados. En 1999, la sección estadunidense de la comisión (USIBWC, por siglas en inglés) construyó la Planta de Tratamiento de Agua South Bay, operada por Veolia Water North America West y que maneja diariamente 25 millones de galones provenientes de México.
Pero las políticas aplicadas por el organismo y la infraestructura existente del lado mexicano no han bastado para frenar la contaminación.
En su querella, de 77 páginas y marcada con el código 3:18-cv-00457,
Imperial Beach, Chula Vista y el Distrito Unido del Puerto de San Diego recordaron que han mantenido conversaciones por años con la comisión para abordar el problema, sin que éstas hayan fructificado.
Desde 1993, San Diego ha declarado estados de emergencia debido a los residuos líquidos que llegan a sus cuerpos de agua desde el sur. Por su parte, Imperial Beach señala que sus playas permanecieron clausuradas más de la mitad del año 2015 y más de 160 días en 2016 y 2017 a causa de la contaminación.
El Consejo Estatal para el Control de los Recursos Hídricos de California ha documentado más de 300 descargas desde agosto de 2015 que totalizan 311 millones 761 mil 470 galones derramados. Este año se han registrado ocho sucesos que suman 3 millones 22 mil galones vertidos.
Las descargas contienen varios componentes nocivos para la salud humana y el ambiente, como aldrin, lindano, DDT, heptacloro, benceno, clorobenceno, tolueno y fenol.
“El área fronteriza tiene las playas más contaminadas de América del Norte y posiblemente del mundo. Hay un derrame de aguas negras cada tres días. Es una plaga de contaminación, que incluye desechos tóxicos de la industria, es algo muy serio. No entendemos por qué el gobierno mexicano ha permitido que Tijuana sea la ciudad costera que permite estos derrames continuos”, declaró a Apro Serge Dedina, director ejecutivo de la estadunidense Wildcoast.
El también alcalde de la ciudad de Imperial Beach señaló que “hay mucha inversión en megaproyectos habitacionales en Tijuana. Están conectando esos proyectos a un sistema de saneamiento que está colapsando y del otro lado de la frontera lo estamos pagando. No han tenido interés en el sistema de saneamiento de Tijuana”.
Debido a la polución generada por Tijuana, que ensucia el río homónimo y que termina en ciudades fronterizas estadunidenses, Imperial Beach, Chula Vista y el Distrito Unido del Puerto de San Diego se querellaron contra la USIBWC y Veolia Water North America West por fallar en abordar las descargas.
Las tres urbes argumentan violaciones a las leyes de Agua Limpia y de Control y Conservación de los Recursos.
En septiembre último, los acusadores enviaron una misiva dirigida a Edward Drusina, titular de la USIBWC, y Steve Smullen, gerente regional de Veolia Water North America West, en la que anunciaron su intención de demandarlos. Fue un intento para que ambos atendieran el reclamo.
“A menos que USIBWC y Veolia lleguen a un acuerdo vinculante para detener todas las descargas ilegales y para remediar completa y prontamente todas las violaciones actuales e inminentes”, el proceso judicial procederá, cita la carta de 30 páginas.
Esa previsión llevó a la comisión a iniciar la enésima ronda de debates en cuya sesión del 12 de diciembre último el Consejo de Agua de la región le pidió su compromiso de construir varios proyectos prioritarios para resolver el flujo contaminante hacia el valle del río Tijuana.
Estos proyectos, recurrentes en las sesiones entre las partes para abordar la problemática, quedaron materializados en un memorando del 26 de enero de 2018 y que se refieren a un canal de interceptación de contaminación en el río, conectado a la planta de tratamiento de los acusados; instalaciones mejoradas de captura y control de residuos líquidos, y un programa operativo de monitoreo y evaluación de la calidad del agua.
Pero el 1 de marzo la USIBWC rechazó cualquier responsabilidad de financiar o construir los proyectos citados, según se desprende de la demanda.
El crecimiento urbano e industrial, a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México, tiene un impacto directo sobre los niveles de contaminación del caudal.
El chorro que colmó el canal
Un suceso que agravó el entorno fue el flujo de al menos 28 millones de galones de aguas negras del 1 al 4 de febrero de 2017, luego que lluvias intensas colapsaron el recolector Oriente en Tijuana el 1 de enero de ese mismo año
El desastre tensó aún más las relaciones entre las ciudades afectadas y las autoridades. Para esclarecer el vertido y distender los ánimos, el Grupo Técnico Binacional del Grupo de Trabajo de Calidad del Agua de la comisión preparó el Informe sobre el derrame de aguas residuales hacia el río Tijuana.
El reporte, de 56 páginas, indicó que los residuos líquidos fueron redirigidos deliberadamente al río Tijuana durante esos cuatro días por carecer de equipo de bombeo para mandar las aguas servidas a la planta de tratamiento.
Funcionarios mexicanos dijeron que no notificaron inmediatamente del derrame a sus contrapartes estadunidenses, porque su prioridad era reparar la tubería rota y optaron por esperar hasta que la infraestructura dañada estuviese arreglada, según el documento
El grupo experto recomendó equipo necesario para enfrentar situaciones de emergencia, comunicación, evaluación de infraestructura y mejor recolección de datos
Por su parte, el documento Investigación respecto al colapso del Colector Oriente y descarga de aguas residuales al río Tijuana, del 9 de marzo de 2017 y elaborado por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, exhibió una infraestructura rebasada por la generación de aguas negras.
Ese reporte cita cuatro colectores y subcolectores colapsados, así como 14 colectores y 21 subcolectores de concreto bajo reincidencia de colapso.
Para Dedina, la prioridad de ambos países se centra en los traslados de agua de los ríos compartidos estipulados en los acuerdos bilaterales firmados.
“Ambos gobiernos tienen la misma culpa, porque lo han permitido durante años. Si quisiera, podrían resolver el problema mañana. Creo que nuestra demanda seguirá adelante, porque los daños son enormes”, recalcó Dedina, quien asegura haberse enfermado varias veces por surfear en aguas contaminadas.
Si bien la demanda no alude directamente a México, le achaca tácitamente responsabilidad en el conflicto.
“Plantas de recolección de residuos líquidos pobremente construidas y mantenidas, regulación laxa y prácticas de prevención de contaminación de calidad inferior contribuyen, entre otros factores, a la polución de la sección mexicana del río y en los drenajes”, cita la querella.
Por ello, México podría resultar perjudicado por la disputa alrededor de la querella.
“Si México es hallado culpable de no aplicar su Ley de Aguas Nacionales, puede ser declarado de incumplir con el capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El quebranto de ese anexo puede ser sujeto de los mismos mecanismos de resolución de diferencias que aplican para otras disputas dentro del tratado”, escribió en agosto último Josh Klein, pasante legal del estadunidense Centro sobre Seguridad Hídrica y Cooperación, en el blog de esa organización.
Además, la querella podría volver como un bumerán a las ciudades acusadoras. Cuando el Departamento de Calidad Ambiental de Arizona demandó a la USIBWC en mayo de 2012 por descargas internacionales similares que no eran procesadas por la Planta de Tratamiento Internacional de Nogales, el órgano bilateral se querelló a su vez en contra de la ciudad de Nogales (Arizona), por ser la propietaria de la instalación.
Wildcoast evalúa interponer una denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo surgido del TLCAN para tratar cuestiones ambientales trilaterales. Asimismo, analiza presentar una demanda de acción colectiva en tribunales mexicanos por la contaminación del río.
Las autoridades de las ciudades afectadas buscan que las cortes de Estados Unidos obliguen a las demandadas a respetar las leyes de Agua Limpia y de Control y Conservación de los Recursos.
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