Desmantelada una red internacional de tráfico de especies de fauna protegidas

Fecha de Publicación: 27/05/2025
Fuente: La Vanguardia (España)
País/Región: España


La Guardia Civil ha desarticulado una red delictiva dedicada al tráfico y tenencia ilegal de especies protegidas dentro de la 'operación Namib'.
Los detenidos e investigados formaban parte de una organización criminal que operaba a nivel nacional e internacional, ya que un gran número de las especies detectadas procedían de Portugal.
Esta red se dedicaba al transporte, comercialización y tenencia ilegal de especies animales incluidas en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), cuyo comercio está estrictamente prohibido o fuertemente regulado.

Un gran número de las especies detectadas procedían de Portugal
Durante las inspecciones practicadas en múltiples establecimientos de venta de especies exóticas, almacenes e incluso domicilios particulares, los agentes han inmovilizado en torno a una treintena de ejemplares de fauna protegida, en su mayoría aves exóticas de la familia de los psitácidos-guacamayos, loros yacos africanos de cola roja, cotorras del sol, amazonas aestivas; también reptiles como tortugas de espolones africanos y tortugas leopardo, así como otras especies invasoras, entre las que destaca una suricata, un mamífero carnívoro originario del extremo sur de África.
En la operación, que ha durado algo más de un año, los investigadores han contado con el apoyo técnico de personal dependiente de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, autoridad administrativa y órgano de gestión principal del convenio sobre el comercio de especies protegidas.
Las actuaciones se han extendido por varias provincias del territorio nacional, entre ellas Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz, además de la propia provincia de Cáceres, donde se han concentrado los principales esfuerzos operativos.
Los detenidos podrían enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y dos años por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y la fauna. Además, se enfrentan a multas económicas importantes y, en todo caso, a la inhabilitación especial para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales.
“La gravedad de este tipo de delitos radica en que no solo atentan contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también contribuyen al deterioro de ecosistemas frágiles y a la extinción de especies de alto valor ecológico, científico y cultural”, indicó la Guardia Civil en un comunicado.
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