No todo está claro en el acuerdo de Pascua Lama



Sector de indígenas chilenos se distancia de negociaciones por yacimiento Pascua Lama

Fecha de Publicación
: 03/06/2014
Fuente: Terra
País/Región: Chile


Una comunidad indígena chilena, que reclama el territorio donde se encuentra el proyecto Pascua Lama, marcó distancia con las conversaciones que iniciaron otros sectores de la comunidad con la minera Barrick Gold con el fin de destrabar la explotación del yacimiento de oro a cielo abierto más grande del mundo.
El proyecto fue paralizado en abril de 2013 por la justicia chilena, tras acoger una demanda de los diaguitas que acusan a la minera de causar daño ambiental al contaminar glaciares aledaños que surten un río vital para su supervivencia.
El miércoles, 15 de las 18 comunidades diaguitas afectadas anunciaron haber iniciado una fase de diálogo directo con la minera, la primera de las tres etapas para alcanzar un acuerdo final.
Pero la comunidad agrícola diaguita Huascoaltinos valoró que las gestiones "respecto a un eventual arreglo compensatorio que daría licencia social al proyecto minero Pascua Lama en sus tierras, constituye un nuevo atentado a sus derechos territoriales", afirmó en un comunicado.
Para la comunidad, este proceso "evidencia, una vez más, la actuación inmoral que ha tenido la Empresa Minera Nevada (filial Barrick Gold), para imponer su proyecto sin respeto de los derechos fundamentales reconocidos a los indígenas".
La comunidad de diaguitas Huascoaltinos se definen como "propietarios por derecho ancestral del territorio donde se emplaza el proyecto minero Pascua Lama y por el cual siempre ha pagado contribuciones territoriales al Estado de Chile".
Afirman además que la comunidad representada por la presidenta de la asociación diaguita Huasco Alto, Solange Bordones, que participa en las conversaciones "no tienen base territorial y tampoco representación política para hablar a nombre de la comunidad agrícola diaguitas Huascoaltinos".
Por ello solicitan al Estado chileno y sus autoridades que adopten las medidas necesarias para restablecer el derecho, salvaguardar sus derechos fundamentales e impedir que "actores privados se tomen atribuciones que atentan contra los derechos indígenas".
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