Dos años de cárcel por cacería ilegal

Dos años de cárcel por organizar la cacería ilegal de un tigre

Fecha de Publicación: 16/01/2008
Fuente: El Periódico


El Juzgado de lo Penal de Don Benito (Badajoz) ha condenado a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación para el derecho de caza al titular de un coto del municipio pacense de Monterrubio de la Serena, por organizar la cacería ilegal de un tigre, un animal salvaje que además está catalogado como especie en peligro de extinción.
El juez ha condenado también a un año y medio de cárcel y retirada del permiso de caza por tres años a los participantes en esta actividad, y a diez meses de prisión y dos años de inhabilitación para la caza para los ayudantes del titular del coto.

Se llevarpon el animal de un zoo
Según el relato de hechos de la sentencia, el Juzgado considera probado que el dueño del coto, con la ayuda de sus empleados, recogió y transportó al felino "de entre los alrededores" de un parque zoológico situado en las proximidades de la población de Talavera de la Reina (Toledo) hasta la referida finca.
Los empleados se encargaron de cuidar, asistir y alimentar diariamente al animal hasta el 30 de diciembre de 2005, día en que se organizó la caza del tigre.
Tras abatir a la fiera a disparos, los acusados se hicieron una foto con los restos del animal para "inmortalizar su gesta", y "a modo de trofeo".

Delito contra el medio ambiente
Para el Juzgado, los hechos descritos constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en su modalidad de caza de especies de fauna en peligro de extinción.
No obstante, Ecologistas en Acción, que se personó como acusación particular en el caso, ha lamentado hoy que la sentencia "no contemple la condena de un delito de comercio y tráfico de especies protegidas y de sus restos", pese a que "quedó acreditado que comenzaban a desollar el cadáver del animal para utilizar la piel como trofeo".

Recurso de Ecologistas en Acción
Por ello, Ecologistas en Acción asegura que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial, para reclamar la inhabilitación de los condenados para actividades comerciales "ligadas al hecho delictivo", refiriéndose al alquiler de cotos de caza.
"Es como al que, vendiendo productos ilegales, se le sanciona y, sin embargo, se le sigue permitiendo tener la tienda abierta", concluye la ONG.

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