Los dilemas de la minería
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Los dilemas de la minería
Fecha de Publicación: 18/01/2008
Fuente: Vistazo - Carlos Gutiérrez (Ecuador)
Malos vientos en la Marina
El país tiene enterrados más de 175.000 millones de dólares en cobre, oro y plata, según las grandes mineras. A lo largo de más de una década, esas compañías –la gran mayoría extranjeras– han llevado adelante una intensa tarea de exploración, que les ha permitido encontrar los lugares precisos en los que se pueden explotar dichos metales. Hoy algunas ya están listas para la siguiente fase, de producción, ávidas de empezar cuanto antes para aprovechar los altos precios de estos productos en los mercados internacionales.Gracias al boom de la demanda asiática, hoy cada onza de oro cuesta 860 dólares y cada libra de cobre 3,30 dólares, más del triple que en el año 2000.
Los grandes mineros hablan de que esta es una gran posibilidad de desarrollo para el país, que podría proporcionar ingresos similares a los del petróleo. La riqueza mineral se concentra en la Cordillera del Cóndor (Zamora Chinchipe), Portovelo (El Oro) y en el occidente de Azuay.
Pero la cuestión no es tan simple: hay varios asuntos por resolver para abrirle paso a la minería a gran escala. Y desde el Gobierno y la Asamblea Constituyente se han enviado señales a veces confusas y hasta encontradas acerca de dos temas medulares que deben tratarse: el cuidado ambiental y los beneficios para el Estado.
Se supone que estas cuestiones se plasmen en la Constitución y en una nueva ley, pero nada está claro.
El impacto ambiental
Sobre el tema ambiental se muestran las mayores contradicciones. Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Energía y Minas de este gobierno, ha hablado de prohibir la minería de cielo abierto en el país, por consideraciones ecológicas. Se seguiría así el ejemplo de países como Costa Rica, donde existe una prohibición de ese tipo, en ese caso a través de decreto ejecutivo.
Sin embargo, en la ceremonia de inauguración de la Asamblea Constituyente, el presidente Correa contradijo a Acosta: "Todos estamos profundamente comprometidos con el medio ambiente… pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de obviar el análisis costo beneficio".
Refiriéndose directamente a la minería a cielo abierto y la explotación de otros recursos naturales, agregó que "Tal vez lo inmoral sería… perder por visiones fundamentalistas esa gran oportunidad para el desarrollo del país".
¿Por qué interesa y preocupa tanto la minería a cielo abierto? Esta es la más rentable de las formas de hacer minería, gracias a la aplicación de procesos a gran escala, y solo puede realizarse en lugares en los que hay vetas minerales de gran tamaño, como en la Cordillera del Cóndor.
El problema es que esta minería tiene un alto impacto ambiental porque exige la tala de grandes extensiones de territorio de selva virgen y la remoción de montañas enteras, que son trituradas para extraer de ellas el oro o el cobre.
Para obtener un kilogramo de oro, se debe moler 50, 100 o 150 toneladas de roca, dependiendo de la concentración del mineral; para obtener cinco o seis kilos de cobre, se debe moler una tonelada. En su proyecto Mirador, la empresa Ecuacorriente deberá talar 640 hectáreas de selva –de un total de 7.000 hectáreas de esa área de concesión– y remover 145 millones de toneladas de escombros. Invertiría 342 millones de dólares (hasta el momento se han invertido 30 millones en exploración) para producir hasta 512 toneladas por día de concentrado de cobre.Los directivos de Ecuacorriente argumentan que contrariamente a lo que se dice la explotación minera no solo es una oportunidad para la economía sino también para el ambiente, porque solo actuarán sobre una parte de las 7.000 hectáreas de concesión, y a cambio mantendrán a raya la extracción de madera y la expansión de las zonas agrícolas. "Se retiraría de las manos de las personas motosierras que acabarían con millones de hectáreas en el Oriente", ha dicho Leonardo Elizalde, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera. Se promete además que al final de la operación –la mina tiene una vida útil calculada de 19 años– el terreno será cubierto nuevamente con una capa vegetal, y que se evitará la contaminación del agua, que tiene uso intensivo en el procesamiento de los minerales.
La minería en otros lugares del país no tendría los mismos problemas, pues no se desarrolla a cielo abierto sino que es subterránea. Es decir, se desarrolla a través de túneles que penetran en la tierra en busca de las vetas minerales, con un impacto ambiental mucho menor, sobre todo si se realiza tecnificadamente.
Un ejemplo de una explotación de este tipo es el de Minanca en Portovelo. Esta es una mediana empresa que opera allí desde 1997, y cada día extrae al menos 120 toneladas de roca, concentraciones de oro que varían entre tres y cinco gramos por tonelada. Bolívar Muñoz, superintendente de la mina, explica que la operación se hace cuidando los impactos ambientales, específicamente evitando que los aceites utilizados en el proceso de perforación de la roca salgan a la superficie.
Una vez extraída la roca, se la lleva a una planta de procesamiento, y a través de un proceso químico se extrae el oro. En el proceso, se utilizan productos tóxicos como el cianuro, que debe ser tratado con sumo cuidado, evitando que llegue a los ríos, al menos en altas concentraciones.
También hay grandes empresas extranjeras que actualmente se están preparando para operar minería subterránea en Portovelo, como Elipe, de la extranjera Dynasty Mining. Tiene previsto iniciar la extracción en el segundo trimestre de este año, una vez que ha instalado su infraestructura, en fase de pruebas. Mantiene 10.000 hectáreas de concesión, con 1,4 millones de onzas de oro, equivalentes a 1.200 millones de dólares.
Con esta gran riqueza en juego, la pregunta que se harán muchos es: ¿cuánto de ese dinero y de todos los ingresos por la explotación minera beneficiarán directamente al Estado ecuatoriano, que según la Constitución es el propietario de los recursos del subsuelo? Ese es otro de los grandes temas en discusión, que actualmente ocupa a los mineros y al Gobierno.
Ingresos y regalías
Según la actual Ley de Minería, se puede obtener una concesión minera con tan solo presentar una solicitud, y para mantenerla solo debe pagarse entre uno y 16 dólares anuales por hectárea como patente de conservación (a mayor tiempo, mayor pago).
Cada concesión puede tener un máximo de 5.000 hectáreas, pero una misma empresa o persona natural puede tener más de una; ese es el caso de Aurelian, en la Cordillera del Cóndor, que suma 95.000 hectáreas de concesiones. La concesión dura 30 años, pero a su vencimiento puede exigirse la renovación. En el país hay más de 4.100 concesiones, que según la Subsecretaría de Minas ocupan 28.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de la décima parte del territorio nacional.
Aparte de la patente de conservación, el concesionario solo está obligado a pagar 16 dólares al año por cada hectárea en producción, lo mismo si explota oro, plata, cobre u otro mineral, a pesar de que cada uno tiene una rentabilidad diferente. Por ejemplo, para mantener y explotar un proyecto como Mirador, que promete ingresos de miles de millones de dólares, el concesionario solo debe pagar unos tres millones de dólares en patentes, a lo largo de 30 años. De ahí, los únicos ingresos que corresponden al Estado son los que se pagan a través del Impuesto a la Renta.
Estas reglas del juego fueron puestas a través de la Ley Trole II, durante el gobierno de Gustavo Noboa. La idea del actual Gobierno es establecer un sistema de regalías, por el que una parte del oro que se extraiga pertenecerá al Estado. En la Ley de Minería anterior a Noboa se establecía una regalía del tres por ciento, pero ahora se ha llegado a pensar hasta en el 35 por ciento, si bien no se ha decidido nada al respecto.
El tema de las regalías es complejo, porque mientras una alta regalía puede tener poco impacto para una gran mina de alta tecnificación y grandes concentraciones de metal, puede romper el equilibrio de una mina pequeña o mediana en una zona menos productiva. Por eso el ministro de Petróleo y Minas, Galo Chiriboga, ha hablado de la necesidad de que se establezcan las regalías caso por caso, aunque todavía no está claro bajo qué criterios.
Otra cuestión que se plantea es reformar el sistema de concesiones, para evitar la concentración y la especulación. Debido a que no se establecen exigencias para el concesionario, en el sentido de obligarlo a explotar el área que recibe, con el actual esquema se permite que una persona o empresa obtenga un área sin ánimo real de hacerla producir sino solamente para servir de intermediario especulador. Es así que de cada 1.000 hectáreas concesionadas en el país, solo cuatro están en producción, según cifras de la Subsecretaría de Minas.
Fecha de Publicación: 18/01/2008
Fuente: Vistazo - Carlos Gutiérrez (Ecuador)
Malos vientos en la Marina
El país tiene enterrados más de 175.000 millones de dólares en cobre, oro y plata, según las grandes mineras. A lo largo de más de una década, esas compañías –la gran mayoría extranjeras– han llevado adelante una intensa tarea de exploración, que les ha permitido encontrar los lugares precisos en los que se pueden explotar dichos metales. Hoy algunas ya están listas para la siguiente fase, de producción, ávidas de empezar cuanto antes para aprovechar los altos precios de estos productos en los mercados internacionales.Gracias al boom de la demanda asiática, hoy cada onza de oro cuesta 860 dólares y cada libra de cobre 3,30 dólares, más del triple que en el año 2000.
Los grandes mineros hablan de que esta es una gran posibilidad de desarrollo para el país, que podría proporcionar ingresos similares a los del petróleo. La riqueza mineral se concentra en la Cordillera del Cóndor (Zamora Chinchipe), Portovelo (El Oro) y en el occidente de Azuay.
Pero la cuestión no es tan simple: hay varios asuntos por resolver para abrirle paso a la minería a gran escala. Y desde el Gobierno y la Asamblea Constituyente se han enviado señales a veces confusas y hasta encontradas acerca de dos temas medulares que deben tratarse: el cuidado ambiental y los beneficios para el Estado.
Se supone que estas cuestiones se plasmen en la Constitución y en una nueva ley, pero nada está claro.
El impacto ambiental
Sobre el tema ambiental se muestran las mayores contradicciones. Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Energía y Minas de este gobierno, ha hablado de prohibir la minería de cielo abierto en el país, por consideraciones ecológicas. Se seguiría así el ejemplo de países como Costa Rica, donde existe una prohibición de ese tipo, en ese caso a través de decreto ejecutivo.
Sin embargo, en la ceremonia de inauguración de la Asamblea Constituyente, el presidente Correa contradijo a Acosta: "Todos estamos profundamente comprometidos con el medio ambiente… pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de obviar el análisis costo beneficio".
Refiriéndose directamente a la minería a cielo abierto y la explotación de otros recursos naturales, agregó que "Tal vez lo inmoral sería… perder por visiones fundamentalistas esa gran oportunidad para el desarrollo del país".
¿Por qué interesa y preocupa tanto la minería a cielo abierto? Esta es la más rentable de las formas de hacer minería, gracias a la aplicación de procesos a gran escala, y solo puede realizarse en lugares en los que hay vetas minerales de gran tamaño, como en la Cordillera del Cóndor.
El problema es que esta minería tiene un alto impacto ambiental porque exige la tala de grandes extensiones de territorio de selva virgen y la remoción de montañas enteras, que son trituradas para extraer de ellas el oro o el cobre.
Para obtener un kilogramo de oro, se debe moler 50, 100 o 150 toneladas de roca, dependiendo de la concentración del mineral; para obtener cinco o seis kilos de cobre, se debe moler una tonelada. En su proyecto Mirador, la empresa Ecuacorriente deberá talar 640 hectáreas de selva –de un total de 7.000 hectáreas de esa área de concesión– y remover 145 millones de toneladas de escombros. Invertiría 342 millones de dólares (hasta el momento se han invertido 30 millones en exploración) para producir hasta 512 toneladas por día de concentrado de cobre.Los directivos de Ecuacorriente argumentan que contrariamente a lo que se dice la explotación minera no solo es una oportunidad para la economía sino también para el ambiente, porque solo actuarán sobre una parte de las 7.000 hectáreas de concesión, y a cambio mantendrán a raya la extracción de madera y la expansión de las zonas agrícolas. "Se retiraría de las manos de las personas motosierras que acabarían con millones de hectáreas en el Oriente", ha dicho Leonardo Elizalde, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la minera. Se promete además que al final de la operación –la mina tiene una vida útil calculada de 19 años– el terreno será cubierto nuevamente con una capa vegetal, y que se evitará la contaminación del agua, que tiene uso intensivo en el procesamiento de los minerales.
La minería en otros lugares del país no tendría los mismos problemas, pues no se desarrolla a cielo abierto sino que es subterránea. Es decir, se desarrolla a través de túneles que penetran en la tierra en busca de las vetas minerales, con un impacto ambiental mucho menor, sobre todo si se realiza tecnificadamente.
Un ejemplo de una explotación de este tipo es el de Minanca en Portovelo. Esta es una mediana empresa que opera allí desde 1997, y cada día extrae al menos 120 toneladas de roca, concentraciones de oro que varían entre tres y cinco gramos por tonelada. Bolívar Muñoz, superintendente de la mina, explica que la operación se hace cuidando los impactos ambientales, específicamente evitando que los aceites utilizados en el proceso de perforación de la roca salgan a la superficie.
Una vez extraída la roca, se la lleva a una planta de procesamiento, y a través de un proceso químico se extrae el oro. En el proceso, se utilizan productos tóxicos como el cianuro, que debe ser tratado con sumo cuidado, evitando que llegue a los ríos, al menos en altas concentraciones.
También hay grandes empresas extranjeras que actualmente se están preparando para operar minería subterránea en Portovelo, como Elipe, de la extranjera Dynasty Mining. Tiene previsto iniciar la extracción en el segundo trimestre de este año, una vez que ha instalado su infraestructura, en fase de pruebas. Mantiene 10.000 hectáreas de concesión, con 1,4 millones de onzas de oro, equivalentes a 1.200 millones de dólares.
Con esta gran riqueza en juego, la pregunta que se harán muchos es: ¿cuánto de ese dinero y de todos los ingresos por la explotación minera beneficiarán directamente al Estado ecuatoriano, que según la Constitución es el propietario de los recursos del subsuelo? Ese es otro de los grandes temas en discusión, que actualmente ocupa a los mineros y al Gobierno.
Ingresos y regalías
Según la actual Ley de Minería, se puede obtener una concesión minera con tan solo presentar una solicitud, y para mantenerla solo debe pagarse entre uno y 16 dólares anuales por hectárea como patente de conservación (a mayor tiempo, mayor pago).
Cada concesión puede tener un máximo de 5.000 hectáreas, pero una misma empresa o persona natural puede tener más de una; ese es el caso de Aurelian, en la Cordillera del Cóndor, que suma 95.000 hectáreas de concesiones. La concesión dura 30 años, pero a su vencimiento puede exigirse la renovación. En el país hay más de 4.100 concesiones, que según la Subsecretaría de Minas ocupan 28.000 kilómetros cuadrados, es decir, más de la décima parte del territorio nacional.
Aparte de la patente de conservación, el concesionario solo está obligado a pagar 16 dólares al año por cada hectárea en producción, lo mismo si explota oro, plata, cobre u otro mineral, a pesar de que cada uno tiene una rentabilidad diferente. Por ejemplo, para mantener y explotar un proyecto como Mirador, que promete ingresos de miles de millones de dólares, el concesionario solo debe pagar unos tres millones de dólares en patentes, a lo largo de 30 años. De ahí, los únicos ingresos que corresponden al Estado son los que se pagan a través del Impuesto a la Renta.
Estas reglas del juego fueron puestas a través de la Ley Trole II, durante el gobierno de Gustavo Noboa. La idea del actual Gobierno es establecer un sistema de regalías, por el que una parte del oro que se extraiga pertenecerá al Estado. En la Ley de Minería anterior a Noboa se establecía una regalía del tres por ciento, pero ahora se ha llegado a pensar hasta en el 35 por ciento, si bien no se ha decidido nada al respecto.
El tema de las regalías es complejo, porque mientras una alta regalía puede tener poco impacto para una gran mina de alta tecnificación y grandes concentraciones de metal, puede romper el equilibrio de una mina pequeña o mediana en una zona menos productiva. Por eso el ministro de Petróleo y Minas, Galo Chiriboga, ha hablado de la necesidad de que se establezcan las regalías caso por caso, aunque todavía no está claro bajo qué criterios.
Otra cuestión que se plantea es reformar el sistema de concesiones, para evitar la concentración y la especulación. Debido a que no se establecen exigencias para el concesionario, en el sentido de obligarlo a explotar el área que recibe, con el actual esquema se permite que una persona o empresa obtenga un área sin ánimo real de hacerla producir sino solamente para servir de intermediario especulador. Es así que de cada 1.000 hectáreas concesionadas en el país, solo cuatro están en producción, según cifras de la Subsecretaría de Minas.
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