México: 58 defensores de ambiente y territorio fueron asesinados en los últimos tres años

Fecha de Publicación: 05/04/2022
Fuente: Agencia EFE
País/Región: México


Dos días antes de que le dispararan, Fidel Heras Cruz recibió un mensaje anónimo con amenazas de muerte. El 23 de enero de 2021 lo mataron. Él era presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina, una de las comunidades que desde hace tiempo se resisten a la construcción de una hidroeléctrica en el Río Verde, en Oaxaca.
Las amenazas contra Fidel Heras y su asesinato anunciaron lo que sería el 2021: uno de los años más violentos para quienes defienden los bienes naturales en México.
A lo largo del 2021, se documentaron 108 eventos de agresiones; cada uno de estos eventos, a su vez, puede reunir una serie de agresiones de diversos tipos como intimidación, criminalización, desaparición y homicidio. Por ello, en ese año, el total de las agresiones en contra de personas defensoras de ambiente y territorio sumaron 238. Esta cifra representa un aumento del 164.44 %, si se compara con las 65 agresiones que se documentaron en 2020, de acuerdo con el más reciente Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, publicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El informe resalta que en 2021, un total de 25 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas, en tres de esos casos se presume que se trata de posibles ejecuciones extrajudiciales.
Lo paradójico es que la escalada de asesinatos y agresiones se registró el mismo año en que entró en vigor el Acuerdo de Escazú, tratado de América Latina y el Caribe que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.
“La defensa ambiental se ha vuelto cada vez más riesgosa en el país”, señaló Gustavo Alanís, director de Cemda, durante la presentación del Informe. Desde 2014, esta organización no gubernamental realiza una documentación de las violencias en contra de las personas defensoras de ambiente y territorio.
Los datos recopilados por los informes de Cemda muestran que, durante los tres primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 58 personas defensoras de ambiente y territorio han sido asesinadas en el país. La mayoría de esos homicidios y las otras violencias contra los defensores han quedado impunes.
En el informe dedicado a la situación del 2021 se resalta que los llamados proyectos de desarrollo, “son parte de un sistema que genera violencia estructural, de un andamiaje jurídico que legitima la violencia para explotar a personas, pueblos y la naturaleza… En 2021 contemplamos con preocupación la multiplicación de los proyectos de desarrollo y la erosión de las condiciones bajo las cuales las personas y comunidades defensoras del medio ambiente, tierra y territorio realizan su labor”.

Comunidades indígenas, entre las más afectadas
Fidel Heras Cruz no solo fue el primer defensor de territorio al que le quitaron la vida en 2021. También fue el primero de un total de cinco defensores del Río Verde asesinados durante los primeros meses de ese año: Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz.
Los cinco vivían en Oaxaca, en una comunidad indígena con presencia de chatinos, mixtecos y afromexicanos.
El informe realizado por Cemda muestra que 41.2 % de las agresiones fueron en contra de la población indígena, en especial contra mayas, zapotecas, mixtecos e integrantes de la nación Yaqui.
En 2021, además, se documentó que aumentaron las agresiones directas en contra de comunidades enteras. Un ejemplo es lo que sucedió en el municipio de San Esteban Atatlahuca, Oaxaca.
En el informe se explica que en este municipio se documentaron, al menos, siete tipos de agresiones diversas —agresiones físicas, hostigamiento desplazamiento, desapariciones y probables ejecuciones extrajudiciales— entre los días 21 al 23 de octubre contra comunidades enteras que, entre otras cosas, se oponían a la tala clandestina de los bosques de la zona.
La documentación de Cemda también permite tener el mapa nacional de la violencia contra personas defensoras y ubicar que los estados que concentran el mayor número de agresiones son Oaxaca, Yucatán, Sonora, Guerrero y Morelos.
A diferencia del 2020, cuando no pintaban en el mapa de violencias contra personas defensoras de ambiente y territorio, en 2021 los estados de Sonora y Yucatán registraron 10 eventos de agresión cada uno.
En el caso de Yucatán, las agresiones —estigmatización, amenazas y procesos de criminalización— fueron en contra de personas que han manifestado su oposición al llamado Tren Maya, a las granjas porcícolas y a proyectos de energía fotovoltaica.

Aumento de las desapariciones
El análisis realizado por Cemda muestra, además, que en 2021 las violencias más recurrentes en contra de las personas defensoras fueron las intimidaciones, los hostigamientos, las amenazas, las agresiones físicas y los homicidios.
Gabriela Carrión Lee, del área de derechos humanos del CEMDA y coordinadora del informe, resaltó que este año también se observó un aumento en las desapariciones. De dos casos que se documentaron en 2020, ahora la cifra se elevó a 20 personas defensoras de ambiente y el territorio desaparecidas.
Irma Galindo Barrios, defensora indígena que denunció la tala clandestina en los bosques de San Esteban Atatlahuaca, en Oaxaca, es una de las defensoras que aún están desaparecidas. La última vez que se conoció sobre su paradero fue el 27 de octubre de 2021, recordó Aurora de a Riva, codirectora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México.
El informe de Cemda reporta que del total de eventos de agresión cometidos contra personas defensoras de ambiente y territorio durante 2021, el 4.63 % fue contra mujeres.
Jesús Peña, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos en México, resaltó que algunos de los factores que contribuyen a que el país tenga un elevado número de agresiones contra los defensores es la impunidad, pero también las “declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos”.
El informe del Cemda se presentó una semana después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamara “seudoambientalistas”, una vez más, a quienes han mostrado su desacuerdo con uno de sus proyectos emblemáticos, el llamado Tren Maya que se construye en la Península de Yucatán.

Proyectos letales
Si se analizan las causas que defendían los defensores asesinados es posible identificar lo que Gabriela Carrión calificó como los proyectos más letales: la hidroeléctrica Paso de la Reina, que se pretende construir en el Río Verde, Oaxaca; el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero (su construcción está cancelada, pero aún es motivo de conflictos y quienes se opusieron a ella siguen siendo amenazados); el Acueducto Independencia y el tema del agua en el territorio de la nación Yaqui, en Sonora.
Como ha sucedido en otros años, la lucha contra la minería, la defensa del agua y los bosques fueron las causas más recurrentes de las personas víctimas de algún tipo de agresión.
Varios de los defensores asesinados ya habían vivido agresiones previas. Así sucedió con José de Jesús Robles Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, cuyos cuerpos fueron localizados el 30 de abril de 2021. Durante más de 18 años, la pareja denunció el despojo de tierras en el ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, Sonora, por parte de la minera Penmont.
Gabriela Carrión, de Cemda, reconoció que es complicado identificar quiénes son los que comenten las agresiones contra los defensores, sobre todo por la falta de investigación e impunidad que caracteriza a estos casos.
Aun así, la información disponible permitió ubicar que en 41.7 % de las agresiones el probable agresor fue el gobierno federal, estatal o municipal; en 8.3 % fue la delincuencia organizada y en 5.6 % de los casos, se identificó a empresas privadas.
Entre los asesinatos cometidos contra defensores ambientales, y en donde la delincuencia organizada aparece como presunto agresor, está el de Carlos Márquez Oyorzábal. Él fue comisariado de Las Conchitas, comunidad de San Miguel Totolapan, en Guerrero. En esa zona hay una fuerte presencia del crimen organizado que, durante los últimos años, ha hecho de la tala ilegal parte de su negocio.
Carlos Márquez formaba parte de la policía comunitaria que se creó en Las Conchitas para defender sus bosques. Quienes lo torturaron y mataron, lo interceptaron en uno de los caminos de la sierra guerrerense, al sur de México, cuando iba en una cuatrimoto con sus hijos. Su asesinato ocurrió el sábado 3 de abril de 2021.

Ilegalidades que alientan violencias
En el informe de Cemda se resalta que “la alarmante situación” de las personas defensoras de ambiente y territorio tiene un “origen multifactorial”; entre esos factores está “el actual modelo de desarrollo que privilegia las actividades extractivas sobre las formas de vida de las personas, pueblos y comunidades, con lo que se generan procesos de legítima resistencia para la protección del territorio, sus elementos naturales y, en general, sus formas de vida”.
También se destaca el papel de todas aquellas autoridades federales y estatales, encargadas de otorgar permisos y garantizar que los proyectos cumplan con la legalidad y que, al no hacer su trabajo en forma debida, “están generando que exista una mayor conflictividad socioambiental”.
Esta situación se agravó a partir del 22 de noviembre de 2021, cuando se publicó un acuerdo presidencial con el que se declaran “de interés público y seguridad nacional” los proyectos y obras a cargo del gobierno que se consideren prioritarios y estratégicos, por lo que se instruyó a todas las dependencias a otorgar las autorizaciones necesarias —incluidas las ambientales— en un plazo máximo de cinco días.
Con este acuerdo “se negaron los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables al territorio y a la autonomía”, se destaca en el informe del Cemda.
Gabriela Carrión también mencionó que un actor importante en las violencias contra las personas defensoras es el poder judicial, porque “ha sido muy lento en resolver conflictos socioambientales, no se han resuelto los casos o, incluso, ha validado procesos penales ilegítimos en contra de personas defensoras”.
Las fiscalías, agregó, también han sido actores que favorecen las agresiones en contra de las personas defensoras de ambiente y territorio, al no investigar.

Implementar el Acuerdo de Escazú
Gustavo Alanís consideró que “ante la violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural”, es urgente que el país cuente con “garantías efectivas para respetar y proteger los derechos ambientales”.
Para ello, dijo, es necesario que se combata la impunidad que existe en el país y que se “tome en serio el Acuerdo de Escazú para que se pase a la fase de su implementación”, para ello se tendría que tener una política pública integral de protección a los defensores, además de fortalecer con recursos y personal al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Gabriela Carrión también mencionó que es necesario que el poder legislativo modifique aquellas leyes que perjudican a comunidades y pueblos originarios, en especial la Ley Minera, vigente desde 1992 y que ha permitido que se concesione a empresas mineras territorios de comunidades indígenas e, incluso, que se tengan concesiones mineras dentro de áreas naturales protegidas.
El informe realizado por Cemda hace una serie de recomendaciones. Una de ellas es suspender aquellos proyectos en los cuales se presuma la comisión de cualquier agresión en contra de mujeres, hombres y comunidades que defienden el ambiente, en tanto no se dé cumplimiento a las obligaciones de investigación, eventual sanción y reparación de la violencia perpetrada.
Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras se le recomienda realizar un diagnóstico de los conflictos socioambientales con algún tipo de agresión, para determinar la necesidad de medidas de protección individuales y colectivas.
Mongabay Latam solicitó una entrevista a la subsecretaría de derechos humanos de Gobernación para conocer su postura sobre el informe, pero no se tuvo respuesta.
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