Criminalización o muerte, el coste de la defensa de la Tierra en muchos países

Fecha de Publicación: 22/04/2022
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Internacional


Este año la celebración del Día de la Tierra coincide con la reunión del Acuerdo de Escazú en Chile, un tratado de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, temas que para muchos defensores de la tierra y la naturaleza conlleva su criminalización o, incluso, la muerte en algunos países.
Aunque la defensa de la Tierra o la Pachamama, como se la conoce en países de Latinoamérica, pueda parecer algo casi idílico, muchos defensores han sido encarcelados o asesinados por defender su derecho y el de sus comunidades al agua, al suelo o a espacios sin contaminación.

Derecho a la información, participación y justicia ambiental
Precisamente, la reunión de Chile pretende fortalecer el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, por la localidad costarricense donde se firmó en marzo de 2018.
El Acuerdo ha sido desde sus inicios promovido por Naciones Unidas, en una de las regiones más violentas del mundo como lo verifica el informe de 2020 de la organización Global Witness, que ha situado un año más a Colombia, Brasil, México u Honduras en la «desonrosa» clasificación de países con más defensores ambientales asesinados.
Según Global Witness, 65 defensores fueron asesinados en Colombia, México (30), país al que siguen Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17) República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Sudáfrica (2) y Tailandia (2).

El coste de la defensa de la Tierra
En Colombia, donde este jueves una juez ha suspendido el primer proyecto piloto de «fracking» en Puerto Wilches, departamento de Santander, por no haberse convocado la consulta previa a las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches y por el que defensores ambientales han recibido amenazas y hostigamientos, es, según Global Witness el país más violento para quienes defienden la tierra y donde han sido asesinados 65 personas.
El país sudamericano registra un aumento continuado de la violencia al mezclarse el conflicto armado, el narcotráfico, la minería o la apropiación de tierras con el asesinato de líderes indígenas y afrodescendientes o campesinos.
Sin embargo, hace unos días en entrevista con EFE, el ministro colombiano de Medio Ambiente, Correa, señaló que «Colombia no es un país peligroso para defender la naturaleza».
En México, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), 25 defensores ambientales fueron asesinados en 2021, el año más violento para quienes defienden la naturaleza desde 2014, el primer periodo en el que la entidad elaboró su primer informe, que señala que además 238 personas sufrieron agresiones de diversos tipos por la misma causa.

Degradación de la Amazonía
En el caso de Brasil, los asesinatos de defensores tiene un precursor histórico en Francisco Alves Mendes Filho, más conocido como Chico Mendes, activista ambiental, sindicalista y recolector de caucho, quien fue asesinado en 1988, con apenas 44 años, por su defensa pacífica en contra de la extracción de madera y de la extensión de explotaciones para la cría de ganado y pastizales.
Pero no fue el último, precisamente, por la defensa de la Amazonía, uno de los pulmones del planeta, han sido asesinados numerosos defensores en Brasil. Por mencionar solos algunos casos, el asesinato del maestro indígena Isac Tembé en febrero de 2021, atribuido a la escalada de las actividades madereras en territorio de los Tembé en la selva brasileña.
A esa lista se añade en 2019 la del Guardián de la Floresta Paulo Paulino Guajajara, hermano de Sonia Guajajara, lideresa indígena y candidata a vicepresidenta en las elecciones de ese año en Brasil.
Según han alertado diferentes organizaciones, las políticas de Bolsonaro han fortalecido las actividades madereras, mineras y agroganaderas en detrimento de las reservas indígenas que han perdido defensores ambientales y sus derechos a un medio ambiente sano.
Hace unas semanas, miles de indígenas se manifestaron en Brasilia para denunciar la posible legalización del «garimpo» (minería artesanal), una actividad que según datos de la organización Mapbiomas ha provocado un aumento del 205 % de la devastación de reservas indígenas principalmente por la minería con el gobierno de Bolsonaro.

Derechos de las comunidades indígenas
En Honduras, el caso de Berta Isabel Cáceres Flores levantó voces en todo el mundo reclamando justicia para la líder lenca y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que fue asesinada por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque por los afecciones al medio ambiente y a las comunidades de la etnia lenca.
En el país centroamericano, además, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha pedido a las autoridades investigar el asesinato del defensor ambiental y miembro de la etnia Tolupán Melvin Geovany Mejía, quien luchaba por la recuperación de tierras ancestrales.
En Guatemala, un ejemplo -pero no el único-, es el del maestro y activista ambiental Bernardo Caal Xol, defensor del derecho al agua de los ríos Oxec y Cahabón (departamento Alta Verapaz) frente a la ejecución de varios proyectos hidroeléctricos.
El líder del pueblo q’qeqchí se opuso públicamente a las obras de las hidroeléctricas y logró parar temporalmente las obras en el río Oxec; más tarde se opuso a las obras de la hidroeléctrica Renace, en el río Cahabón, y en cuya ejecución está involucrada la empresa española Cobra, recientemente adquirida por el grupo francés Vinci, y que afecta a más de 30.000 personas.
Muchos de estos defensores eran jóvenes activistas que levantaron su voz por el derecho a vivir en la Tierra y en un medio ambiente sano y seguro .
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