Mineras en Perú no quieren prevenir ni fiscalización
16:13 | 
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Ofensiva legal de firmas mineras en Perú contra aporte ambiental
Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: IPS
País/Región: Perú
En una acción simultánea, las principales compañías mineras de Perú vienen presentando una serie de demandas judiciales para congelar un aporte que permite prevenir y fiscalizar el potencial daño ambiental de sus actividades en el país. ¿Qué ocasionó esta inusitada ofensiva empresarial?
Las denuncias llegaron una tras otra y ante diversas instancias. Hasta el jueves 7, catorce empresas mineras habían introducido en diversos juzgados demandas de amparo para que no se aplique el denominado Aporte por Regulación (APR) que estas compañías deben pagar para ser fiscalizadas, aseguró a IPS el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
Las acciones se presentaron contra varias instituciones del Poder Ejecutivo, entre las que figuran la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El gerente general de la compañía minera peruana Yanacocha, Javier Velarde, señaló a IPS que no solo su empresa, considerada la mayor explotadora de oro de América del Sur, ha iniciado “acciones legales en contra del aporte”, sino un total de 26 empresas de la minería.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que reúne a las compañías más importantes del sector, también introdujo demandas de acción popular contra las normas relacionadas a la contribución, por considerarlas inconstitucionales.
En forma simultánea, cuatro empresas iniciaron procesos administrativos por este caso ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Las compañías argumentan que el denominado Aporte por Regulación (APR) que recauda OEFA para fiscalizarlas es confiscatorio.
Entre las empresas que han acudido a Indecopi figura la peruana Caudalosa, que en 2010 ocasionó un gran derrame de relaves mineros, en perjuicio de ríos que servían como fuentes de agua a los habitantes del central departamento de Huancavelica, uno de los más pobres del país.
Ante los tribunales, las demandas de amparo también las presentaron compañías de capital extranjero, como Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, y dos filiales de la anglosuiza Glencore Xstratra.
Entre las nacionales aparecen Casapalca, con varias denuncias por malas prácticas e incumplimientos en temas ambientales, laborales y seguridad, y Volcan, sancionada en muchas ocasiones por daño ambiental.
“Las empresas son cada vez más audaces” en un contexto político en el que se busca reducir las llamadas “trabas burocráticas” para las inversiones, señaló a IPS el exviceministro de gestión ambiental, José de Echave.
En una acción simultánea, las principales compañías mineras de Perú vienen presentando una serie de demandas judiciales para congelar un aporte que permite prevenir y fiscalizar el potencial daño ambiental de sus actividades en el país. ¿Qué ocasionó esta inusitada ofensiva empresarial?
Las denuncias llegaron una tras otra y ante diversas instancias. Hasta el jueves 7, catorce empresas mineras habían introducido en diversos juzgados demandas de amparo para que no se aplique el denominado Aporte por Regulación (APR) que estas compañías deben pagar para ser fiscalizadas, aseguró a IPS el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
Las acciones se presentaron contra varias instituciones del Poder Ejecutivo, entre las que figuran la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El gerente general de la compañía minera peruana Yanacocha, Javier Velarde, señaló a IPS que no solo su empresa, considerada la mayor explotadora de oro de América del Sur, ha iniciado “acciones legales en contra del aporte”, sino un total de 26 empresas de la minería.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que reúne a las compañías más importantes del sector, también introdujo demandas de acción popular contra las normas relacionadas a la contribución, por considerarlas inconstitucionales.
En forma simultánea, cuatro empresas iniciaron procesos administrativos por este caso ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Las compañías argumentan que el denominado Aporte por Regulación (APR) que recauda OEFA para fiscalizarlas es confiscatorio.
Entre las empresas que han acudido a Indecopi figura la peruana Caudalosa, que en 2010 ocasionó un gran derrame de relaves mineros, en perjuicio de ríos que servían como fuentes de agua a los habitantes del central departamento de Huancavelica, uno de los más pobres del país.
Ante los tribunales, las demandas de amparo también las presentaron compañías de capital extranjero, como Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, y dos filiales de la anglosuiza Glencore Xstratra.
Entre las nacionales aparecen Casapalca, con varias denuncias por malas prácticas e incumplimientos en temas ambientales, laborales y seguridad, y Volcan, sancionada en muchas ocasiones por daño ambiental.
“Las empresas son cada vez más audaces” en un contexto político en el que se busca reducir las llamadas “trabas burocráticas” para las inversiones, señaló a IPS el exviceministro de gestión ambiental, José de Echave.
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Fecha de Publicación: 11/08/2014
Fuente: IPS
País/Región: Perú
En una acción simultánea, las principales compañías mineras de Perú vienen presentando una serie de demandas judiciales para congelar un aporte que permite prevenir y fiscalizar el potencial daño ambiental de sus actividades en el país. ¿Qué ocasionó esta inusitada ofensiva empresarial?
Las denuncias llegaron una tras otra y ante diversas instancias. Hasta el jueves 7, catorce empresas mineras habían introducido en diversos juzgados demandas de amparo para que no se aplique el denominado Aporte por Regulación (APR) que estas compañías deben pagar para ser fiscalizadas, aseguró a IPS el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
Las acciones se presentaron contra varias instituciones del Poder Ejecutivo, entre las que figuran la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El gerente general de la compañía minera peruana Yanacocha, Javier Velarde, señaló a IPS que no solo su empresa, considerada la mayor explotadora de oro de América del Sur, ha iniciado “acciones legales en contra del aporte”, sino un total de 26 empresas de la minería.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que reúne a las compañías más importantes del sector, también introdujo demandas de acción popular contra las normas relacionadas a la contribución, por considerarlas inconstitucionales.
En forma simultánea, cuatro empresas iniciaron procesos administrativos por este caso ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Las compañías argumentan que el denominado Aporte por Regulación (APR) que recauda OEFA para fiscalizarlas es confiscatorio.
Entre las empresas que han acudido a Indecopi figura la peruana Caudalosa, que en 2010 ocasionó un gran derrame de relaves mineros, en perjuicio de ríos que servían como fuentes de agua a los habitantes del central departamento de Huancavelica, uno de los más pobres del país.
Ante los tribunales, las demandas de amparo también las presentaron compañías de capital extranjero, como Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, y dos filiales de la anglosuiza Glencore Xstratra.
Entre las nacionales aparecen Casapalca, con varias denuncias por malas prácticas e incumplimientos en temas ambientales, laborales y seguridad, y Volcan, sancionada en muchas ocasiones por daño ambiental.
“Las empresas son cada vez más audaces” en un contexto político en el que se busca reducir las llamadas “trabas burocráticas” para las inversiones, señaló a IPS el exviceministro de gestión ambiental, José de Echave.
En una acción simultánea, las principales compañías mineras de Perú vienen presentando una serie de demandas judiciales para congelar un aporte que permite prevenir y fiscalizar el potencial daño ambiental de sus actividades en el país. ¿Qué ocasionó esta inusitada ofensiva empresarial?
Las denuncias llegaron una tras otra y ante diversas instancias. Hasta el jueves 7, catorce empresas mineras habían introducido en diversos juzgados demandas de amparo para que no se aplique el denominado Aporte por Regulación (APR) que estas compañías deben pagar para ser fiscalizadas, aseguró a IPS el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal.
Las acciones se presentaron contra varias instituciones del Poder Ejecutivo, entre las que figuran la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
El gerente general de la compañía minera peruana Yanacocha, Javier Velarde, señaló a IPS que no solo su empresa, considerada la mayor explotadora de oro de América del Sur, ha iniciado “acciones legales en contra del aporte”, sino un total de 26 empresas de la minería.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que reúne a las compañías más importantes del sector, también introdujo demandas de acción popular contra las normas relacionadas a la contribución, por considerarlas inconstitucionales.
En forma simultánea, cuatro empresas iniciaron procesos administrativos por este caso ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Las compañías argumentan que el denominado Aporte por Regulación (APR) que recauda OEFA para fiscalizarlas es confiscatorio.
Entre las empresas que han acudido a Indecopi figura la peruana Caudalosa, que en 2010 ocasionó un gran derrame de relaves mineros, en perjuicio de ríos que servían como fuentes de agua a los habitantes del central departamento de Huancavelica, uno de los más pobres del país.
Ante los tribunales, las demandas de amparo también las presentaron compañías de capital extranjero, como Cerro Verde, subsidiaria de la estadounidense Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, y dos filiales de la anglosuiza Glencore Xstratra.
Entre las nacionales aparecen Casapalca, con varias denuncias por malas prácticas e incumplimientos en temas ambientales, laborales y seguridad, y Volcan, sancionada en muchas ocasiones por daño ambiental.
“Las empresas son cada vez más audaces” en un contexto político en el que se busca reducir las llamadas “trabas burocráticas” para las inversiones, señaló a IPS el exviceministro de gestión ambiental, José de Echave.
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