La COP17 de desertificación naufraga en las negociaciones pero moviliza fondos 

La decimoséptima Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP17) ha concluido con un sabor agridulce que evidencia la profunda grieta política entre los bloques globales ante la crisis climática. 

Tras extenuantes jornadas de debate, las delegaciones internacionales no lograron alcanzar el consenso necesario para firmar un tratado vinculante y unificado sobre la gestión de la sequía a nivel planetario. Las discrepancias fundamentales entre los países en desarrollo, que exigían mecanismos obligatorios y fondos directos de compensación, y las potencias industrializadas, reticentes a asumir compromisos legales rígidos, terminaron por bloquear el documento final, dejando en evidencia las dificultades de la gobernanza global para dar una respuesta jurídica firme a la degradación de las tierras fértiles.
A pesar del estancamiento político y la falta de un marco regulatorio internacional común, la cumbre no cerró sus puertas con las manos vacías, logrando un avance financiero sin precedentes históricos para la convención. En un esfuerzo por mitigar la parálisis institucional, diversos organismos multilaterales, bancos de desarrollo y países cooperantes anunciaron la movilización de más de 1.300 millones de dólares destinados de forma directa a proyectos de resiliencia hídrica y restauración de suelos degradados. Esta inyección económica sin precedentes busca auxiliar de manera urgente a las regiones más vulnerables del planeta, especialmente en África subsahariana, el Corredor Seco centroamericano y amplias zonas de Asia central, donde la pérdida de tierras de cultivo avanza a un ritmo alarmante y amenaza la seguridad alimentaria de millones de personas.
El debate técnico durante la cumbre expuso la alarmante velocidad con la que la desertificación avanza debido a la combinación de las prácticas agrícolas intensivas y la agudización del cambio climático. Los expertos de la ONU alertaron que la sequía ya no es un fenómeno meteorológico estacional o aislado, sino un estado estructural que afecta de manera directa a la economía global y empuja a poblaciones enteras a la migración forzada. La falta de un pacto político sólido fue duramente criticada por las organizaciones no gubernamentales y los científicos presentes, quienes advirtieron que los recursos financieros asignados, si bien son históricos y sumamente necesarios, corren el riesgo de convertirse en un parche temporal si no se abordan las causas raíz del problema mediante normativas internacionales que exijan una transición sostenible en el uso del suelo.
Hacia el tramo final de las sesiones, la atención se centró en la necesidad de desburoocratizar el acceso a estos nuevos fondos de emergencia para garantizar que el capital se traduzca de forma rápida en infraestructuras locales, tecnologías de riego eficientes y programas de reforestación comunitaria. Las delegaciones de los países más afectados lamentaron que el histórico paquete financiero de 1.300 millones de dólares se aprobara de forma aislada a las metas globales de mitigación, señalando que la falta de un tratado vinculante dificulta el monitoreo técnico a largo plazo. Con el cierre de esta cumbre, la comunidad internacional traslada la presión hacia las futuras mesas de negociación, con la urgente tarea de transformar las promesas económicas en un acuerdo político de cumplimiento obligatorio antes de que los desiertos sigan ganando terreno de forma irreversible.


Fecha de Publicación: 31/08/2026
País/Región: Internacional
Fuentes originales consultadas: Agencia EFEVerde, Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), Portal El País América
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