Ecuador: legisladores piden que se declare el estado de emergencia por la minería ilegal

Fecha de Publicación: 02/01/2023
Fuente: InfoBae (Argentina)
País/Región: Ecuador


Los parlamentarios aseguran que en el país se está produciendo un crimen ambiental
El Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), un grupo de legisladores constituido bajo el liderazgo de un grupo de asambleístas de la Comisión de Fiscalización envió una carta de solicitud al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, para que éste declare el estado de excepción o estado de emergencia nacional para desplegar a las fuerzas de la seguridad pública y del estado en contra de la de la minería ilegal.
En un comunicado publicado en Twitter, el grupo de asambleístas denuncian que “las medidas adoptadas desde los entes de control no dimensionan ni consideran los daños ambientales y la desintegración sociocultural que ha generado la minería ilegal en los puntos geográficos afectados ante la falta de acciones estratégicas y contundentes para enfrentar esta actividad ilícita, que se ha manifestado de manera exponencial en este año 2022″.
Según lo expuesto en el comunicado, “la declaratoria del estado de excepción se fundamenta en el incremento de las actividades de minería ilegal, así como también de delitos conexos, tales como tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; tenencia y porte de armas; almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, trata de personas, entre otros”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, publicó el comunicado en sus redes sociales acompañado del siguiente texto: “el Frente Parlamentario Anticorrupción FPA, pide al presidente Guillermo Lasso que declare el estado de excepción a nivel nacional en contra de la minería ilegal. Lo que está ocurriendo en el país es un crimen ambiental. Además, existe evidencia de vínculos con el narcotráfico”.
Villavicencio ha publicado acusaciones sobre los nexos que denuncia como existentes entre asambleístas y políticos que aspiran a cargos de elección local con organizaciones del narcotráfico y del crimen transnacional de distintos partidos, especialmente vinculados a la coalición Unión por la Esperanza (UNES), que hoy es el partido con mayor número de escaños en la Asamblea Nacional del Ecuador, y al Movimiento Revolución Ciudadana (RC), ambos vinculados al expresidente Rafael Correa.
En el documento enumeran varias zonas de explotación de la minería ilegal y las afectaciones al medioambiente, entre ellas están Camilo Ponce Enríquez en la provincia del Azuay al sur del Ecuador en donde se han provocado daños en las riberas de los ríos Guanache y Gala. Tambien se registra minería al margen de la ley en Naranjalito, Anzu la Victoria, Pioculín, Nueva Jerusalén y Santa Rosa en la amazónica provincia del Napo, al nororiente del país; además, San José de Guayusa, Sardinas y San Marcos, en la provincia de Orellana, colindante con Napo, aquí están severamente afectados los ríos Punino y Sardinas, que son los afluentes del río Payamino y Coca. A ellas se añade Zaruma en la provincia de El Oro al suroccidente del país, cabecera cantonal que sufre el hundimiento de una ciudad entera como consecuencia de estas prácticas.
Con respecto a la tragedia que se sufre en Zaruma, los legisladores afirman que “existen 27 empresas de 418 cuya actividad económica es la explotación minera, de las cuales 14 presentan en los estados de resultados constantes en la página de la Superintendencia de Compañías pérdidas por la suma de 2′530.893,50 USD, es decir que, aparentemente, estas empresas no permiten determinar el valor a pagar en los periodos que reflejan pérdidas, lo que hace presumir que esta información constante en la página web de la Superintendencia de Compañías no es real”.
Los legisladores ecuatorianos integrantes del Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) son Fernando Villavicencio, Eduardo Mendoza, Washington Varela, Gisella Molina, Diana Pesántez y Ricardo Vanegas. La carta dirigida al presidente Lasso está firmada digitalmente por catorce legisladores pertenecientes el Congreso Nacional del Ecuador.
.