América Latina debe multiplicar el acceso al financiamiento para la acción climática

Fecha de Publicación: 05/09/2022
Fuente: ONU
País/Región: América Latina


La vicesecretaria general de la ONU advierte que la región ha de contar con el apoyo necesario para acelerar una transición justa hacia las energías renovables y que posee “un gran potencial para la generación de energía eólica y solar”.
Desbloquear el acceso a la financiación climática, especialmente en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo, es fundamental para cerrar la brecha de adaptación, proteger a los países más vulnerables al cambio climático y contribuir a un desarrollo más bajo en carbono, subrayaron este jueves los participantes de la Mesa redonda sobre el financiamiento climático y la transición energética en América Latina y el Caribe.
El evento de dos días de duración celebrado en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile es uno de los cinco Foros Regionales sobre Iniciativas Climáticas para Financiar la Acción Climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sirven como preparación a la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP27).
Durante su intervención por videoconferencia la vicesecretaria general de las Naciones Unidas advirtió que la región se encuentra “en una carrera contra el reloj”.
“América Latina y el Caribe debe contar con el apoyo necesario para acelerar una transición justa hacia las energías renovables. La región tiene un gran potencial para la generación de energía solar y eólica y debe ser apoyada a través de fuertes inversiones, incluyendo la capacidad de almacenamiento y una gran flexibilidad para dar cabida a las energías renovables”, dijo Amina Mohammed.
Por su parte, el presidente de la COP 27 y ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, subrayó que el impulso de nuevos instrumentos financieros y la previsibilidad de la financiación climática en los países en desarrollo es fundamental para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
El embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre, llamó a acelerar la transición global hacia economías y sociedades climáticamente neutrales, resilientes, sostenibles y eficientes en el uso de los recursos, y mencionó la meta de la Unión Europea de lograr reducir un 55% de emisiones contaminantes el 2050.
“Alinear los flujos financieros con un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima es clave para impulsar el cambio hacia una economía y una sociedad climáticamente neutral y resiliente”, afirmó.
Por parte de la CEPAL, su secretario ejecutivo interino, Mario Cimoli, y el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión, José Luis Samaniego, alertaron que América Latina y el Caribe pasó a contribuir del 8,3% de las emisiones globales contaminantes al 10% en unos pocos años
“La región tampoco va muy bien en materia de políticas públicas. Apenas cuatro países aplican un impuesto al carbono estático y en niveles muy bajos. La discusión sobre el impuesto al metano todavía no inicia formalmente. Un solo país está aplicando en la inversión pública un precio social al carbono, aunque estamos tratando de avanzar para que este tipo de instrumentos se adopten por más países. Hay un enorme campo para lograr avances mejores”, aseveró.
Samaniego presentó un compendio con 55 proyectos distribuidos entre 24 países de América Latina y el Caribe, que requieren un financiamiento de casi 16.000 millones de dólares, con un impacto de reducción de emisiones de CO2 de 24,6 millones de toneladas al año que equivalen al 0,6% de las emisiones regionales.
Los proyectos se concentran en temas como la resiliencia en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), minerales fundamentales y estratégicos, electromovilidad y transición energética.
Se espera que la Mesa redonda sobre el financiamiento climático y la transición energética en América Latina y el Caribe active procesos para concretar acuerdos de inversión entre los responsables de carteras de proyectos de los gobiernos de América Latina y el Caribe y las instituciones financieras.
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