Colombia: siguen con el fracking a pesar de resitencias
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Duque respalda contratos de fracking con Exxon y Ecopetrol
Fecha de Publicación: 05/05/2020
Fuente: Colombia Informa
País/Región: Colombia
La primera etapa de los Proyectos Piloto de Investigación Integral -PPII- sobre Yacimientos No Convencionales -YNC- con la técnica del fracturamiento hidráulico o Fracking, avanza en la selección de contratistas y condiciones gestionadas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-. El permiso de las comunidades no está. La licencia social debe darse solo después de una serie de posibles consultas previas, y estas aún no se han realizado. Sin embargo, los proyectos VMM37, de la multinacional Exxon Móbil; y Guane-A, de Ecopetrol, iniciarían operaciones en las cuencas del Magdalena Medio y Cesar-Ranchería este año.
El acuerdo entre dichas empresas petroleras y el Estado colombiano fue decretado por el Gobierno el 28 de febrero del presente año. Pero solo ahora es que se están determinando y delimitando las áreas de explotación y los contratistas que harán seguimiento y control a la explotación de los proyectos piloto de fracking en los Departamentos del Cesar, Guajira, Bolívar, Santander, Antioquia y Boyacá.
Este proceso hace parte de la primera de tres etapas que definirán si en Colombia será permitida la fractura hidráulica de los suelos para extraer petróleo y gas, comúnmente conocida como fracking. De culminar la etapa 1, la previa, se avanzará en las dos etapas restantes: 2. La Concomitante y de Evaluación, y 3. De Transición y Adaptación. Según la Corporación Podion, la inversión total de estos dos proyectos piloto (Exxon Mobil VMM37 y Ecopetrol Guane-A) asciende a los 700 mil millones de pesos.
Desde la ejecución de la primera etapa, organizaciones sociales como la Alianza Colombia libre de Fracking, así como Organizaciones No Gubernamentales como Podion están señalando una serie de irregularidades. Destacan que en la Etapa Previa se incumple la decisión tomada en el año 2019 por el Consejo de Estado que para entonces, permitió un Proyecto Piloto de Investigación Integral -PPII-. Esta decisión significaba realizar un estudio de carácter científico y técnico para identificar los impactos del fracking sobre la naturaleza, los ecosistemas vitales de Colombia, principalmente en el Nororiente del país. Hoy, con el decreto 328 del 28 de febrero de 2020, cada empresa puede realizar cuatro PPII y, encada uno, dos pozos pilotos.
Óscar Sampayo, líder social y vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, expuso la preocupación que le genera a los líderes y lideresas sociales oponerse a estos proyectos de fracking: “¿Cuál va a ser la seguridad de los campesinos que se opongan? Esto va a recrudecer la violencia, la violación a los Derechos Humanos y la profundización de otros conflictos propiciados por los proyectos pilotos de investigación integral”.
Según Gabriel Rojas Andrade, Profesor de la Facultad de derecho de la Universidad de los Andes y quien viene haciendo seguimiento al tema, existe incapacidad del Estado colombiano para garantizar la integridad a quienes protegen la vida y el territorio. El profesor explicó que se debe llamar ‘sistemático’ el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia, una crisis humanitaria declarada por movimientos sociales y políticos como Congreso de los Pueblos, desde el año pasado.
Afectaciones ambientales
Según, estudios realizados a nivel mundial y compilados en el Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación, demuestran los riesgos y daños del fracking. Parte del agua empleada permanece atrapada en la zona fracturada y es eliminada permanentemente del ciclo hidrológico. El remanente viaja de vuelta a la superficie. Este fluido de retorno contiene no sólo los aditivos químicos originales, sino también sustancias dañinas transportadas desde las zonas subterráneas que suelen incluir agua con altas concentraciones de sal, metales pesados y elementos radiactivos.
Pero la fractura hidráulica o fracking es una técnica no convencional que responde al agotamiento de las fuentes de combustible fósil tradicionales. Es la última esperanza para sostener la actual matriz energética capitalista. Una técnica extrema que necesita una energía extraordinaria para perforar y que requiere de ingentes cantidades de agua combinada con arenas y químicos altamente tóxicos para la naturaleza, utilizados para que las grietas de las rocas puedan continuar abiertas y que el hidrocarburo salga a la superficie.
El espacio donde la ANH decide hacer extracción minero-energética se denomina bloque. Y en el bloque VMM37 otorgado a la empresa norteamericana Exxon Móbil, en Puerto Wilches (Santander), se contemplaría la tala de 109 hectáreas de bosque, la captación de un promedio de más de seis piscinas diarias de agua en los ríos Magdalena y Sogamoso, y un área de polígono equiparable a 21.655 canchas de fútbol, que impactará a cinco corregimientos. Estos son los daños a la naturaleza estimados por la Corporación Podion.
Para el bloque Guane-A, según el mismo estudio de impacto ambiental realizado por Ecopetrol, pretenden perforar hasta 14 pozos de 3 hectáreas de extensión. La empresa talará alrededor de 58 hectáreas de *bosque ripario* y palma de aceite. Usarán hasta siete litros de agua por segundo en cinco puntos de agua superficial (dos sobre el Río Magdalena y tres sobre el Río Sogamoso). Además, captaran otros siete litros por segundo en dos pozos subterráneos, junto a la ocupación de 28 riachuelos. Todo esto aumentará la contaminación de los ríos Magdalena y Sogamoso y destruirá los riachuelos y bosques de la región.
Control del Estado
Puerto Wilches (Santander) esta ubicado en una cuenca donde habitan manatíes. Allí, en la unión entre la Serranía de San Lucas y la Serranía de los Yariguíes, es la región del jaguar americano y de unos ecosistemas altamente valiosos por su flora y fauna. Para Jenny Grillo, ingeniera ambiental e integrante de la Corporación Podion, en esta etapa Previa del Decreto 328 “se define el Comité Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico pero está conformando casi en su totalidad por instituciones del Gobierno como el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El rol de esta comisión es generar las líneas bases ambientales”.
Grillo se refiere a las condiciones para la intervención del Estado colombiano en los territorios que serán objeto de los PPII. Además del Ministerio del Interior y la ANH, también se encuentran el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam-, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Ministerio de Minas y Energía, entre otras instituciones oficiales, las cuales van a elaborar esas condiciones legales para la explotación petrolera con fracking en el Magdalena Medio y eventualmente, en todo el país.
No obstante, las organizaciones sociales y la misma Contraloría General de la República han reclamado que el Estado colombiano y sus instituciones no tienen suficiente información geoambiental para el nivel de detalle que se requiere al momento de definir las condiciones que planifiquen el uso de los bienes naturales. Falta información sobre las aguas subterráneas, la sismicidad e incluso el impacto social que sufrirán los pueblos donde se pretende hacer fracking.
El Ministerio de Ambiente generará los términos de referencia para efectuar las líneas bases locales en términos de salud, hidrología, social y sismicidad pero con empresas contratistas: las mismas empresas privadas de los PPI.
“¡Cómo es posible que las mismas empresas sean las que digan cómo está el territorio que van a intervenir! Esto vicia la objetividad e imparcialidad científica del proceso de proyectos pilotos ya que las empresas se ven directamente afectadas por los resultados obtenidos, le van a contar al Estado qué hay en los territorios y eso lleva a un conflicto de intereses”, se pregunta la ingeniera ambiental Jenny Grillo.
Participación de la sociedad
A pesar de los estudios y advertencias realizados por organismos nacionales e internacionales, incluso de las movilizaciones de miles de personas en el marco del Paro Nacional de 2019 (cuyo pliego insistía en la cancelación de los PPII), el Gobierno colombiano impulsa el fracking en el país. Por esta razón, diversas organizaciones sociales y ambientales llaman a la población colombiana a estar alertas y en constante movilización para lograr que se impidan estos proyectos extractivos en trámite.
El Gobierno pretende contratar, implementar y evaluar el proceso de implementación de fracking en el país, beneficiando solo a unas minorías y a empresas transnacionales extranjeras como Exxon Mobil.
Mientras atenta contra los bienes comunes naturales y los Derechos Humanos de toda la población, son negadas las búsquedas de otras formas alternativas de obtención de energía y de consumo a nivel global. De concretarse estas medidas, las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas de los Departamentos de Santander, Cesar, Bolívar, Guajira, Antioquia y Boyacá necesitaran de la empatía de todo el país.
“Si la movilización social baja la intervención de gobierno extractivista sube. La invitación es para hacer activismo social y político. Si la gente no participa en las calles o en foros exigiendo a los gobiernos locales, regionales y nacionales respuestas, va a ser muy difícil solucionar la situación. Rechazamos y nos oponemos a esta imposición de profundizar el extractivismo petrolero en el Magdalena Medio”, finalizó el politólogo, ambientalista, y líder social Oscar Sampayo en su intervención.
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Fecha de Publicación: 05/05/2020
Fuente: Colombia Informa
País/Región: Colombia
La primera etapa de los Proyectos Piloto de Investigación Integral -PPII- sobre Yacimientos No Convencionales -YNC- con la técnica del fracturamiento hidráulico o Fracking, avanza en la selección de contratistas y condiciones gestionadas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-. El permiso de las comunidades no está. La licencia social debe darse solo después de una serie de posibles consultas previas, y estas aún no se han realizado. Sin embargo, los proyectos VMM37, de la multinacional Exxon Móbil; y Guane-A, de Ecopetrol, iniciarían operaciones en las cuencas del Magdalena Medio y Cesar-Ranchería este año.
El acuerdo entre dichas empresas petroleras y el Estado colombiano fue decretado por el Gobierno el 28 de febrero del presente año. Pero solo ahora es que se están determinando y delimitando las áreas de explotación y los contratistas que harán seguimiento y control a la explotación de los proyectos piloto de fracking en los Departamentos del Cesar, Guajira, Bolívar, Santander, Antioquia y Boyacá.
Este proceso hace parte de la primera de tres etapas que definirán si en Colombia será permitida la fractura hidráulica de los suelos para extraer petróleo y gas, comúnmente conocida como fracking. De culminar la etapa 1, la previa, se avanzará en las dos etapas restantes: 2. La Concomitante y de Evaluación, y 3. De Transición y Adaptación. Según la Corporación Podion, la inversión total de estos dos proyectos piloto (Exxon Mobil VMM37 y Ecopetrol Guane-A) asciende a los 700 mil millones de pesos.
Desde la ejecución de la primera etapa, organizaciones sociales como la Alianza Colombia libre de Fracking, así como Organizaciones No Gubernamentales como Podion están señalando una serie de irregularidades. Destacan que en la Etapa Previa se incumple la decisión tomada en el año 2019 por el Consejo de Estado que para entonces, permitió un Proyecto Piloto de Investigación Integral -PPII-. Esta decisión significaba realizar un estudio de carácter científico y técnico para identificar los impactos del fracking sobre la naturaleza, los ecosistemas vitales de Colombia, principalmente en el Nororiente del país. Hoy, con el decreto 328 del 28 de febrero de 2020, cada empresa puede realizar cuatro PPII y, encada uno, dos pozos pilotos.
Óscar Sampayo, líder social y vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking, expuso la preocupación que le genera a los líderes y lideresas sociales oponerse a estos proyectos de fracking: “¿Cuál va a ser la seguridad de los campesinos que se opongan? Esto va a recrudecer la violencia, la violación a los Derechos Humanos y la profundización de otros conflictos propiciados por los proyectos pilotos de investigación integral”.
Según Gabriel Rojas Andrade, Profesor de la Facultad de derecho de la Universidad de los Andes y quien viene haciendo seguimiento al tema, existe incapacidad del Estado colombiano para garantizar la integridad a quienes protegen la vida y el territorio. El profesor explicó que se debe llamar ‘sistemático’ el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia, una crisis humanitaria declarada por movimientos sociales y políticos como Congreso de los Pueblos, desde el año pasado.
Afectaciones ambientales
Según, estudios realizados a nivel mundial y compilados en el Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación, demuestran los riesgos y daños del fracking. Parte del agua empleada permanece atrapada en la zona fracturada y es eliminada permanentemente del ciclo hidrológico. El remanente viaja de vuelta a la superficie. Este fluido de retorno contiene no sólo los aditivos químicos originales, sino también sustancias dañinas transportadas desde las zonas subterráneas que suelen incluir agua con altas concentraciones de sal, metales pesados y elementos radiactivos.
Pero la fractura hidráulica o fracking es una técnica no convencional que responde al agotamiento de las fuentes de combustible fósil tradicionales. Es la última esperanza para sostener la actual matriz energética capitalista. Una técnica extrema que necesita una energía extraordinaria para perforar y que requiere de ingentes cantidades de agua combinada con arenas y químicos altamente tóxicos para la naturaleza, utilizados para que las grietas de las rocas puedan continuar abiertas y que el hidrocarburo salga a la superficie.
El espacio donde la ANH decide hacer extracción minero-energética se denomina bloque. Y en el bloque VMM37 otorgado a la empresa norteamericana Exxon Móbil, en Puerto Wilches (Santander), se contemplaría la tala de 109 hectáreas de bosque, la captación de un promedio de más de seis piscinas diarias de agua en los ríos Magdalena y Sogamoso, y un área de polígono equiparable a 21.655 canchas de fútbol, que impactará a cinco corregimientos. Estos son los daños a la naturaleza estimados por la Corporación Podion.
Para el bloque Guane-A, según el mismo estudio de impacto ambiental realizado por Ecopetrol, pretenden perforar hasta 14 pozos de 3 hectáreas de extensión. La empresa talará alrededor de 58 hectáreas de *bosque ripario* y palma de aceite. Usarán hasta siete litros de agua por segundo en cinco puntos de agua superficial (dos sobre el Río Magdalena y tres sobre el Río Sogamoso). Además, captaran otros siete litros por segundo en dos pozos subterráneos, junto a la ocupación de 28 riachuelos. Todo esto aumentará la contaminación de los ríos Magdalena y Sogamoso y destruirá los riachuelos y bosques de la región.
Control del Estado
Puerto Wilches (Santander) esta ubicado en una cuenca donde habitan manatíes. Allí, en la unión entre la Serranía de San Lucas y la Serranía de los Yariguíes, es la región del jaguar americano y de unos ecosistemas altamente valiosos por su flora y fauna. Para Jenny Grillo, ingeniera ambiental e integrante de la Corporación Podion, en esta etapa Previa del Decreto 328 “se define el Comité Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico pero está conformando casi en su totalidad por instituciones del Gobierno como el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El rol de esta comisión es generar las líneas bases ambientales”.
Grillo se refiere a las condiciones para la intervención del Estado colombiano en los territorios que serán objeto de los PPII. Además del Ministerio del Interior y la ANH, también se encuentran el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam-, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Ministerio de Minas y Energía, entre otras instituciones oficiales, las cuales van a elaborar esas condiciones legales para la explotación petrolera con fracking en el Magdalena Medio y eventualmente, en todo el país.
No obstante, las organizaciones sociales y la misma Contraloría General de la República han reclamado que el Estado colombiano y sus instituciones no tienen suficiente información geoambiental para el nivel de detalle que se requiere al momento de definir las condiciones que planifiquen el uso de los bienes naturales. Falta información sobre las aguas subterráneas, la sismicidad e incluso el impacto social que sufrirán los pueblos donde se pretende hacer fracking.
El Ministerio de Ambiente generará los términos de referencia para efectuar las líneas bases locales en términos de salud, hidrología, social y sismicidad pero con empresas contratistas: las mismas empresas privadas de los PPI.
“¡Cómo es posible que las mismas empresas sean las que digan cómo está el territorio que van a intervenir! Esto vicia la objetividad e imparcialidad científica del proceso de proyectos pilotos ya que las empresas se ven directamente afectadas por los resultados obtenidos, le van a contar al Estado qué hay en los territorios y eso lleva a un conflicto de intereses”, se pregunta la ingeniera ambiental Jenny Grillo.
Participación de la sociedad
A pesar de los estudios y advertencias realizados por organismos nacionales e internacionales, incluso de las movilizaciones de miles de personas en el marco del Paro Nacional de 2019 (cuyo pliego insistía en la cancelación de los PPII), el Gobierno colombiano impulsa el fracking en el país. Por esta razón, diversas organizaciones sociales y ambientales llaman a la población colombiana a estar alertas y en constante movilización para lograr que se impidan estos proyectos extractivos en trámite.
El Gobierno pretende contratar, implementar y evaluar el proceso de implementación de fracking en el país, beneficiando solo a unas minorías y a empresas transnacionales extranjeras como Exxon Mobil.
Mientras atenta contra los bienes comunes naturales y los Derechos Humanos de toda la población, son negadas las búsquedas de otras formas alternativas de obtención de energía y de consumo a nivel global. De concretarse estas medidas, las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas de los Departamentos de Santander, Cesar, Bolívar, Guajira, Antioquia y Boyacá necesitaran de la empatía de todo el país.
“Si la movilización social baja la intervención de gobierno extractivista sube. La invitación es para hacer activismo social y político. Si la gente no participa en las calles o en foros exigiendo a los gobiernos locales, regionales y nacionales respuestas, va a ser muy difícil solucionar la situación. Rechazamos y nos oponemos a esta imposición de profundizar el extractivismo petrolero en el Magdalena Medio”, finalizó el politólogo, ambientalista, y líder social Oscar Sampayo en su intervención.
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