Paraguay desmonta al ritmo de su “Deforestación Cero”
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Deforestación supera área de 24 parques y reservas
Fecha de Publicación: 18/10/2015
Fuente: ABC Color
País/Región: Paraguay
Las 231.882 hectáreas deforestadas en la Región Oriental en los últimos diez años, superan en superficie a 24 parques y reservas nacionales juntos, de las 25 que están en la región, dentro del área que corresponde al Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP). En todo este tiempo no hubo un solo responsable que haya ido a parar a la cárcel, pese a que una ley prevé esta sanción.
En la zona del BAAP de la Región Oriental existen 25 parques y reservas nacionales, que totalizan 512.017 hectáreas, según informes de la Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas y de la propia Secretaría del Ambiente (Seam).
El mapeo satelital de la WWF sobre deforestación señala que en los últimos 10 años se han aniquilado 231.882 hectáreas en los departamentos que hacen al BAAP, que equivale al 45% de todas las áreas protegidas. Sin embargo, la zona deforestada supera en superficie a 24 reservas y parques nacionales que forman los puntos protegidos de la región (ver infografía). Es decir, solo la Reserva de la Biosfera Mbaracayú, de 226.995 hectáreas, hace que la zona deforestada no supere en superficie al total de lo que se protege en esta región del país.
Un equipo de ABC Color recorrió la zona de influencia de la Reserva para Parque Nacional San Rafael (entre los departamentos de Itapúa y Caazapá), la Reserva Mbaracayú (Canindeyú) y el Parque Nacional Ñacunday (Alto Paraná) y comprobó el total estado de desprotección en el que se encuentran estas riquezas naturales.
La madera, la soja y el hambre
El Bosque Atlántico del Alto Paraná está asentado en una de las regiones consideradas más ricas en recursos naturales y la de mayor producción agrícola del país. Pero a la vez es la que tiene las zonas de más alto índice de pobreza, sobre todo en los departamentos de San Pedro y Canindeyú, en donde cordones de asentamientos campesinos empobrecidos crecen a la par de grandes extensiones agrícolas.
La principales amenazas para la preservación de estos recursos naturales son los traficantes de madera, los productores de soja y los narcos que buscan extender sus territorios para la marihuana. Todo esto ante la falta de control y también la impunidad para operar.
Las autoridades competentes están muy lejos de la zona. Por ejemplo, la Unidad fiscal especializada en medio ambiente y el Instituto Nacional Forestal (Infona) tienen sus oficinas a 120 kilómetros de la reserva San Rafael, en Encarnación.
Además, algunos casos concretos ayudan a pensar que existe complicidad estatal para permitir la destrucción de los bosques.
En 2013, la fiscalía de Encarnación elaboró, ante la constante denuncia de extracción de madera, un detallado informe sobre las nueve rutas utilizadas por los rollotraficantes para extraer madera aserrada y rollos de la Reserva San Rafael.
A pesar de tener los lugares y la geolocalización de los caminos, hasta hoy, dos años después de aquel informe, nadie reforzó los controles en los lugares denunciados por la fiscalía.
Nadie fue a la cárcel por deforestación en 10 años
Desde 2005 hasta hoy nadie fue enviado a la cárcel por deforestación en Paraguay a pesar de que la Ley de “Deforestación Cero”, promulgada hace diez años, impone sanciones carcelarias de 3 a 8 años o multas a los infractores. Así afirman en la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Congreso Nacional.
La impunidad con la que operan los depredadores de los bosques en la Región Oriental del país es absoluta. A pesar de que la deforestación llega a un promedio de 60 hectáreas por día desde 2005, que a estas alturas representa 231.000 hectáreas, ningún investigado por estos hechos fue remitido a la cárcel. Así lo aseguró Gustavo Florentín, asesor legal de la Conaderna, que preside el senador Nelson Aguinagalde (ANR).
Según Florentín, quien hace años trabaja en temas medioambientales, no existen registros sobre personas que hayan sido condenadas por deforestación, ya que desde hace tiempo vienen insistiendo justamente sobre este tema ante los estrados judiciales.
En la Ley de “Deforestación Cero” se menciona que los infractores deberán cumplir con sanciones previstas en la ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente”. El artículo 4 de esta normativa expresa que se sancionará con penas carcelarias (3 a 8 años) o multas a quienes “realicen tala, quema de bosques o formaciones vegetales que perjudicen gravemente el ecosistema” (inciso A).
De acuerdo con los datos de la organización WWF, desde que entró en vigencia esta ley para la Región Oriental, hasta lo que va de este año, deforestaron 231.000 hectáreas en esta zona del país.
Ni los choferes...
Como muestra de la impunidad, vale un botón. El lunes 13 de abril de este año, una comitiva fiscal intervino la carpintería “Urundey”, de Carlos Insaurralde, ubicada en Encarnación.
Los intervinientes llegaron hasta allí siguiendo a un camión de gran porte cargado de madera aserrada que salió el día anterior -domingo 12- de la Reserva San Rafael, desde donde extrajeron la madera en forma ilegal.
La fiscala a cargo del operativo, Raquel Bordón, ante las evidencias que encontró imputó a Insaurralde, dueño de la carpintería, y a Anacleto Aquino Leiva, ciudadano paraguayo que ya tiene antecedentes por delitos ambientales en los registros del Ministerio Público.
El día del operativo, Aquino Leiva se escapó. La fiscalía lo declaró en rebeldía y pidió su prisión preventiva.
El 5 de junio, Aquino Leiva se presentó ante el juez penal de Encarnación Máximo Martín Ortega para ser procesado. El magistrado decidió, ese mismo día, dejar sin efecto la orden de captura y detención de Aquino Leiva, además de pedir a la fiscalía que reinicie el proceso de investigación. Según se informó, el juez solo impuso medidas alternativas a la prisión a Aquino.
La fiscalía apeló esa decisión del juez, pero el 17 de julio, el tribunal de apelación penal, segunda sala, integrado por Alejandro Paseniuk, Zully Aca Velázquez y Fausto Cabrera, confirmó la medida sustitutiva a la prisión a favor de Aquino Leiva que había decidido el juez Ortega en el caso.
- 24.358 hectáreas fueron deforestadas en la Región Oriental en los últimos dos años. En lo que va de 2015, son 5.118 Ha., que corresponden a cinco de los diez departamentos en los que influye el Bosque Atlántico.
- 2.000 hectáreas tiene el Parque Nacional Ñacunday, ubicado en Alto Paraná. Todo el predio debe ser cuidado por tres a cuatro guardaparques que no tienen local propio y se turnan por día para los controles.
- 150 operativos realizó la Seam en los últimos años, en los cuales se comprobaron operaciones ilegales en zonas boscosas o protegidas. Ninguno de estos casos llegó a un juicio oral hasta ahora.
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Fecha de Publicación: 18/10/2015
Fuente: ABC Color
País/Región: Paraguay
Las 231.882 hectáreas deforestadas en la Región Oriental en los últimos diez años, superan en superficie a 24 parques y reservas nacionales juntos, de las 25 que están en la región, dentro del área que corresponde al Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP). En todo este tiempo no hubo un solo responsable que haya ido a parar a la cárcel, pese a que una ley prevé esta sanción.
En la zona del BAAP de la Región Oriental existen 25 parques y reservas nacionales, que totalizan 512.017 hectáreas, según informes de la Red Paraguaya de Conservación en Tierras Privadas y de la propia Secretaría del Ambiente (Seam).
El mapeo satelital de la WWF sobre deforestación señala que en los últimos 10 años se han aniquilado 231.882 hectáreas en los departamentos que hacen al BAAP, que equivale al 45% de todas las áreas protegidas. Sin embargo, la zona deforestada supera en superficie a 24 reservas y parques nacionales que forman los puntos protegidos de la región (ver infografía). Es decir, solo la Reserva de la Biosfera Mbaracayú, de 226.995 hectáreas, hace que la zona deforestada no supere en superficie al total de lo que se protege en esta región del país.
Un equipo de ABC Color recorrió la zona de influencia de la Reserva para Parque Nacional San Rafael (entre los departamentos de Itapúa y Caazapá), la Reserva Mbaracayú (Canindeyú) y el Parque Nacional Ñacunday (Alto Paraná) y comprobó el total estado de desprotección en el que se encuentran estas riquezas naturales.
La madera, la soja y el hambre
El Bosque Atlántico del Alto Paraná está asentado en una de las regiones consideradas más ricas en recursos naturales y la de mayor producción agrícola del país. Pero a la vez es la que tiene las zonas de más alto índice de pobreza, sobre todo en los departamentos de San Pedro y Canindeyú, en donde cordones de asentamientos campesinos empobrecidos crecen a la par de grandes extensiones agrícolas.
La principales amenazas para la preservación de estos recursos naturales son los traficantes de madera, los productores de soja y los narcos que buscan extender sus territorios para la marihuana. Todo esto ante la falta de control y también la impunidad para operar.
Las autoridades competentes están muy lejos de la zona. Por ejemplo, la Unidad fiscal especializada en medio ambiente y el Instituto Nacional Forestal (Infona) tienen sus oficinas a 120 kilómetros de la reserva San Rafael, en Encarnación.
Además, algunos casos concretos ayudan a pensar que existe complicidad estatal para permitir la destrucción de los bosques.
En 2013, la fiscalía de Encarnación elaboró, ante la constante denuncia de extracción de madera, un detallado informe sobre las nueve rutas utilizadas por los rollotraficantes para extraer madera aserrada y rollos de la Reserva San Rafael.
A pesar de tener los lugares y la geolocalización de los caminos, hasta hoy, dos años después de aquel informe, nadie reforzó los controles en los lugares denunciados por la fiscalía.
Nadie fue a la cárcel por deforestación en 10 años
Desde 2005 hasta hoy nadie fue enviado a la cárcel por deforestación en Paraguay a pesar de que la Ley de “Deforestación Cero”, promulgada hace diez años, impone sanciones carcelarias de 3 a 8 años o multas a los infractores. Así afirman en la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) del Congreso Nacional.
La impunidad con la que operan los depredadores de los bosques en la Región Oriental del país es absoluta. A pesar de que la deforestación llega a un promedio de 60 hectáreas por día desde 2005, que a estas alturas representa 231.000 hectáreas, ningún investigado por estos hechos fue remitido a la cárcel. Así lo aseguró Gustavo Florentín, asesor legal de la Conaderna, que preside el senador Nelson Aguinagalde (ANR).
Según Florentín, quien hace años trabaja en temas medioambientales, no existen registros sobre personas que hayan sido condenadas por deforestación, ya que desde hace tiempo vienen insistiendo justamente sobre este tema ante los estrados judiciales.
En la Ley de “Deforestación Cero” se menciona que los infractores deberán cumplir con sanciones previstas en la ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente”. El artículo 4 de esta normativa expresa que se sancionará con penas carcelarias (3 a 8 años) o multas a quienes “realicen tala, quema de bosques o formaciones vegetales que perjudicen gravemente el ecosistema” (inciso A).
De acuerdo con los datos de la organización WWF, desde que entró en vigencia esta ley para la Región Oriental, hasta lo que va de este año, deforestaron 231.000 hectáreas en esta zona del país.
Ni los choferes...
Como muestra de la impunidad, vale un botón. El lunes 13 de abril de este año, una comitiva fiscal intervino la carpintería “Urundey”, de Carlos Insaurralde, ubicada en Encarnación.
Los intervinientes llegaron hasta allí siguiendo a un camión de gran porte cargado de madera aserrada que salió el día anterior -domingo 12- de la Reserva San Rafael, desde donde extrajeron la madera en forma ilegal.
La fiscala a cargo del operativo, Raquel Bordón, ante las evidencias que encontró imputó a Insaurralde, dueño de la carpintería, y a Anacleto Aquino Leiva, ciudadano paraguayo que ya tiene antecedentes por delitos ambientales en los registros del Ministerio Público.
El día del operativo, Aquino Leiva se escapó. La fiscalía lo declaró en rebeldía y pidió su prisión preventiva.
El 5 de junio, Aquino Leiva se presentó ante el juez penal de Encarnación Máximo Martín Ortega para ser procesado. El magistrado decidió, ese mismo día, dejar sin efecto la orden de captura y detención de Aquino Leiva, además de pedir a la fiscalía que reinicie el proceso de investigación. Según se informó, el juez solo impuso medidas alternativas a la prisión a Aquino.
La fiscalía apeló esa decisión del juez, pero el 17 de julio, el tribunal de apelación penal, segunda sala, integrado por Alejandro Paseniuk, Zully Aca Velázquez y Fausto Cabrera, confirmó la medida sustitutiva a la prisión a favor de Aquino Leiva que había decidido el juez Ortega en el caso.
- 24.358 hectáreas fueron deforestadas en la Región Oriental en los últimos dos años. En lo que va de 2015, son 5.118 Ha., que corresponden a cinco de los diez departamentos en los que influye el Bosque Atlántico.
- 2.000 hectáreas tiene el Parque Nacional Ñacunday, ubicado en Alto Paraná. Todo el predio debe ser cuidado por tres a cuatro guardaparques que no tienen local propio y se turnan por día para los controles.
- 150 operativos realizó la Seam en los últimos años, en los cuales se comprobaron operaciones ilegales en zonas boscosas o protegidas. Ninguno de estos casos llegó a un juicio oral hasta ahora.
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