Le prohibieron protestar hasta por internet
9:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Activista apelará decisión judicial que le prohíbe protestar en internet contra emprendimiento inmobiliario
Fecha de Publicación: 12/10/2014
Fuente: Adital
País/Región: Brasil
Este caso es el primero registrado en Brasil, de censura a protesta en la red; para ARTIGO 19, interés público fue ignorado en la decisión
El activista e ingeniero agrónomo Ricardo Fraga está siendo blanco de una decisión inédita de la justicia brasilera. Habitante de Vila Mariana, zona sur de San Pablo, él es el principal articulador de la campaña "El otro lado del muro”, creada en 2011 para promover una reflexión sobre la ciudad y para cuestionar el impacto ambiental del emprendimiento inmobiliario Ibirapuera Boulevard. Según lo que se dice en la campaña, el proyecto, que consiste en la construcción de tres torres residenciales, de 27 pisos cada una, no cumpliría la legislación ambiental por estar siendo construidas sobre el río Boa Vista, hoy canalizado. A causa de la campaña, el Tribunal de Justicia de San Pablo, el último 19 de septiembre, le prohibió a Fraga manifestarse en internet en contra de la construcción del emprendimiento de la constructora Mofarrej.
En la sentencia, el juez Adilson Aparecido Rodrigues Cruz confirmó la decisión anterior de la 5ª Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de San Pablo, proferida el año pasado, de restringir la manifestación de Fraga en internet, y también alteró la distancia a la que el activista podrá realizar protestas en contra del emprendimiento, de una cuadra a un kilómetro. El magistrado argumentó que el derecho a la libre iniciativa de la constructora Mofarrej estaba siendo cercenado. "A pesar de las largas explicaciones defensivas, existe el básico, preliminar, intuitivo, respetuoso, certero y civilizado: el derecho termina donde comienza el de otro”, dice la sentencia.
Mofarrej pedía también daños morales y materiales, pero no fue aceptado. La multa para Fraga, en el caso que desobedezca cualquiera de las prohibiciones, es de 10 mil reales.
"Voy a apelar porque se trata de una cuestión de derechos humanos, de cercenamiento del derecho a la libre expresión. Establecí una relación estrecha con mi comunidad, a quien debo y quiero dar satisfacción con mi lucha, que no para después de haberme electo como su representante”, afirma el activista. Según él, todo el proceso que viene sufriendo equivale a una "tortura” por el hecho de estar siéndome impedido el manifestar. "Una decisión como ésta es una violencia en mi contra. Guardadas las debidas proporciones, soy un torturado de los tiempos modernos.”
Para Camila Marques, abogada del Centro de Referencia Legal, de la organización ARTÍGO 19, a Fraga jamás se le podría haber prohibido manifestarse sobre el emprendimiento. "Los patrones internacionales señalan que las restricciones sólo serán legítimas en caso que haya una clara necesidad social y deberá utilizarse la medida menos coercitiva. Claramente, no fue lo que ocurrió en la decisión que le prohibió a Ricardo Fraga el manifestarse”, afirma.
Camila dice también que el Poder Judicial no consideró que los derechos de propiedad y de libre iniciativa no estaban siendo parados o interrumpidos por la protesta de Fraga, de acuerdo con lo que alegaron los abogados de Mofarrej. "No se puede olvidar que el interés público inherente a la campaña ‘El otro lado del muro’, justificado por la posible consecuencia sobre el barrio y sus habitantes, fue completamente ignorado”, concluye.
El otro lado del muro
La campaña tuvo éxito y se hizo popular en el barrio gracias al carácter lúdico de las intervenciones para llamar la atención sobre los problemas referentes a la verticalización excesiva de la ciudad. En las acciones, las personas eran incentivadas a subir una escalera para ver, sobre un muro, el terreno donde estaba siendo realizada la obra. En seguida, eran invitadas a dibujar en un pequeño pizarrón el ideal de ciudad que imaginaran; los dibujos eran entonces expuestos en un "mural de deseos”.
Para divulgar las acciones en internet, se creo un perfil en facebook. Además, la campaña consiguió recoger más de 5 mil firmas en un petitorio. Como resultado de la movilización promovida por Fraga, los edictos de la obra de la Mofarrej llegaron a ser suspendidos dos veces, y el Ministerio Público abrió una investigación para averiguar posibles irregularidades.
La constructora decidió entonces accionar el Poder Judicial, solicitando que las manifestaciones de la campaña articulada por Fraga fuesen restringidas, además de pedir el pago de una indemnización por daños morales y materiales debido a la campaña.
Como resultado, la 34ª Jurisdicción Civil de San Pablo expidió una medida cautelar prohibiendo a Fraga mencionar a la Mofarrej en internet, y protestar en contra de la obra en un radio de un kilómetro. La página de la campaña creada en facebook fue autorizada a permanecer en el aire, pero todas los posteos sobre el emprendimiento y la constructora tuvieron que ser retirados.
En reacción por la decisión, se redactó un manifiesto para apoyar al activista, y obtuvo el apoyo de personalidades como el periodista Leonardo Sakamoto y la urbanista Raquel Rolnik, además de organizaciones de la sociedad civil como Intervozes, Global Voices y ARTiGO 19.
El 15 de mayo de 2013, la 5ª Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de San Pablo decidió mantener las prohibiciones, pero disminuyó la distancia de restricción de protesta de un kilómetro a una cuadra de la obra. Manifestantes, presentes en el juicio, protestaron contra la decisión, cubriéndose la boca con cintas negras en alusión al cercenamiento del derecho de libertad de expresión. La protesta tuvo repercusiones en diversos medios de la prensa.
Más de un año después, el último 19 de septiembre, el caso volvió a la 34ª Jurisdicción Civil, que con su sentencia, confirmó el veto de las protestas y determinó nuevamente el radio de un kilómetro dentro del cual Fraga no podrá protestar en contra de la obra.
.
Fecha de Publicación: 12/10/2014
Fuente: Adital
País/Región: Brasil
Este caso es el primero registrado en Brasil, de censura a protesta en la red; para ARTIGO 19, interés público fue ignorado en la decisión
El activista e ingeniero agrónomo Ricardo Fraga está siendo blanco de una decisión inédita de la justicia brasilera. Habitante de Vila Mariana, zona sur de San Pablo, él es el principal articulador de la campaña "El otro lado del muro”, creada en 2011 para promover una reflexión sobre la ciudad y para cuestionar el impacto ambiental del emprendimiento inmobiliario Ibirapuera Boulevard. Según lo que se dice en la campaña, el proyecto, que consiste en la construcción de tres torres residenciales, de 27 pisos cada una, no cumpliría la legislación ambiental por estar siendo construidas sobre el río Boa Vista, hoy canalizado. A causa de la campaña, el Tribunal de Justicia de San Pablo, el último 19 de septiembre, le prohibió a Fraga manifestarse en internet en contra de la construcción del emprendimiento de la constructora Mofarrej.
En la sentencia, el juez Adilson Aparecido Rodrigues Cruz confirmó la decisión anterior de la 5ª Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de San Pablo, proferida el año pasado, de restringir la manifestación de Fraga en internet, y también alteró la distancia a la que el activista podrá realizar protestas en contra del emprendimiento, de una cuadra a un kilómetro. El magistrado argumentó que el derecho a la libre iniciativa de la constructora Mofarrej estaba siendo cercenado. "A pesar de las largas explicaciones defensivas, existe el básico, preliminar, intuitivo, respetuoso, certero y civilizado: el derecho termina donde comienza el de otro”, dice la sentencia.
Mofarrej pedía también daños morales y materiales, pero no fue aceptado. La multa para Fraga, en el caso que desobedezca cualquiera de las prohibiciones, es de 10 mil reales.
"Voy a apelar porque se trata de una cuestión de derechos humanos, de cercenamiento del derecho a la libre expresión. Establecí una relación estrecha con mi comunidad, a quien debo y quiero dar satisfacción con mi lucha, que no para después de haberme electo como su representante”, afirma el activista. Según él, todo el proceso que viene sufriendo equivale a una "tortura” por el hecho de estar siéndome impedido el manifestar. "Una decisión como ésta es una violencia en mi contra. Guardadas las debidas proporciones, soy un torturado de los tiempos modernos.”
Para Camila Marques, abogada del Centro de Referencia Legal, de la organización ARTÍGO 19, a Fraga jamás se le podría haber prohibido manifestarse sobre el emprendimiento. "Los patrones internacionales señalan que las restricciones sólo serán legítimas en caso que haya una clara necesidad social y deberá utilizarse la medida menos coercitiva. Claramente, no fue lo que ocurrió en la decisión que le prohibió a Ricardo Fraga el manifestarse”, afirma.
Camila dice también que el Poder Judicial no consideró que los derechos de propiedad y de libre iniciativa no estaban siendo parados o interrumpidos por la protesta de Fraga, de acuerdo con lo que alegaron los abogados de Mofarrej. "No se puede olvidar que el interés público inherente a la campaña ‘El otro lado del muro’, justificado por la posible consecuencia sobre el barrio y sus habitantes, fue completamente ignorado”, concluye.
El otro lado del muro
La campaña tuvo éxito y se hizo popular en el barrio gracias al carácter lúdico de las intervenciones para llamar la atención sobre los problemas referentes a la verticalización excesiva de la ciudad. En las acciones, las personas eran incentivadas a subir una escalera para ver, sobre un muro, el terreno donde estaba siendo realizada la obra. En seguida, eran invitadas a dibujar en un pequeño pizarrón el ideal de ciudad que imaginaran; los dibujos eran entonces expuestos en un "mural de deseos”.
Para divulgar las acciones en internet, se creo un perfil en facebook. Además, la campaña consiguió recoger más de 5 mil firmas en un petitorio. Como resultado de la movilización promovida por Fraga, los edictos de la obra de la Mofarrej llegaron a ser suspendidos dos veces, y el Ministerio Público abrió una investigación para averiguar posibles irregularidades.
La constructora decidió entonces accionar el Poder Judicial, solicitando que las manifestaciones de la campaña articulada por Fraga fuesen restringidas, además de pedir el pago de una indemnización por daños morales y materiales debido a la campaña.
Como resultado, la 34ª Jurisdicción Civil de San Pablo expidió una medida cautelar prohibiendo a Fraga mencionar a la Mofarrej en internet, y protestar en contra de la obra en un radio de un kilómetro. La página de la campaña creada en facebook fue autorizada a permanecer en el aire, pero todas los posteos sobre el emprendimiento y la constructora tuvieron que ser retirados.
En reacción por la decisión, se redactó un manifiesto para apoyar al activista, y obtuvo el apoyo de personalidades como el periodista Leonardo Sakamoto y la urbanista Raquel Rolnik, además de organizaciones de la sociedad civil como Intervozes, Global Voices y ARTiGO 19.
El 15 de mayo de 2013, la 5ª Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de San Pablo decidió mantener las prohibiciones, pero disminuyó la distancia de restricción de protesta de un kilómetro a una cuadra de la obra. Manifestantes, presentes en el juicio, protestaron contra la decisión, cubriéndose la boca con cintas negras en alusión al cercenamiento del derecho de libertad de expresión. La protesta tuvo repercusiones en diversos medios de la prensa.
Más de un año después, el último 19 de septiembre, el caso volvió a la 34ª Jurisdicción Civil, que con su sentencia, confirmó el veto de las protestas y determinó nuevamente el radio de un kilómetro dentro del cual Fraga no podrá protestar en contra de la obra.
.
Etiquetas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios
0 comentarios: