Acceso a la información ambiental, acuerdo latinoamericano
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Acuerdo latinoamericano sobre derecho de acceso en temas ambientales
Fecha de Publicación: 10/03/2018
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Latinoamérica - Caribe
Latinoamérica y el Caribe acogieron ayer el primer instrumento regional para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos ambientales.
Durante la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrada en San José, 24 países de la región acordaron un instrumento vinculante.
La adopción del llamado “Acuerdo Escazú” constituye un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región y establece obligaciones de los países para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales.
"Este acuerdo es el único que existe en el mundo vinculante que tiene una disposición específica para la protección y la defensa de los defensores de los derechos humanos y esto lo hacemos en la memoria de todos lo que han trabajado para defender nuestro medio ambiente”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.
Derechos de acceso en temas ambientales
Además, añadió en su discurso que el acuerdo expresa un “compromiso del derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno”.
El instrumento realiza una contribución fundamental al reconocer el derecho de todas las personas a un ambiente sano y fortalece la voz y participación activa y amplia de la ciudadanía en la construcción de una democracia ambiental regional.
La iniciativa será firmada por los Estados el próximo 27 de septiembre de 2018, durante el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Nos ha costado mucho entender que la conservación y el ambiente no valen nada sin la gente (…) No podemos sacrificar a la gente en aras de la conservación y viceversa. No podemos tener comunidades llenas de agua pero sin trabajo o con trabajo pero sin recursos para la sobrevivencia”, expresó el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien encabezó el acto de clausura.
Instrumento regional
Este instrumento garantizará un estándar de calidad para los derechos de acceso en materia ambiental, así como una plataforma valiosa para el intercambio y la cooperación de los países de la región.
El acto oficial, que inició el pasado miércoles, también contó con la participación del ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, así como los ministros, viceministros y delegados de América Latina y el Caribe y representantes de la sociedad civil.
El proceso de negociación se inició en 2012 con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
En la Declaración, los estados se comprometieron a avanzar hacia la creación de un instrumento regional que promueva y facilite el acceso de la ciudadanía a información, participación y justicia y fortalezca las bases para una democracia ambiental.
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Fecha de Publicación: 10/03/2018
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Latinoamérica - Caribe
Latinoamérica y el Caribe acogieron ayer el primer instrumento regional para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos ambientales.
Durante la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrada en San José, 24 países de la región acordaron un instrumento vinculante.
La adopción del llamado “Acuerdo Escazú” constituye un hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región y establece obligaciones de los países para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como medidas para fortalecer la protección de defensores de derechos ambientales.
"Este acuerdo es el único que existe en el mundo vinculante que tiene una disposición específica para la protección y la defensa de los defensores de los derechos humanos y esto lo hacemos en la memoria de todos lo que han trabajado para defender nuestro medio ambiente”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.
Derechos de acceso en temas ambientales
Además, añadió en su discurso que el acuerdo expresa un “compromiso del derecho de las personas a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno”.
El instrumento realiza una contribución fundamental al reconocer el derecho de todas las personas a un ambiente sano y fortalece la voz y participación activa y amplia de la ciudadanía en la construcción de una democracia ambiental regional.
La iniciativa será firmada por los Estados el próximo 27 de septiembre de 2018, durante el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Nos ha costado mucho entender que la conservación y el ambiente no valen nada sin la gente (…) No podemos sacrificar a la gente en aras de la conservación y viceversa. No podemos tener comunidades llenas de agua pero sin trabajo o con trabajo pero sin recursos para la sobrevivencia”, expresó el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien encabezó el acto de clausura.
Instrumento regional
Este instrumento garantizará un estándar de calidad para los derechos de acceso en materia ambiental, así como una plataforma valiosa para el intercambio y la cooperación de los países de la región.
El acto oficial, que inició el pasado miércoles, también contó con la participación del ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, así como los ministros, viceministros y delegados de América Latina y el Caribe y representantes de la sociedad civil.
El proceso de negociación se inició en 2012 con la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
En la Declaración, los estados se comprometieron a avanzar hacia la creación de un instrumento regional que promueva y facilite el acceso de la ciudadanía a información, participación y justicia y fortalezca las bases para una democracia ambiental.
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