Brasil: Represas e indígenas, una relación inviable
9:43 | 
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Indígenas brasileños mal conviven con las aguas represadas
Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: IPS
País/Región: Brasil
La central hidroeléctrica de Itaparica ocupó territorio de los indígenas pankararu, pero mientras a otros los compensaron, a ellos solo les tocó perder sus tierras y el acceso al río São Francisco, se quejan líderes de ese pueblo del Nordeste de Brasil.
“Ya no comemos pescado como antes, pero el mayor daño fue la pérdida de la ‘cascada sagrada’, donde celebramos nuestros ritos religiosos”, se lamentó con IPS el cacique José Auto dos Santos.
Casi 200 kilómetros río abajo, la comunidad indígena xokó padece la mengua de aguas, contenidas arriba por grandes represas que suprimieron las crecidas estacionales y regulares del São Francisco, inviabilizando los arrozales de aluvión y reduciendo drásticamente la pesca.
Efectos similares se temen en el amazónico río Xingú, donde la construcción de la central de Belo Monte desviará parte de las aguas del tramo conocido como Vuelta Grande, lo que afectará a los pueblos juruna y arara.
Unos 2.500 kilómetros al sur, los avá-guaraníes asentados en las orillas del embalse de la represa de Itaipú, en la frontera con Paraguay, se dedicaron a la piscicultura para sostener su alto consumo tradicional de pescado, en una población creciente y con escasa tierra para cultivar.
En Brasil, en los años 70 y 80 emergió una generación de indígenas de aguas estancadas, cuando el país construyó numerosas centrales hidroeléctricas, algunas gigantescas como Itaipú, compartida con Paraguay, y Tucuruí, en la Amazonia oriental, ambas inauguradas en 1984.
En el São Francisco, cuyo mayor tramo cruza tierras semiáridas, se instalaron entonces cinco centrales, que alteraron su flujo fluvial.
Una de ellas, Sobradinho, requirió un embalse de 4.214 kilómetros cuadrados, uno de los mayores lagos artificiales del mundo, según su operadora estatal, la Compañía Hidroeléctrica del São Francisco, con otras 13 plantas en la región nordestina.
La apertura de Sobradinho, en 1982, acabó con la siembra de arroz en tierras inundables del territorio xokó, unos 630 kilómetros río abajo, dijeron a IPS sus pobladores.
El ciclo anual de crecidas prácticamente desapareció en el Bajo São Francisco desde 1986, cuando se creó en el estado de Pernambuco el embalse de Itaparica, de 828 kilómetros cuadrados, que regula el flujo secundando a Sobradinho.
Así se finalizó con el aluvión, que fertilizaba los arrozales y llenaba cíclicamente de peces las lagunas conectadas al río por un canal.
“Sin corriente, el río perdió fuerza, es un plato llano que se cruza a pie”, describió Lucimario Apolonio Lima, el cacique xokó con una juventud inusual entre líderes indígenas. Con 30 años, explicó a IPS que busca para su gente, poco más de 400 personas, un futuro sustentable.
Para lograrlo, estimula la apicultura y otras producciones alternativas, lucha por la revitalización del São Francisco y se opone al trasvase de sus aguas para combatir sequías al norte, un megaproyecto de Brasilia.
“Antes de hacerlo, hay que darle vida al río, los enfermos no donan sangre para transfusiones”, arguyó.
“Mis abuelos auguraban ya que las orillas del São Francisco morirían. Yo no, pero mis nietos lo verán”, profetizó a IPS el chamán Raimundo Xokó, de 78 años.
Para los pankararu, establecidos a cinco kilómetros del murallón que represa las aguas en Itaparica, en el estado de Pernambuco, las riberas fluviales son cosa del pasado. Sus líderes se sienten robados.
“No tenemos dónde pescar, la empresa nos tomó la tierra, desconociendo nuestro derecho legal hasta la orilla”, protestó ante IPS el chamán José João dos Santos, más conocido como Zé Branco.
El excacique Jurandir Freire, apodado Zé Indio, lucha por indemnizaciones millonarias, porque los indígenas fueron excluidos de las compensaciones por su tierra inundada, al contrario de los municipios, cuyas alcaldías reciben regalías, y los campesinos reasentados en las llamadas agrovillas con áreas irrigadas.
Zé Indio estuvo preso y perdió su cargo por encabezar, en 2001, una protesta que dañó líneas de transmisión eléctrica de la central, que pasan por montañas del territorio pankararu sin compensación alguna.
La tierra fértil, en un valle y laderas montañosas que favorecen una humedad que contrasta con la semiaridez circundante, es otra fuente de conflictos. Desde la demarcación de la Reserva Pankararú, en 1987, los indígenas presionan el gobierno por la retirada de los agricultores blancos que ocupan la mejor parte.
“Mi abuela nació allá y murió a los 91 años, hace ya cinco”, dijo Isabel da Silva para defender que su familia y otras vecinas pertenecen al territorio pankararu desde hace más de un siglo.
“Según la ley, tenemos que salir, pero hacerlo sería una injusticia”, dijo a IPS esta funcionaria del Polo Sindical de Trabajadores Rurales del Submedio São Francisco, que logró el reasentamiento de casi 6.000 familias campesinas afectadas por la central de Itaparica.
Hay 435 familias amenazadas de expulsión hace dos décadas, en una medida demorada por falta de tierra para reasentarlas, justifican las autoridades.
El pueblo pankararu vive en una reserva de 8.376 hectáreas y en 2003 contaba con 5.584 integrantes, según la estatal Fundación Nacional del Indígena (Funai), responsable de la protección de los pobladores originarios.
Pero otros miles emigraron a las ciudades, especialmente a São Paulo, donde mantienen su identidad y se reúnen en ritos religiosos y fiestas indígenas. Con tierra menos escasa, muchos regresarían, espera Zé Indio.
La escasez de tierra también atenaza a los ocoys, situados a las orillas del embalse de Itaipú. Son 160 familias, unas 700 personas, que sobreviven en apenas 250 hectáreas, la mayoría de bosques protegidos, vedada a la agricultura.
La piscicultura, impulsada por la empresa Itaipú Binacional, emergió como alternativa para completar su alimentación, ante la merma de la pesca tradicional y las limitaciones agrícolas.
Los indígenas se destacaron entre los 850 pescadores que se sumaron a la iniciativa, “quizás por su cultura, vinculada al agua”, destacó a IPS el director de Coordinación y Ambiente de la compañía, Nelton Friedrich.
Con 40 tanques red, la comunidad ocoy obtiene casi seis toneladas de pescado al año, según el vicecacique Silvino Vass.
Pero no es su mayor fuente alimentaria y pocos participan directamente en la actividad, según una investigación académica realizada en 2011 por Magali Stempniak Orsi.
Además, los indígenas dependen demasiado de la empresa, que les suministra los alevines y la alimentación para los peces, observó la investigadora, según la cual el proyecto debe promover una mayor participación comunitaria.
Los ocoys necesitan asistencia alimentaria para completar sus necesidades, al contrario de dos cercanas comunidades avá-guaraníes, que cuentan con más tierras donadas por Itaipú Binacional y más producción agrícola.
En cualquier caso, el apoyo de Itaipú a los indígenas locales resulta una excepción entre las centrales hidroeléctricas. Además de buscarles alternativas de desarrollo, cuida la sustentabilidad de toda su subcuenca, con el Programa Cultivando Agua Buena, un conjunto de 65 acciones ambientales, sociales y productivas.
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Fecha de Publicación: 22/01/2014
Fuente: IPS
País/Región: Brasil
La central hidroeléctrica de Itaparica ocupó territorio de los indígenas pankararu, pero mientras a otros los compensaron, a ellos solo les tocó perder sus tierras y el acceso al río São Francisco, se quejan líderes de ese pueblo del Nordeste de Brasil.
“Ya no comemos pescado como antes, pero el mayor daño fue la pérdida de la ‘cascada sagrada’, donde celebramos nuestros ritos religiosos”, se lamentó con IPS el cacique José Auto dos Santos.
Casi 200 kilómetros río abajo, la comunidad indígena xokó padece la mengua de aguas, contenidas arriba por grandes represas que suprimieron las crecidas estacionales y regulares del São Francisco, inviabilizando los arrozales de aluvión y reduciendo drásticamente la pesca.
Efectos similares se temen en el amazónico río Xingú, donde la construcción de la central de Belo Monte desviará parte de las aguas del tramo conocido como Vuelta Grande, lo que afectará a los pueblos juruna y arara.
Unos 2.500 kilómetros al sur, los avá-guaraníes asentados en las orillas del embalse de la represa de Itaipú, en la frontera con Paraguay, se dedicaron a la piscicultura para sostener su alto consumo tradicional de pescado, en una población creciente y con escasa tierra para cultivar.
En Brasil, en los años 70 y 80 emergió una generación de indígenas de aguas estancadas, cuando el país construyó numerosas centrales hidroeléctricas, algunas gigantescas como Itaipú, compartida con Paraguay, y Tucuruí, en la Amazonia oriental, ambas inauguradas en 1984.
En el São Francisco, cuyo mayor tramo cruza tierras semiáridas, se instalaron entonces cinco centrales, que alteraron su flujo fluvial.
Una de ellas, Sobradinho, requirió un embalse de 4.214 kilómetros cuadrados, uno de los mayores lagos artificiales del mundo, según su operadora estatal, la Compañía Hidroeléctrica del São Francisco, con otras 13 plantas en la región nordestina.
La apertura de Sobradinho, en 1982, acabó con la siembra de arroz en tierras inundables del territorio xokó, unos 630 kilómetros río abajo, dijeron a IPS sus pobladores.
El ciclo anual de crecidas prácticamente desapareció en el Bajo São Francisco desde 1986, cuando se creó en el estado de Pernambuco el embalse de Itaparica, de 828 kilómetros cuadrados, que regula el flujo secundando a Sobradinho.
Así se finalizó con el aluvión, que fertilizaba los arrozales y llenaba cíclicamente de peces las lagunas conectadas al río por un canal.
“Sin corriente, el río perdió fuerza, es un plato llano que se cruza a pie”, describió Lucimario Apolonio Lima, el cacique xokó con una juventud inusual entre líderes indígenas. Con 30 años, explicó a IPS que busca para su gente, poco más de 400 personas, un futuro sustentable.
Para lograrlo, estimula la apicultura y otras producciones alternativas, lucha por la revitalización del São Francisco y se opone al trasvase de sus aguas para combatir sequías al norte, un megaproyecto de Brasilia.
“Antes de hacerlo, hay que darle vida al río, los enfermos no donan sangre para transfusiones”, arguyó.
“Mis abuelos auguraban ya que las orillas del São Francisco morirían. Yo no, pero mis nietos lo verán”, profetizó a IPS el chamán Raimundo Xokó, de 78 años.
Para los pankararu, establecidos a cinco kilómetros del murallón que represa las aguas en Itaparica, en el estado de Pernambuco, las riberas fluviales son cosa del pasado. Sus líderes se sienten robados.
“No tenemos dónde pescar, la empresa nos tomó la tierra, desconociendo nuestro derecho legal hasta la orilla”, protestó ante IPS el chamán José João dos Santos, más conocido como Zé Branco.
El excacique Jurandir Freire, apodado Zé Indio, lucha por indemnizaciones millonarias, porque los indígenas fueron excluidos de las compensaciones por su tierra inundada, al contrario de los municipios, cuyas alcaldías reciben regalías, y los campesinos reasentados en las llamadas agrovillas con áreas irrigadas.
Zé Indio estuvo preso y perdió su cargo por encabezar, en 2001, una protesta que dañó líneas de transmisión eléctrica de la central, que pasan por montañas del territorio pankararu sin compensación alguna.
La tierra fértil, en un valle y laderas montañosas que favorecen una humedad que contrasta con la semiaridez circundante, es otra fuente de conflictos. Desde la demarcación de la Reserva Pankararú, en 1987, los indígenas presionan el gobierno por la retirada de los agricultores blancos que ocupan la mejor parte.
“Mi abuela nació allá y murió a los 91 años, hace ya cinco”, dijo Isabel da Silva para defender que su familia y otras vecinas pertenecen al territorio pankararu desde hace más de un siglo.
“Según la ley, tenemos que salir, pero hacerlo sería una injusticia”, dijo a IPS esta funcionaria del Polo Sindical de Trabajadores Rurales del Submedio São Francisco, que logró el reasentamiento de casi 6.000 familias campesinas afectadas por la central de Itaparica.
Hay 435 familias amenazadas de expulsión hace dos décadas, en una medida demorada por falta de tierra para reasentarlas, justifican las autoridades.
El pueblo pankararu vive en una reserva de 8.376 hectáreas y en 2003 contaba con 5.584 integrantes, según la estatal Fundación Nacional del Indígena (Funai), responsable de la protección de los pobladores originarios.
Pero otros miles emigraron a las ciudades, especialmente a São Paulo, donde mantienen su identidad y se reúnen en ritos religiosos y fiestas indígenas. Con tierra menos escasa, muchos regresarían, espera Zé Indio.
La escasez de tierra también atenaza a los ocoys, situados a las orillas del embalse de Itaipú. Son 160 familias, unas 700 personas, que sobreviven en apenas 250 hectáreas, la mayoría de bosques protegidos, vedada a la agricultura.
La piscicultura, impulsada por la empresa Itaipú Binacional, emergió como alternativa para completar su alimentación, ante la merma de la pesca tradicional y las limitaciones agrícolas.
Los indígenas se destacaron entre los 850 pescadores que se sumaron a la iniciativa, “quizás por su cultura, vinculada al agua”, destacó a IPS el director de Coordinación y Ambiente de la compañía, Nelton Friedrich.
Con 40 tanques red, la comunidad ocoy obtiene casi seis toneladas de pescado al año, según el vicecacique Silvino Vass.
Pero no es su mayor fuente alimentaria y pocos participan directamente en la actividad, según una investigación académica realizada en 2011 por Magali Stempniak Orsi.
Además, los indígenas dependen demasiado de la empresa, que les suministra los alevines y la alimentación para los peces, observó la investigadora, según la cual el proyecto debe promover una mayor participación comunitaria.
Los ocoys necesitan asistencia alimentaria para completar sus necesidades, al contrario de dos cercanas comunidades avá-guaraníes, que cuentan con más tierras donadas por Itaipú Binacional y más producción agrícola.
En cualquier caso, el apoyo de Itaipú a los indígenas locales resulta una excepción entre las centrales hidroeléctricas. Además de buscarles alternativas de desarrollo, cuida la sustentabilidad de toda su subcuenca, con el Programa Cultivando Agua Buena, un conjunto de 65 acciones ambientales, sociales y productivas.
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