Transgénicos y seguridad alimentaria
15:51 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Transgénicos y seguridad alimentaria
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: El Comercio Digital
País/Región: Unión Europea - Internacional
En un sector clave como la alimentación, los transgénicos se han convertido en un tema de debate constante a lo largo de las dos últimas décadas en los países desarrollados y, entre ellos, en España. Esta situación fue clave para que, en 2003, el Parlamento Europeo aprobase una legislación sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y su etiquetado que entró en vigor el 18 de abril de 2004, fecha desde la que se exige autorización administrativa previa de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) para su comercialización, quedando exentos los alimentos que tengan hasta un 0,5% de transgénicos de forma accidental e inevitable técnicamente y no hace falta indicarlo en el etiquetado a los que tengan menos del 0,9%. Todos los países de la Unión Europea tienen que aplicar este criterio a la hora de adoptar las medidas de control e inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de esta normativa comunitaria.
En España, la Ley 9/2003 de 25 de abril regula este aspecto y el Real Decreto 178/2004, de 20 de enero, adapta las directrices comunitarias anteriores sobre transgénicos (definidos jurídicamente con frecuencia como 'organismos modificados genéticamente' mediante técnicas de biología molecular). Estos productos transgénicos de origen agrícola, fundamentalmente variedades de soja, maíz, algodón, colza y alfalfa, se cultivan por millones de agricultores en más de cincuenta países, aunque son los Estados Unidos (con unos 55 millones de hectáreas, acapara más de la mitad de los transgénicos cultivados a escala mundial), Argentina, Brasil, Canadá e India los principales productores, habiéndose multiplicado por cien estas cosechas en los últimos veinte años hasta alcanzar en los últimos años un valor de 6-7 billones de dólares. En la Unión Europea, España es el principal productor de transgénicos desde 1998, con unas 100.000 hectáreas, especialmente de maíz, que acaparan aproximadamente el 60% de la producción española de transgénicos.
Los diversos estudios constatan como principal ventaja el incremento de producción agraria pese a la reducción en el uso de herbicidas y pesticidas y como inconvenientes los riesgos para la salud humana y animal, el impacto ecológico a largo plazo, al reducir la biodiversidad y el creciente control de estos nuevos productos por empresas multinacionales. Estos problemas tratan de paliarse con normativas que regulen el sector y se han ido modificando paralelamente a los cambios técnicos en la Unión Europea (directivas de 1990, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002 y 2003) y en España (1990, 1994, 1997, 1998, 2001 y 2003), siendo necesario señalar que distintas comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra) han elaborado una normativa propia como consecuencia de sus competencias en temas sanitarios y medioambientales.
La legislación regula el uso de productos modificados genéticamente, pero es indispensable un control a fondo para que no haya materiales modificados genéticamente, lo que es difícil en comercio directo de productor a consumidor y en no etiquetado y por desconocimiento de los compradores. Estos controles deben incrementarse para garantizar la salud y el bienestar de personas y animales, el medio ambiente, intereses de los consumidores, etcétera, y no sólo a la hora de conceder autorizaciones a los productores y comercializadores de transgénicos.
Los análisis y comprobaciones de los etiquetados son claves y deben analizarlos expertos mediante muestreos y no dejarlos en manos de consumidores que desconocen estos aspectos científicos.
C reemos acertada la legislación española que obliga a renovar periódicamente el plazo de vigencia de autorizaciones para comercializar transgénicos aunque se ve afectada por legislación de la Unión Europea que no permite prohibir, restringir e impedir la comercialización de transgénicos autorizados por otros países de la UE, salvo que claramente perjudiquen a la salud humana o al medio ambiente, en cuyo caso se debe informar del riesgo a los posibles consumidores.
En los últimos años, la presión de Estados Unidos, Canadá y Argentina a la Organización Mundial de Comercio ha obligado a la Unión Europea a reducir medidas proteccionistas en la importación de transgénicos y a realizar fuertes inversiones en investigación de sus posibles riesgos para el medio ambiente y la salud humana de una gama cada vez mayor de estos productos, controlados mayoritariamente por multinacionales. El debate permanecerá abierto a escala científica, económica, ecológica, sanitaria, jurídica, etcétera, en las próximas décadas y nuestro consumo de transgénicos (tanto convencionales como ecológicos) aumentará con casi total seguridad.
Fecha de Publicación: 06/09/2009
Fuente: El Comercio Digital
País/Región: Unión Europea - Internacional
En un sector clave como la alimentación, los transgénicos se han convertido en un tema de debate constante a lo largo de las dos últimas décadas en los países desarrollados y, entre ellos, en España. Esta situación fue clave para que, en 2003, el Parlamento Europeo aprobase una legislación sobre alimentos y piensos modificados genéticamente y su etiquetado que entró en vigor el 18 de abril de 2004, fecha desde la que se exige autorización administrativa previa de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) para su comercialización, quedando exentos los alimentos que tengan hasta un 0,5% de transgénicos de forma accidental e inevitable técnicamente y no hace falta indicarlo en el etiquetado a los que tengan menos del 0,9%. Todos los países de la Unión Europea tienen que aplicar este criterio a la hora de adoptar las medidas de control e inspección necesarias para garantizar el cumplimiento de esta normativa comunitaria.
En España, la Ley 9/2003 de 25 de abril regula este aspecto y el Real Decreto 178/2004, de 20 de enero, adapta las directrices comunitarias anteriores sobre transgénicos (definidos jurídicamente con frecuencia como 'organismos modificados genéticamente' mediante técnicas de biología molecular). Estos productos transgénicos de origen agrícola, fundamentalmente variedades de soja, maíz, algodón, colza y alfalfa, se cultivan por millones de agricultores en más de cincuenta países, aunque son los Estados Unidos (con unos 55 millones de hectáreas, acapara más de la mitad de los transgénicos cultivados a escala mundial), Argentina, Brasil, Canadá e India los principales productores, habiéndose multiplicado por cien estas cosechas en los últimos veinte años hasta alcanzar en los últimos años un valor de 6-7 billones de dólares. En la Unión Europea, España es el principal productor de transgénicos desde 1998, con unas 100.000 hectáreas, especialmente de maíz, que acaparan aproximadamente el 60% de la producción española de transgénicos.
Los diversos estudios constatan como principal ventaja el incremento de producción agraria pese a la reducción en el uso de herbicidas y pesticidas y como inconvenientes los riesgos para la salud humana y animal, el impacto ecológico a largo plazo, al reducir la biodiversidad y el creciente control de estos nuevos productos por empresas multinacionales. Estos problemas tratan de paliarse con normativas que regulen el sector y se han ido modificando paralelamente a los cambios técnicos en la Unión Europea (directivas de 1990, 1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002 y 2003) y en España (1990, 1994, 1997, 1998, 2001 y 2003), siendo necesario señalar que distintas comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Navarra) han elaborado una normativa propia como consecuencia de sus competencias en temas sanitarios y medioambientales.
La legislación regula el uso de productos modificados genéticamente, pero es indispensable un control a fondo para que no haya materiales modificados genéticamente, lo que es difícil en comercio directo de productor a consumidor y en no etiquetado y por desconocimiento de los compradores. Estos controles deben incrementarse para garantizar la salud y el bienestar de personas y animales, el medio ambiente, intereses de los consumidores, etcétera, y no sólo a la hora de conceder autorizaciones a los productores y comercializadores de transgénicos.
Los análisis y comprobaciones de los etiquetados son claves y deben analizarlos expertos mediante muestreos y no dejarlos en manos de consumidores que desconocen estos aspectos científicos.
C reemos acertada la legislación española que obliga a renovar periódicamente el plazo de vigencia de autorizaciones para comercializar transgénicos aunque se ve afectada por legislación de la Unión Europea que no permite prohibir, restringir e impedir la comercialización de transgénicos autorizados por otros países de la UE, salvo que claramente perjudiquen a la salud humana o al medio ambiente, en cuyo caso se debe informar del riesgo a los posibles consumidores.
En los últimos años, la presión de Estados Unidos, Canadá y Argentina a la Organización Mundial de Comercio ha obligado a la Unión Europea a reducir medidas proteccionistas en la importación de transgénicos y a realizar fuertes inversiones en investigación de sus posibles riesgos para el medio ambiente y la salud humana de una gama cada vez mayor de estos productos, controlados mayoritariamente por multinacionales. El debate permanecerá abierto a escala científica, económica, ecológica, sanitaria, jurídica, etcétera, en las próximas décadas y nuestro consumo de transgénicos (tanto convencionales como ecológicos) aumentará con casi total seguridad.
Etiquetas:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios
0 comentarios: