Áreas protegidas, están en la mira de la deforestación

Fecha de Publicación: 19/05/2021
Fuente: Eju!
País/Región: Bolivia


Tanto en Santa Cruz como en el resto del país, aumenta la presión de todo tipo, tanto de actividades extractivas como del narcotráfico, ante el silencio de las autoridades a cargo.
Hasta 2017, Bolivia era uno de los diez países más megadiversos del mundo y se encontraba entre los 15 países con mayor cantidad de bosques tropicales, según los datos recopilados en el Atlas Socioambiental, trabajado conjuntamente por varias instituciones internacionales y bolivianas.
En 2020, la organización mundial Global Forest Watch ubicó a Bolivia en el tercer lugar mundial en pérdida de bosques primarios o vírgenes. Justo el año que debió ser un hito en la lucha contra la deforestación, ya que muchas empresas, países y organizaciones internacionales se habían comprometido a reducir a la mitad o detener por completo la pérdida de bosques.
Más bien, en 2020 la pérdida de bosque primario en el mundo fue un 12% mayor que el año anterior, y fue el segundo año consecutivo en que la pérdida de bosque primario empeoró en los trópicos.
El reporte de Global Forest Watch indica que, a pesar de una leve caída en la pérdida de bosques primarios con respecto al año anterior, por los incendios forestales, Bolivia ascendió al número tres en la lista, superando a Indonesia por primera vez.
Los incendios forestales jugaron un papel importante. En particular, afectaron varias áreas protegidas, incluido el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, pocas veces envuelto en esta problemática.
Al igual que en Brasil (primero de la lista mundial), el informe establece que la mayoría de los incendios en Bolivia probablemente fueron provocados por personas para limpiar el suelo, pero se descontrolaron debido a las condiciones de sequía y al clima caluroso. La investigación también apunta a la actividad agropecuaria a gran escala como responsable de esta pérdida de la cobertura boscosa.
Alcides Vadillo, director para la región Oriente de la Fundación Tierra, ya había dicho en entrevista con EL DEBER que la pérdida de cobertura boscosa era conveniente porque agregaba un plus al precio de la tierra. Su organización estableció una relación entre los incendios forestales y la tenencia de la tierra.
Mientras que desde la instancia nacional se convocaba a un reencuentro con la Pachamama y se proyectaba una ley para la Defensoría de la Madre Tierra, se socializa una Ley de uso de suelos que centraliza las competencias en el tema, y sindicatos interculturales reclaman establecerse dentro de zonas de protección, frente al silencio de las instituciones encargadas del tema, como el INRA y la ABT, llegando a desmontar más de 60 hectáreas dentro del área protegida Bajo Paraguá, de reciente creación.
Paralelamente, reportes satelitales de ONG ambientalistas reportan el desmonte de grandes extensiones de bosque el año pasado, aproximadamente 5.000 hectáreas, y una parte de estas, 65 ha, dentro del Parque Noel Kempff Mercado, a la altura de la zona conocida como Marco Falso, que cobija a dos grandes propiedades, Laguna Redonda y Santa Rosa, cerca de la frontera con Brasil. De esa área fueron expulsados comunarios chiquitanos de La Esperancita, que tenían las tierras tituladas por el INRA, tuvieron que marcharse al lado brasileño, a la comunidad La Fortuna, abandonando su hogar a la fuerza, de acuerdo a denuncias de un dirigente de San Ignacio de Velasco, Pedro Marmañá.
Una revisión satelital de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) estableció que solo en el municipio de San Ignacio de Velasco se desmontaron 47 mil hectáreas, entre 2019 y 2020.

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