Desmontes a la mexicana
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Por desmontes agropecuarios se pierde 82% de la masa forestal
Fecha de Publicación: 22/04/2008
Fuente: El Sol de México
País/Región: México
La política de desarrollo rural de México sigue concentrando su apoyo económico, crediticio, tecnológico de infraestructura y técnico en la producción agrícola y pecuaria, responsable de que el 82 por ciento de la pérdida de masa forestal sea consecuencia de desmontes agropecuarios, y el restante 18 por ciento se debe a otros factores como incendios, huracanes, plagas y enfermedades.
De acuerdo con un amplio documento elaborado por Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, denominado "Deforestación en México y las políticas de desarrollo", nuestro país tiene una masa forestal total de 140 millones de hectáreas equivalente al 73 por ciento del territorio nacional, que comprende bosques, selvas, matorrales xerófilos y otras áreas arboladas, las cuales se encuentran en grave riesgo, ya que anualmente se deforesta el territorio nacional a una tasa del 0.4 por ciento, que representa 260 mil hectáreas, según cifras oficiales del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012.
Este es sin duda un importante capital natural que tiene México tanto por su extensión como por la riqueza de la biodiversidad y ecosistemas que alberga, sin embargo, la política de desarrollo rural sigue concentrando su apoyo económico, crediticio, tecnológico, de infraestructura y técnico en la producción agrícola y pecuaria.
Actualmente, la superficie dedicada a la producción ganadera en México es de 110 millones de hectáreas, que representa 57 por ciento del territorio nacional, y "las superficies dedicadas a la agricultura y los agostaderos inducidos aumentaron en cerca de 5 millones de hectáreas, lo que significa que la superficie agrícola creció 20 por ciento y la ganadera 35 por ciento. Por el contrario, la superficie forestal bajo manejo disminuyó en el periodo 2000-2004 de 8.6 millones de hectáreas a sólo 6.1 millones según estimaciones de la FAO, con base en información de la Semarnat".
En cuanto a extensión de bosques y selvas, nuestro país ocupaba el lugar número 14 entre un listado de 214 países que ofreció el estudio Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2000 de la FAO, y mientras la Secretaría de Agricultura y Ganadería en su Estrategia Programática 2008 se aplica en ocho programas, entre los cuales resaltan tres programas de subsidios por los montos otorgados: el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), Alianza para el Campo y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (Progan), éstos absorben más del 50 por ciento del presupuesto total de la dependencia, pese a que en un principio fueron planteados como programas temporales para impulsar al campo y la ganadería, se han convertido en parte fundamental de la política de desarrollo.
Procampo (creado en 1993) debería finalizar en el 2008, pero se ha extendido al 2012, y actualmente subsidia al 40 por ciento de los agricultores del país de cualquier tipo de cultivo, no sólo granos básicos u oleaginosas; mientras que el Progan (creado en 2003) que debería finalizar en 2007, se ha extendido por ocho años más y ha incrementado su presupuesto considerablemente.
La Secretaría de Agricultura duplica al presupuesto asignado a la Semarnat con 371 mil 549.3 millones de pesos frente a 190 mil 831.5 millones de pesos. La distribución presupuestaria es inequitativa si consideramos que los recursos de la Semarnat se distribuyen entre 17 programas de trabajo, 2 organismos descentralizados, que son la Conafor y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y 4 organismos desconcentrados como son la Profepa, la Conabio, la Conanp , Conagua y el INE; mientras que la Sagarpa divide sus recursos entre 8 programas dirigidos principalmente al campo y a la ganadería, y alrededor de 5 institutos de investigación.
A la fecha, estos programas continúan como de subsidio, sin que ello se traduzca necesariamente en el desarrollo de una industria agrícola y ganadera. El campo sigue padeciendo pobreza y careciendo de infraestructura y tecnología apropiada, mientras que la ganadería sigue expandiéndose sin control, en detrimento de los bosques y selvas. Como se puede observar, del 2000 al 2008 el presupuesto de la Conafor se ha incrementado considerablemente pasando de 265 a 5,549 millones de pesos, sin embargo, es preciso señalar que desde entonces los montos más altos se destinan a los programas de reforestación y plantaciones comerciales y muy poco a fortalecer las capacidades locales para el manejo y aprovechamiento de bosques nativos. Asimismo, se observa que su incremento anual aún sigue siendo muy inferior respecto a los programas agropecuarios.
El Procampo que tenía 14 mil 857 millones de pesos en 2007 pasó a 16 mil 678 millones de pesos en el 2008; la Alianza para el Campo pasó de 5 mil 381 millones de pesos a 12 mil 942 millones de pesos en 2008 -el incremento más alto-, mientras que el Progan tuvo una ligera reducción, pasando de 4 mil 946 millones de pesos a 4 mil 200 millones de pesos.
La información disponible evidencia que, pese a múltiples estudios que señalan la urgencia de inyectar más recursos a los bosques y a las comunidades que ahí habitan, la estrategia de desarrollo nacional continúa apostando por una política agropecuaria, aun cuando su participación en el PIB es mínima (6 por ciento).
Para hacer frente al avance de la frontera agrícola y ganadera sobre terrenos forestales se requiere invertir en el sector forestal y aplicar los recursos financieros en programas eficientes, más enfocados al aprovechamiento sostenible del bosque natural y a la restauración de suelos, a través de esquemas donde los propietarios de los recursos participen activamente. Además, se requiere apoyar al sector con investigación, créditos, infraestructura de caminos y desarrollo comercial e industrial.
Si el país quiere mantener sus bosques es indispensable generar las condiciones para que el dueño de la tierra encuentre más atractivo el mantenerse como silvicultor que como agricultor, destaca el documento en el que advierte que la situación de desmonte y deforestación ha sido un proceso continuo, lo que ha dado como resultado que México se sitúe entre los países que más deforesta en todo el mundo.
Y es que en las regiones forestales de México se conjugan una amplia gama de factores económicos, políticos y sociales que provocan y estimulan la deforestación, y que en conjunto empujan a que los dueños de los bosques tomen la decisión de eliminar la cubierta forestal para abrir camino a actividades productivas más conocidas que las forestales, como la producción agropecuaria o frutícola.
Al respecto, en los resultados preeliminares del IX Censo Ejidal, el INEGI señala que "de los 31 mil 518 ejidos y comunidades agrarias existentes en 2007, el 92 por ciento desarrolla actividades agrícolas; en el 81.5 por ciento se llevan a cabo actividades de cría y explotación de animales; el 9.5 realiza actividad forestal, en tanto que el 21.3 por ciento de los ejidos reportó actividades de recolección de productos silvestres", con la aclaración de que algunas actividades se desarrollan simultáneamente por los ejidos.
Desmonte agropecuario 82 por ciento, tala ilegal 8 por ciento, incendios forestales 3 por ciento, plaga-enfermedad 3 por ciento, cambios autorizados 2 por ciento, otros 2 por ciento.
Ante tales cifras, en el documento se plantean varias preguntas entre las que plantea ¿por qué otros países como Canadá o Finlandia si han logrado impulsar el manejo sostenible de sus bosques naturales, y hacer del forestal un sector fuerte dentro de la economía nacional?
Parte de la respuesta radica en las políticas de desarrollo rural implementadas en nuestro país, principalmente desde la década de los años veinte, cuando después de la Revolución mexicana los programas de apoyo se focalizaron en las actividades agrícolas y ganaderas, favoreciendo con ello el desmonte, la tala de amplias zonas boscosas y la creación de pastizales en terrenos que antes eran selvas.
El caso más drástico sin duda es Tabasco, estado que entre 1940 y 1980 perdió prácticamente toda la superficie de sus selvas. Pero después de Tabasco también están otros estados que han perdido un alto porcentaje de su capital natural como son Veracruz, Campeche, Chiapas y Tamaulipas.
En las décadas pasadas, los programas de estímulo a la producción forestal sustentable en realidad fueron muy pequeños, debido a que toda la atención se dirigió a la agricultura y a la ganadería, sin embargo, desde principios de la década de los noventa ya se vislumbraban algunos programas pequeños dirigidos a la conservación y restauración de bosques y selvas, que de alguna forma llamaron la atención hacia este sector casi olvidado por la política de desarrollo nacional.
Desde la creación de la Conafor y con la modificación del marco jurídico plasmado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003), los bosques y selvas han ido adquiriendo mayor importancia dentro del presupuesto de egresos, y con ello, la diversificación de programas dirigidos a su aprovechamiento, restauración y conservación.
Fecha de Publicación: 22/04/2008
Fuente: El Sol de México
País/Región: México
La política de desarrollo rural de México sigue concentrando su apoyo económico, crediticio, tecnológico de infraestructura y técnico en la producción agrícola y pecuaria, responsable de que el 82 por ciento de la pérdida de masa forestal sea consecuencia de desmontes agropecuarios, y el restante 18 por ciento se debe a otros factores como incendios, huracanes, plagas y enfermedades.
De acuerdo con un amplio documento elaborado por Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, denominado "Deforestación en México y las políticas de desarrollo", nuestro país tiene una masa forestal total de 140 millones de hectáreas equivalente al 73 por ciento del territorio nacional, que comprende bosques, selvas, matorrales xerófilos y otras áreas arboladas, las cuales se encuentran en grave riesgo, ya que anualmente se deforesta el territorio nacional a una tasa del 0.4 por ciento, que representa 260 mil hectáreas, según cifras oficiales del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012.
Este es sin duda un importante capital natural que tiene México tanto por su extensión como por la riqueza de la biodiversidad y ecosistemas que alberga, sin embargo, la política de desarrollo rural sigue concentrando su apoyo económico, crediticio, tecnológico, de infraestructura y técnico en la producción agrícola y pecuaria.
Actualmente, la superficie dedicada a la producción ganadera en México es de 110 millones de hectáreas, que representa 57 por ciento del territorio nacional, y "las superficies dedicadas a la agricultura y los agostaderos inducidos aumentaron en cerca de 5 millones de hectáreas, lo que significa que la superficie agrícola creció 20 por ciento y la ganadera 35 por ciento. Por el contrario, la superficie forestal bajo manejo disminuyó en el periodo 2000-2004 de 8.6 millones de hectáreas a sólo 6.1 millones según estimaciones de la FAO, con base en información de la Semarnat".
En cuanto a extensión de bosques y selvas, nuestro país ocupaba el lugar número 14 entre un listado de 214 países que ofreció el estudio Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2000 de la FAO, y mientras la Secretaría de Agricultura y Ganadería en su Estrategia Programática 2008 se aplica en ocho programas, entre los cuales resaltan tres programas de subsidios por los montos otorgados: el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), Alianza para el Campo y el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (Progan), éstos absorben más del 50 por ciento del presupuesto total de la dependencia, pese a que en un principio fueron planteados como programas temporales para impulsar al campo y la ganadería, se han convertido en parte fundamental de la política de desarrollo.
Procampo (creado en 1993) debería finalizar en el 2008, pero se ha extendido al 2012, y actualmente subsidia al 40 por ciento de los agricultores del país de cualquier tipo de cultivo, no sólo granos básicos u oleaginosas; mientras que el Progan (creado en 2003) que debería finalizar en 2007, se ha extendido por ocho años más y ha incrementado su presupuesto considerablemente.
La Secretaría de Agricultura duplica al presupuesto asignado a la Semarnat con 371 mil 549.3 millones de pesos frente a 190 mil 831.5 millones de pesos. La distribución presupuestaria es inequitativa si consideramos que los recursos de la Semarnat se distribuyen entre 17 programas de trabajo, 2 organismos descentralizados, que son la Conafor y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y 4 organismos desconcentrados como son la Profepa, la Conabio, la Conanp , Conagua y el INE; mientras que la Sagarpa divide sus recursos entre 8 programas dirigidos principalmente al campo y a la ganadería, y alrededor de 5 institutos de investigación.
A la fecha, estos programas continúan como de subsidio, sin que ello se traduzca necesariamente en el desarrollo de una industria agrícola y ganadera. El campo sigue padeciendo pobreza y careciendo de infraestructura y tecnología apropiada, mientras que la ganadería sigue expandiéndose sin control, en detrimento de los bosques y selvas. Como se puede observar, del 2000 al 2008 el presupuesto de la Conafor se ha incrementado considerablemente pasando de 265 a 5,549 millones de pesos, sin embargo, es preciso señalar que desde entonces los montos más altos se destinan a los programas de reforestación y plantaciones comerciales y muy poco a fortalecer las capacidades locales para el manejo y aprovechamiento de bosques nativos. Asimismo, se observa que su incremento anual aún sigue siendo muy inferior respecto a los programas agropecuarios.
El Procampo que tenía 14 mil 857 millones de pesos en 2007 pasó a 16 mil 678 millones de pesos en el 2008; la Alianza para el Campo pasó de 5 mil 381 millones de pesos a 12 mil 942 millones de pesos en 2008 -el incremento más alto-, mientras que el Progan tuvo una ligera reducción, pasando de 4 mil 946 millones de pesos a 4 mil 200 millones de pesos.
La información disponible evidencia que, pese a múltiples estudios que señalan la urgencia de inyectar más recursos a los bosques y a las comunidades que ahí habitan, la estrategia de desarrollo nacional continúa apostando por una política agropecuaria, aun cuando su participación en el PIB es mínima (6 por ciento).
Para hacer frente al avance de la frontera agrícola y ganadera sobre terrenos forestales se requiere invertir en el sector forestal y aplicar los recursos financieros en programas eficientes, más enfocados al aprovechamiento sostenible del bosque natural y a la restauración de suelos, a través de esquemas donde los propietarios de los recursos participen activamente. Además, se requiere apoyar al sector con investigación, créditos, infraestructura de caminos y desarrollo comercial e industrial.
Si el país quiere mantener sus bosques es indispensable generar las condiciones para que el dueño de la tierra encuentre más atractivo el mantenerse como silvicultor que como agricultor, destaca el documento en el que advierte que la situación de desmonte y deforestación ha sido un proceso continuo, lo que ha dado como resultado que México se sitúe entre los países que más deforesta en todo el mundo.
Y es que en las regiones forestales de México se conjugan una amplia gama de factores económicos, políticos y sociales que provocan y estimulan la deforestación, y que en conjunto empujan a que los dueños de los bosques tomen la decisión de eliminar la cubierta forestal para abrir camino a actividades productivas más conocidas que las forestales, como la producción agropecuaria o frutícola.
Al respecto, en los resultados preeliminares del IX Censo Ejidal, el INEGI señala que "de los 31 mil 518 ejidos y comunidades agrarias existentes en 2007, el 92 por ciento desarrolla actividades agrícolas; en el 81.5 por ciento se llevan a cabo actividades de cría y explotación de animales; el 9.5 realiza actividad forestal, en tanto que el 21.3 por ciento de los ejidos reportó actividades de recolección de productos silvestres", con la aclaración de que algunas actividades se desarrollan simultáneamente por los ejidos.
Desmonte agropecuario 82 por ciento, tala ilegal 8 por ciento, incendios forestales 3 por ciento, plaga-enfermedad 3 por ciento, cambios autorizados 2 por ciento, otros 2 por ciento.
Ante tales cifras, en el documento se plantean varias preguntas entre las que plantea ¿por qué otros países como Canadá o Finlandia si han logrado impulsar el manejo sostenible de sus bosques naturales, y hacer del forestal un sector fuerte dentro de la economía nacional?
Parte de la respuesta radica en las políticas de desarrollo rural implementadas en nuestro país, principalmente desde la década de los años veinte, cuando después de la Revolución mexicana los programas de apoyo se focalizaron en las actividades agrícolas y ganaderas, favoreciendo con ello el desmonte, la tala de amplias zonas boscosas y la creación de pastizales en terrenos que antes eran selvas.
El caso más drástico sin duda es Tabasco, estado que entre 1940 y 1980 perdió prácticamente toda la superficie de sus selvas. Pero después de Tabasco también están otros estados que han perdido un alto porcentaje de su capital natural como son Veracruz, Campeche, Chiapas y Tamaulipas.
En las décadas pasadas, los programas de estímulo a la producción forestal sustentable en realidad fueron muy pequeños, debido a que toda la atención se dirigió a la agricultura y a la ganadería, sin embargo, desde principios de la década de los noventa ya se vislumbraban algunos programas pequeños dirigidos a la conservación y restauración de bosques y selvas, que de alguna forma llamaron la atención hacia este sector casi olvidado por la política de desarrollo nacional.
Desde la creación de la Conafor y con la modificación del marco jurídico plasmado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003), los bosques y selvas han ido adquiriendo mayor importancia dentro del presupuesto de egresos, y con ello, la diversificación de programas dirigidos a su aprovechamiento, restauración y conservación.
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