La agroindustria arrasa los bosques bolivianos



Con 200% de deforestación, Bolivia cambia bosques por la agroindustria

Fecha de Publicación
: 03/10/2019
Fuente: Página Siete
País/Región: Bolivia


Según registros de la ABT, entre 1998 y 2018 se ha desmontado 1.518.669 hectáreas de forma legal.
Con un incremento del  200% de deforestación desde 2015, el país experimenta un vertiginoso viraje de régimen forestal a régimen agrario. La mitad de la deforestación se hace de manera ilegal. Santa Cruz es el departamento que pierde más bosque.
Después del incendio forestal  registrado en la Chiquitania, la conmoción social por el desastre y la aniquilación ambiental es tema de cada día. Sin embargo, el fuego no es el principal problema ambiental que sufre el territorio. Es apenas un síntoma de un problema mayor que viene registrándose en la última década: la acelerada pérdida de bosques.
“Toda esta destrucción que hoy vemos es resultado de una política nacional que para implementar ganadería y agricultura intensiva no le queda otra opción que arrasar con los bosques bolivianos”, manifestó el  investigador del Cedib  Pablo Villegas.
El incendio en la Chiquitania está latente desde  las últimas dos semanas de julio. Según la Gobernación de Santa Cruz,  más de  tres millones de hectáreas se quemaron. De este número,  el 70% pertenecía al bosque.
La relación no es casual, sino causal. La pérdida forestal implica la pérdida de la posibilidad de regular el clima en el lugar, se traduce en sequías más duras, que a su vez hacen que el bosque seco sea material combustible para incendios forestales.
El año 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal, determinó que en Bolivia existen nueve tipos de bosque: amazónico, chiquitano, seco interandino, tucumano boliviano, chaqueño, de llanuras inundables, pantanal, yungas y andino.
De éstos, la mayor superficie boscosa corresponde a los de tipo amazónico  con un 37,8% de los bosques bolivianos, chaqueño con 17,6% y de tipo chiquitano con el 16,8%. 
El 80% del total de bosques en el país se encuentra en Pando, Beni y Santa Cruz. El restante 20% en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en los valles interandinos y en menor grado, en el altiplano.
Según registros de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), entre 1998 y 2018  se ha desmontado 1.518.669 hectáreas de forma legal, evidenciándose un ascenso brusco desde el año 2013. Desde el año 2015  es posible hablar de un incremento del 200% de la deforestación.
El año pasado, Bolivia reportó más de 259 mil hectáreas deforestadas con autorización de la ABT. La cifra de los desmontes sin autorización  es incierta. No obstante, se estima que es de al menos un 40% adicional a la cifra oficial.
Según datos -aún más drásticos- proporcionados por Probioma, Bolivia pierde 300 mil hectáreas por año y entre el 2001 y el 2017, el país deforestó 4,5 millones de hectáreas. Posicionándose, con esta cifra, es el quinto país más depredador del continente, luego de Brasil, Estados Unidos, Argentina y Paraguay.
El año 2015, una investigación publicada por la Revista Nature  posicionó a Bolivia como uno de los países del mundo con más árboles por persona, 5.465 árboles per cápita. Sin embargo, el actual modelo de desarrollo pareciese estar enfocado en reducir esa riqueza.
Según el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Bolivia tiene una tasa de deforestación per cápita de 310 metros cuadrados anuales. Esa  cifra es muy superior a  la del promedio mundial, que es de nueve metros cuadrados anuales por persona. 
Según el mismo informe, las emisiones de carbono producto de esta deforestación -cerca de 14 toneladas de CO2 por persona al año- equivalen al consumo de combustible de por lo menos cuatro vehículos por persona por año en Bolivia. 
La realidad boliviana es que  a pesar de nuestros árboles  somos un gran contribuidor al calentamiento global.

Los árboles se pagan con agua
Los expertos coinciden en que la pérdida de bosques no significa sólo disminución de árboles sino una afectación sustancial a la biodiversidad. Esto,  a su vez, amenaza con la pérdida de la capacidad de producción alimentaria en el país.
“Parece básico decirlo pero es necesario. El agua no viene del cielo, sino de la tierra. Hay todo un ciclo hídrico que de alterarse se pone en vilo el equilibrio del hábitat. Ya hay alteración en los niveles de humedad en la zona chiquitana que se traducen en sequías extremas y condiciones favorables a la ocurrencia de incendios”, advierte Vadillo.
En la misma línea, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) reportó que entre los meses de enero hasta julio de este año  hay un déficit hídrico extremo por una disminución de la precipitación de hasta -62% en comparación con la precipitación acumulada entre 1981-2018.
La disminución de humedad, es decir, de la capacidad de lluvia, amenaza la pervivencia de fauna y flora de la zona.

Agroextractivismo y deforestación
Según la Fundación Tierra, la degradación de los bosques y la deforestación se han incrementado debido principalmente a la expansión agresiva de la frontera agrícola y pecuaria, y a la colonización de nuevos asentamientos en tierras de vocación forestal.
“Desde el año 2013 hemos evidenciado una tasa muy elevada de desmonte que va en ascenso. Esto tiene relación con la Ley 337, conocida como el “perdonazo” de los desmontes ilegales, que sacó el gobierno de Morales”, explica Alcides Vadillo, investigador de la Fundación Tierra. Se  refiere a la medida legal que “perdonó” las 1.582.807 hectáreas deforestadas sin autorización.
Vadillo agrega que  “adicional a ello, el  2015 se amplió la cantidad de hectáreas que se autorizan para desmonte de cinco a 20  sin mayores trámites (Ley 741). Entonces, lo que vemos hoy  no es otra cosa que el resultado de todas esas políticas públicas”.
El “paquetazo” de políticas públicas identificadas como favorecedoras del extractivismo a costa de los bosques -según Probioma- son   Ley 337 (2013) de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques; la  Ley 741 (2015) que  autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades destinadas a actividad agrícola y ganadera; la  Ley 1098 (2017) de agrocombustible etanol y biodiésel; y  la Ley 1171 (2019) que autoriza quemas para actividades agropecuarias.
A estas se suman   el  Decreto Supremo 3973 (2019) que  autoriza el desmonte en Santa Cruz y Beni para actividades agropecuarias; el Decreto Supremo 26075   modificado el 2019 para la  ampliación de fronteras de producción del sector ganadero y agroindustrial sobre áreas de bosque.
Pablo Villegas, investigador del Cedib, afirma que “toda esta destrucción que hoy vemos es resultado de una política nacional que para implementar ganadería y agricultura intensiva no le queda otra opción que arrasar con los bosques bolivianos”.
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