El conflicto de Conga por la minería sigue vivo



Caso Conga: comunidad amenazada por minera pide protección

Fecha de Publicación
: 19/05/2014
Fuente: Adital
País/Región: Perú


En situación de riesgo por la lucha por sus derechos territoriales y viendo que su cultura ancestral es amenazada por las actividades de la empresa minera Yanacocha, campesinos e indígenas de las regiones de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, Perú, piden la protección de las autoridades. Necesitan garantizar la vida de los líderes sociales y ambientalistas ante el enfrentamiento con los intereses del gran empresariado, que ya dura tres años.
Un grupo compuesto por organizaciones sociales llegó a buscar apoyo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante una medida cautelar que dejara sin efecto legal las licencias y derechos otorgados a la empresa, que ejecuta el megaproyecto minero Conga. La CIDH, sin embargo, rechazó el pedido, alegando que el recurso no es de su competencia, y señaló que el gobierno peruano se encargue de garantizar la protección de la vida y la integridad de los habitantes de la zona.
La Comisiónentiende que este grupo está en un estado de gravedad y urgencia y sufre sucesivas violaciones a sus derechos colectivos. Atendiendo a la CIDH, el gobierno peruano se comprometió a intervenir en el caso, pero dice que considera que una parte significativa de los dirigentes locales obedece a intereses políticos.
Autoridades y comunidades de la zona ofrecen una fuerte resistencia por creer que el proyecto Conga es perjudicial para el ecosistema, sobre todo en relación con las fuentes hídricas de la región. Con planes de explotar oro y cobre en Cajamarca, noroeste del país, el proyecto está presupuestado en US$ 4,8 mil millones y es ejecutado por la empresa estadounidense Newmont Mining Corp. Su ejecución recibió apoyo del gobierno nacional a pesar de la oposición de la población.
La obra pretende trasvasar la laguna El Perol para construir reservorios artificiales y favorecer el proyecto. Ante la oposición, la empresa asegura que la obra seguirá su camino sólo si puede ser ejecutada de "manera segura, social y ambientalmente responsable, con ganancias aceptables que justifiquen futuras inversiones”.
Las confrontaciones entre las fuerzas públicas y los habitantes durante las protestas se extienden desde hace años, y ya han llevado a la muerte y a la prisión a varios involucrados. Desde 2011, el caso se ha caracterizado por la represión a las protestas pacíficas y la criminalización de los movimientos y luchas populares resistentes a la instalación de la minera, la militarización de regiones y el estado de emergencia para la garantía de los intereses de los inversores. Organizaciones de derechos humanos, principalmente peruanas y andinas, han reunido sus fuerzas para pedir apoyo nacional e internacional a fin de contener la situación de violencia y promover el diálogo sobre el tema.
Desde 2010, mineros peruanos llevan adelante un enfrentamiento contra el proyecto Conga. A comienzos de 2011, existían más de 21 millones de hectáreas bajo concesión minera, lo que representa el 16,73% del país. Cajamarca es el cuarto departamento del país con mayores concesiones territoriales, donde se otorgaron 2.732 licencias para la explotación y sondeo minero. En los últimos años, los proyectos mineros a cargo de transnacionales provocaron conflictos socioambientales en cinco departamentos de Perú.
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