Crisis climática: la soluciones siguen en torno a la financiación

 


 La COP28 retomará la polarizada negociación sobre el fondo de pérdidas y daños

Fecha de Publicación
: 27/11/2023
Fuente: Agencia EFE
País/Región: Internacional


Quién debe pagar la factura del cambio climático que ahora asumen los países más vulnerables, mediante qué mecanismo y bajo qué condiciones son algunas de las cuestiones que se prevé vuelvan a tensar el ambiente ya polarizado en el que se desarrollará la COP28.
Desde el jueves 30, cerca de 200 países retomarán en Dubái las discusiones sobre cómo evitar que el aumento de la temperatura global de manera supere en 2100 el 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales, sobre cómo prepararse para lo que ya es inevitable y sobre cómo asumir los costes que ya está ocasionando el cambio climático.
En esas negociaciones, que continúan después de tres décadas, uno de los puntos más importantes para los países considerados en desarrollo, y en especial para los particularmente vulnerables a la crisis climática -como los pequeños estados insulares- es el asunto de Pérdidas y daños, el capítulo octavo del Acuerdo de París.
El año pasado, en la COP27 de Sharm el Sheij, esos países celebraron una victoria histórica tras dos semanas intensas de negociación en las que parecía que la cumbre se iba a cerrar sin ningún tipo de acuerdo, tal y como advirtió el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.
Pero, a última hora, los estados decidieron crear un fondo para costear los daños que comporta la crisis climática; si bien no lograron ponerse de acuerdo –y esto fue lo que creó mayores fricciones entre bloques– respecto a quién debía contribuir y quién debía beneficiarse de dicho fondo, uno de los asuntos que aún quedan por resolver.
La Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, rechazan que se determine quiénes son los países “desarrollados”, enriquecidos gracias a ese modelo de combustibles fósiles que ha llevado al mundo a sobrecalentarse y que deben contribuir al fondo, en base a una clasificación de hace treinta años.
Esta división del mundo que se usa como referencia en las conversaciones climáticas (el Anexo I), los estados anexados serían las economías más enriquecidas y los no anexados son los países considerados en desarrollo, entre los que se incluyen, también, a China, a India, o a Brasil.
La UE y EE.UU. arguyen que el mundo no es el que era a principios de los noventa, y no conciben que China, ahora una gran potencia económica, pueda recibir dinero de este fondo de pérdidas y daños, al cual -sostienen- debería contribuir.
En la COP28 está previsto que persista este debate que refleja la polarización del mundo, y desde la sociedad civil y los países en desarrollo, que ya están pagando los costes humanos y económicos de la crisis climática, piden que los estados den “pasos concretos” hacia la rápida puesta en marcha del mecanismo.
Por ahora, se trata de un fondo vacío, si bien se espera que a lo largo de la cumbre se sucedan diferentes compromisos -por ahora, voluntarios- de aportar dinero, como ya ha anunciado la UE y algunos Estados miembro como Dinamarca.

Un fondo independiente
Otra batalla que lucharán desde el Sur Global tiene que ver con la independencia del fondo: entre sus demandas, los países en desarrollo pedían que estuviera diferenciado de otros mecanismos existentes (como el Fondo Verde del Clima o el Fondo de Adaptación), que no supusiera un desvío de financiación sino que generara financiación adicional.
El Comité de Transición (CT) creado tras la COP27 de Sharm el Sheij se ha reunido a lo largo de todo el año para precisar esos detalles y formular una propuesta en este sentido, pero no ha sido hasta la última reunión, que tuvo lugar a principios de noviembre en Abu Dabi, que ha podido elaborar una propuesta.
Sugirió que el fondo de pérdidas y daños se aloje de manera provisional en el Banco Mundial –al menos, durante los próximos cuatro años-, donde también podrá quedarse de manera definitiva.
La COP28 deberá aprobar esta decisión, que no fue bien recibida por los grupos de la sociedad civil, ni tampoco por representantes de países en desarrollo, que temen los altos costes que puede suponer que esta institución acoja el fondo, y además desconfían del Banco Mundial pues a su juicio perpetúa el “colonialismo financiero” mediante la creación de deuda.
“Es poner al zorro a cuidar el gallinero”, asevera a EFE el científico argentino Esteban Servat, miembro de la campaña DeudaxClima, desde donde advierten que alojar el fondo en el Banco Mundial “profundizará las relaciones coloniales justo en las comunidades más vulnerables”.
Los activistas resaltan las obligaciones de los países enriquecidos de “hacerse cargo de su responsabilidad” como mayores emisores de gases de efecto invernadero, rechazan por ello que se les denomine “donantes” y exigen que los fondos se destinen en forma de subvención, y no como préstamos.



La financiación climática, piedra angular de la COP28

La financiación será piedra angular de la Cumbre del Clima de Dubái, COP28, que podría elevar la meta de trasvase de fondos desde los países ricos a los países en vías de desarrollo para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, ahora fijado en 100.000 millones dólares al año.
Además, las partes deberán cerrar los detalles del fondo de Pérdidas y Daños, cuya creación se acordó en la cubre de Egipto (COP27), y avanzar en el desarrollo de los mercados de carbono, vía alternativa de financiación climática prevista en el Acuerdo de París para lograr contener el calentamiento global.
A pocos días del comienzo de la cumbre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció que el objetivo de movilizar 100.000 millones para ayudar a los países más pobres a afrontar la crisis climática para el periodo 2020-2025 “probablemente” se alcanzó en 2022, dos años más tarde de lo comprometido inicialmente.
Ese objetivo se estableció en la cumbre de Copenhague de 2009, tras la que se creó el Fondo Verde para el Clima (el mayor vehículo inversor climático del mundo y dependiente de la ONU), y su cumplimiento es supervisado por la OCDE.

Adaptación y capital privado, en el punto de mira
Recientemente, el presidente del organismo, Mathias Cormann, ha advertido de que aunque la financiación climática mantiene la senda alcista, hay que elevar significativamente los esfuerzos en adaptación, que en 2021 movió un 14 % menos de fondos frente a 2020, así como para atraer financiación privada.
Según los datos de la OCDE, en 2021, la financiación climática sumó 89.600 millones de dólares, de los que 73.100 millones procedieron de fuentes públicas, que duplicaron su aportación, mientras que el capital privado contribuyó sólo con 14.400 millones, el 16 % del total.
En la captación y reparto de fondos, cobran especial relevancia los bancos multilaterales de desarrollo, a los que el presidente de la COP28, Sultán Al Yaber, ha reclamado que trabajen sobre plataformas nacionales, revisen al alza sus objetivos de financiación climática, en particular en adaptación, y reduzcan el riesgo para el sector privado.
La financiación para la adaptación es esencial para crear resiliencia y la financiación privada es fundamental para cerrar la brecha de financiación de las inversiones en acción climática, en particular en sistemas de energía limpia, agricultura, silvicultura, uso de la tierra, adaptación y resiliencia, según Cormann.
La octava edición del informe sobre la brecha en adaptación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), señala que los países ricos deberían multiplicar entre 10 y 18 veces los fondos para cubrir las necesidades de adaptación de los países pobres frente a los devastadores efectos de la crisis climática.
Los costes de adaptación de esos países, calcula el Pnuma, están entre 215.000 millones y 387.000 millones de dólares al año, mientras que en la cumbre de Glasgow (COP26) se fijó el objetivo de movilizar 40.000 millones a 2025.
Por otra parte, la COP28 deberá avanzar en el desarrollo de los mercados de carbono ideados para que los países puedan cumplir con sus compromisos para abordar la emergencia climática mediante la compraventa de créditos de carbono generados por programas de mitigación en terceras naciones.
Entre las prioridades, dotar a estos mercados de sistemas de garantía y evitar la doble contabilidad por naciones de los proyectos.

Pérdidas y daños: ¿quién paga?
La COP28 también deberá refrendar la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños, reivindicado durante décadas por los países del Sur Global y que el comité transicional creado para darle forma ha propuesto que se aloje en el Banco Mundial, al menos durante los próximos 4 años, pese a la oposición de sus potenciales beneficiarios.
El objetivo, ayudar a los países en desarrollo por las pérdidas y daños sufridos en su territorio por los fenómenos adversos provocados por el cambio climático, al que apenas han contribuido.
Entre los puntos más polémicos que deberán cerrarse, destaca decidir qué países deberán hacer aportaciones. La Unión Europea y Estados Unidos defienden que se incluya a países que hace 30 años eran considerados “en desarrollo” pero que ahora son potencias económicas, como China.
Por otra parte, está previsto que durante la cumbre se presenten las conclusiones del informe encargado por las presidencias de la COP27 y la COP28 para hacer balance de la brecha de financiación climática y determinar acciones críticas para movilizar la inversión necesaria para cumplir el Acuerdo de París.
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