Reforma agraria en Chile por el acceso al agua
8:00 | 
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Eco Sitio |
Derecho al agua impulsa propuesta de reforma agraria en Chile
Fecha de Publicación: 14/05/2017
Fuente: IPS
País/Región: Chile
Agua a altos precios, transada como un bien de mercado, y campesinos casi en extinción, reemplazados por trabajadores temporeros, son efectos visibles de una crisis en el agro chileno a 50 años de una reforma agraria que postuló “la tierra para el que la trabaja”.
Para hacer frente a esta crisis, dirigentes ecologistas y sociales proponen una nueva reforma agraria para recuperar el agua como un bien público, en momentos en que una persistente sequía azota a gran parte de Chile y obliga a usar camiones cisterna para repartir agua en barriadas populares de numerosas ciudades del país.
El año pasado también se duplicaron respecto a 2015 la cantidad de pequeñas localidades sin agua a las que debió atenderse usando los camiones aljibe, ha reconocido el responsable del área en el gobierno, el director general de Aguas, Carlos Estévez.
“En Chile el agua, separada de la tierra, se transformó en un bien de capital al arbitrio de especuladores en circunstancias que la jurisprudencia internacional indica que debería estar a disposición de preservar la vida, la producción de alimentos y, después, las demás actividades económicas”, afirmó a IPS el experto y activista Rodrigo Mundaca.
El secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) aseguró que “es fundamental una segunda reforma agraria para recuperar el agua”, tras la ocurrida en los años 70.
“La revolución verde es un modelo que no preserva los bienes naturales. Tenemos un modelo exportador asociado al mono cultivo y hay que impulsar un nuevo paradigma de desarrollo con una relación armoniosa con la naturaleza”, dijo.
Este país sudamericano es un gran productor y exportador de alimentos, gracias a la producción de grandes empresas y a consorcios dueños de la tierra y del agua.
La mitad de sus exportaciones, que en 2016 superaron los 60.000 millones de dólares, siguen siendo mineras, pero Chile es también uno de los 10 principales países del mundo en ventas al exterior de alimentos, con varios rubros en los que ostenta el primer lugar, aportando el sector en total unos 20.000 millones de dólares.
En contraste, los derechos de agua en Chile, privatizados en 1981 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tienen en jaque a la agricultura familiar y campesina, que lucha por la reconversión, al menos parcial, de este recurso al control público.
La Constitución de 1980 consagra al agua como un bien privado. El uso de los recursos hídricos, según reglas del mercado, está regulado por un Código de Aguas, que confiere al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento a empresas, de forma gratuita y perpetua.
Además, faculta a comprar, vender o arrendar esos derechos sin considerar prioridades de uso. En Chile hay vigentes 110.000 derechos del agua al amparo de esa norma.
En el legislativo Congreso Nacional avanza una modificación a ese código, propuesta por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, aunque su aprobación definitiva demorará meses.
El proyecto convierte en temporales y no perpetuos los derechos de agua, pero norma solo las concesiones futuras y no revisa hacia atrás, una cuestión criticada por ecologistas y activistas sociales del área rural.
A 50 años de la reforma agraria iniciada por el gobierno del democratacristiano Eduardo Frei (1964-1970) y profundizada por el del socialista Salvador Allende (1970-1973), aumentan quienes plantean una segunda reforma al agro para que el agua vuelva a ser un bien social.
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Fecha de Publicación: 14/05/2017
Fuente: IPS
País/Región: Chile
Agua a altos precios, transada como un bien de mercado, y campesinos casi en extinción, reemplazados por trabajadores temporeros, son efectos visibles de una crisis en el agro chileno a 50 años de una reforma agraria que postuló “la tierra para el que la trabaja”.
Para hacer frente a esta crisis, dirigentes ecologistas y sociales proponen una nueva reforma agraria para recuperar el agua como un bien público, en momentos en que una persistente sequía azota a gran parte de Chile y obliga a usar camiones cisterna para repartir agua en barriadas populares de numerosas ciudades del país.
El año pasado también se duplicaron respecto a 2015 la cantidad de pequeñas localidades sin agua a las que debió atenderse usando los camiones aljibe, ha reconocido el responsable del área en el gobierno, el director general de Aguas, Carlos Estévez.
“En Chile el agua, separada de la tierra, se transformó en un bien de capital al arbitrio de especuladores en circunstancias que la jurisprudencia internacional indica que debería estar a disposición de preservar la vida, la producción de alimentos y, después, las demás actividades económicas”, afirmó a IPS el experto y activista Rodrigo Mundaca.
El secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) aseguró que “es fundamental una segunda reforma agraria para recuperar el agua”, tras la ocurrida en los años 70.
“La revolución verde es un modelo que no preserva los bienes naturales. Tenemos un modelo exportador asociado al mono cultivo y hay que impulsar un nuevo paradigma de desarrollo con una relación armoniosa con la naturaleza”, dijo.
Este país sudamericano es un gran productor y exportador de alimentos, gracias a la producción de grandes empresas y a consorcios dueños de la tierra y del agua.
La mitad de sus exportaciones, que en 2016 superaron los 60.000 millones de dólares, siguen siendo mineras, pero Chile es también uno de los 10 principales países del mundo en ventas al exterior de alimentos, con varios rubros en los que ostenta el primer lugar, aportando el sector en total unos 20.000 millones de dólares.
En contraste, los derechos de agua en Chile, privatizados en 1981 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tienen en jaque a la agricultura familiar y campesina, que lucha por la reconversión, al menos parcial, de este recurso al control público.
La Constitución de 1980 consagra al agua como un bien privado. El uso de los recursos hídricos, según reglas del mercado, está regulado por un Código de Aguas, que confiere al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento a empresas, de forma gratuita y perpetua.
Además, faculta a comprar, vender o arrendar esos derechos sin considerar prioridades de uso. En Chile hay vigentes 110.000 derechos del agua al amparo de esa norma.
En el legislativo Congreso Nacional avanza una modificación a ese código, propuesta por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, aunque su aprobación definitiva demorará meses.
El proyecto convierte en temporales y no perpetuos los derechos de agua, pero norma solo las concesiones futuras y no revisa hacia atrás, una cuestión criticada por ecologistas y activistas sociales del área rural.
A 50 años de la reforma agraria iniciada por el gobierno del democratacristiano Eduardo Frei (1964-1970) y profundizada por el del socialista Salvador Allende (1970-1973), aumentan quienes plantean una segunda reforma al agro para que el agua vuelva a ser un bien social.
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