Perú: Crimen Organizado investiga a la exportadora de 41 toneladas de aletas de tiburón

El hallazgo de un cargamento valuado en más de 20 millones de dólares, que habría requerido la muerte de unos 41.000 tiburones, derivó en una investigación por tráfico de especies contra una empresa con un largo historial de sanciones.

Cuarenta y una toneladas de aletas secas de tiburón, apiladas en dos almacenes de las afueras de Lima, se convirtieron en el centro de una investigación por crimen organizado en Perú. La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación preliminar contra la empresa Lamarqocha Inversiones S.A.C. y su gerente general, Xiaoou Zheng. Los presuntos delitos son tráfico ilegal de especies silvestres y criminalidad organizada.
El cargamento fue hallado durante un allanamiento que comenzó el 4 de febrero y se extendió por tres días, con la participación de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Producción (Produce). En un depósito del distrito limeño de Chorrillos se encontraron 26,1 toneladas de aletas y 42 kilos de pepino de mar. En otro, ubicado en Chilca, unos 60 kilómetros al sur de la capital, había 14,9 toneladas más.
Según las estimaciones, el valor del material supera los 20 millones de dólares. Para reunir semejante volumen habría sido necesario matar a unos 41.000 tiburones, aproximadamente uno por cada kilo de aleta seca.

Especies protegidas
Entre las aletas se identificaron ejemplares de tiburón martillo, tiburón zorro pelágico y tiburón azul. Las tres son especies cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El zorro pelágico figura como En Peligro y el tiburón azul, como Casi Amenazado. En el caso del martillo común, la Convención sobre Especies Migratorias (CMS) lo cataloga como Vulnerable y lo incluye en su Apéndice II desde 2020. Además, advierte que su población mundial podría caer drásticamente si no se toman medidas para protegerlo.

Una exportadora con antecedentes
Lamarqocha no es una empresa menor en el negocio. Fue la tercera exportadora de aletas del país en 2024 y 2025, con envíos destinados a Hong Kong por 1,8 millones de dólares en el primero de esos años y 2 millones en el segundo. También acumula un historial de irregularidades: entre 2017 y 2021 exportó más de 153 toneladas de aletas con permisos irregulares, y en ese período se detectaron 35 autorizaciones con fallas otorgadas por funcionarios de Produce. Entre 2019 y este año recibió cinco sanciones administrativas, con multas de apenas 100 dólares y, en algunos casos, de monto indeterminable.
Uno de los indicios que encendió las alertas llegó desde la Dirección Regional de la Producción de Áncash. Ese organismo se negó a validar un Certificado de Desembarque de Tiburón presentado por la empresa porque tenía borrones y alteraciones intencionales en el peso declarado, que había pasado de 54 a 104 kilos.
"Las sanciones de 100 dólares son montos insignificantes", señaló el fiscal provincial Álvaro Rodas, quien remarcó que se trata de cifras irrisorias para compañías que mueven millones. El fiscal también cuestionó que el organismo administrativo, pese a tener la facultad de dar intervención al Ministerio Público, no lo haya hecho. En la misma línea, el abogado ambientalista César Ipenza objetó que Produce haya aprobado permisos parciales aun después de detectar irregularidades.

Controles bajo la lupa
El caso se suma a otras alertas sobre el sistema de control peruano. Un informe de la Contraloría General de la República documentó fallas en la fiscalización de las exportaciones de aletas. A partir de ese informe se abrió una investigación fiscal contra siete funcionarios y exfuncionarios de Produce por presunta negociación incompatible. Esa pesquisa alcanza a las principales exportadoras del rubro, entre ellas Lamarqocha.
El problema también es seguido de cerca a nivel internacional. La Secretaría de la CITES debía informar a su Comité Permanente, a fines de 2025, si Perú había implementado las medidas recomendadas para corregir las deficiencias en el control de sus exportaciones de aletas.
Grandes volúmenes, documentación adulterada y multas mínimas forman el cuadro que describen el fiscal y los especialistas consultados. Sobre esa base, la fiscalía especializada en crimen organizado buscará determinar si detrás de las 41 toneladas incautadas operaba una organización dedicada al tráfico de especies protegidas.


Fecha de Publicación: 08/10/2026
País/Región: Perú
Fuentes Consultadas: Portal Mongabay, Portal EcoNews