Ecuador: un 2017 que evidenció el tráfico de especies



El tráfico de especies, en la mira

Fecha de Publicación
: 03/01/2018
Fuente: El Comercio (Ecuador)
País/Región: Ecuador


El hallazgo de especies protegidas en las bodegas de un barco chino en Galápagos, la imagen de un lobo marino amarrado a un árbol en Guayas y las fotografías de cientos de animales que llegaron a los centros de rescate durante este año fueron algunos de los casos que pusieron a los delitos ambientales en el centro de atención este 2017.
Según la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional (UPMA), hasta noviembre de este año se han retenido 3 413 especímenes de fauna silvestre en los operativos que realizan en todo el país. En el 2016 se contabilizaron 2 945, mientras que en el 2015 fueron 2 432 animales.
Para Martín Bustamante, director Ejecutivo de la Fundación Zoológica del Ecuador y del Zoológico de Quito en Guayllabamba, la problemática se ha visibilizado más durante este año, pero no ha disminuido. Hasta diciembre de este año, el zoológico de Guayllabamba recibió 366 animales víctimas de tráfico, tenencia y transporte ilegal de especies. Algunos fueron llevados por las autoridades, mientras que otros fueron entregados por ciudadanos comunes.
Las aves rapaces llegaron con disparos, los papagayos fueron rescatados sin alas y las tortugas han sido encontradas con huecos en el caparazón, para colocarles las cadenas o las sogas. Estas lesiones complican el proceso de liberación de los rescatados. Durante este año, explica Bustamante, se ha puesto en libertad a 86 animales de forma directa. Cada espécimen que llega permanece entre dos y tres días en el centro, pero su recuperación puede demorar varios meses.
Este es un problema nacional, dice Bustamante. Los animales son retirados de su hábitat natural, como las tortugas que son trasladadas de la Amazonía y de la Costa para ocupar una jaula en las ciudades. Según la Fiscalía General del Estado, hasta noviembre de este año se registraron 101 denuncias por delitos contra la flora y fauna silvestre, que consta en el artículo 247 del Código Integral Penal. Guayas registró el número más alto de denuncias (16), seguida por Orellana (12) y Galápagos (8).
Walter Bustos, director del Parque Nacional Galápagos, considera que lo ocurrido en las islas en agosto fomentó para que la problemática se haga más visible. “El Ecuador está cerrando un año histórico porque se ha marcado un precedente para defender a los tiburones y el parque se ha sentido respaldado”, dice. Tras el hallazgo de más de 6 000 tiburones en una embarcación china que circulaba en la Reserva Marina de Galápagos, el capitán del barco y los tripulantes recibieron una sentencia de entre tres y un año de prisión por transporte y tenencia ilegal de especies.
Bustos añade que, aunque este fue el caso más emblemático, a finales de este mes se capturó a un barco pesquero de Manta y actualmente 23 personas están siendo procesadas por la justicia. Con esta, suman 19 embarcaciones que han sido capturadas con especies protegidas en el Parque Nacional Galápagos. Hugo Echeverría, abogado ambiental y docente de la Universidad San Francisco de Quito, recuerda otros casos de relevancia como el transporte de 73 especímenes de varias especies amenazadas en Loreto, provincia de Orellana, o la cacería de pecaríes a orillas del río Napo. Este hecho fue grabado en video por dos turistas.
Según Echeverría, en este año llegaron más animales silvestres, víctimas del conflicto humano-animal, a centros especializados como el instituto Tueri de la USFQ. Solo entre noviembre y diciembre de este año atendieron a tres animales (cuchucho, tigrillo y mono leoncillo)en este hospital. Para Echeverría, la problemática no se detiene, pero sí ha sido expuesta con más fuerza durante este año a través de diferentes campañas. El MAE presentó en octubre la iniciativa ‘Alto, el tráfico ilegal de animales silvestres es un delito’ para dar a conocer los daños que causan estos actos contra la flora y fauna y sus sanciones legales.
Según el abogado, hace falta adecuar la legislación penal a la realidad del país en estos temas. La legislación ecuatoriana prevé una pena de hasta tres años para estos delitos. Pero hasta el momento, nadie ha cumplido la pena máxima.
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