España: más de 2000 personas procesadas por incendios



Los incendios forestales copan la actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente

Fecha de Publicación
: 16/09/2015
Fuente: La Verdad (España)
País/Región: España


Los incendios forestales fueron causa principal en número de procedimientos en los que estuvo presente la Fiscalía de Medio Ambiente durante 2014. Las estadísticas provinciales reflejan que el año pasado se realizaron 5.530 procedimientos judiciales, de los 2.160 fueron por incendios forestales, 910 por infracciones contra la ordenación del territorio y urbanismo, 759 en flora y fauna, 681 relativos al maltrato de animales domésticos, 520 por delitos contra el medio ambiente y 500 contra el patrimonio histórico.
Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, esto supone un descenso en el número de procedimientos, dado que en 2012 sumaron 6.075 asuntos. Los incendios forestales también estuvieron la cabeza pero con más número de procedimientos, hasta los 2.466, seguidos con 1.265 por los delitos de ordenación del territorio, 837 en flora y fauna, 515 relativos al maltrato animal, 560 en medio ambiente y 432 en patrimonio histórico.
Los fiscales de Medio Ambiente formularon en 2014 un total de 1.098 escritos de acusación contra los autores de los delitos, de los que 65 lo fueron en medio ambiente, 685 en ordenación del territorio y urbanismo, 16 en patrimonio histórico, 266 en flora y fauna, 177 en incendios forestales y 89 relativos al maltrato de animal. Al igual que los procedimientos, los escritos de acusación también caen con respecto a 2013, año que alcanzaron los 1.196, de los que 80 lo fueron en medio ambiente, 607 en ordenación del territorio, 27 en patrimonio histórico, 256 en flora y fauna, 158 en incendios y 68 relativos al maltrato de animal.
Todo este trabajo se tradujo el año pasado en 929 sentencias condenatorias. La mayoría, 465 fallos, por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, 49 por delitos contra el medio ambiente, doce contra el patrimonio histórico, 171 por delitos contra la flora y fauna, 170 por incendio forestal y 62 por malos tratos a animales domésticos. Por su parte el Tribunal Supremo dictó siete sentencias condenatorias de las que dos corresponden a delitos medioambientales, cuatro contra la ordenación del territorio y uno por incendio forestal. Aquí la estadística muestra un aumento de las sentencias en la materia durante 2013, cuando fueron 882 fallos, ocho de ellos del Supremo.

Absueltos
Asimismo, el año pasado se dictaron 297 sentencias absolutorias en casos en los que estuvieron presentes los fiscales de Medio Ambiente. De ellas, 27 fueron por delitos contra el medio ambiente, 155 por ordenación del territorio y urbanismo, seis por delitos contra el patrimonio histórico, 57 por delitos contra la flora y fauna, 35 por incendios forestales y 17 por mal trato animal. Por su parte el Tribunal Supremo dictó una única sentencia absolutoria por delito contra el medio ambiente. Estas cifras son similares a las de 2013, cuando se fallaron 298 sentencias absolutorias.
Por otra parte, frente a las 86 demoliciones de edificaciones ilegales de 2013, durante el año pasado fueron realizados 104 derribos. De todos modos, la Memoria resalta la dificultad para recabar datos al respecto, así como el hecho de que se eleven las demoliciones de carácter voluntario como modo para atenuar la pena.
La Memoria de la Fiscalía hace especial hincapié en varios casos investigados en materia de medio ambiente, entre los que destaca la sobreexplotación de los acuíferos del Parque Nacional de Doñana y su entorno por parte de fincas dedicadas a la producción de la fresa. Lo que en su día comenzaron como diligencias informativas ahora lo son de investigación que serán plasmadas en dos querellas que afectan a dos grandes fincas, La Borrachuela y Matalagrana, de 150 y 220,57 hectáreas, respectivamente.
Los proyectos de querella, según la Memoria, han sido remitidos al fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Huelva, quien, a su vez, las ha presentado en los Juzgados de Instrucción de Palma del Condado
Las querellas se formulan tras haberse concluido en los informes periciales que por las explotaciones «se ha estado utilizado» agua subterránea del acuífero 27, para sus respectivas actividades agrícolas, «sin que conste autorización» alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ampare dicha extracción, «ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan, en el periodo de 2009 a 2012». Según la Fiscalía, esto supone «una detracción ilegal y sistemática» del acuífero que implica «una alteración del balance hídrico» que genera «un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que el mismo alberga y sobre el significado ecológico del lugar, lo que podría constituir un delito contra el medio ambiente del artículo 325 de Código Penal».
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