A un año del derrame en Sonora, visiones diferentes



“Contaminación de ríos en Sonora, bajo control”

Fecha de Publicación
: 13/08/2015
Fuente: El Universal (México)
País/Región: México


A un año del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacánuchi y Sonora, el 6 de agosto de 2014, ocasionado por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, el gobierno federal asegura que no existen riesgos para la salud de la población, que el agua no está contaminada.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodolfo Lacy, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que el agua del río es potable y “no hay posibilidad para estar en contacto con soluciones aciduladas”.
Con el fideicomiso de dos mil millones de pesos que se creó luego del derrame, las autoridades federales entregaron 36 mil 752 pagos por un monto total de 795.2 millones de pesos. Indicó que de los 23 mil habitantes en la región del río Sonora, se registraron 360 afectados, 80% de ese grupo de personas sufrió de dermatitis.
El subsecretario Lacy afirma que se han detectado grupos de interés social, político y sindical que buscan obtener una parte de los recursos del fideicomiso que se ha creado.

Ha pasado un año del derrame. Hay grupos que dicen que hay un impacto ambiental, social, económico importante. ¿Qué dice a estas voces y en qué se ha trabajado?
—Hemos monitoreado desde el primer día del derrame hasta la fecha todas las posibles fuentes de contaminación, es decir, el agua del río Sonora, los afluentes, los pozos y la presa El Molinito, donde se está acumulando toda el agua. Al momento, toda el agua potable que se está utilizando para fines de abastecimiento a la población cumple con las normas de calidad que marca la Secretaría de Salud. Lo está confirmando cada 15 días la Cofepris.
Después del derrame, se neutralizó esta solución acidulada para que no se suspendieran los metales pesados y quedaron solubles en el agua. Se regaron mil toneladas de cal a lo largo de todo el río en una distancia de 270 kilómetros. Se removieron siete mil metros cúbicos de material. Todo lo que era suelo, sedimento contaminado con metales pesados que eran detectables y visibles a través de muestreos físicos, ya fue removido. Lo supervisamos para que no hubiera un nuevo derrame.

¿Cómo está el río?
—Después del derrame llovió de una manera extraordinaria como no había ocurrido durante los últimos 15 años. Se desbordó el río y hubo un gran arrastre de material y enterró las tierras contaminadas y dispersó en un ancho mayor del río lo que era la posible contaminación. Hubo un efecto de dilusión muy grande. Las condiciones ambientales en el Río Sonora ahorita están bien. Se cumplen con las normas de calidad del agua, con las de suelo. Se están llevando a cabo actividades de cultivo. Lo que hay que tener es precaución, pero no hay una condición de riesgo.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló con tres métodos distintos una identificación de la huella digital del derrame, y ha estado siguiendo esta huella digital a lo largo del río. Por ello sabemos que las aportaciones de metales pesados no nada más vienen de la mina Cananea, vienen históricamente de toda la cuenca que es minerológica. Hay otras minas que estuvieron explotándose y quedaron abandonadas como en San Felipe de Jesús. Hay manantiales como el de Aconchi que tienen más concentraciones de metales pesados que la propia presa El Molinito. Hay lugares que todavía tienen actividad minera y allí hay posibles liberaciones.

¿Siempre vamos a encontrar un factor de contaminación ahí?
—Exactamente. Nosotros tenemos que monitorear.

¿Cuánto tiempo transcurrió para que esta contaminación pudiera haber tenido un efecto de riesgo para la salud grave? ¿Qué tanto es ese riesgo? ¿Está latente?
—Todos los casos relativos a problemas dermatológicos, gastroenterológicos u oftalmológicos que pueden ser por intoxicación con metales pesados, los hemos detectado. Hemos localizado 360 personas, en una población de 23 mil habitantes. El derrame ocurrió el 6 de agosto. El 20 de septiembre pasó el huracán Odile y se limpió el agua. El proceso de contacto de altas concentraciones en agua o suelo duró muy poco tiempo. Nosotros pudimos levantar la contingencia el 4 de noviembre.
Estimamos que no hay posibilidades de un contacto directo con soluciones aciduladas. Tampoco hay condiciones para contacto directo con suelos y sedimentos que tengan altas concentraciones de metales pesados. Eso ya no existe. La zona está sembrada. Se reactivó toda la actividad agrícola, ganadera.

Estos 360 casos de personas afectadas, ¿qué padecieron?
—El 80% son casos relacionados con dermatitis, tienen infecciones en la piel. Son 290 casos en la piel, 25 casos con afectaciones gastrointestinales, 15 con problemas en el sistema oftalmológico, 11 neurológicos, 12 cardiovasculares y 17 tienen otro tipo de afectaciones. Podría haber más. No sabemos si todos estos casos están relacionados directamente con la contaminación del derrame, pero sí están vinculados con el ambiente donde ocurrió.
No tenemos evidencias. Hemos tomado muestras del agua de los pozos que están entre las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez. El agua no tiene niveles de metales pesados por arriba de la norma.

¿Cree que el grupo que reclama que no ha recibido este resarcimiento, tiene otro interés más allá de haber sido afectado?
—Sí es posible y ya son grupos de interés. Hay grupos de interés político, sindical, en conflicto, que nosotros detectamos. No vamos a juzgar eso, pero nosotros les pedimos que nos digan por qué creen que están afectados y en base en eso, les decimos si procede de acuerdo a los criterios que se establecieron al crear este fideicomiso. El criterio principal es que la afectación venga del derrame.

¿Cuántos pagos se realizaron?
—Entregamos 36 mil 752 pagos por un monto total de 795.2 millones de pesos. Pudimos reactivar la economía de la zona. Aumentó el PIB mensual de cinco mil pesos a 34 mil 759 pesos, es decir, 7.6 veces más. Hubo una reactivación porque sí era una zona que estaba deprimida. Esta derrama es extraordinaria.

El alcalde de Hermosillo dijo que las autoridades federales no han entregado un estudio sobre la calidad del agua y por eso no iba a utilizar el agua de la presa Abelardo L. Rodríguez...
—Hemos entregado todos los estudios. Están disponibles en internet. Él puede levantar el teléfono. Tiene un organismo operador del agua a nivel municipal, está el organismo operador del agua a nivel estatal y después estamos nosotros. Ellos antes de surtir el agua, tienen la obligación de certificar que el agua es potable. Si el representante municipal no sabe cuál es la calidad del agua es un problema de él. La Federación no tiene atribuciones para lo que él está diciendo.



Contaminación en Sonora, el desastre a 1 año del hecho

Fecha de Publicación
: 13/08/2015
Fuente: http://educaoaxaca.org
País/Región: México



A un año del mayor desastre ambiental en la historia del país, que dejó sin agua potable a 25 mil habitantes en las inmediaciones del río Sonora, la minera Grupo México (responsable de la catástrofe) ha incumplido en el compromiso de habilitar nuevos pozos para abastecer a la población y de limpiar el caudal contaminado por el derrame tóxico. El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, tuvo un derrame en una de sus 11 piletas internas de lixiviados, y se vertieron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles estaban fuera de las normas ecológicas y de salud. Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta llegar a la presa El Molinito, que trasvasaron a la presa Abelardo L. Rodríguez de Hermosillo. Tras la declaración de la comisión presidencial para el rescate de los ríos Sonora y Bacanuchi, donde se daba por concluida la fase de contingencia por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales tóxicos, los habitantes de la zona interpusieron cinco amparos contra diversas omisiones por parte de Grupo México y de diversas autoridades federales, y para exigir que sus derechos sean garantizados a través del cumplimiento de los compromisos planteados a raíz de los hechos ocurridos en el municipio de Cananea. 
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