Perú: Oro bajo el agua
Oro bajo el agua
Fecha de Publicación: 03/01/2012
Fuente: EFE
País/Región: Perú
Las protestas por el proyecto Conga, que pretende explotar oro y cobre en la región de Cajamarca, se ha convertido en el primer gran conflicto social al que se enfrenta el presidente Humala, con un trasfondo relacionado con la defensa de los recurso hídricos para agricultores y ganaderos.
El 27 de octubre de 2010 el Ministerio de Energía y Minas aprobaba la evaluación de impacto ambiental (EIA) por la que se permitía a la empresa Yanacocha el desarrollo del proyecto Conga y la construcción de una nueva mina en la región.
Según datos del propio Ministerio, el inicio de operaciones está estimado para 2015 con una inversión de 3.500 millones de dólares a cargo de Yanacocha, empresa formada por la estadounidense Newmont, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional, del grupo del Banco Mundial.
La construcción de esta mina implica el drenaje de cuatro lagunas bajo las que se encuentra el oro y que constituyen la cabecera de las tres cuencas fluviales que abastecen a los agricultores de la región. La empresa se ha comprometido a construir tres reservorios de agua para abastecer la zona.
Empiezan las protestas
El 9 de noviembre, cuando el proyecto se encontraba en fase de trabajos preliminares, 14.000 personas se manifestaron en Cajamarca convocadas por el Gobierno regional. Protestaban contra la contaminación que podría producir la mina y contra la destrucción de las lagunas y exigían la retirada del proyecto.
Humala declaró que no aceptaría presiones y afirmó que "el proyecto Conga es importante para la gran transformación e inclusión social que prometimos al pueblo peruano". El presidente también aseguró que el abastecimiento de agua estaba garantizado y que la prioridad era el consumo humano.
Las protestas siguieron y el 24 de noviembre se inició una huelga que duraría once días. La presión popular hizo que el 29 de noviembre la empresa anunciara la suspensión de las operaciones a petición del Gobierno.
Un día más tarde, todavía en huelga, se producían marchas de protesta en varias ciudades de la región de Cajamarca para pedir el cierre definitivo de la mina.
Estado de emergencia
El 4 de diciembre, el presidente Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca que se suspendería pocos días más tarde. Ese mismo día el Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salomón Lerner, anunció que había fracasado el diálogo con las autoridades locales. Sin embargo, más adelante, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, indicó que la huelga se había levantado esa misma noche.
La crisis en Cajamarca provocó la dimisión del ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, que fue sustituido por Jorge Merino en una nueva composición del Ejecutivo. El nuevo gobierno se constituyó tras la dimisión de Salomón Lerner como Presidente del Consejo de Ministro, aunque su sucesor, Oscar Valdés, señaló que el caso Conga no fue determinante en su renuncia.
El 27 de diciembre Valdés se reunía en Lima con autoridades y organizaciones sociales de Cajamarca y comprometía la revisión de la EIA por parte de peritos internacionales. A esta reunión no acudió el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que aseguró que su postura se debía a que las reuniones tenían celebrarse en la región.
Un día después, el Gobierno regional de Cajamarca, publicó una ordenanza por la que declara inviable el proyecto Conga, motivo por el que las autoridades de la zona han sido denunciadas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. La empresa minera Yanacocha también ha anunciado que tomará medidas legales contra esta decisión.
Nuevas movilizaciones
La última movilización tuvo lugar ayer en las calles de la ciudad de Cajamarca, liderada por Santos. El presidente regional afirmó en un mitin que "el presidente Humala debe valorar adecuadamente el pedido del pueblo y tomar una decisión política inteligente, que paralice el proyecto minero Conga, hasta que las normas favorezcan a la población".
Desde que comenzó el conflicto se han sumado a las demandas asociaciones en defensa de los indígenas, diferentes organizaciones civiles y la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) que, de una u otra manera, han exigido el cierre definitivo de la mina.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta septiembre pasado existían en Perú 215 conflictos sociales y en Cajamarca eran 11 los conflictos socioambientales, 8 de los cuales estaban activos y 3 se consideraban "latentes".
Fecha de Publicación: 03/01/2012
Fuente: EFE
País/Región: Perú
Las protestas por el proyecto Conga, que pretende explotar oro y cobre en la región de Cajamarca, se ha convertido en el primer gran conflicto social al que se enfrenta el presidente Humala, con un trasfondo relacionado con la defensa de los recurso hídricos para agricultores y ganaderos.
El 27 de octubre de 2010 el Ministerio de Energía y Minas aprobaba la evaluación de impacto ambiental (EIA) por la que se permitía a la empresa Yanacocha el desarrollo del proyecto Conga y la construcción de una nueva mina en la región.
Según datos del propio Ministerio, el inicio de operaciones está estimado para 2015 con una inversión de 3.500 millones de dólares a cargo de Yanacocha, empresa formada por la estadounidense Newmont, la peruana Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional, del grupo del Banco Mundial.
La construcción de esta mina implica el drenaje de cuatro lagunas bajo las que se encuentra el oro y que constituyen la cabecera de las tres cuencas fluviales que abastecen a los agricultores de la región. La empresa se ha comprometido a construir tres reservorios de agua para abastecer la zona.
Empiezan las protestas
El 9 de noviembre, cuando el proyecto se encontraba en fase de trabajos preliminares, 14.000 personas se manifestaron en Cajamarca convocadas por el Gobierno regional. Protestaban contra la contaminación que podría producir la mina y contra la destrucción de las lagunas y exigían la retirada del proyecto.
Humala declaró que no aceptaría presiones y afirmó que "el proyecto Conga es importante para la gran transformación e inclusión social que prometimos al pueblo peruano". El presidente también aseguró que el abastecimiento de agua estaba garantizado y que la prioridad era el consumo humano.
Las protestas siguieron y el 24 de noviembre se inició una huelga que duraría once días. La presión popular hizo que el 29 de noviembre la empresa anunciara la suspensión de las operaciones a petición del Gobierno.
Un día más tarde, todavía en huelga, se producían marchas de protesta en varias ciudades de la región de Cajamarca para pedir el cierre definitivo de la mina.
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El 4 de diciembre, el presidente Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca que se suspendería pocos días más tarde. Ese mismo día el Presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salomón Lerner, anunció que había fracasado el diálogo con las autoridades locales. Sin embargo, más adelante, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, indicó que la huelga se había levantado esa misma noche.
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El 27 de diciembre Valdés se reunía en Lima con autoridades y organizaciones sociales de Cajamarca y comprometía la revisión de la EIA por parte de peritos internacionales. A esta reunión no acudió el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que aseguró que su postura se debía a que las reuniones tenían celebrarse en la región.
Un día después, el Gobierno regional de Cajamarca, publicó una ordenanza por la que declara inviable el proyecto Conga, motivo por el que las autoridades de la zona han sido denunciadas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. La empresa minera Yanacocha también ha anunciado que tomará medidas legales contra esta decisión.
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La última movilización tuvo lugar ayer en las calles de la ciudad de Cajamarca, liderada por Santos. El presidente regional afirmó en un mitin que "el presidente Humala debe valorar adecuadamente el pedido del pueblo y tomar una decisión política inteligente, que paralice el proyecto minero Conga, hasta que las normas favorezcan a la población".
Desde que comenzó el conflicto se han sumado a las demandas asociaciones en defensa de los indígenas, diferentes organizaciones civiles y la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) que, de una u otra manera, han exigido el cierre definitivo de la mina.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta septiembre pasado existían en Perú 215 conflictos sociales y en Cajamarca eran 11 los conflictos socioambientales, 8 de los cuales estaban activos y 3 se consideraban "latentes".
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