Bolivia: ¿Predicando sin el ejemplo?
¿Predicando sin el ejemplo?
Fecha de Publicación: 26/12/2010
Fuente: Hidrocarburos Bolivia
País/Región: Bolivia
A siete meses de la Conferencia de los pueblos sobre cambio climático, que congregó en Cochabamba a varias organizaciones e indígenas del mundo y que sentó las bases de la política medioambiental que el Gobierno de Evo Morales impulsa internacionalmente, se hace evidente que el Ejecutivo incumple varias de las resoluciones del “Acuerdo de Tiquipaya”.
Pese a reiterados esfuerzos, Ideas no pudo contactarse con alguna autoridad del Ministerio de Medio Ambiente y, en representación del Ejecutivo, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, garantiza -en una entrevista en estas páginas- que toda actividad de explotación minera, hidrocarburífera o de construcción se realiza respetando a la naturaleza, cuatro especialistas detallan algunas fallas y contrasentidos en al menos cinco resoluciones del documento que el Gobierno no sólo ignoraría, sino que también vulneraría al promover acciones opuestas.
Los cuestionamientos alcanzan a los siguientes temas: apoyar la conservación del petróleo bajo tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas; crear un tribunal internacional de justicia climática; impulsar un programa mundial de restauración de bosques y selvas, administrado por los pueblos indígenas; eliminar las concesiones forestales que atenten contra el medio ambiente; y condenar los mecanismos mercantiles de reducción de emisión de gases, sin previo consenso internacional.
Más allá de estas contraposiciones identificadas, Rafael Quispe, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), es más pesimista. “Del acuerdo de Tiquipaya -sostiene- no se ha cumplido nada, pues no hay tribunal de justicia climática, tampoco se ha avanzado en adaptación y mitigación de suelos con conocimientos ancestrales... ha sido nomás un discurso poético, lírico y no -como se había planteado- un documento ético, jurídico y vinculante”.
“La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida”, se lee en el epílogo del Acuerdo de los Pueblos firmado el pasado abril en Tiquipaya. ¿Cómo andamos por casa?
Punto por punto
1- Petróleo
“Apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, señala uno de los puntos. ¿Se cumple esto en Bolivia?
Teresa Flores, de la Asociación Prodefensa de la Naturaleza (Prodena), afirma que no y explica que “más bien lo que se está haciendo en el país es no respetar los territorios indígenas y las áreas protegidas en búsqueda de petróleo”. Lo que ocurre -sostiene la experta-, es que “en realidad este punto nunca fue defendido por el Gobierno”, y desde ahí se nota la contradicción entre lo que dice y hace.
Stanislaw Czaplicki, experto en medio ambiente y cambio climático, pone como ejemplo de contradicción el caso de la zona selvática del Madidi, donde –asegura- “ya se tienen exploraciones sísmicas, se sabe más o menos qué se tiene y se está yendo a consultar a las comunidades locales para la explotación”, cuando siendo este un hábitat único en el mundo por su riqueza, variedad y pureza, debía mantenerse al margen siquiera de una consideración de intervención.
“El presidente Morales -sostiene Carlos Crespo, responsable de Medio Ambiente del Centro de Estudios Superiores de la UMSS- está en una estrategia contradictoria, pues su Gobierno se opone a la alternativa de Ecuador con el parque Yasuní, -es decir apostar por la opción de no explotar hidrocarburos en áreas protegidas y territorios indígenas, a cambio de compensaciones de la comunidad internacional- y la ha considerado pro imperialista y de derecha”.
2-Tribunal Internacional
Crespo reflexiona sobre la propuesta de crear un tribunal internacional de justicia climática, otra de las demandas de Tiquipaya que “cayó en saco roto, pues en el país no hay ningún organismo que realice esta función, y de hecho el programa estatal sobre cambio climático es un organismo funcional a la política ambiental del Gobierno”.
Patricia Molina, especialista del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, explica que “existen intentos de crear ese tribunal a nivel mundial pero todavía falta mucho por definirse”.
Según cuenta, en Bolivia esta situación es aún lejana mientras no se promulgue la Ley de la Madre Tierra que debe establecer una serie de definiciones conceptuales y mecanismos básicos. “No podemos penalizar a alguien por violar derechos de justicia climática cuando no tenemos todavía las definiciones de esta justicia”.
Czaplicki sugiere recurrir a instancias internacionales para darle a este punto “una legitimidad a nivel de derecho”.
3-Bosque nativos
Otro de los puntos del acuerdo de Tiquipaya exige a los gobiernos “un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos indígenas”.
Flores explica que “conservar nuestros bosques es crucial para mantener nuestras fuentes de agua y para que no se extingan los pueblos indígenas de tierras bajas, pero hasta ahora en tantas alusiones internacionales del Gobierno no se tocó el tema en específico, y más bien es evidente que cada día la deforestación se está incrementando en el país, sobre todo debido a los incendios forestales”.
Crespo coincide en que este punto “no es una prioridad para el Gobierno, pues sólo hay que revisar el Plan Nacional de Desarrollo para verificarlo; éste hace un fuerte énfasis en el ‘gran salto industrial’, es decir la industrialización a marchas forzadas, con los efectos que ello supone”.
Además, la construcción de la carretera en el TIPNIS es una demostración de que no se respeta el bosque nativo.
4-Concesiones forestales
En cuanto a la eliminación de concesiones forestales que establece el Acuerdo de los Pueblos de Tiquipaya, Molina asegura que “hay un descontrol absoluto”, pues pese al pedido de auditorías forestales por parte de muchas organizaciones de la Amazonia, hasta la fecha no se efectuó una sola.
Czaplicki asegura que “existe una reformulación de la Ley Forestal que busca retirar las concesiones forestales de las Tierras Comunitarias de Origen, aunque hasta la fecha no se hizo realidad”. En ese marco, considera que este punto “sí se estaría cumpliendo aunque con muchísima demora”.
5-Emisión de gases
El acuerdo de los pueblos condena “los mecanismos de mercado” como el que establece la reducción de emisiones de gases que provocan la deforestación y degradación de bosques (REDD) entre otros, “porque violan la soberanía de los pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado”.
Al respecto, Czaplicki asegura que pese a que internacionalmente Bolivia pregona aquello, “paralelamente recibe, a través de la ONU, financiamiento para implementar proyectos REDD, lo que se puede comprobar en la página: www.un-redd.org”.
Fecha de Publicación: 26/12/2010
Fuente: Hidrocarburos Bolivia
País/Región: Bolivia
A siete meses de la Conferencia de los pueblos sobre cambio climático, que congregó en Cochabamba a varias organizaciones e indígenas del mundo y que sentó las bases de la política medioambiental que el Gobierno de Evo Morales impulsa internacionalmente, se hace evidente que el Ejecutivo incumple varias de las resoluciones del “Acuerdo de Tiquipaya”.
Pese a reiterados esfuerzos, Ideas no pudo contactarse con alguna autoridad del Ministerio de Medio Ambiente y, en representación del Ejecutivo, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, garantiza -en una entrevista en estas páginas- que toda actividad de explotación minera, hidrocarburífera o de construcción se realiza respetando a la naturaleza, cuatro especialistas detallan algunas fallas y contrasentidos en al menos cinco resoluciones del documento que el Gobierno no sólo ignoraría, sino que también vulneraría al promover acciones opuestas.
Los cuestionamientos alcanzan a los siguientes temas: apoyar la conservación del petróleo bajo tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas; crear un tribunal internacional de justicia climática; impulsar un programa mundial de restauración de bosques y selvas, administrado por los pueblos indígenas; eliminar las concesiones forestales que atenten contra el medio ambiente; y condenar los mecanismos mercantiles de reducción de emisión de gases, sin previo consenso internacional.
Más allá de estas contraposiciones identificadas, Rafael Quispe, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), es más pesimista. “Del acuerdo de Tiquipaya -sostiene- no se ha cumplido nada, pues no hay tribunal de justicia climática, tampoco se ha avanzado en adaptación y mitigación de suelos con conocimientos ancestrales... ha sido nomás un discurso poético, lírico y no -como se había planteado- un documento ético, jurídico y vinculante”.
“La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida”, se lee en el epílogo del Acuerdo de los Pueblos firmado el pasado abril en Tiquipaya. ¿Cómo andamos por casa?
Punto por punto
1- Petróleo
“Apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas”, señala uno de los puntos. ¿Se cumple esto en Bolivia?
Teresa Flores, de la Asociación Prodefensa de la Naturaleza (Prodena), afirma que no y explica que “más bien lo que se está haciendo en el país es no respetar los territorios indígenas y las áreas protegidas en búsqueda de petróleo”. Lo que ocurre -sostiene la experta-, es que “en realidad este punto nunca fue defendido por el Gobierno”, y desde ahí se nota la contradicción entre lo que dice y hace.
Stanislaw Czaplicki, experto en medio ambiente y cambio climático, pone como ejemplo de contradicción el caso de la zona selvática del Madidi, donde –asegura- “ya se tienen exploraciones sísmicas, se sabe más o menos qué se tiene y se está yendo a consultar a las comunidades locales para la explotación”, cuando siendo este un hábitat único en el mundo por su riqueza, variedad y pureza, debía mantenerse al margen siquiera de una consideración de intervención.
“El presidente Morales -sostiene Carlos Crespo, responsable de Medio Ambiente del Centro de Estudios Superiores de la UMSS- está en una estrategia contradictoria, pues su Gobierno se opone a la alternativa de Ecuador con el parque Yasuní, -es decir apostar por la opción de no explotar hidrocarburos en áreas protegidas y territorios indígenas, a cambio de compensaciones de la comunidad internacional- y la ha considerado pro imperialista y de derecha”.
2-Tribunal Internacional
Crespo reflexiona sobre la propuesta de crear un tribunal internacional de justicia climática, otra de las demandas de Tiquipaya que “cayó en saco roto, pues en el país no hay ningún organismo que realice esta función, y de hecho el programa estatal sobre cambio climático es un organismo funcional a la política ambiental del Gobierno”.
Patricia Molina, especialista del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, explica que “existen intentos de crear ese tribunal a nivel mundial pero todavía falta mucho por definirse”.
Según cuenta, en Bolivia esta situación es aún lejana mientras no se promulgue la Ley de la Madre Tierra que debe establecer una serie de definiciones conceptuales y mecanismos básicos. “No podemos penalizar a alguien por violar derechos de justicia climática cuando no tenemos todavía las definiciones de esta justicia”.
Czaplicki sugiere recurrir a instancias internacionales para darle a este punto “una legitimidad a nivel de derecho”.
3-Bosque nativos
Otro de los puntos del acuerdo de Tiquipaya exige a los gobiernos “un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos indígenas”.
Flores explica que “conservar nuestros bosques es crucial para mantener nuestras fuentes de agua y para que no se extingan los pueblos indígenas de tierras bajas, pero hasta ahora en tantas alusiones internacionales del Gobierno no se tocó el tema en específico, y más bien es evidente que cada día la deforestación se está incrementando en el país, sobre todo debido a los incendios forestales”.
Crespo coincide en que este punto “no es una prioridad para el Gobierno, pues sólo hay que revisar el Plan Nacional de Desarrollo para verificarlo; éste hace un fuerte énfasis en el ‘gran salto industrial’, es decir la industrialización a marchas forzadas, con los efectos que ello supone”.
Además, la construcción de la carretera en el TIPNIS es una demostración de que no se respeta el bosque nativo.
4-Concesiones forestales
En cuanto a la eliminación de concesiones forestales que establece el Acuerdo de los Pueblos de Tiquipaya, Molina asegura que “hay un descontrol absoluto”, pues pese al pedido de auditorías forestales por parte de muchas organizaciones de la Amazonia, hasta la fecha no se efectuó una sola.
Czaplicki asegura que “existe una reformulación de la Ley Forestal que busca retirar las concesiones forestales de las Tierras Comunitarias de Origen, aunque hasta la fecha no se hizo realidad”. En ese marco, considera que este punto “sí se estaría cumpliendo aunque con muchísima demora”.
5-Emisión de gases
El acuerdo de los pueblos condena “los mecanismos de mercado” como el que establece la reducción de emisiones de gases que provocan la deforestación y degradación de bosques (REDD) entre otros, “porque violan la soberanía de los pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado”.
Al respecto, Czaplicki asegura que pese a que internacionalmente Bolivia pregona aquello, “paralelamente recibe, a través de la ONU, financiamiento para implementar proyectos REDD, lo que se puede comprobar en la página: www.un-redd.org”.
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