UE sin posición común sobre el cambio climático

La UE no logra pactar una posición común sobre el cambio climático

Fecha de Publicación: 31/10/2009
Fuente: El País
País/Región: Unión Europea



El Este rechaza el plan para compensar a los países pobres para no contaminar
Los dirigentes de la Unión Europea volverán a intentar hoy pactar una posición conjunta ante la reunión de Copenhague sobre el cambio climático que se celebrará en diciembre. Anoche no consiguieron ponerse de acuerdo, por la declarada oposición de nueve países del centro y del este de Europa, en cómo financiar entre todos el esfuerzo que deben hacer los países menos desarrollados para participar en el empeño.
Aunque la UE busca ese acuerdo para acudir a Copenhague como líder del activismo contra el cambio climático, Alemania, primera potencia industrial europea y primer emisor de gases de efecto invernadero de la Unión, está convencida de que en la capital danesa no se obtendrá un tratado que tome el relevo de Kioto.
"Quiero que de aquí salga una cifra porque debemos estimular a los demás países desarrollados a hacer lo mismo", dijo Fredrik Reinfeldt, primer ministro sueco y presidente de turno de la UE, antes de encerrarse a discutir con los demás dirigentes europeos. Ya percibía entonces que la situación no estaba madura, aunque confiaba en acercar posiciones en los debates, pero por la noche reconoció el fracaso: "Aún no estamos preparados". Alemania, por un lado, y Polonia, bien secundada por Hungría y otros, resultaron ser los principales obstáculos para lograr un acuerdo.
La Comisión Europea presentó el mes pasado una estimación de que los países industrializados deberían compensar gradualmente, hasta llegar a los 100.000 millones de euros en 2020, a los países menos desarrollados a cambio de sus esfuerzos en el recorte de los gases de efecto invernadero. En esa evaluación, entre 22.000 millones y 50.000 millones deberían proceder del erario público y el resto de la industria. Según Bruselas, un reparto justo supondría que la UE cargara con entre el 10% y el 30% de esa cantidad pública, entre 2.000 millones y 15.000 millones de euros anuales, a repartir entre los Veintisiete en función de las emisiones y de la capacidad de pago (PIB).
El objetivo de Copenhague es dar continuidad al tratado de Kioto, que vence en 2012. La UE ha ofrecido recortes del 20% de gases contaminantes en 2020, y llegar hasta el 30% si otros países se suman al compromiso.
Los países en desarrollo han dicho que no participarán en ningún plan de recorte si no reciben antes soporte financiero. Alemania criticaba ayer la disposición europea a abrir la cartera sin que otros países hagan nada y que se hablara de cifras antes de acudir a Copenhague, lo que debilitaría la posición negociadora de la Unión. Entrar a negociar con una horquilla de oferta financiera de entre 2.000 millones y 15.000 millones le puede suponer a Europa salir de Copenhague con una carga notablemente superior.
Otro frente era el del reparto interno de esa carga, atendiendo al doble parámetro de las emisiones y de la riqueza nacional (para España supone entre 139 millones y 250 millones de euros anuales, según distintos baremos). La presidencia sueca presentó la propuesta de que "si la aplicación supone una carga desproporcionada para los países menos prósperos, se hará un ajuste que tenga en consideración" su capacidad de pago. El primer ministro húngaro, Gordon Bajnai, haciendo de portavoz de los nueve países de su entorno, dijo que tal propuesta no era aceptable por ambigua.
Sin entrar en detalles sobre las posiciones enfrentadas, Reinfeldt anunció anoche que hoy presentará a los dirigentes europeos una nueva propuesta con vistas a acudir a Copenhague con un mandato fuerte. Quiere la UE llegar a la capital danesa en posición de liderazgo mundial y moral en la lucha contra el cambio climático, pero el negociador de Alemania pronosticaba ayer que no habrá gran acuerdo, y que quizá haya que conformarse con un acuerdo político general que fije límites en financiación, volumen de emisiones y otras medidas técnicas que los ministros puedan usar más adelante en un tratado.

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